La inscripción puede realizarse mediante a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
El gobierno nacional lanzó el programa Procrear 2 a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para la línea de “Lotes con Servicios para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en 10 provincias”.
Los predios abarcados están gestionados íntegramente por el Estado nacional y cuentan con la infraestructura urbana correspondiente. “Desde el Ministerio y en coordinación con los gobiernos locales trabajamos para generar suelo urbano de calidad y que todos los argentinos y las argentinas tengan la misma oportunidad de vivir dignamente y en sus lugares de origen” explicó el ministro Jorge Ferraresi.
Las localidades del interior beneficiadas del programa son: San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca); Puerto Madryn (Chubut); Villa María, Cintra y Sampacho (Córdoba); Gualeguaychú (Entre Ríos); Ciudad de Formosa (Formosa); Centenario y San Martín De Los Andes (Neuquén); Río Gallegos (Santa Cruz); Esperanza (Santa Fe) y Tolhuin (Tierra del Fuego).
Por otro lado, también entraron en el programa algunas localidades bonaerneses entre las que se encuentran Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Carmen De Areco, Chacabuco, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación De La Cruz, General Lamadrid, General Villegas, Hurlingham, La Plata, Las Flores, Lobería, Lobos, Mar Chiquita, Mar Del Plata, Moreno, Olavarría, Luján, Pergamino, Pila, Saladillo, San Miguel del Monte, San Nicolás De Los Arroyos, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas y Villa Gesell.
Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial se destacó que “a partir del Plan Nacional de Suelo Urbano se están generando más de 30.000 lotes con servicios en las ciudades adheridas a este programa federal, que busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para garantizar el acceso al hábitat de la población a precios accesibles”
El financiamiento para la construcción comprende hasta $5,5 millones o $6,3 millones para zona, con un plazo máximo de crédito de 30 años.
La Rioja será escenario del primer Festival Federal LGBTQI+. Durante tres días se realizaran distintas actividades, entre ellas el carnaval de las disidencias, un evento donde el goce, el orgullo y la reivindicación serán protagonistas.
Este viernes tendrá lugar el primer festival federal LGBTQI+ en La Rioja. El evento que durara tres días tiene como fecha de cierre el próximo domingo, y contará con un carnaval carioca bajo el nombre de “la Noche del puteo”, una gala Drag Queen, una peña disidente y una Chaya -festividad heredada de los ancestros diaguitas -.
La festividad iniciará con un desfile de siete campanas cuyo escenario principal son las calles céntricas de la capital riojana. En tanto las demás actividades, como la participación de un DJ que se encargara de musicalizar la celebración, se llevaran a cabo en el local “República Contracultural”, un espacio creado con el objetivo de reivindicar los derechos de las diversidades a través del arte y la cultura.
La iniciativa busca generar un sentido de pertenencia y configurar espacios libres de violencia, discriminación y estigma, y contara con la participación de activistas y referentes culturales de provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Por otro lado, la organización del festival, que fue respaldada por el Ministerio de Turismo y Cultura, estuvo a cargo de “El puteo” un espacio dirigido por lexs activistas riojanes Milena Jones y Renzo Quinteros, quienes llevan años en la militancia por visibilizar la cultura y el arte disidente. En este sentido Jones destacó en una entrevista para Radio La Rioja Virtual la importancia de ganar lugares dentro de la sociedad riojana que les permitan expresarse con libertad.
“Nos sentimos orgullosos de quien somos y de perder esa vergüenza adquirida, ya que fuimos educados para la vergüenza, pero el orgullo es una respuesta política. Hoy no pedimos que nos acepten, hoy pedimos respeto“, afirmó Jones.
Después de siete días consecutivos de movilizaciones en las calles se derogó la Ley de Zonificación Minera en Chubut, pero quedan cabos sueltos por saldar.
El miércoles 15 de diciembre, con 14 votos a favor y 11 en contra, se aprobó en la Legislatura de Chubut el proyecto de Ley de Zonificación que habilita la actividad minera en los departamentos de Gastre y Telsen ubicados en la meseta central. Al otro día, el gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley a través del decreto 1285/21.
Por dentro del edificio de la legislatura en la ciudad capital de Rawson, los diputados trataron el proyecto en una sesión exprés y sin aviso previo. Por fuera, les vecines de toda la provincia comenzaron a manifestarse por la sorpresiva decisión de los legisladores de sesionar rápido y a escondidas, y que terminaron por permitir la instalación de la megaminería en sus territorios.
Los escenarios de las calles fueron similares a los del 2003, cuando la minera Meridian Gold intentó instalarse en la provincia pero que, gracias a las manifestaciones de les vecines, no pudo ser posible. Se realizó un plebiscito histórico en el que el 83% de la sociedad le dijo “no” a la mina y de esta forma se fomentó la Ley Nº 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en su producción. Sin embargo, les legisladores de ese entonces, dejaron una ventana abierta por la cual hoy la empresa Pan American Silver busca instalarse completamente en la meseta de la provincia.
El artículo 2 de la Ley Nº 5001 establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar el territorio de zonificación para la explotación minera y que la legislatura provincial debería aprobar o rechazar. El miércoles pasado se usó este artículo para aprobar una ley que efectivamente permitiría la zonificación para el “Proyecto Navidad” en manos de la empresa Pan American Silver.
Casa de Gobierno del Chubut – 15/12/2021
Ante la aprobación de la zonificación, comenzaron las movilizaciones en las calles con presencia policial que derivó en la represión de los manifestantes con un gran saldo de herides y detenides. Pasaron los días y creció la persecución policial a militantes en todas las ciudades aledañas a Rawson y las trabas que el gobierno puso para que la población no pudiera manifestarse en la ciudad capital, como la detención de personas y vehículos en la Ruta 3. El accionar policial fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la denuncia “Violación a los Derechos Humanos en Chubut” que se encuentra en trámite.
En el sexto día de lucha consecutiva con fuerte presencia en las calles, el gobernador Arcioni, bajo presión social, anunció que derogaría la ley y llamaría a plebiscito para “escuchar a todas las voces del pueblo”. Al otro día, 23 diputados votaron a favor del proyecto que proponía la derogación de la Ley XVII 149 de Zonificación Minera.
Crisis económica
La provincia se encuentra inmersa en una crisis económica que data de varios años y que llevó a generar irregularidades en los pagos de sueldos de trabajadores estatales y un desencadenamiento del deterioro de las economías regionales. Bajo este panorama, el gobierno presentó al proyecto megaminero como única solución a la crisis.
El “Proyecto Navidad”, a través de la ley de zonificación, propone generar puestos de trabajo directo e indirecto empleando en su mayoría a personas de la región: el 80% de la mano de obra tiene que ser local, el 50% de los proveedores de los proyectos deben ser chubutenses, entre otros lineamientos. Si bien estos datos son el soporte principal de las críticas positivas del proyecto, la cantidad de puestos de trabajo generados no va a producir un crecimiento económico sostenible a largo plazo en la región. En los pocos años en los que se puede mantener activa la empresa, se genera trabajo y ganancias -aunque la mayoría suele irse al exterior-, pero una vez que el territorio no es más explotable se retiran y dejan a la región deteriorada. La población cuenta con pocas posibilidades de darle otro uso a las tierras que le permita a las economías locales crecer y mantener el desarrollo de la población, tanto en términos económicos como de supervivencia física.
Existen otras actividades productivas locales que pueden generar igual o mayor desarrollo económico sin la necesidad de destruir los territorios por una solución temporal, pero no cuentan con la inversión necesaria para lograrlo. La cría de ovejas es la principal actividad productiva de la meseta, sin embargo, la lana extraída de los bovinos se vende sin valor agregado, lo que permitiría generar más crecimiento económico en la región. También existe la producción agrícola que ha sido brutalmente afectada por las modificaciones en los territorios que dejan a los suelos sin vida fértil, la población no quiere que ese proceso se acelere con la instalación de la minera.
Para generar el crecimiento de otras alternativas productivas se requiere inversión, ergo, voluntad política, mientras tanto se apuesta a un solo modelo de producción. Existe culturalmente una idea de “lo productivo” y “lo no productivo” definida por las propuestas capitalistas de industrialización: generar más ganancias, en poco tiempo y a costa de los territorios. Las actividades productivas que quedan por fuera de los procesos de industrialización no son considerados como productivos, se los trata de procesos “naturales” de las regiones y no se les da valor ni a las actividades en sí, ni a les trabajadores que apuestan y desarrollan esas actividades. La discusión sobre la matriz productiva es una deuda sin saldar que sigue permitiendo el avance de proyectos extractivistas como este y la postergación de otras alternativas más populares.
Crisis hídrica y ambiental
No es el momento ni el lugar. El 26 de agosto de este año se aprobó la Ley de Emergencia Hídrica para mitigar los efectos de la sequía por la falta de precipitaciones. Es usual en la región que las zonas pobladas no puedan abastecerse de agua, en las zonas urbanas por el poco caudal que llega y en las zonas rurales se le agrega la dificultad de no poder aprovecharla por no contar con sistemas de cañerías y de retención del agua.
Estudios de instituciones locales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) rechazan el proyecto megaminero por los posibles daños a las cuencas del Río Senguer y del Río Chubut que “abastecen el 70% de la población chubutense”. Al mismo tiempo, plantearon que los estudios provistos por la empresa extranjera y los sistemas de monitoreo del Estado provincial son “insuficientes para poder realizar análisis cuantitativos y prever escenarios futuros”.
La megaminería produce desechos tóxicos provenientes de los procesos de extracción de los metales que contaminan los ríos y las napas subterráneas. Además de la utilización de 9 millones de litros de agua por día declarados por Pan American Silver en sus informes realizados por Hidroar S.A.
En los balances que se realizaron por parte del gobierno provincial y su Ministerio de Ambiente, no se tuvieron en cuenta las instituciones científicas locales que hace años presentan todas las alternativas de desarrollo productivo y que analizan sus posibles consecuencias. En la patagonia también hay científicos y profesionales, y plantean que no es viable el proyecto megaminero.
Justicia ambiental es justicia social
El derecho a un ambiente sano también garantiza el derecho a la salud, a una economía sana, al pleno desarrollo de la población y junto a eso, el derecho a la cultura e identidad. Si se sigue defendiendo la jerarquización de la garantía de derechos, la población va a seguir inmersa en una matriz productiva imperialista y saqueadora que sólo genera daño.
Las organizaciones sociales están dando esta discusión y buscan ir más allá de la derogación de la Ley de Zonificación Minera para denunciar los hechos de violencia policial e institucional por parte del gobierno provincial y para seguir exclamando que no se puede ignorar la voluntad popular. Al mismo tiempo, sigue en pie el proyecto de Iniciativa Popular que consiguió más de 30 mil firmas y que exige una ley que no permita la instalación de megamineras en la meseta.
“No queremos plebiscito, el pueblo ya decidió” es la consigna actual dirigida al gobernador Arcioni que todavía no descartó la realización de un dispositivo de consulta popular. La lucha sigue en Chubut.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
El martes 20 de octubre, en la ciudad de Palpalá (Jujuy), la comunidad campesino-indígena Tusca Pacha amaneció en su territorio, como todos los días a las seis para empezar a trabajar. Cuando se dieron cuenta que faltaban las banderas wiphalas y los carteles con el nombre de su comunidad, móviles policiales les esperaban en sus puertas para desalojarles.
“A primera hora, la policía rodeó el territorio comunitario, muchos de nosotros salimos a trabajar y no pudimos volver a ingresar. Nos amedrentaban porque no nos permitían la circulación. Alrededor de 60 policías se hicieron presentes”, relató Juana Mamani, presidenta de la comunidad, para Revista Trinchera.
Fueron detenidas cuatro personas: Rosa Gutiérrez, Andrés Deymonaz, Anastacia Garcia y José Luis Fuentes Alcoba -quien además fue gravemente herido-. Tres de elles quedaron con imputaciones por desobediencia y fueron puestos en libertad por la tarde, luego de que Juana junto a compañeres se acercaron a la Comisaría 51 para exigir su liberación.
Hubo disparos por parte de los efectivos y hasta golpearon a un niño de 11 años. Las pérdidas materiales fueron importantes y afectaron directamente al trabajo y abastecimiento de la comunidad, Juana comentó que “desarmaron la nueva casita, el horno de barro y tiraron todas las plantas frutales”.
Al otro día, el desalojo continuó con máquinas que desmontaron gran parte del terreno.
Negocio inmobiliario
El conflicto es con la inmobiliaria Sucre, cuyos propietarios son Javier Gronda -secretario de Asuntos y Relaciones Municipales- y Alfredo González. Su intención es vender el terreno y para ello comenzaron a instalar en la zona postes para que posteriormente se pueda acceder a la luz y al agua. Suena contradictorio porque la comunidad intentó tramitar estos servicios, pero siempre se los rechazó porque las tierras eran -supuestamente- inundables.
“Hace un año, más o menos, que empezó el conflicto con la Inmobiliaria Sucre, donde los dueños reclamaron que esas tierras eran de sus abuelos. Desde ahí es que nos empezó a amenazar con que nos iba a desalojar a todos” recuerda Juana.
La comunidad cuenta con 80 hectáreas donde viven 100 familias, con el desalojo del martes 20 se les quitó 2 de ellas y en primera instancia, quieren avanzar sobre 15 más.
No es la primera vez que se intenta desalojar a la comunidad, con el apoyo de organizaciones sociales y funcionarios municipales opositores, se pudo intervenir jurídicamente antes de que sea un hecho. En este último caso no fue posible: con la orden del juez Zurueta, a pedido de la fiscala Liliana Colqui, el desalojo sucedió y generó controversias por factores que lo tornan ilegal.
En primera parte, la comunidad está amparada por la ley 26.160, que establece la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que prohíbe los desalojos. Por otro lado, en 2015, cuando ya se trabajaba con la Secretaría de Agricultura Familiar de la localidad, hicieron una ordenanza donde el municipio aprobó la instalación en el área periurbana de los pequeños productores y la declaró como área de interés para dichas actividades.
Con la llegada de nuevos funcionarios a Palpalá y con Gerardo Morales a la cabeza de la provincia, el avasallamiento de derechos se dio de forma constante.
“No te respetan nada, porque ellos tiraron las cosas, unos policías llevaron las chapas, las herramientas, pico y palas. Vemos como nos tratan a nosotros que mucho no entendemos de leyes, y lo hicieron ilegalmente, para nosotros ilegalmente” sentenció la presidenta.
El Estado represor
Durante el momento del desalojo, se acercaron al terreno representantes de organismos nacionales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); también concejales, legisladoras y legisladores provinciales del Movimiento Evita, del Frente de Todes, del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del Partido Justicialista. Todes concordaron en que nunca se había llevado a cabo un desalojo de manera tan violenta en la provincia.
Para ser un desalojo privado, la presencia de más de 60 efectivos policiales y más de ocho móviles, resulta (o no) sorprendente. Además, los efectivos correspondían al pelotón de combate que están preparados para episodios de extrema violencia. En el operativo la mayoría eran hombres, por lo que tampoco se cumplió el protocolo en materia de género.
A raíz del incorrecto accionar policial, la comunidad junto a su cuerpo legal y funcionarios que les acompañan, decidieron empezar acciones contra el gobierno provincial por la infracción de cómo debían accionar de acuerdo a la orden judicial y de acuerdo a la ley.
El movimiento campesino-indígena
“Nosotros vivimos en el territorio desde toda la vida, lo hicieron nuestros abuelos, nuestros ancianos indígenas sobrevivieron a este territorio marginado de la ciudad gracias a la agricultura familiar y con el arroyo que atraviesa el terreno. Toda la vida, yo en mi caso tengo 54 años y siempre hemos vivido de forma pacífica, pública, continua” relató la referenta.
Los distintos movimientos campesino-indígena de la región luchan trabajando para el pueblo en su totalidad. La agricultura familiar presenta un modelo de producción beneficioso para la salud de los cuerpos y del ambiente. Permite ser trabajado por pequeños productores que históricamente son amedrantados por grandes terratenientes.
El acceso a la tierra es una de sus mayores problemáticas: en Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de los pequeños productores, y son les que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. El 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.
La provincia de Jujuy tiene antecedentes opositores a proyectos de este tenor. Un ejemplo claro es quien la lidera, Gerardo Morales, el gobernador, conocido por perseguir a comunidades indígenas y por encarcelar a la referenta de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala.
Jujuy se encuentra hace tiempo en emergencia territorial indígena, los derechos conseguidos pasan por desapercibidos en un Estado indiferente.
“Me gustaría que la Justicia venga, uno por uno a las casas, que vean las casas de adobe, las casas de piedra, esas no son de ahora, esas casas son de más de 50 años. Esa gente no se encargó de venir a constatar todas las familias que vivimos hace años acá, solamente tomo una foto satelital diciendo que todo es yuyo. Para ellos es yuyo, pero para nosotros es pastal para los animales. La Justicia no está siendo igualitaria para nosotros, está del lado de los terratenientes, de los negocios inmobiliarios”.
Resulta esencial el cumplimiento pleno de los derechos de las comunidades indígenas que hacen función social de la tierra para el buen vivir de los pueblos.
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Sí, volvemos a escribir sobre Chubut porque el abandono a les trabajadores estatales, que llevan casi cuatro años de lucha, presenta nuevos episodios, con un nuevo escenario pandémico y con les mismes actores y actrices de siempre.
Con la llegada de Mariano Arcioni a la cabeza de la provincia, la única “solución” a la deuda que se planteó fue la de seguir desfinanciando al sector estatal y plantear como única alternativa la instalación de proyectos mineros en Chubut.
El pago escalonado de sueldos tenía fecha de expiración para finales de noviembre del 2018, sin embargo, van dos años y contando. De aumentos de sueldos y aguinaldos ni hablemos. Menos de inversión en infraestructura y programas como el Transporte Estudiantil Gratuito (TEG).
Crónica de una semana más de lucha
El COVID-19 encontró a la provincia en las peores condiciones y cuando el Estado debería estar más presente ante la emergencia sociosanitaria, más lejos se encuentra.
Con 8.051 casos, 3.810 personas recuperadas y 110 muertes en la provincia que van en aumento día a día, les trabajadores de la salud se encuentran enfrentando al COVID-19 desamparades. Sin apoyo estatal, los establecimientos médicos intentan no derrumbarse para poder tratar a las personas infectadas.
“Hay trabajadoras que se han desmayado en la guardia del hospital porque no habían comido en días, muchas fueron desalojadas en su departamento por no poder sostener el alquiler; incluso, hay parte del personal que no puede pagar el colectivo o cargar nafta en el coche para ir a trabajar” comentó Andrea Leonett, delegada del Sindicato de Salud Pública SiSaP, para La Poderosa.
Luego de semanas de exigir respuestas, depositaron el sueldo correspondiente al mes de julio solo para el sector de salud; el resto de les trabajadores estatales siguen esperándolo. Pero eso no fue suficiente y no cumple con ninguno de los reclamos que se manifiestan. Se exige por parte de les trabajadores el pago de salarios y aguinaldos atrasados, de todos los meses, para todo el sector estatal. Además, se pide al gobierno hacerse cargo de las condiciones precarias en las que se encuentran los hospitales de la provincia y la falta de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. También, es necesario mencionar el incumplimiento de las paritarias, el estado de quiebra de la obra social y las amenazas al sistema jubilatorio.
Foto tomada afuera de Casa de Gobierno / Fuente: ADNSUR
Les trabajadores estatales decidieron comenzar una vigilia el pasado lunes 5 en la Casa de Gobierno. Además, por parte de Salud, se decidió realizar un paro de 120 horas, desde ese mismo lunes hasta el viernes 9 inclusive, y comenzar un acampe en el Ministerio de Salud.
Junto a esa medida se presentó una nota al presidente de la Legislatura Provincial y a diputades de los distintos bloques, solicitando que se convoque urgentemente a una sesión especial presencial para tratar el proyecto de ley que presentaron con respecto a la deuda.
Allí se plantea la suspensión del pago de la deuda para que el Estado garantice salud, educación y seguridad alimentaria, pagando en tiempo y forma el sueldo a les trabajadores; una reforma tributaria con el objetivo de obtener ingresos que hoy están fuera de la recaudación, como el impuesto inmobiliario rural y a actividades como la pesca, el aluminio y el petróleo; y que se soliciten informes correspondientes a los ingresos propios de la provincia.
La nota finaliza denunciando: “No hay salida posible en la megaminería. Reiteramos que no es no. No a la megaminería. Sí a que la crisis (responsabilidad del gobierno) la paguen los que siempre han ganado a costa del pueblo trabajador”.
La primera respuesta al comienzo de esta semana de manifestaciones fue la del ministro de Salud, Fabián Puratich, para Télam, en donde se mostró descontento con las medidas acatadas y las calificó como “terribles en un contexto de pandemia” en el que la provincia está “al borde de la cantidad de camas de atención disponibles”.
Acampe afuera del Ministerio de Salud / Fuente: SiSaP
El martes 6, la jornada comenzó con cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad: en la Ruta 7 estaba infantería y en la Ruta 25 gendarmería y Policía de la Provincia junto con el ministro de Seguridad, Federico Massoni. También se decretó asueto administrativo, por lo que la Casa de Gobierno y el Ministerio de Salud se encontraban prácticamente vacíos.
Como si el sabotaje a las manifestaciones fuera poco, el gobierno recurrió a la represión. En la puerta de Casa de Gobierno, efectivos policiales golpearon al Secretario General del Sindicato de Salud Pública SiSaP, Carlos Sepúlveda.
El acampe continuó en el Ministerio de Salud tal como se había previsto: hasta que no pasaran 120 horas no se iban a ir y hasta que no se entablara una conversación y se resolvieran los reclamos, las diferentes medidas de fuerza se darían por tiempo indeterminado.
El jueves 8, trabajadores de la salud que estaban acampando en el Ministerio se dirigieron al Cine Teatro de Rawson en donde estaban el ministro Puratich y el Intendente de Rawson Dámian Biss por una conferencia enmarcada en el Plan Detectar, que llegó a la provincia por el gran aumento de casos. La conversación con el ministro no fue para nada resolutiva ya que éste se limitó a irse sin dar respuestas.
El viernes 9, se esperaba finalizar la semana con la reunión en la Secretaría de Trabajo a la que el SiSaP había sido citado, sin embargo, tuvo que suspenderse por estar cerrado el edificio por tareas de desinfección por posibles contactos estrechos por COVID-19.
El acampe se levantó, pero la lucha persistirá hasta que reciban soluciones concretas a la desidia que viven les trabajadores desde hace años.
“A partir de la próxima semana veremos con qué acciones seguimos adelante. Esto puede cambiar minuto a minuto”, comentó Noelia Domenez, delegada General del SiSaP.
¿Qué significa ser trabajador esencial?
Con casi 300 casos diarios de nuevos positivos de COVID-19 y con la ocupación casi completa de las camas de los hospitales de la provincia, les trabajadores de la salud deben estar preparades para afrontar la situación de la mejor manera. La situación es otra.
Plantear por un lado que la salud debe ser prioritaria y por el otro deberle a los trabajadores dos meses de sueldo, no cumplir con las paritarias y ni siquiera mantener a los establecimientos en condiciones para recibir pacientes, es sumamente contradictorio.
Se pide responsabilidad y que les trabajadores vuelvan a los hospitales, pero sin comer, sin poder transportarse con cuidados, sin poder pagar las cuentas, sin tener obra social en medio de una emergencia sanitaria mundial.
Además, los reclamos se comunican con soluciones. Como mencionamos previamente, se presentaron proyectos para aminorar la gran deuda causante de todos los problemas, pero al parecer el lobby minero no se rinde tan fácil.
Todo parece claro cuando se ordena de esta manera, las cuentas cierran. Ahora le toca al gobernador Mariano Arcioni y a les ministres hacerse cargo de les 63 mil trabajadores estatales que no solo deben preocuparse por el COVID-19, sino también por comer.
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
“Escucho un fuerte NO A LA LEY, y la verdad es que no hay ley, hay un borrador”, se justificó José Thomas, minimizando la discusión que instaló en la comunidad educativa mendocina.
Para comenzar la profundización en el debate es necesario tener en cuenta el estado en el que se encuentra la educación en la provincia: una desidia con todas las letras.
Las paritarias están cerradas desde comienzos de año y en marzo se le sumó la emergencia sociosanitaria actual, la cual profundizó la desigualdad a la hora de dar clases virtualmente: la conectividad e insumos tecnológicos tuvieron que ser garantizados por les docentes y por les estudiantes y sus familias. El Estado ausente optó por dejar fuera del sistema educativo a les que no contaban con el sustento necesario para seguir conectades a la distancia.
La Dirección General de Escuelas (DGE) no garantizó recursos ni capacitaciones para que les docentes afronten la educación no presencial de forma adecuada.
Con esta situación escondida bajo la alfombra, el titular de la DGE, José Thomas, bajo el ojo del gobernador, Rodolfo Suarez, presentó el 17 de septiembre el proyecto para una nueva Ley de Educación.
¿De qué trata la ley?
29 de septiembre de 2020, Caravanazo docente Fuente: José Gutierrez
“Lo que hemos propuesto es una ley marco para que todos podamos debatir, para que nos acerquemos al ideal que tenemos y a lo que pensamos que tiene que ser la educación en Mendoza. Esto, bajo el concepto de que toda crisis, todo desorden es oportunidad para que haya un gran orden”, dijo el líder cambiemita, Rodolfo Suarez.
Es una declaración que dice mucho con palabras vacías, deja en claro que la ley responde a lo que elles piensan que debe ser la educación, lo cual nos adelanta bastante teniendo en cuenta el camino neoliberal que siguen las políticas de la provincia.
Algunos de los ejes que más se debatieron
La reforma pedagógica:
Se propuso trabajar de forma “bimodal” con el Sistema Educativo Digital (SED) que plantea la modalidad “presencial-virtual”. Si bien suenan cercanos estos términos por el contexto que nos sumerge a la virtualidad, la ley busca implantar esta modalidad para todo momento.
Sin embargo, no se garantizarían los recursos necesarios para trabajar de esta forma, por lo que el costo de la educación recaerá otra vez en los educadores y educandos. Solo el 33% de los hogares de Mendoza cuenta con acceso a internet, y la brecha educativa se ampliaría de forma descomunal.
Con respecto a las currículas y temáticas a abordar, se menciona la promoción de la Educación Sexual Integral, pero argumenta que no se impone su obligatoriedad. El proyecto de ley carece de perspectiva de género, supone un retroceso en derechos y afecta la calidad educativa.
La reforma laboral:
Explícitamente propone la reforma del Estatuto Docente y precariza los salarios por productividad. La meritocracia no podía faltar en esta pila de políticas.
En el artículo 142 se plantea que le directore de la DGE deberá “proponer la adecuación del Estatuto Docente al espíritu de esta ley”. Se vulnerarían los derechos de les docentes dando lugar a una modificación inconsulta por parte de una sola persona y que hoy justamente no es la favorita de les docentes.
El salario variaría de acuerdo al rendimiento académico de les estudiantes, según el artículo 24, inciso e. De esta forma se individualizan las situaciones y se las toma como casos aislados que no están atravesados por sus distintos contextos. Todo se reduce a lo que le docente enseña o deja de enseñar.
De la mano con lo mencionado previamente, se establecería un Instituto de la Calidad Educativa con fines de medición y control a docentes. Se juzgaría al docente en función de criterios mercantilistas y se lo culparía por falencias del sistema educativo.
La reforma represiva:
Junto con el Instituto de la Calidad Educativa, se incorporarían mordazas ideológicas y ciberpatrullaje en redes sociales a les docentes, según el artículo 11, inciso 1. A la censura y la persecución que atentaría contra el derecho a la libertad de expresión, la llaman “función policial”.
La reforma de las Escuelas Artísticas Vocacionales:
Se busca reducir a los colegios artísticos con el traspaso de su dependencia a la órbita municipal. Además, la educación artística es mencionada como de “mero entretenimiento”, sacándole al arte el sentido de importancia que merece.
La reforma presupuestaria:
Se propone mantener el aporte del 35% del presupuesto provincial a la educación, que nunca se cumplió, y tampoco establece los plazos para alcanzar esa meta. Además, se incentiva a la mercantilización de la educación: el artículo 3, inciso 1, incluye el financiamiento de empresas u organizaciones privadas. La educación deja de ser vista como derecho humano para entenderla como un bien de consumo.
El “diálogo”
Rodolfo Suarez y José Thomas en la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020. Fuente: MDZ
En el otro lado de la discusión, José Thomas y Rodolfo Suarez realizaron la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020, con el objetivo de abrir la discusión de la ley. Se pensaba una segunda instancia para el 18 de octubre, pero los planes se cayeron. Se rechazó la ley y la convocatoria -inconsulta- al congreso virtual, que no garantizaba una participación crítica y disidente.
Los distintos sindicatos, colegios, grupos de docentes y la mayoría de la comunidad han concordado en que no hay condiciones que garanticen su participación verdadera en la discusión. La emergencia sociosanitaria dificulta el intercambio de ideas y discusión. Además, les docentes han enfatizado que el educar desde casa sin el apoyo estatal es trabajar el doble. No hay condiciones materiales, físicas, ni psíquicas para afrontar el debate.
Se realizaron plenarios en los colegios de toda la provincia y se decidió rechazar el tratamiento de la ley mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El pueblo habló
El 29 y 30 de septiembre se convocó a caravanas en toda la provincia bajo la consigna #NoAEstaLeyDeEducación. Se recorrieron varios departamentos con una columna de cinco mil autos aproximadamente, que culminó en la Casa de Gobierno. La respuesta de Suarez fue retrasar el debate hasta el año que viene.
“Una vez más, nos enteramos por los medios, y no por los canales oficiales correspondientes, que se postergó para la segunda mitad del 2021 el debate sobre el proyecto de ley de educación provincial”, comunicó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza a través de un comunicado.
Se seguirá luchando hasta lograr la culminación de esta ley, el aumento salarial de emergencia del 40% y la tan requerida reapertura de paritarias.
Fuente: Los Andes
Tal como lo lograron a fines del año pasado con la Ley 7.722, la comunidad mendocina supo organizarse y encontrar las estrategias para manifestarse y detener los proyectos originados por un sector que sólo busca grandes beneficios para pocos a costa del pueblo.
“No he escuchado voces en contra”, comenta Thomas. Déjeme decirle señor director, si no escucha el grito del pueblo es porque no quiere.
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
La violencia institucional se incrementó exponencialmente en los últimos meses. Según el informe de la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social, solo en la provincia de Santiago del Estero se registraron 28 casos hasta el día de la fecha. Esos números no están vacíos, esos números tienen historia. Desde que comenzó el ASPO decenas de familias están luchando para que la Justicia haga caso a su nombre.
En los últimos días, el caso más conocido es el de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, hay muchos Facundos a lo largo y ancho del país.
Desde muertes en celdas a detenciones sin razón, la provincia de Santiago del Estero se convirtió en una de las regiones del país en donde la violencia institucional se vive a diario. Las medidas que las fuerzas de seguridad deben emplear para hacer cumplir el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) han creado un marco de impunidad y de poder que se concentra en un uniformado y su arma en mano.
El aislamiento en la provincia
Al día de la fecha, en la provincia de Santiago del Estero, se registra un total de 1.154 infectados por COVID-19 y 13 muertos. La provincia sigue manteniendo el ASPO como forma de evitar la propagación del virus, sin embargo, las fuerzas de seguridad tienen una percepción de hacer cumplir el aislamiento muy distinta a la que debería ser bajo el ojo de la ley.
La provincia tiene restricciones de horarios y de días para circular libremente por las calles. Se puede circular hasta las 18 horas los días de semana y los fines de semana y feriados hasta las 15 horas; no se contemplan las excepciones que rigen a nivel nacional, como el poder salir a comprar alimentos. Esta medida da paso libre a la detención de tode aquel que la incumpla: estas suelen durar 12 horas o más y cuentan con multas que van desde los mil hasta los 70 mil pesos. Les vecines compararon a la restricción con un toque de queda.
Otro escenario es el del “escrache” que realiza la policía a les detenides. Muestran sus rostros y nombres a través de videos filmados sin el consentimiento de las personas y se difunden en forma de intimidación al resto de habitantes del lugar, se apela al generar miedo con un discurso sumamente punitivista y hasta cínico, en el sentido de que el mensaje se transforma en una amenaza directa a la población.
Y si mencionamos la situación de hacinamiento dentro de las comisarías nos encontramos con cientos de problemas más. No existen ni el distanciamiento social ni las medidas sanitarias correspondientes a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo.
Casos de violencia institucional
Repasemos algunos de los casos de violencia institucional registrados por Amnistía Internacional y por la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social:
Tal vez el más conocido fue el de Mauro Ezequiel Coronel. Mauro fue denunciado el 5 de mayo por un vecino que lo acusó de violencia de género, lo detuvieron en su casa y lo trasladaron a la Comisaría Décima. Allí fue torturado, brutalmente golpeado y atado a un poste afuera de la comisaría. Cuando su madre se dirigió a la comisaría, escuchó los gritos de su hijo mientras lo golpeaban. Esa misma noche lo ingresaron al Hospital regional sin notificárselo a su familia. Mauro falleció cuatro días después. El informe médico habría comprobado que existían lesiones en las vías respiratorias. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades provinciales.
El 25 de marzo, un vecino que entregaba elementos de higiene fue detenido y golpeado por las fuerzas de seguridad. Pese a que el médico policial no registró lesiones, éstas fueron verificadas y registradas por facultativos del hospital posteriormente.
Días después, el 28 de marzo, un matrimonio responsable de un merendero fue detenido mientras retiraban mercadería, a pesar de contar con permiso de circulación. Les secuestraron su moto y sufrieron violencia física y psicológica. Finalmente los liberaron a nueve kilómetros de su casa.
El 23 de abril, Jorge Ricardo Villa salió de su casa en la capital de Santiago del Estero. Al regresar, lo interceptaron entre 10 y 15 policías motorizados en un operativo singular y le dijeron que había cometido el delito de violar la cuarentena; acto seguido, lo llevaron a la comisaría. Allí lo esposaron junto a otros 15 detenidos por supuestamente haber violado la cuarentena. Luego lo trasladaron, con una mochila o un objeto pesado sobre su cabeza para que no viese ningún rostro, a la cárcel Fandet, conocida por las condiciones precarias en las que está y las prácticas policiales que rememoran los centros clandestinos de la dictadura militar. Jorge manifestó que allí lo desnudaron completamente, lo humillaron y lo vejaron.
El 19 de agosto, un cadete de mensajería circulaba finalizando su día laboral en el límite del horario permitido. A pesar de mostrar que tenía todo en regla, cinco policías lo detuvieron y se le tiraron encima, pisándole la espalda, la cabeza y sosteniéndole las manos. El hecho se constató por un video filmado por vecinos de la zona.
En Loreto, Mario Lobos, de 73 años, fue aislado en un centro para aislamiento por COVID-19 por ser un caso sospechoso. Sin embargo, por su edad, debería haber sido aislado en su domicilio particular por ser paciente de riesgo. Presentó cuadros de hipertensión en el centro y la atención médica fue tardía y precaria: se quejó junto a otros ciudadanos aislados en el mismo lugar ante el intendente, quien finalmente lo denunció por amenazas. Fue trasladado junto a otros ciudadanos a la capital de la provincia para prestar declaración al Liceo de Policía y allí fueron desnudados y sometidos a humillaciones.
Casos como estos hay muchos, desde perseguimiento por redes sociales a detención de trabajadores esenciales exceptuados del ASPO, pasando por maltrato en comisarías, hasta asesinatos. El escenario de terror que se vive en la provincia es comparado por vecinos con la última dictadura militar que azotó a nuestro país.
¿De dónde surge tal impunidad?
Las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones son las encargadas de velar por el efectivo cumplimiento del ASPO. Siempre teniendo en cuenta que su accionar debe respetar los procedimientos enmarcados en los Derechos Humanos.
Las medidas de seguridad por el COVID-19 no son excusa para un uso excesivo de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó la necesidad de “garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares”.
El artículo 3 del Decreto 297/2020 estableció controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Artículo 4 se dispuso el procedimiento a seguir en caso de confirmar una infracción al ASPO: se debe hacer cesar la conducta infractora y dar accionar a la autoridad competente dentro del marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
Por lo que, el accionar de las fuerzas de seguridad debe ser dirigirse a la persona que circula sin autorización y garantizar que retorne a su hogar para cumplir con lo debido. Pero eso no vemos en las calles, o por lo menos no en barrios de extrema vulnerabilidad y pobreza.
Como establece el derecho internacional de los derechos humanos, “todo uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y usado como último recurso y debe cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos humanos”. Estas son la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de la persona.
Para que se emplee el uso de las fuerzas legítimamente se deben cumplir cuatro requisitos:
El principio de legalidad: el uso de la fuerza debe estar suficientemente fundamentado y debe estar al servicio de un objetivo legítimo preestablecido normativamente.
El principio de necesidad: las fuerzas de seguridad deben utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego, estas se deben usar sólo cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el resultado previsto.
El principio de proporcionalidad: cuando el uso de la fuerza sea inevitable, las fuerzas de seguridad deben actuar con moderación y en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; si el daño excede el objetivo el uso de la fuerza, debe cesar y expresa “el principio de que el fin no justifica todos los medios”.
Y, por último, la rendición de cuentas: ésta se logra mediante un sistema de controles y equilibrios que permite la evaluación sobre toda actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad para analizar si se cumple con los estándares mencionados y las normativas vigentes. Estos mecanismos, que involucran al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo y a la sociedad civil son: hacer rendir cuentas a los posibles responsables de violaciones de derechos humanos y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas; prevenir futuras violaciones a los derechos humanos; mejorar la labor del organismo encargado de hacer cumplir la ley.
Vemos constantemente cómo estos principios son violados y llevan al maltrato o incluso muerte de les detenides.
Nunca más
En nuestro país el concepto de “Derechos Humanos” tienen un peso especial. Los crímenes de lesa humanidad durante en la última dictadura militar son seguidos de reclamos por memoria, verdad y justicia por todes les desaparecides. El estar presenciando escenas similares a la de esas épocas genera pánico en les santiagueñes y en el resto del país, porque se supone que hay discusiones dadas y cuentas saldadas.
Es necesario que el Nunca Más lo sea de verdad. El imaginario social punitivista, que sigue creyendo en el poder ordenador de la policía y la represión, no es la solución y se ve evidenciado en las discusiones que se dan hoy en día en distintas instituciones y movimientos sociales. No es suficiente sancionar la violencia policial para erradicar el conflicto, se deben poner en discusión las estructuras institucionales y sociales que crean las condiciones para que este tipo de prácticas se sigan perpetuando.
Es una deuda de la democracia que las fuerzas de seguridad dejen de llevarse vidas.
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Era jueves 9 de julio y en el punto más icónico del país, según predica el porteño-centrismo, decenas de personas envueltas en banderas azules y blancas ostentaban su nacionalismo para manifestarse en contra de la intervención estatal de Vicentin. A casi 800 km de distancia, en la pequeña localidad santafesina de Reconquista, les trabajadores de la Algodonera Avellaneda, parte del grupo Vicentin, realizaban una caravana y un banderazo junto a coordinaciones multisectoriales a favor de la intervención en la empresa y visibilizando las precarias condiciones laborales que llevaron a una gran, pero pequeña, polémica.
Dos situaciones simultaneas bajo la misma discusión, pero con realidades -y repercusiones- que no se acercan en lo más mínimo.
Conflicto salarial
Fuente: reconquista.com.ar
La Algodonera Avellaneda pertenece al grupo Vicentin y tiene su sede en el Parque Industrial de Reconquista. Les trabajadores realizan reclamos hace tiempo por condiciones laborales dignas: sus salarios varían entre los 20 y 25 mil pesos mensuales promedio y solo se les abona la parte que aporta el gobierno nacional bajo el programa ATP, la otra parte faltante -la diferencia entre el monto del ATP y los sueldos- se “completa” con bonos por carne de Friar y aceite de la marca del conglomerado.
A raíz de esto, el 6 de julio se llevó a cabo una reunión entre les trabajadores algodoneros y les representantes de Vicentin. La jornada concluyó con la supuesta promesa de sumar 1.500 pesos por mes al salario, pero a las palabras se las llevó el viento. No hubo tal acuerdo y les trabajadores decidieron arrancan el acampe por tiempo indeterminado en la entrada del predio.
Además, por no avalar las medidas de fuerza y desproteger a les trabajadores, estos se desafiliaron del gremio, la Asociación de Obreros Textiles (AOT), y se pasaron al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, perteneciente al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores.
Desde ese lunes, les trabajadores permanecen por turnos en las carpas que levantaron afuera de la planta. La medida paraliza el funcionamiento de la empresa y sólo deja entrar al personal necesario para garantizar la seguridad.
“Vicentin factura más de 220 mil pesos por minuto. Y paga 100 pesos por hora y 10 pesos por antigüedad a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda”
El 9 de julio, como todo día patrio, se llenó de significados de diferentes intérpretes a lo largo y ancho del país. Este año, atravesado por circunstancias conflictivas, fue el escenario de una indudable disputa por el sentido común: a favor y en contra de la estatización de Vicentin.
Ciudadanos nacionalistas de la capital argentina se reunieron en el obelisco a cacerolear bajo consignas diversas, pero aglomeradas bajo el descontento con el gobierno de turno y sus medidas tomadas a lo largo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Del otro lado del país, las cacerolas sonaban con un tono diferente y por una razón muy distante a la porteña. Les trabajadores de la algodonera participaron de la caravana y banderazo a favor de la intervención estatal a la cerealera, impulsada por coordinaciones multisectoriales del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de General Obligado, del Sindicato Aceitero de Rosario y de la mayoría de les trabajadores de toda empresa perteneciente al conglomerado Vicentin, junto a numerosas organizaciones sociales y militantes del campo nacional y popular.
Fuente: Raya Al Medio
La movilización del interior del país, particularmente del lugar en donde el verdadero conflicto de Vicentin radica, fue poco cubierta por los medios hegemónicos nacionales o ni siquiera apareció en sus agendas. El reflector de luz estuvo en el obelisco que conformó un show digno de la calle Corrientes aglomerando a sectores opositores del gobierno nacional, a anti-cuarentena y conservadores nacionalistas.
Las agendas mediáticas llevaron a que los discursos se moldeen de tal forma que sólo las aristas cubiertas por los grandes medios fueron las que entran en debate. Escenas como las que se dieron en Rosario y en Reconquista quedaron al margen, escenas en donde aparecieron las voces de les que no sólo ven la problemática, sino que la viven. De esta forma, se intentó visibilizar el núcleo de su conflicto, ya que las prácticas irregulares del gran conglomerado agroexportador corresponden con las de la empresa algodonera que les emplea, y no hay otras formas de combatirlas que apoyando medidas interventoras para hallar una respuesta alternativa.
La audiencia que no fue
Luego de semanas de acampe y lucha sin respuesta, el miércoles 22 de julio en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista, se llevaría a cabo una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Pero la representación patronal no se presentó en el lugar, dejando hablar a la ausencia.
Se estima que les patrones no están contentos con las medidas de fuerza de les trabajadores, y aún menos con su participación en la manifestación “pro intervención de Vicentin”. Sin embargo, les algodoneros decidieron reforzar sus convicciones y continuar con el acampe y bloqueo de la entrada a la empresa.
Apriete policial
El 31 de julio se llevó a cabo una volanteada en la ciudad de Avellaneda como nueva forma de acción y visibilización, que fue interrumpida por agentes de la policía de Santa Fe, quienes reclamaron datos personales y les sacaron fotos con la excusa de que era rutina.
Fuente: Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier
En el comunicado del gremio se explicó que los patrulleros se dirigieron específicamente al grupo de diez trabajadores que cumplían todas las medidas sanitarias y de distanciamiento correspondiente a la fase 5 que rige en la provincia.
No es dato menor que el intendente radical de la localidad -y simpatizante cambiemista-, Dionisio Scarpín, convocó en diferentes ocasiones a manifestaciones en contra de la intervención de Vicentin. “Cuando ellos vienen acá a hacer manifestaciones nadie les dice nada. Nosotros éramos 10, todo con respeto y fuimos intimados por la policía. Que sepa la sociedad cómo somos tratados”[2] relató una de las delegadas.
Es fácil notar las diferencias entre los diversos actores que ocupan las calles en este contexto tan utópico que nos aísla. Se encasillan las luchas para determinar cuál merece ser vigilada de cerca bajo el ojo de la gorra y cuáles no.
En el caso de la estatización de Vicentin, aspiración que hace pocos días se dio de baja, las discusiones rondaron, por una parte, en el sentido equivocado. El debate político sobre la empresa y lo que significaba la intervención por parte del Estado llenó todas las pantallas del país, dejando al margen, en la mayoría de las veces, las situaciones reales de problemas verdaderos que vivían y viven las personas afectadas directamente por las maniobras fraudulentas de la empresa: les trabajadores.
Si el foco de la discusión hubiese estado ese 9 de julio en las calles de Reconquista en vez de en el microcentro porteño ¿Se hubiese dado la oportunidad de ampliar el espectro de pros y contras en el conflicto para incluir a les que viven la situación? Nunca sabremos la respuesta exacta, pero me atrevo a predecir que el debate mediático farandulero hubiese encontrado otra escapatoria con tal de no dar una de las verdaderas disputas necesarias para tratar el tema.
Las calles intentan ser ocupadas por sectores opositores alardeando de que son la voz del pueblo mientras aturden con sus cacerolazos. Sin embargo, las calles no están totalmente vacías para ser tomadas, están cargadas de sentimientos y significados de años y años de luchas. En el interior del país también se dan batallas, y de las más olvidadas. Abrir los ojos es saber de qué lado mirar y notar qué cacerolas están vacías de verdad.
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
La comunidad guaraní Cherú Tumpa, de la localidad salteña Colonia Santa Rosa, fue violentada el pasado jueves 23 de julio con balas de goma y la detención de una referente de las familias, establecidas en las tierras desde hace cinco años en el marco de una recuperación de territorio.
Ese día a la mañana, miembros de la comunidad fueron citados a una reunión con autoridades policiales. El encuentro no supuso inconvenientes, les preguntaron por qué estaban en el terreno y elles aclararon -no por primera vez- que se trataba de una recuperación de territorio. “Está todo bien nos respondieron los policías, pero cuando volvimos al asentamiento nos recibieron con balas”, comentó a Revista Trinchera Juliana Martínez Soria, vocera de la comunidad.
23 integrantes de las fuerzas policiales se acercaron a desalojar a las 120 familias sin orden judicial. La situación se agravó cuando comenzaron a disparar con balas de goma dejando 18 herides -mayores y menores de edad- entre elles un bebé. El hecho finalizó con la detención de Yamila Belizan, referente y vocera de la comunidad, también, sin orden judicial.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitó a la fiscalía de Pichanal que informe sobre la situación. También, se exigieron medidas para resguardar la integridad física de los miembros de la comunidad con el objetivo de mantener la paz social en un momento de emergencia sociosanitaria a nivel nacional y provincial.
Yamila Belizan sigue detenida sin explicación alguna. “Hoy hablamos con ella y nos contó que está golpeada y lastimada, recién ayer le pudimos acercar ropa y abrigo”, nos comentó el lunes Juliana Martínez Soria. Podría estar detenida durante 15 días más según sus abogados.
Marcos legales
Los conflictos siempre se nuclean bajo la misma temática: las tierras. Los grandes terratenientes, quienes acumulan su riqueza y poder en extensos latifundios, no reciben de buena manera los reclamos de las comunidades por el derecho a la ocupación de las tierras que les arrebataron a lo largo de la historia de nuestro continente.
La ley nacional 26.160, que llegó en 2006 como respuesta a la problemática, busca garantizar el derecho de las comunidades de habitar sus tierras, brindando el aval para el relevamiento territorial de las mismas. Mientras la ley siga vigente, la emergencia territorial, en materia de posesión y propiedad, va a regir sobre el país ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades originarias.
Entendiendo que la ley no se cumplió en este caso, como en tantos otros durante el último tiempo, el intento de desalojo que sufrió la comunidad Cherú Tumpa es ilegal.
El reclamo territorial se enmarca no solo en el establecimiento de las comunidades en el lugar, sino también en la construcción y la conservación de la identidad como posibilidad de una proyección a futuro en términos comunitarios. En este caso, la Cherú Tumpa, se desarrolló de forma comunitaria mediante la creación de huertas para subsistir y la construcción de sus casas: al principio solo con carpas y bolsas de porotos que conseguían en un campo donde iban a trabajar. Hoy, les hijes de les primeres que llegaron al lugar, forman sus familias allí y construyeron casas de madera, al igual que las iglesias y los comedores para la comunidad entera.
Institución del terror
La impunidad dentro de la que se maneja el organismo policial no presenta límites. Maniobras que generan odio y discriminación desde instituciones estatales es permitida ignorando todo marco legal o derecho existente. Son prácticas que no hacen más que fomentar la exclusión de sectores populares y que a través del tiempo se siguen perpetuando.
“Siempre hemos sido humillados de indios, de matacos, de todo. No es así la cosa, cuando nosotros hemos ido a presentar los papeles de la comunidad, nadie nos ha oído”
Juliana Martínez Soria.
Las familias recibieron apoyo de comunidades vecinas que acercaron mercadería y ayudaron a establecer una guardia en la entrada del terreno para prevenir cualquier “visita” de los uniformados. Los miembros de la comunidad siguen con miedo.
También se pidió que acerquen un médico para les herides por el temor a que les desalojen mientras no están, además de que la atención médica en un hospital ni siquiera está garantizada por ser este un ámbito que presentó previamente varios episodios discriminatorios.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) también generó dificultades en el diario de la comunidad profundizando la desigualdad en la que se encuentra: “Antes salíamos al pueblo a vender el pancito, pero ahora no podemos porque nos da miedo salir por el virus y por los policías”. Las medidas sanitarias para combatir al COVID-19 son mínimas y cubiertas por la comunidad misma, nunca se les acercó ni un barbijo, los fabricaron ellos y se higienizan con agua con alcohol.
Guerra de baja intensidad
Tal como si estuviéramos releyendo el Facundo o estudiando para un parcial de Historia, el norte argentino sigue perpetuando prácticas e ideas conservadoras que atentan contra derechos de comunidades y/o sectores marginados. Rigen leyes que para la élite tienen un significado y para el pueblo otra, o así pareciese por sus accionares.
Los desmontes de los bosques son una realidad que no tiene fronteras, desde que comenzó el ASPO aumentaron exponencialmente y se repartieron entre manos de nombres importantes. Los hogares de las comunidades del lugar son saqueados constantemente, dejándolas desamparadas y marginadas.
El sistema sanitario no funciona para todes y se deja de presentar como un derecho. Tal como comentaba Juliana Martínez Soria, no se les ha acercado atención médica a les herides de la represión. En otras ocasiones, niñes de otras comunidades se habían acercado por desnutrición y deshidratación, pero las camas de los hospitales tienen otras prioridades.
A poco más de 50 kilómetros de la represión en Colonia Santa Rosa y casi al mismo tiempo, se la autodefinió a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán como una ciudad “pro vida y pro familia”. Se determinó tras una votación del Consejo Deliberante en donde se les impidió participar a defensores del derecho a la ILE que, bajo la misma línea, insisten en romper con el orden de “familia tipo” tradicional que solo genera la discriminación de todo aquel que no cumpla con los estándares.
Una y otra vez, se vuelve a evidenciar las falencias de un sistema que no incluye, excluye. El cambio es urgente. Las agendas mediáticas no generan la difusión necesaria de estas problemáticas concurrentes, y si lo hacen se las trata de escenarios aislados cuando en realidad están regidas bajo las mismas lógicas conservadoras y mercantilistas. Es necesario dar cuenta de la emergencia y cómo mínimo dar la discusión sobre las condiciones de vida de los sectores marginados de nuestro país.
En el comunicado del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se habla de una guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas con el objetivo de permitir el emplazamiento de empresas extractivistas. Las condiciones están dadas para que la guerra continúe, el ASPO permitió un marco de prácticas que depende de cómo se traduzcan o quiénes lo hagan, la legalidad es subjetiva y tiende de un hilo. Pero también, con convicción y acción, la situación se puede revertir o como mínimo, denunciar.
En un momento donde la virtualidad nos permite estar en todos lados al mismo tiempo, debemos apropiarnos de las herramientas que nos brinda para resignificarlas y buscar estrategias de visibilización y concientización. La salida es colectiva, por lo que -como siempre- toca oír las voces olvidadas y darles lugar a sus reclamos, mientras se prepara el terreno para cuando se les permita salir a las calles y exigir lo que la historia les debe: una vida.
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
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