El martes 20 de octubre, en la ciudad de Palpalá (Jujuy), la comunidad campesino-indígena Tusca Pacha amaneció en su territorio, como todos los días a las seis para empezar a trabajar. Cuando se dieron cuenta que faltaban las banderas wiphalas y los carteles con el nombre de su comunidad, móviles policiales les esperaban en sus puertas para desalojarles.
“A primera hora, la policía rodeó el territorio comunitario, muchos de nosotros salimos a trabajar y no pudimos volver a ingresar. Nos amedrentaban porque no nos permitían la circulación. Alrededor de 60 policías se hicieron presentes”, relató Juana Mamani, presidenta de la comunidad, para Revista Trinchera.
Fueron detenidas cuatro personas: Rosa Gutiérrez, Andrés Deymonaz, Anastacia Garcia y José Luis Fuentes Alcoba -quien además fue gravemente herido-. Tres de elles quedaron con imputaciones por desobediencia y fueron puestos en libertad por la tarde, luego de que Juana junto a compañeres se acercaron a la Comisaría 51 para exigir su liberación.
Hubo disparos por parte de los efectivos y hasta golpearon a un niño de 11 años. Las pérdidas materiales fueron importantes y afectaron directamente al trabajo y abastecimiento de la comunidad, Juana comentó que “desarmaron la nueva casita, el horno de barro y tiraron todas las plantas frutales”.
Al otro día, el desalojo continuó con máquinas que desmontaron gran parte del terreno.
Negocio inmobiliario
El conflicto es con la inmobiliaria Sucre, cuyos propietarios son Javier Gronda -secretario de Asuntos y Relaciones Municipales- y Alfredo González. Su intención es vender el terreno y para ello comenzaron a instalar en la zona postes para que posteriormente se pueda acceder a la luz y al agua. Suena contradictorio porque la comunidad intentó tramitar estos servicios, pero siempre se los rechazó porque las tierras eran -supuestamente- inundables.
“Hace un año, más o menos, que empezó el conflicto con la Inmobiliaria Sucre, donde los dueños reclamaron que esas tierras eran de sus abuelos. Desde ahí es que nos empezó a amenazar con que nos iba a desalojar a todos” recuerda Juana.
La comunidad cuenta con 80 hectáreas donde viven 100 familias, con el desalojo del martes 20 se les quitó 2 de ellas y en primera instancia, quieren avanzar sobre 15 más.
No es la primera vez que se intenta desalojar a la comunidad, con el apoyo de organizaciones sociales y funcionarios municipales opositores, se pudo intervenir jurídicamente antes de que sea un hecho. En este último caso no fue posible: con la orden del juez Zurueta, a pedido de la fiscala Liliana Colqui, el desalojo sucedió y generó controversias por factores que lo tornan ilegal.
En primera parte, la comunidad está amparada por la ley 26.160, que establece la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y que prohíbe los desalojos. Por otro lado, en 2015, cuando ya se trabajaba con la Secretaría de Agricultura Familiar de la localidad, hicieron una ordenanza donde el municipio aprobó la instalación en el área periurbana de los pequeños productores y la declaró como área de interés para dichas actividades.
Con la llegada de nuevos funcionarios a Palpalá y con Gerardo Morales a la cabeza de la provincia, el avasallamiento de derechos se dio de forma constante.
“No te respetan nada, porque ellos tiraron las cosas, unos policías llevaron las chapas, las herramientas, pico y palas. Vemos como nos tratan a nosotros que mucho no entendemos de leyes, y lo hicieron ilegalmente, para nosotros ilegalmente” sentenció la presidenta.
El Estado represor
Durante el momento del desalojo, se acercaron al terreno representantes de organismos nacionales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); también concejales, legisladoras y legisladores provinciales del Movimiento Evita, del Frente de Todes, del Frente de Izquierda de los Trabajadores y del Partido Justicialista. Todes concordaron en que nunca se había llevado a cabo un desalojo de manera tan violenta en la provincia.
Para ser un desalojo privado, la presencia de más de 60 efectivos policiales y más de ocho móviles, resulta (o no) sorprendente. Además, los efectivos correspondían al pelotón de combate que están preparados para episodios de extrema violencia. En el operativo la mayoría eran hombres, por lo que tampoco se cumplió el protocolo en materia de género.
A raíz del incorrecto accionar policial, la comunidad junto a su cuerpo legal y funcionarios que les acompañan, decidieron empezar acciones contra el gobierno provincial por la infracción de cómo debían accionar de acuerdo a la orden judicial y de acuerdo a la ley.
El movimiento campesino-indígena
“Nosotros vivimos en el territorio desde toda la vida, lo hicieron nuestros abuelos, nuestros ancianos indígenas sobrevivieron a este territorio marginado de la ciudad gracias a la agricultura familiar y con el arroyo que atraviesa el terreno. Toda la vida, yo en mi caso tengo 54 años y siempre hemos vivido de forma pacífica, pública, continua” relató la referenta.
Los distintos movimientos campesino-indígena de la región luchan trabajando para el pueblo en su totalidad. La agricultura familiar presenta un modelo de producción beneficioso para la salud de los cuerpos y del ambiente. Permite ser trabajado por pequeños productores que históricamente son amedrantados por grandes terratenientes.
El acceso a la tierra es una de sus mayores problemáticas: en Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de los pequeños productores, y son les que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. El 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país.
La provincia de Jujuy tiene antecedentes opositores a proyectos de este tenor. Un ejemplo claro es quien la lidera, Gerardo Morales, el gobernador, conocido por perseguir a comunidades indígenas y por encarcelar a la referenta de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala.
Jujuy se encuentra hace tiempo en emergencia territorial indígena, los derechos conseguidos pasan por desapercibidos en un Estado indiferente.
“Me gustaría que la Justicia venga, uno por uno a las casas, que vean las casas de adobe, las casas de piedra, esas no son de ahora, esas casas son de más de 50 años. Esa gente no se encargó de venir a constatar todas las familias que vivimos hace años acá, solamente tomo una foto satelital diciendo que todo es yuyo. Para ellos es yuyo, pero para nosotros es pastal para los animales. La Justicia no está siendo igualitaria para nosotros, está del lado de los terratenientes, de los negocios inmobiliarios”.
Resulta esencial el cumplimiento pleno de los derechos de las comunidades indígenas que hacen función social de la tierra para el buen vivir de los pueblos.
