La inclusión frente a la exclusión

El pasado 30 de septiembre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la presentación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de estudiantes (ATR), de la cual participaron junto al gobernador Axel Kicillof, la Directora General de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el Viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak.

El Programa ATR consiste en un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias educativas que implica visitas domiciliarias a estudiantes de primaria y secundaria de todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la continuidad pedagógica y la revinculación escolar de estudiantes que hayan tenido dificultades con la continuidad educativa.

Las visitas domiciliarias serán llevadas a cabo por docentes suplentes que integran el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares (PIEDAS) y estudiantes avanzados, de 3° y 4° año, de educación superior de los profesorados de educación primaria y secundaria y tecnicaturas superiores de gestión estatal y privada. Podrán inscribirse aquelles estudiantes en formación que no pudieron realizar su práctica, teniendo la posibilidad de acreditarla como una práctica preprofesional.

Cada docente tendrá a cargo un grupo de 6 estudiantes, a les cuales visitará dos veces por semana, percibiendo una beca mensual de $8.000 ($7160+$840 de movilidad). Sobre la movilidad, Agustina Vila argumentó que esta será reducida siendo que les docentes trabajarán con las comunidades educativas de sus distritos, a modo de evitar la circulación en la vía pública. Les docentes recibirán formación ad hoc específica para realizar la tarea de acompañamiento a las trayectorias, y la planificación y el seguimiento de las tareas estará a cargo del docente de cada curso.

Entre les 11.000 docentes suplentes que integran el PIEDAS y les 35.000 en formación se conforma un total de 46.500 docentes que tendrán por objetivo acompañar a les 279.000 estudiantes, que según los números expuestos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), requieren de un mayor acompañamiento pedagógico. De ese total de niñes y adolescentes, 225.000 mantienen actualmente algún tipo de vínculo con las escuelas, pero requieren de un mayor acompañamiento para mantener la continuidad pedagógica. Les 54.000 estudiantes restantes, actualmente no tienen vinculación cotidiana con las escuelas. En términos generales 9 de cada 10 estudiantes mantienen continuidad pedagógica.

Si bien los números son alentadores, no dejan de sorprender conociendo las preocupantes condiciones habitacionales y de nula conectividad de gran parte de los hogares de la provincia de Buenos Aires, y teniendo a nivel nacional más de un 56% de niñes y adolescentes pobres. Por lo cual se torna absolutamente necesario que el gobierno bonaerense dé a conocer los datos recabados en cada distrito, visibilizando detalles del relevamiento llevado a cabo, y apostando al acompañamiento que puede direccionarse desde las organizaciones sociales presentes en cada territorio.

Reconociendo la complejidad actual, es de suma importancia entender que la política pública, previo a su implementación, deba ser pensada estratégicamente, para anticiparse a la emergencia de posibles obstáculos.

Desde el programa ATR, pensando en la territorialidad de la política, sería necesario generar articulaciones con aquelles actores que posiblemente cuenten con las herramientas para aportar a la logística e implementación, como las organizaciones sociales y los sindicatos. En cuanto a estos últimos, la presentación del programa contó con la presencia de los gremios docentes, que se mostraron conformes con la medida. María Laura Torre, docente de SUTEBA, expresó al portal de Diputados Bonaerenses que “el programa ATR es muy interesante para revincular a las y los docentes con los alumnos, algo que vivimos con mucha preocupación”.

A pesar de algunos interrogantes que naturalmente puedan surgir sobre la implementación del programa, es preciso comprenderla como una política coyuntural y necesaria. Evidentemente existe una preocupación en el gobierno de la provincia, y específicamente en la DGCyE, por intervenir sobre la problemática de la continuidad educativa para contrarrestarla, en el marco de una pandemia tan prolongada. El gobernador bonaerense explicitó que se prevé una inversión de 300 millones de pesos para el Programa ATR, destinado a aquelles que han perdido la continuidad pedagógica debido a la falta de conectividad, evitando así el riesgo que implica que asistan nuevamente a las escuelas. Argumentó que “los niños y niñas son los más privilegiados, no nos podemos permitir someterlos a ellos a riesgo o experimento. No queremos que la escuela contribuya a aumentar los contagios, lo vamos a lamentar toda la vida.”

Sobre la vuelta a clases presenciales, manifestó que tomar una decisión prematura es poner en riesgo a les estudiantes y sus familias, y a les docentes. La propuesta desde el gobierno provincial, según expresó, es “para los lugares de más alta circulación y para toda la provincia ir a las casas a buscar una forma de revinculación y de continuidad de sus trayectorias y un acompañamiento”. Para los lugares de menor circulación aseguró que entregaron a Nación un protocolo para clases presenciales, que implicará de un entrenamiento previo garantizando las condiciones óptimas para evitar una exposición riesgosa.

Dimensionar las condiciones de desigualdad existentes en la provincia y en el país, en materia de educación, requiere del necesario y permanente ejercicio de revisar nuestra historia. Axel Kicillof recordó con énfasis que “venimos de una época en la que a la educación la tiraron al tacho, teniéndonos que dedicar a hacerle el service y activar 60.000 computadoras, que tenían chicos y chicas pero que no funcionaban porque ni el service le hicieron” y continuó aseverando que en el período anterior se discontinuó la política de estado de proporcionarle acceso, conectividad y tecnología a les que más lo necesitaban, haciendo que hoy el problema sea mayor.

En el mismo sentido, Trotta aseguró que desde el Ministerio de Educación Nacional “no renunciamos a garantizar todos los aprendizajes de nuestros niños/as y adolescentes, y tampoco la calidad educativa, por eso llevamos adelante la evaluación de la calidad educativa”, afirmando que desde el Ministerio se considera central el presupuesto educativo 2021, para “romper la inercia de la desinversión en el campo educativo que viene transitando la argentina desde los últimos cuatro años”. Que el ministro resalte que “más Estado es lo que necesita la sociedad”, posiblemente se deba al hecho de que venimos de cuatro años en los cuales el desfinanciamiento de la educación pública, y el intento por mercantilizarla generó no solo un aumento de la brecha social, sino también de la brecha digital, específicamente a partir de la decisión gubernamental de la Alianza Cambiemos de suspender el Programa Conectar Igualdad.

Basta con enforcarnos en lo que ocurre actualmente en Capital Federal, donde la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, solicitó la aprobación al ministerio de Educación Nacional de su propuesta oficial que consiste en clases presenciales al aire libre reabriendo determinadas escuelas para les 6.500 estudiantes que se quedaron sin conectividad. Desde el Ministerio, argumentando que “tenemos que lograr que la escuela vaya a los chicos, no exponer a los chicos a ir la escuela”, se propuso como contrapropuesta entregar hasta 6.500 dispositivos tecnológicos a aquelles niños, niñas y adolescente que quedaron fuera del ciclo lectivo virtual y proveer la conectividad necesaria para garantizar su inclusión.

El gobierno de la Ciudad porteña (ciudad con más presupuesto y recaudación del país) no sólo se niega a entregar por su cuenta las computadoras que garanticen un acceso igualitario a la educación virtual, sino que, a partir de la contrapropuesta efectuada por Nación, aún no presentaron los listados de la cantidad de niñes y adolescentes que precisan de los dispositivos y de la conectividad para garantizar la continuidad pedagógica.

La Multisectorial por la Escuela Pública, integrada por madres, padres, cooperadoras, organizaciones sociales, centros de estudiantes y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentó un recurso de amparo en la justicia para que la gestión de Horacio Rodriguez Larreta informe dicho listado en pos de que el Ministerio de Educación Nacional pueda avanzar en la entrega de los dispositivos.

No requiere de un ejercicio dificultoso imaginarnos en qué situación se encontraría el sistema educativo público si Juntos por el Cambio continuase gobernando la Nación y la provincia bonaerense. Se torna explícita la diferencia entre gestiones que conciben a la educación pública como un derecho y una responsabilidad prioritaria del Estado para garantizar la inclusión social, y aquellas que la conciben como un servicio, direccionando la responsabilidad en el individuo que debe esforzarse para acceder a la educación, profundizando así la exclusión. Claro está, que la desinversión en la educación pública, lejos de relacionarse con incapacidades e ingenuidades de gestión, se debe a la decisión política de desactivar la capacidad de aprendizaje y reflexión del pueblo. 

Los esfuerzos que se han desplegado desde los gobiernos nacional y bonaerense, se reflejan en las diversas políticas públicas que apuntan a garantizar la continuidad pedagógica, disminuyendo el acceso desigual a la educación y al mismo tiempo la desigual permanencia existente en el sistema educativo.

Evidenciar todo lo que resta por hacer se debe corresponder con el ser conscientes de que los problemas estructurales en torno a la educación pública existen desde comienzos de siglo, reconociendo los importantes avances entre el 2003-2011, las dificultades y discontinuidades entre 2011-2015, y el escandaloso desprestigio y desfinanciamiento entre 2015-2019. Enfrentar las problemáticas implicará comprender dicho camino como un proceso a largo plazo, siendo menester entenderlo como una prioridad.

Asimismo, afrontar estratégicamente el ciclo lectivo 2021 implicará uno de los desafíos más complejos e importantes del Ministerio de Educación Nacional, desafío que las organizaciones sociales debemos comprometernos a asumir con responsabilidad y compromiso, entendiendo a la educación pública y a la educación popular como una herramienta fundamental para la construcción de una Patria más libre, justa y soberana.


Laura Herrera
Laura Herrera

Soy una militante popular en defensa de los derechos de lxs pibxs, con el compromiso inquebrantable de construir una patria grande, más justa, igualitaria, soberana y feminista. Estoy convencida de que otra realidad es posible.

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