La comunidad guaraní Cherú Tumpa, de la localidad salteña Colonia Santa Rosa, fue violentada el pasado jueves 23 de julio con balas de goma y la detención de una referente de las familias, establecidas en las tierras desde hace cinco años en el marco de una recuperación de territorio.
Ese día a la mañana, miembros de la comunidad fueron citados a una reunión con autoridades policiales. El encuentro no supuso inconvenientes, les preguntaron por qué estaban en el terreno y elles aclararon -no por primera vez- que se trataba de una recuperación de territorio. “Está todo bien nos respondieron los policías, pero cuando volvimos al asentamiento nos recibieron con balas”, comentó a Revista Trinchera Juliana Martínez Soria, vocera de la comunidad.
23 integrantes de las fuerzas policiales se acercaron a desalojar a las 120 familias sin orden judicial. La situación se agravó cuando comenzaron a disparar con balas de goma dejando 18 herides -mayores y menores de edad- entre elles un bebé. El hecho finalizó con la detención de Yamila Belizan, referente y vocera de la comunidad, también, sin orden judicial.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitó a la fiscalía de Pichanal que informe sobre la situación. También, se exigieron medidas para resguardar la integridad física de los miembros de la comunidad con el objetivo de mantener la paz social en un momento de emergencia sociosanitaria a nivel nacional y provincial.
Yamila Belizan sigue detenida sin explicación alguna. “Hoy hablamos con ella y nos contó que está golpeada y lastimada, recién ayer le pudimos acercar ropa y abrigo”, nos comentó el lunes Juliana Martínez Soria. Podría estar detenida durante 15 días más según sus abogados.
Marcos legales
Los conflictos siempre se nuclean bajo la misma temática: las tierras. Los grandes terratenientes, quienes acumulan su riqueza y poder en extensos latifundios, no reciben de buena manera los reclamos de las comunidades por el derecho a la ocupación de las tierras que les arrebataron a lo largo de la historia de nuestro continente.
La ley nacional 26.160, que llegó en 2006 como respuesta a la problemática, busca garantizar el derecho de las comunidades de habitar sus tierras, brindando el aval para el relevamiento territorial de las mismas. Mientras la ley siga vigente, la emergencia territorial, en materia de posesión y propiedad, va a regir sobre el país ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades originarias.
Entendiendo que la ley no se cumplió en este caso, como en tantos otros durante el último tiempo, el intento de desalojo que sufrió la comunidad Cherú Tumpa es ilegal.
El reclamo territorial se enmarca no solo en el establecimiento de las comunidades en el lugar, sino también en la construcción y la conservación de la identidad como posibilidad de una proyección a futuro en términos comunitarios. En este caso, la Cherú Tumpa, se desarrolló de forma comunitaria mediante la creación de huertas para subsistir y la construcción de sus casas: al principio solo con carpas y bolsas de porotos que conseguían en un campo donde iban a trabajar. Hoy, les hijes de les primeres que llegaron al lugar, forman sus familias allí y construyeron casas de madera, al igual que las iglesias y los comedores para la comunidad entera.
Institución del terror
La impunidad dentro de la que se maneja el organismo policial no presenta límites. Maniobras que generan odio y discriminación desde instituciones estatales es permitida ignorando todo marco legal o derecho existente. Son prácticas que no hacen más que fomentar la exclusión de sectores populares y que a través del tiempo se siguen perpetuando.
“Siempre hemos sido humillados de indios, de matacos, de todo. No es así la cosa, cuando nosotros hemos ido a presentar los papeles de la comunidad, nadie nos ha oído”
Juliana Martínez Soria.
Las familias recibieron apoyo de comunidades vecinas que acercaron mercadería y ayudaron a establecer una guardia en la entrada del terreno para prevenir cualquier “visita” de los uniformados. Los miembros de la comunidad siguen con miedo.
También se pidió que acerquen un médico para les herides por el temor a que les desalojen mientras no están, además de que la atención médica en un hospital ni siquiera está garantizada por ser este un ámbito que presentó previamente varios episodios discriminatorios.
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) también generó dificultades en el diario de la comunidad profundizando la desigualdad en la que se encuentra: “Antes salíamos al pueblo a vender el pancito, pero ahora no podemos porque nos da miedo salir por el virus y por los policías”. Las medidas sanitarias para combatir al COVID-19 son mínimas y cubiertas por la comunidad misma, nunca se les acercó ni un barbijo, los fabricaron ellos y se higienizan con agua con alcohol.
Guerra de baja intensidad
Tal como si estuviéramos releyendo el Facundo o estudiando para un parcial de Historia, el norte argentino sigue perpetuando prácticas e ideas conservadoras que atentan contra derechos de comunidades y/o sectores marginados. Rigen leyes que para la élite tienen un significado y para el pueblo otra, o así pareciese por sus accionares.
Los desmontes de los bosques son una realidad que no tiene fronteras, desde que comenzó el ASPO aumentaron exponencialmente y se repartieron entre manos de nombres importantes. Los hogares de las comunidades del lugar son saqueados constantemente, dejándolas desamparadas y marginadas.
El sistema sanitario no funciona para todes y se deja de presentar como un derecho. Tal como comentaba Juliana Martínez Soria, no se les ha acercado atención médica a les herides de la represión. En otras ocasiones, niñes de otras comunidades se habían acercado por desnutrición y deshidratación, pero las camas de los hospitales tienen otras prioridades.
A poco más de 50 kilómetros de la represión en Colonia Santa Rosa y casi al mismo tiempo, se la autodefinió a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán como una ciudad “pro vida y pro familia”. Se determinó tras una votación del Consejo Deliberante en donde se les impidió participar a defensores del derecho a la ILE que, bajo la misma línea, insisten en romper con el orden de “familia tipo” tradicional que solo genera la discriminación de todo aquel que no cumpla con los estándares.
Una y otra vez, se vuelve a evidenciar las falencias de un sistema que no incluye, excluye. El cambio es urgente. Las agendas mediáticas no generan la difusión necesaria de estas problemáticas concurrentes, y si lo hacen se las trata de escenarios aislados cuando en realidad están regidas bajo las mismas lógicas conservadoras y mercantilistas. Es necesario dar cuenta de la emergencia y cómo mínimo dar la discusión sobre las condiciones de vida de los sectores marginados de nuestro país.
En el comunicado del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se habla de una guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas con el objetivo de permitir el emplazamiento de empresas extractivistas. Las condiciones están dadas para que la guerra continúe, el ASPO permitió un marco de prácticas que depende de cómo se traduzcan o quiénes lo hagan, la legalidad es subjetiva y tiende de un hilo. Pero también, con convicción y acción, la situación se puede revertir o como mínimo, denunciar.
En un momento donde la virtualidad nos permite estar en todos lados al mismo tiempo, debemos apropiarnos de las herramientas que nos brinda para resignificarlas y buscar estrategias de visibilización y concientización. La salida es colectiva, por lo que -como siempre- toca oír las voces olvidadas y darles lugar a sus reclamos, mientras se prepara el terreno para cuando se les permita salir a las calles y exigir lo que la historia les debe: una vida.
