Los últimos días del año invitan siempre a revisar los avances y retrocesos, las luchas y continuidades, las falencias y los obstáculos que fueron motor -o freno- de lo sucedido. El 2020, que finalmente queda atrás, deja a su paso un balance agitado y problemático en todas las facetas de la vida humana y social -y hasta de la naturaleza-. En particular, el abordaje en torno a las problemáticas de género, a la lucha de los movimientos feministas y el rol de estas resistencias a lo largo y ancho del mundo es aún más complejo y turbulento.
Resultaría casi imposible plasmar en contadas líneas todo lo acontecido durante este año de pandemia, que puso en jaque las certezas -que ya venían tambaleando- de un sistema socioeconómico en crisis, de un capitalismo neoliberal en transformación (sin la seguridad de un horizonte claro) que pone sobre la mesa, en medio de una crisis sanitaria mundial, las estructuras desiguales y profundamente patriarcales que nos conforman y rodean.
Tres ejes parecen fundamentales para intentar una aproximación hacia lo que podemos ver hoy: la pandemia y los confinamientos, con su impacto y consecuencias sobre la vida de las mujeres y diversidades sexo-genéricas; el avance progresivo y cada vez más preocupante de los movimientos anti-derechos aliados de las derechas conservadoras que pisan fuerte en Europa, Estados Unidos y Nuestra América; y la continua resistencia de las mujeres y diversidades, los feminismos y la -aún dificultosa- conquista de derechos fundamentales.
Desigualdades que se ven, violencias que crecen
No existe forma de pensar ninguna problemática, sector o movimiento social durante el 2020 por fuera de los contextos y los significados que nos impuso la pandemia. En este sentido, las mujeres y las diversidades fueron quienes más pesaron con la carga de los aislamientos implementados en todo el mundo.
La emergencia del covid-19, en combinación con la crisis económica ya existente y los efectos -actuales o arrastrados de hace décadas- del sistema neoliberal en Nuestra América, dejó a la vista de todes un entramado de desigualdades geopolíticas y sexo-genéricas. Este contexto no solo puso luz sobre las violencias y desigualdades que eran ignoradas e invisibilizadas por muchos, sino que paralelamente agudizó y profundizó estas problemáticas.
Así, se puede identificar un alto crecimiento de los feminicidios, trans-travesticidios y crímenes de odio, en América Latina y en la mayoría de países -al menos- del mundo occidental, principalmente como consecuencia del aislamiento de mujeres y diversidades en su mayor zona de peligro: sus casas.
Sumado a esto, un aumento exponencial de casos y denuncias por abusos sexuales y violaciones, con gran frecuencia de violencia sexual intrafamiliar, que significó un nuevo desafío frente a los aislamientos que suponían límites a la posibilidad de escapar de sus agresores. Según datos de ONU MUJERES, las llamadas a líneas de ayuda para mujeres se multiplicaron por cinco durante los confinamientos en los distintos países. Además, por cada tres meses de pandemia ocurrían 15 millones de casos adicionales de violencia de género a nivel global. Pero solo el 40% denuncia o solicita ayuda. A la par, se pudieron observar nuevos impedimentos al acceso a la salud sexual y reproductiva, aumentando los embarazos no deseados y los abortos inseguros.
Asimismo, se debe analizar uno de los factores que mayor obstáculo supone para los años venideros, y una de las principales banderas de los feminismos populares: el enorme incremento de las cargas laborales y mentales sobre las mujeres por la feminización de las tareas del cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y la informalidad y precarización laboral a la que son expuestas. Junto a esto, el crecimiento de la brecha salarial y los altísimos índices de pobreza que impactan de lleno en las mujeres y diversidades, y con mayor incidencia en aquelles de sectores populares, mujeres trans, lesbianas, migrantes, indígenas, negras, discapacitadas y de zonas rurales.
Para poner en números: según datos de septiembre de la ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como resultado de la pandemia, 96 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Esto aumentará a un total de 435 millones de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema, principalmente mujeres en edad reproductiva.
Esto significa un recrudecimiento de la desigualdad por motivos de género como resultado directo de la pandemia, ya que previo a ella se esperaba una disminución de la tasa de pobreza entre las mujeres del 2,7% entre 2019 y 2021, pero, en cambio, terminamos el año con proyecciones que prevén un aumento del 9,1.
El 2020 en América Latina, caracterizada de manera innegable como la región más desigual del mundo, deja una huella que tardará tiempo en borrarse. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) definió que, para el cierre de este año, 118 millones de mujeres de la región terminarán en situación de pobreza debido a la crisis económica provocada por la pandemia.
En esto, tanto en el presente como en el futuro, el rol protagónico de los Estados y sus políticas con perspectiva de género es fundamental: si algo dejó en claro esta pandemia es que siempre nos cuida el Estado, y nunca el mercado. Con este fin, las organizaciones internacionales convocaron a los Estados, ya desde los inicios de la pandemia, a implementar medidas que resguardaran a las mujeres y diversidades del impacto económico y social que se sabía que generaría.
En septiembre, la ONU realizó el informe “Rastreador de Respuesta de Género Global Covid-19”, donde se evaluaron más de 2.500 medidas implementadas en 206 países y territorios de todo el mundo, y en el que se identificó que solo 1 de cada 8 países había implementado medidas para subsanar los destrozos que la crisis tendría -y tiene- particularmente sobre las mujeres y diversidades. Dato no menor es que Argentina encabezó la lista de países que implementaron políticas públicas con perspectiva de género, con unas 44 iniciativas estatales.
Derechas anti-derechos: convicciones financiadas
En los últimos años, la contraofensiva pública y política de los grupos ultra conservadores y antiderechos en Occidente se desplegó abiertamente contra la igualdad de género, los avances de derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y los derechos sexuales y reproductivos -en especial el aborto y la educación sexual integral.
Estas fuerzas violentas han encontrado particular asentamiento, con una relación de casi hermandad, entre las acciones para combatir o evitar las medidas de cuidado frente a la pandemia, propuestas por los distintos gobiernos o por sus sociedades, ahora en oposición a las vacunas y, por supuesto, firmes aliados contra el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la emergencia sanitaria.
Es clave resaltar que este boom de las políticas y ofensivas anti género a nivel mundial se da en el marco de conservadurismos patriarcales, clasistas y racistas, con ideologías de derecha -liberales en lo económico, conservadoras en los social- que han estado en ascenso en los últimos años, trabajando con acciones generalmente articuladas y financiadas internacionalmente, y que van junto al progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.
En Colombia, fue la reacción conservadora contra la telemedicina para acceder a abortos seguros en cuarentena. En Brasil, fue el discurso y la práctica de Jair Bolsonaro, desde las estructuras estatales, para instalar su cruzada violenta y deshumanizante. En Estados Unidos fue Donald Trump y la movida anti cuidados, con un elemento muy significativo para el presente y para lo que viene: la ampliación de los límites de lo no democrático; es decir, el aún presidente del imperio del norte definió con sus narrativas y acciones la extensión de las barreras que limitaban los discursos de odio, misóginos y racistas, dando espacio y rienda suelta a otras figuras o líderes a plantear nociones mal vistas hace unos pocos años atrás. En España, también se hizo escuchar el partido Vox, con sus ideas conservadoras y públicamente anti-feministas. Y, cómo no, en Argentina con la derecha radicalizada y conspiranoica que supo aglutinar a sectores y demandas anti-todo como línea de acción opositora a un gobierno progresista.
Frente a esto, es importante remarcar la articulación y conexión, tanto ideológica como financiera (dinero proveniente de ONG’s de derecha, conservadoras, religiosas, etc.), entre estos movimientos anti-derechos para promover la desinformación sobre la pandemia -infodemia- y el ataque a grupos específicos, con clara incitación al odio.
Fue este mismo año que salió a la luz la investigación de openDemocracy, sobre un grupo de organizaciones cristianas de derecha, como el Centro Americano por la Ley y la Justicia y la Alianza por la Defensa de la Libertad, afines al presidente estadounidense Donald Trump, que financian, intervienen y promueven el combate contra los derechos LGBTIQ+ y los derechos reproductivos de las mujeres. Se destinaron -dice el informe- 44 millones de dólares a campañas para desinformar sobre el coronavirus, el aborto y la homosexualidad en América Latina. A esto, se agregan las injerencias en países de Europa para fomentar con 90 millones de dólares lo que ellos llaman “valores europeos fundamentales”, como salió a la luz en el intento de restringir la legislación respecto al aborto en Polonia hace unos meses.
En el mismo sentido, hace pocas semanas se publicó una investigación regional llamada “Poderes no santos en pandemia”. Liderada por OjoPúblico, en Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México, se da cuenta de la presión y la agenda de grupos ultraconservadores y negacionistas de América Latina contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Un punto central del informe aborda el afianzamiento de los grupos ultraconservadores y de sus discursos a través de organizaciones políticas y religiosas durante los últimos meses, en un contexto de miedo e incertidumbre por la pandemia.
A partir de esto, es clave destacar que desde que comenzó la pandemia y durante ocho meses, la investigación identifica “más de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, de alrededor de 170 organizaciones civiles, entidades y colectivos que impulsan en el continente un discurso abierto contra una agenda de derechos”.
En este marco, se observaron nuevas y mayores restricciones al aborto y regresiones sobre otros derechos adquiridos, tanto en América Latina como al interior del tan -aparentemente- liberal continente europeo, donde la comunidad LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres se ha utilizado como chivo expiatorio de los gobiernos ultraconservadores: tales son los casos de la Hungría de Viktor Orban y la Polonia de Andrzej Duda, a lo que se puede sumar la realidad de la Turquía de Erdogan.
En pie de lucha: resistencias y conquistas
A pesar de los retrocesos y dificultades que han afrontado históricamente las mujeres y diversidades en materia de derechos sociales y políticos, la lucha siempre continúa y los avances se hacen notar. El 2020 no fue la excepción.
El Informe de Homofobia de Estado del 2020 de la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ofrece un mapeo sobre la situación del homoOdio en el mundo y los avances en este sentido.
Entre los principales hitos encontramos, por el mes de mayo, a Costa Rica, que se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, señalando un horizonte de ampliación que puede marcar tendencia a la vista del resto de los países de una de las zonas más restrictivas y peligrosas para la comunidad LGBTIQ+.
Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y Gabón -en Africa central- las despenalizó. Alemania y varias provincias y Estados de Australia, Canadá, México y Estados Unidos prohibieron las terapias de conversión; y Mónaco y Montenegro -primicia en los Balcanes Occidentales- aprobaron leyes que protegen las uniones homosexuales.
Avances de esta trascendencia también han florecido al calor de la lucha feminista y transfeminista, a pesar de los obstáculos propios de una pandemia. El aborto seguro y gratuito se transformó en Ley en Argentina en la madrugada del 30 de diciembre, con el impulso de décadas de lucha y la fuerza de la marea verde en las calles. Tras el rechazo legislativo de 2018 y los meses de espera e incertidumbre, Argentina se convirtió en el primer país grande de Latinoamérica en ampliar este derecho fundamental para mujeres y personas gestantes, que a su vez favorece los niveles de proyección en la región y refresca la esperanza de los movimientos feministas de países vecinos.
Por otra parte, uno de los hechos que más se ha destacado es la resistencia antipatriarcal combatiendo y protagonizando en primera línea los despertares y estallidos sociales de este año -o que continuaban a los efectos de batallas comenzadas en 2019- en Nuestra América en particular, y en otros países del mundo en general.
Emocionó Bolivia y sus mujeres de pollera contra el gobierno de facto de Jeanine Añez y la resistencia indígena hasta la vuelta de la democracia. Chile alertó con las adolescentes y estudiantes que el año pasado saltaron los molinetes del metro y que lucharon incansablemente por una nueva Constitución feminista e inclusiva. En Perú se manifestaron contra la corrupción del régimen político y la búsqueda de una salida democrática y más justa; en Guatemala se rebelaron en repudio del gobierno actual, la mala gestión de la pandemia y el pedido de una Asamblea Constituyente Antipatriarcal. En Colombia no se callaron frente a las políticas neoliberales y opresivas de Iván Duque, gritaron por les cientos de líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos asesinades en 2020.
En Tailandia, las jóvenes estudiantes no retrocedieron frente al peligro de desafiar y demandar reformas monárquicas ante una institución autoritaria y patriarcal; y en Estados Unidos las negras y migrantes contra Trump impulsaron una rebelión antirracista en el corazón del imperio del norte.
Las luchas feministas en el mundo se intensificaron a pesar -y como efecto- de la pandemia y los confinamientos: las mexicanas contra los femicidios y las redes de trata; las polacas contra al ataque al derecho del aborto y por la permanencia del Convenio de Estambul, al igual que las turcas; las argentinas con la marea verde por el derecho a decidir y el #NiUnaMenos.
En un momento de grandes incertidumbres y profunda inestabilidad económica y política, cuando lo conocido queda atrás y queda descubrir y transformar lo que viene, hay algo que permanece seguro: las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los movimientos feministas y los sectores más vulnerados por el mismo sistema excluyente, desigual y violento, seguirán en pie de batalla para dar las luchas necesarias y frenar los retrocesos que intenten grupos cada vez más radicalizados y articulados internacionalmente.
Con base en demandas y reclamos comunes, cada país y cada movimiento de mujeres y diversidades adquiere su propia forma y modelo de acuerdo a los contextos políticos, económicos y sociales; según los avances y retrocesos de los derechos en ese territorio y, principalmente, acorde a la disposición o resistencia de los gobiernos a la agenda feminista, que al fin y al cabo, guste o no, es la instancia que puede consolidar y masificar los cambios estructurales que los grupos vulnerabilizados exigen y seguirán exigiendo .
