Después de siete días consecutivos de movilizaciones en las calles se derogó la Ley de Zonificación Minera en Chubut, pero quedan cabos sueltos por saldar.
El miércoles 15 de diciembre, con 14 votos a favor y 11 en contra, se aprobó en la Legislatura de Chubut el proyecto de Ley de Zonificación que habilita la actividad minera en los departamentos de Gastre y Telsen ubicados en la meseta central. Al otro día, el gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley a través del decreto 1285/21.
Por dentro del edificio de la legislatura en la ciudad capital de Rawson, los diputados trataron el proyecto en una sesión exprés y sin aviso previo. Por fuera, les vecines de toda la provincia comenzaron a manifestarse por la sorpresiva decisión de los legisladores de sesionar rápido y a escondidas, y que terminaron por permitir la instalación de la megaminería en sus territorios.
Los escenarios de las calles fueron similares a los del 2003, cuando la minera Meridian Gold intentó instalarse en la provincia pero que, gracias a las manifestaciones de les vecines, no pudo ser posible. Se realizó un plebiscito histórico en el que el 83% de la sociedad le dijo “no” a la mina y de esta forma se fomentó la Ley Nº 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en su producción. Sin embargo, les legisladores de ese entonces, dejaron una ventana abierta por la cual hoy la empresa Pan American Silver busca instalarse completamente en la meseta de la provincia.
El artículo 2 de la Ley Nº 5001 establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar el territorio de zonificación para la explotación minera y que la legislatura provincial debería aprobar o rechazar. El miércoles pasado se usó este artículo para aprobar una ley que efectivamente permitiría la zonificación para el “Proyecto Navidad” en manos de la empresa Pan American Silver.
Ante la aprobación de la zonificación, comenzaron las movilizaciones en las calles con presencia policial que derivó en la represión de los manifestantes con un gran saldo de herides y detenides. Pasaron los días y creció la persecución policial a militantes en todas las ciudades aledañas a Rawson y las trabas que el gobierno puso para que la población no pudiera manifestarse en la ciudad capital, como la detención de personas y vehículos en la Ruta 3. El accionar policial fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la denuncia “Violación a los Derechos Humanos en Chubut” que se encuentra en trámite.
En el sexto día de lucha consecutiva con fuerte presencia en las calles, el gobernador Arcioni, bajo presión social, anunció que derogaría la ley y llamaría a plebiscito para “escuchar a todas las voces del pueblo”. Al otro día, 23 diputados votaron a favor del proyecto que proponía la derogación de la Ley XVII 149 de Zonificación Minera.
Crisis económica
La provincia se encuentra inmersa en una crisis económica que data de varios años y que llevó a generar irregularidades en los pagos de sueldos de trabajadores estatales y un desencadenamiento del deterioro de las economías regionales. Bajo este panorama, el gobierno presentó al proyecto megaminero como única solución a la crisis.
El “Proyecto Navidad”, a través de la ley de zonificación, propone generar puestos de trabajo directo e indirecto empleando en su mayoría a personas de la región: el 80% de la mano de obra tiene que ser local, el 50% de los proveedores de los proyectos deben ser chubutenses, entre otros lineamientos. Si bien estos datos son el soporte principal de las críticas positivas del proyecto, la cantidad de puestos de trabajo generados no va a producir un crecimiento económico sostenible a largo plazo en la región. En los pocos años en los que se puede mantener activa la empresa, se genera trabajo y ganancias -aunque la mayoría suele irse al exterior-, pero una vez que el territorio no es más explotable se retiran y dejan a la región deteriorada. La población cuenta con pocas posibilidades de darle otro uso a las tierras que le permita a las economías locales crecer y mantener el desarrollo de la población, tanto en términos económicos como de supervivencia física.
Existen otras actividades productivas locales que pueden generar igual o mayor desarrollo económico sin la necesidad de destruir los territorios por una solución temporal, pero no cuentan con la inversión necesaria para lograrlo. La cría de ovejas es la principal actividad productiva de la meseta, sin embargo, la lana extraída de los bovinos se vende sin valor agregado, lo que permitiría generar más crecimiento económico en la región. También existe la producción agrícola que ha sido brutalmente afectada por las modificaciones en los territorios que dejan a los suelos sin vida fértil, la población no quiere que ese proceso se acelere con la instalación de la minera.
Para generar el crecimiento de otras alternativas productivas se requiere inversión, ergo, voluntad política, mientras tanto se apuesta a un solo modelo de producción. Existe culturalmente una idea de “lo productivo” y “lo no productivo” definida por las propuestas capitalistas de industrialización: generar más ganancias, en poco tiempo y a costa de los territorios. Las actividades productivas que quedan por fuera de los procesos de industrialización no son considerados como productivos, se los trata de procesos “naturales” de las regiones y no se les da valor ni a las actividades en sí, ni a les trabajadores que apuestan y desarrollan esas actividades. La discusión sobre la matriz productiva es una deuda sin saldar que sigue permitiendo el avance de proyectos extractivistas como este y la postergación de otras alternativas más populares.
Crisis hídrica y ambiental
No es el momento ni el lugar. El 26 de agosto de este año se aprobó la Ley de Emergencia Hídrica para mitigar los efectos de la sequía por la falta de precipitaciones. Es usual en la región que las zonas pobladas no puedan abastecerse de agua, en las zonas urbanas por el poco caudal que llega y en las zonas rurales se le agrega la dificultad de no poder aprovecharla por no contar con sistemas de cañerías y de retención del agua.
Estudios de instituciones locales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) rechazan el proyecto megaminero por los posibles daños a las cuencas del Río Senguer y del Río Chubut que “abastecen el 70% de la población chubutense”. Al mismo tiempo, plantearon que los estudios provistos por la empresa extranjera y los sistemas de monitoreo del Estado provincial son “insuficientes para poder realizar análisis cuantitativos y prever escenarios futuros”.
La megaminería produce desechos tóxicos provenientes de los procesos de extracción de los metales que contaminan los ríos y las napas subterráneas. Además de la utilización de 9 millones de litros de agua por día declarados por Pan American Silver en sus informes realizados por Hidroar S.A.
En los balances que se realizaron por parte del gobierno provincial y su Ministerio de Ambiente, no se tuvieron en cuenta las instituciones científicas locales que hace años presentan todas las alternativas de desarrollo productivo y que analizan sus posibles consecuencias. En la patagonia también hay científicos y profesionales, y plantean que no es viable el proyecto megaminero.
Justicia ambiental es justicia social
El derecho a un ambiente sano también garantiza el derecho a la salud, a una economía sana, al pleno desarrollo de la población y junto a eso, el derecho a la cultura e identidad. Si se sigue defendiendo la jerarquización de la garantía de derechos, la población va a seguir inmersa en una matriz productiva imperialista y saqueadora que sólo genera daño.
Las organizaciones sociales están dando esta discusión y buscan ir más allá de la derogación de la Ley de Zonificación Minera para denunciar los hechos de violencia policial e institucional por parte del gobierno provincial y para seguir exclamando que no se puede ignorar la voluntad popular. Al mismo tiempo, sigue en pie el proyecto de Iniciativa Popular que consiguió más de 30 mil firmas y que exige una ley que no permita la instalación de megamineras en la meseta.
“No queremos plebiscito, el pueblo ya decidió” es la consigna actual dirigida al gobernador Arcioni que todavía no descartó la realización de un dispositivo de consulta popular. La lucha sigue en Chubut.
