Sí, volvemos a escribir sobre Chubut porque el abandono a les trabajadores estatales, que llevan casi cuatro años de lucha, presenta nuevos episodios, con un nuevo escenario pandémico y con les mismes actores y actrices de siempre.
La toma de deuda de los últimos años para la construcción de hospitales, escuelas y otras obras públicas, que siguen sin materializarse, llevó a que se desinvirtiera cada vez más en los organismos estatales y sueldos de les trabajadores.
Con la llegada de Mariano Arcioni a la cabeza de la provincia, la única “solución” a la deuda que se planteó fue la de seguir desfinanciando al sector estatal y plantear como única alternativa la instalación de proyectos mineros en Chubut.
El pago escalonado de sueldos tenía fecha de expiración para finales de noviembre del 2018, sin embargo, van dos años y contando. De aumentos de sueldos y aguinaldos ni hablemos. Menos de inversión en infraestructura y programas como el Transporte Estudiantil Gratuito (TEG).
Crónica de una semana más de lucha
El COVID-19 encontró a la provincia en las peores condiciones y cuando el Estado debería estar más presente ante la emergencia sociosanitaria, más lejos se encuentra.
Con 8.051 casos, 3.810 personas recuperadas y 110 muertes en la provincia que van en aumento día a día, les trabajadores de la salud se encuentran enfrentando al COVID-19 desamparades. Sin apoyo estatal, los establecimientos médicos intentan no derrumbarse para poder tratar a las personas infectadas.
“Hay trabajadoras que se han desmayado en la guardia del hospital porque no habían comido en días, muchas fueron desalojadas en su departamento por no poder sostener el alquiler; incluso, hay parte del personal que no puede pagar el colectivo o cargar nafta en el coche para ir a trabajar” comentó Andrea Leonett, delegada del Sindicato de Salud Pública SiSaP, para La Poderosa.
Luego de semanas de exigir respuestas, depositaron el sueldo correspondiente al mes de julio solo para el sector de salud; el resto de les trabajadores estatales siguen esperándolo. Pero eso no fue suficiente y no cumple con ninguno de los reclamos que se manifiestan. Se exige por parte de les trabajadores el pago de salarios y aguinaldos atrasados, de todos los meses, para todo el sector estatal. Además, se pide al gobierno hacerse cargo de las condiciones precarias en las que se encuentran los hospitales de la provincia y la falta de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. También, es necesario mencionar el incumplimiento de las paritarias, el estado de quiebra de la obra social y las amenazas al sistema jubilatorio.
Les trabajadores estatales decidieron comenzar una vigilia el pasado lunes 5 en la Casa de Gobierno. Además, por parte de Salud, se decidió realizar un paro de 120 horas, desde ese mismo lunes hasta el viernes 9 inclusive, y comenzar un acampe en el Ministerio de Salud.
Junto a esa medida se presentó una nota al presidente de la Legislatura Provincial y a diputades de los distintos bloques, solicitando que se convoque urgentemente a una sesión especial presencial para tratar el proyecto de ley que presentaron con respecto a la deuda.
Allí se plantea la suspensión del pago de la deuda para que el Estado garantice salud, educación y seguridad alimentaria, pagando en tiempo y forma el sueldo a les trabajadores; una reforma tributaria con el objetivo de obtener ingresos que hoy están fuera de la recaudación, como el impuesto inmobiliario rural y a actividades como la pesca, el aluminio y el petróleo; y que se soliciten informes correspondientes a los ingresos propios de la provincia.
La nota finaliza denunciando: “No hay salida posible en la megaminería. Reiteramos que no es no. No a la megaminería. Sí a que la crisis (responsabilidad del gobierno) la paguen los que siempre han ganado a costa del pueblo trabajador”.
La primera respuesta al comienzo de esta semana de manifestaciones fue la del ministro de Salud, Fabián Puratich, para Télam, en donde se mostró descontento con las medidas acatadas y las calificó como “terribles en un contexto de pandemia” en el que la provincia está “al borde de la cantidad de camas de atención disponibles”.
El martes 6, la jornada comenzó con cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad: en la Ruta 7 estaba infantería y en la Ruta 25 gendarmería y Policía de la Provincia junto con el ministro de Seguridad, Federico Massoni. También se decretó asueto administrativo, por lo que la Casa de Gobierno y el Ministerio de Salud se encontraban prácticamente vacíos.
Como si el sabotaje a las manifestaciones fuera poco, el gobierno recurrió a la represión. En la puerta de Casa de Gobierno, efectivos policiales golpearon al Secretario General del Sindicato de Salud Pública SiSaP, Carlos Sepúlveda.
El acampe continuó en el Ministerio de Salud tal como se había previsto: hasta que no pasaran 120 horas no se iban a ir y hasta que no se entablara una conversación y se resolvieran los reclamos, las diferentes medidas de fuerza se darían por tiempo indeterminado.
El jueves 8, trabajadores de la salud que estaban acampando en el Ministerio se dirigieron al Cine Teatro de Rawson en donde estaban el ministro Puratich y el Intendente de Rawson Dámian Biss por una conferencia enmarcada en el Plan Detectar, que llegó a la provincia por el gran aumento de casos. La conversación con el ministro no fue para nada resolutiva ya que éste se limitó a irse sin dar respuestas.
El viernes 9, se esperaba finalizar la semana con la reunión en la Secretaría de Trabajo a la que el SiSaP había sido citado, sin embargo, tuvo que suspenderse por estar cerrado el edificio por tareas de desinfección por posibles contactos estrechos por COVID-19.
El acampe se levantó, pero la lucha persistirá hasta que reciban soluciones concretas a la desidia que viven les trabajadores desde hace años.
“A partir de la próxima semana veremos con qué acciones seguimos adelante. Esto puede cambiar minuto a minuto”, comentó Noelia Domenez, delegada General del SiSaP.
¿Qué significa ser trabajador esencial?
Con casi 300 casos diarios de nuevos positivos de COVID-19 y con la ocupación casi completa de las camas de los hospitales de la provincia, les trabajadores de la salud deben estar preparades para afrontar la situación de la mejor manera. La situación es otra.
Plantear por un lado que la salud debe ser prioritaria y por el otro deberle a los trabajadores dos meses de sueldo, no cumplir con las paritarias y ni siquiera mantener a los establecimientos en condiciones para recibir pacientes, es sumamente contradictorio.
Se pide responsabilidad y que les trabajadores vuelvan a los hospitales, pero sin comer, sin poder transportarse con cuidados, sin poder pagar las cuentas, sin tener obra social en medio de una emergencia sanitaria mundial.
Además, los reclamos se comunican con soluciones. Como mencionamos previamente, se presentaron proyectos para aminorar la gran deuda causante de todos los problemas, pero al parecer el lobby minero no se rinde tan fácil.
Todo parece claro cuando se ordena de esta manera, las cuentas cierran. Ahora le toca al gobernador Mariano Arcioni y a les ministres hacerse cargo de les 63 mil trabajadores estatales que no solo deben preocuparse por el COVID-19, sino también por comer.
