La Asamblea Justicia por Emilia, junto a su cuerpo de abogados, denunciaron a testigos que dieron declaraciones en el juicio transcurrido el año pasado con “el objetivo de cortar con la impunidad de todos los implicados en el homicidio de Emilia”.
El pasado lunes 29 de mayo, la Asamblea Justicia por Emilia y el cuerpo de abogados, integrado por Adrián Rodríguez Antinao y Ignacio Fernández Camillo, hicieron uso del acto procesal en la oficina de denuncias de la Fiscalía General La Plata, por una serie de falsos testimonios sucedidos durante el debate ocurrido del caso de Emilia Uscamayta Curi durante el 2023. Los cuatros testigos denunciados por tal delito son: el ex Comisario, Juan Ramón Verón; uno de los jefes de relaciones públicas, Jonatan Medina; el subdelegado de Melchor Romero, Kevin Ogawa; y el DJ Agustín Saintout.
La medida procesal se informó mediante un comunicado de la Asamblea Justicia por Emilia, donde se detalló que realizaron las denuncias “con el propósito de cortar con la impunidad de todos los implicados en la muerte de Emilia”. “Seguiremos luchando hasta que se haga justicia real. No vamos a bajar los brazos”, agregaron.
Según el Código Penal, específicamente en el Art. 275, se remarca que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.”
“La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al doble de la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso”, estipula al respecto el Art. 276.
En dialogó con Revista Trinchera, el abogado Ignacio Fernández Camillo, sostuvo: “El objetivo de la denuncia es la búsqueda de justicia para la familia Uscamayta Curi, sabemos que fue mucho lo que se perdió en el juicio, sobre todo en las responsabilidades de funcionarios municipales, pero también en las de la organización de la fiesta; y queremos que haya consecuencias en esos falsos testimonios para encubrir empresarios o funcionarios”.
En cuanto a los tiempos de resolución, Fernández Camillo señaló: “No es tan claro, no son investigaciones a las que les den impulso desde las fiscalías y suele costar mucho que avancen”. “Sin embargo, allí estaremos con el equipo jurídico junto a Adrián Rodríguez Antinao y Andrés Noetzly para buscar que haya justicia”, enfatizó el abogado.
La investigación involucra al ex Comisario Juan Ramón Verón, quien durante el debate “no aportó absolutamente nada, diciendo que tuvo muchos hechos en sus años como Comisario y no recordando este en particular”. También, el escrito agrega que se investiga a “uno de los jefes de relaciones públicas, Jonatan Medina, quien a pesar de sus años trabajando en el Boliche 737, desconocía la vinculación directa que tenían con la organización de la fiesta”.
Además, el comunicado de la Asamblea, resalta que en la misma situación está “el DJ Agustín Saintout, quien nada recordaba, a pesar de que ambos en su oportunidad habían declarado detalladamente responsabilidades e incluso Saintout en su cuenta de Facebook publicó absolutamente todo sobre la fiesta diciendo que estaba garantizada y había guardavidas y ambulancia”.
También se estará haciendo una investigación al subdelegado (de aquel entonces) de Melchor Romero, Kevin Ogawa, ya que “reconoció haber ’cambiado su declaración’ en sede de Legales del Municipio, marcando algo que ya había referido el delegado Municipal, quien dijo que había sido ‘apretado’ tanto por el Secretario de Gobierno Nelson Marino como por el área de Legales“”, agregó el cuerpo de abogados“.
“Esto último es el inicio de una metodología sistemática de armado de causas y encubrimientos desde el Municipio, que luego se conocería como mesa judicial pro, y se encuentra bajo investigación en el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, puntualmente contra los Feriantes del Parque Saavedra por acciones llevadas adelante por la Oficina de Legales y de Comunicación Municipal”, detalla el comunicado de la Asamblea Justicia por Emilia.
Finalmente, Fernández Camillo enfatizó en que “hace unas semanas la Fiscal, Ana Medina, entendió que no había indicios suficientes para imputar a los funcionarios municipales, esto fue confirmado por el Fiscal General; por lo que la próxima medida será la denuncia al Procurador de la situación de los funcionarios, y el pedido de urgente imputación. Los funcionarios involucrados son Nelson Marino y Juan Manuel Martínez Garmendia”.
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Tras atravesar un juicio que culminó con una condena insatisfactoria, este jueves hubo una nueva instancia y pedido de justicia pero esta vez, en el Tribunal de Casación Penal de La Plata. Entre sus solicitudes, la defensa de la familia de la víctima pidió que se adecúe la calificación legal al hecho que se comprobó en el debate.
Este 14 de diciembre se desarrolló una audiencia en Sala IV del Tribunal de Casación Penal, ubicado en calle 14 entre 12 y 13 de ciudad de La Plata. La audiencia de carácter oral tuvo como objetivo ampliar aspectos que no fueron expresados en el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC N°3). “Fue una audiencia corta donde se explayaron varias cuestiones que consideramos muy importantes. Ahora estamos a la espera de que haya una decisión favorable a nuestras pretensiones que no son otras de que haya justicia”, sostuvo el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez Antinao.
El 8 de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3, compuesto por los jueces Ernesto Domenech, Andrés Vitali y Santiago Paolini, encontró culpables a Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Gastón Haramboure por el delito de homicidio culposo y no por la carátula que se pidió por la parte damnificada, de delito de homicidio simple con dolo eventual. Además -y en consecuencia- las condenas sólo fueron de tres y cuatro años para los responsables.
Ante tal decisión, los representantes legales recurrieron al Tribunal de Casación Penal con el objetivo de que falle de forma justa con la condena correspondiente al delito que cometieron los responsables. Además, la instancia fue fuertemente acompañada por diferentes organizaciones sociales y asambleas que pedían Justicia Por Emilia.
En esta primera instancia en Casación se buscó ampliar otras ideas y elementos que no pudieron incorporarse al escrito presentado en Casación. En este sentido, entre las peticiones más contundentes se solicitó que la calificación legal se adecue al hecho que se comprobó en el debate.
En diálogo con Trinchera, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez Antinao, recalcó que se buscó en esta instancia oral agregar nuevos argumentos. “Como saben, hay plazos, hay que cumplirlos, y a veces surgen nuevas ideas respecto a una situación compleja. Entre ellos, la presunción de legalidad de la fiesta. Fue promovida como una fiesta autorizada, y eso es importante, porque no era, si voy a correr el riesgo de ir a una juntada ilegal, sino todo lo contrario”, aseguró el abogado.
“La otra cuestión, es la expertise de esta gente, que tres de ellos son empresarios de la noche, saben lo que es una habilitación, saben lo que es una ordenanza, lo que es una inspección. El otro, ingeniero civil, una profesión que vive todos los días lidiando con el municipio, con la provincia. A partir de esa experticia pudieron correr a las personas, a los trabajadores estatales que cumplieron su cometido de llevar fajas, rompieron esas fajas, y corromper a funcionarios policiales para generar una zona liberada. Eso lo hicieron porque son expertos, no son gente común”, prosiguió Antinao.
Por su parte, el hermano de Emilia, Brian Uscamayta Curi, en comunicación con este medio sostuvo: “Estamos otra vez más pidiendo justicia, apelando junto con los abogados por varios puntos que creemos que deben revisarse, ya que no estamos conformes con la sentencia, dado que hoy los acusados siguen en libertad. Solo pedimos justicia y que no nos sigan pateando para más adelante, haciéndonos pasar estos calores climáticos, pero también calores en el alma”.
“Agradecemos a los amigos de mi hermana por acompañarnos y a los vecinos que nos brindan mensajes positivos. Vamos a seguir apelando por justicia porque los responsables incluso trataron a mi hermana de varias cosas y la quisieron ensuciar, pero luego tuvieron que pedir disculpas a mis padres y a nosotros como familia en pleno juicio”, concluyó.
Finalmente el Tribunal tendrá, a partir de este momento, un plazo de seis meses para revisar el caso y las cuestiones planteadas por los abogados de la familia. Luego dará un fallo, en caso de no tener clara la resolución, Casación podrá acceder a una prórroga de seis meses más. De esta manera, se estima que la notificación final llegará durante el 2024 y en caso de que el fallo no sea el indicado, desde la defensa de la familia aseguraron que irán a la Corte Suprema de La Nación.
La décima y última jornada de debate fue una instancia exprés de pocos minutos, ya que la defensa no presentó el nuevo informe pericial que pretendía exponer. Además, se definió que el 22 y 24 de agosto serán las fechas de los alegatos, ambos a las 10 de la mañana.
Este lunes 7 de agosto se realizó la décima y última audiencia del juicio oral y público por la muerte de Emilia Uscamayta Curi en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. Están imputados en la causa Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Después de la feria judicial y luego de aplazarse en reiteradas ocasiones por enfermedad de uno de los jueces del Tribunal, la última sesión de la etapa probatoria comenzó a las 12 del mediodía y finalizó 15 minutos después. En un principio se trató el pedido del abogado Alfredo Gascón Cotti (defensa de Raúl “El Peque” García y de Carlos Bellone) de que se incorpore un nuevo informe pericial para aclarar los tres puntos que no obtuvieron respuestas en el informe anterior. Sin embargo, tras una floja excusa, Gascon comentó que no pudo conseguir a nadie para realizar dicha pericia, por lo tanto quedó descartada la petición.
De esta manera, se prosiguió con la sesión y los jueces del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3), Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, anunciaron las fechas de alegatos: el 22 de agosto a las 10 de la mañana para la Fiscalía y el particular damnificado y el 24 de agosto para la defensa de los imputados.
Al respecto, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodriguez Antinao, pidió que la rueda de alegatos sea el mismo día y no con tantas horas y días de diferencia, ya que les permitiría tener una ventaja a los abogados de los acusados. “Esta diferencia de 48 horas le otorga una ventaja estratégica para rebatir todo lo que nosotros podamos plantear, es decir, se afecta lo que se llama igualdad de armas al perderse la espontaneidad. De esta forma pueden analizar minuciosamente los planteos y a partir de ahí mejorar su alegato”, sostuvo Rodríguez Antinao.
La Fiscal Dra. Silvina Langone manifestó no tener inconvenientes con realizar todos los alegatos el mismo día, pero la parte defensora de los imputados se opuso. El argumento fue que en una jornada extensa podría perderse la capacidad de atención por una cuestión “natural”. En este sentido, una vez más, el TOC N°3 le dio la razón a la defensa de los imputados y confirmó que las fechas de los alegatos serían finalmente el 22 y 24 de agosto a las 10 de la mañana.
Una vez finalizada la audiencia, Rodríguez Antinao declaró para Trinchera: “Estamos preparados, pero no corresponde dar ventaja de ninguna manera, porque si hay algo que tuvo la defensa de los imputados es tiempo de sobra y de todo tipo”.
El proceso judicial sigue estirándose frente a los contratiempos y las decisiones del Tribunal, y que además, permiten y dan lugar a pedidos de la defensa de los imputados. Las nueve jornadas anteriores durante los meses de junio y de julio se fueron encaminando cada vez más en favor de la teoría de victimizar y culpabilizar a Emilia por su propia muerte: se corre el foco de los responsables de organizar una fiesta ilegal y peligrosa para la integridad de quienes participaron, para centrar la discusión hacia la causa biológica de la muerte de Emilia y su estado previo. “Es como si la víctima fuese la imputada pese a estar fallecida”, reflexionó al final de la jornada el abogado Rodriguez Antinao.
Llegan las últimas jornadas, y tal vez las más determinantes, donde todas las partes expondrán sus argumentos y buscarán sustanciar sus teorías. Queda por verse para dónde se inclinará la balanza de la justicia.
La ampliación declaratoria de un ex delegado municipal volvió a evidenciar la complicidad del gobierno local en la muerte de Emilia Uscamayta Curi. En la séptima jornada también declararon testigos que quisieron desligar sin éxito a uno de los imputados de la organización de la fiesta. Quiebres y tensiones entre los acusados por la coartada.
Este martes comenzó la séptima y anteúltima jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
Declaró Adrián Zamudio, quien había testificado durante el segundo día, volvió a demostrar la responsabilidad del municipio en el evento y la complicidad para garantizar el silencio. El ex delegado municipal de Melchor Romero protagonizó una de las declaraciones más impactantes, al exponer las consecuencias de haber denunciado por primera vez. Zamudio detalló que fue amenazado por no querer cambiar su declaración sobre los hechos. También declararon siete testigos propuestos por el defensor de Santiago Piedrabuena, que dieron cuenta de una coartada para despegar al acusado de haber organizado la fiesta en la que murió Emilia. Por último, pero no menor, entre medio de uno de los cuartos intermedios, Haramboure protagonizó una efervescente pelea con sus abogados.
La jornada comenzó a las 09:30 horas, cuando los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali se hicieron presentes en la sala, y dieron a conocer algunas resoluciones que tomó el Tribunal: consideraron innecesaria la prohibición para que los imputados salgan del país, aceptaron incorporar por lectura una pericia toxicológica y finalmente dieron el visto bueno para que se agregue el perito de parte reclamado por la defensa de la familia de Emilia, que estaría presente el jueves. Ultimado esto se procedió a dar paso a los testigos.
Amenazas y aprietes que complican al gobierno municipal
El primer testigo fue el ex delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Daniel Zamudio, quien había intentado suspender la fiesta por saberla fuera de condiciones legales. Zamudio había testificado durante la segunda jornada y quedó a disposición del proceso por pedido de la fiscalía. En su nueva declaración afirmó que fue “amenazado” por funcionarios públicos para que “cambie su denuncia” y arrojó más pruebas para demostrar la complicidad del municipio en la continuidad de la fiesta ilegal aquella noche.
El testigo declaró que cuando pidió la suspensión de la fiesta, “hubo un hermetismo, nadie atendía el teléfono. Después de la denuncia, todos querían hablar conmigo”. “Yo con esta declaración por la muerte de Emilia la pasé mal, me armaron causas y me tiraron dos tiros en la puerta de mi casa”, sentenció Zamudio, y señaló a Nelson Marino y a Juan Martínez Garmendia como los principales funcionarios que querían su silencio.
“Tenés que ir a hablar a la Torre porque si no vas a tener consecuencias, me dijeron. En la Torre 1 está el grupo de abogados de ellos”, detalló en su ampliación declaratoria. “Les dije que mi declaración ya estaba en la causa. Ellos tenían una copia y me reclamaban que estaba involucrando a Garmendia”, agregó. “Me dijeron que tenían órdenes de que modificara algunas cosas de la declaración, sino ya iba a saber lo que me iba a pasar con el trabajo”, alertó el testigo ante una sala atenta. “Cuando me estoy yendo para la delegación me llaman de la Municipalidad insistiendo en que cambie la denuncia, les dije que no, de ahí en más empezó el problema con la Municipalidad”.
Según las palabras del ex delegado, Nelson Marino, secretario de Gobierno de Julio Garro en ese momento, le dijo: “Lo que hiciste mal fue la denuncia, no hacía falta que la hagas, esto lo vas a tener que hablar con los abogados”. El testigo contó que respondió que “sí es necesario (denunciar), soy el delegado municipal y alguien se tiene que hacer cargo” y que “no pensaba cambiar la declaración”. Zamudio advirtió que fue el mismo Marino quien lo “intimó para que cambie la denuncia, amenazándome con que me iban a empezar a hacer la vida imposible en el trabajo, pero yo me negué”.
También volvió a nombrar al entonces subsecretario de Gobierno de la gestión de Juntos por el Cambio y actual concejal, Juan Martínez Garmendia. “Me llamó ni bien había terminado de hacer la denuncia, me preguntó qué declaré, que le diga qué dije y qué no. Le dije que estaba todo en la denuncia”, destacó el ex delegado municipal.
“A partir de acá me empezaron a boicotear, y me hicieron quedar mal con los vecinos de Melchor Romero”, sinceró el testigo. “Ahí caí yo como un tonto”, expresó, y comezó a relatar los sucesos que llevaron a que lo cesanteen como delegado. Zamudio explicó que “en la delegación había una caja chica que manejaba Ogawa (subdelegado de Romero)” y que desde allí hubo movimientos de dinero sospechosos de los cuales lo responsabilizaron. “Cuando me involucré por la denuncia, me armaron una causa”, dijo.
Kevin Ogawa declaró en el juicio oral el segundo día, cuando cambió rotundamente su testimonio de 2016: negó haber participado en reuniones previas con Control Urbano para desarticular la fiesta y alegó que había “un error de testimonio”. Tras la nueva declaración de Zamudio, esto toma mayor claridad y pone en jaque la legitimidad del discurso de Ogawa. “Ogawa estuvo en las reuniones previas conmigo. Él estaba en el escritorio al lado mío”, ratificó.
“A Ogawa lo llamaron de la Torre 1, donde están los abogados del municipio, y cambió la declaración”, aseguró el ex delegado, y agregó: “Él me dijo ‘yo no quiero saber nada, me dijeron que me abra’”, y se abrió. A cambio, según explicó Zamudio, Ogawa “trabaja en el área de Desarrollo de la Municipalidad, con el hermano de Nelson Marino. Y la hermana de Ogawa era secretaria de Marino y ahora trabaja en una colchonería de él”.
También expresó que le “inventaron una denuncia por acoso sexual” cuando habían pasado unos meses de la muerte de Emilia y que por eso “me dijeron que me iban a dejar cesante, que me vaya, que me iba a reemplazar un tal ‘Pichu’”. Pero al querer corroborar el hecho, “me fui a las comisarias y no tenía ninguna denuncia”. “Me sacaron porque ellos me quisieron remover”, sentenció el testigo.
Por último, Zamudio reiteró que durante la fiesta no hubo más que un solo móvil policial y que “a través de los MEMOS nosotros habíamos pedido la suspensión de la fiesta y colaboración de la patrulla urbana, pero esos MEMOS desaparecieron de la Municipalidad y de Control Urbano”.
A partir de aquí, finalizó la ronda de testigos por parte de la defensa de la familia Uscamayta, y comenzó la de quienes acudieron por parte de la defensa de los imputados.
Una coartada que no cierra
Fabricio, Sebastián, Álvaro, y Federico fueron los siguientes testigos en presentarse en la sala en ese orden, todos parte del grupo de amigos “NPM” que organizaba fiestas electrónicas y que a su vez habían organizado un evento junto a Santiago Piedrabuena aquel 31 de diciembre de 2015. Luego, les sucedieron Javier y Nicolás, DJ’s del evento, y por último, Lucas, dueño de la casa-quinta donde se organizó la fiesta (esquina de las calles 518 y 17) donde asistieron alrededor de 600 personas.
Durante sus pasos por la sala, se pudo observar que los relatos de los testigos coincidían de manera exacta. Entre las declaraciones se repitió que la fiesta la habían organizado con Piedrabuena y se intentó asegurar que el imputado había estado ocupado toda la noche en ese evento. Pero, al mismo tiempo, Lucas aseguró que el imputado “salió solo un rato, a las 3 o 4 de la mañana, después volvió”. En repetidas ocasiones, mencionaron que la pileta de su evento estaba vacía sin siquiera esperar a que los abogados les realizaran preguntas.
El primero de los testigos, Fabricio, mencionó que no tenían habilitación para realizar la fiesta y que por ello no querían que “se corra la voz”. De hecho, bajo recomendaciones del profesional en eventos nocturnos Piedrabuena, o como lo nombraron los imputados “Santi”, no pusieron la dirección del evento en la difusión “para que no la clausure Control Urbano”.
La memoria de los testigos resultó estar intacta cuando se los llamó a identificar personas en una foto de la fiesta, como así también recordar nombres, apellidos, direcciones, cantidad de personas que asistieron al evento, entre otros detalles. Si bien pasaron siete años y medio de ambos eventos, excusa que fue utilizada por testigos de audiencias anteriores, el recuerdo sobre una fiesta que se desarrolló sin demasiados inconvenientes fue fácil de recordar; la fiesta que le costó la vida a una joven, no.
Llegando al segundo cuarto intermedio, un tenso cruce entre Haramboure y su abogado llamó la atención en la sala. El imputado estaba visiblemente alterado con las declaraciones de la defensa de Piedrabuena y habría buscado respuestas rápidas en su abogado, quien terminó la discusión con un tono elevado diciéndole que se quede donde está y que “no se mande al frente solo”. Luego de esto, Piedrabuena y Haramboure, que desde el inicio de la sesión estaban sentados juntos, se separaron por más de dos lugares de diferencia.
Luego de esto, el abogado de Piedrabuena levantó la voz y dijo, en tono burlesco, que “para alegría del tribunal y las otras partes voy a desistir de los demás testigos”, dando por finalizada la ronda de testigos y entrando en la recta final del juicio.
Coartadas entre testigos, conflictos entre imputados
La audiencia se dividió en dos partes. Comenzó con declaraciones contundentes de Zamudio que expusieron el entramado político empresarial y resaltaron la voluntad del gobierno municipal de no clausurar la fiesta, a pesar de no estar habilitada y con alertas previas. También la complicidad para protegerse luego de la muerte de Emilia, con la intención de modificar declaraciones y presionar a testigos para alejar al municipio de toda responsabilidad.
Por otra parte, la defensa de Piedrabuena expuso su estrategia: una coartada explícita en un relato en común a través de sus testigos. En una de las jornadas más extensas, el relato repetitivo agotó las energías hasta de los imputados: se hizo visible un desgaste en sus relaciones internas cuando se acerca cada vez más el final de las audiencias de debate.
Las audiencias se retomarán el jueves 13 de julio a las 9 de la mañana para la última sesión de cara a la recta final. Queda pendiente la declaración de un perito ofrecido por los defensores de la familia Uscamayta Curi y se espera el momento en que los imputados definan si declararán o dirán sus últimas palabras. Los alegatos y el veredicto sucederán tras la feria judicial.
En la tercera jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en el Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata, se siguió con las declaraciones de cinco testigos más que aportaron información relevante para la causa.
Este 30 de junio, pasadas las 11, comenzó la tercera jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
La sala estuvo presidida por los jueces del TOC N°3 que dieron apertura a la sesión a las 11:17, con el pedido de que se expidan la pruebas toxicológicas, a lo que la defensa de Emilia pidió tener un plazo hasta el lunes a primera hora para ver las pruebas y tomar la decisión. Ante el pedido de la parte damnificada de prohibir la salida del país a los imputados, el Tribunal decidió discutirlo en la próxima jornada. Una vez aclarados estos puntos, los jueces, en conjunto con la Fiscal Dra. Silvina Langone, y los equipos de abogados dieron paso a los testigos.
Testigos
La primera testigo fue Noelia Evangelina Lobos, quien trabajaba en la DDI de La Plata en la oficina de desarrollo tecnológico, donde investigaban pruebas audiovisuales. En ese sentido, Lobos reconoció haber firmado un documento con pruebas del caso. “Mi jefe de ese momento me asignó un video de instagram con hashtags que decían ‘Fiesta La Frontera; el límite lo pones vos; o la mejor fiesta del mundo’. Allí se llega a ver una pileta de grandes dimensiones con una gran cantidad de gente”.
El segundo testigofue MatiasBeiras quien asistió a la fiesta ese día y declaró: “Estuvimos esperando como 30 minutos para entrar de la cantidad de gente que había”. Agregó que alrededor de las ocho de la mañana fue con sus amigos hacia la pileta, donde la única seguridad que había era un “patovica” que sólo controlaba el ingreso, ya que según sus testimonios esta zona era VIP, y había que pagar un diferencial.
Además, presenció el momento en el que sacaron a Emilia de la pileta: “Agustina (la quinta en declarar y conocida de Beiras) le hacía RCP y pedía una ambulancia, después le sacaron a la chica (Emilia) y no pudo seguir haciéndolo. No vi ninguna ambulancia ni tampoco médicos. De ahí la llevaron a la entrada corriendo porque supuestamente había una ambulancia y ya no vi más”, declaró Beiras. El miércoles pasado había declarado Alejandro Fabián Piedrabuena, hermano de uno de los imputados, quien llevó a Emilia al hospital de Melchor Romero en un taxi. Por lo que se constató que la ambulancia nunca estuvo.
Luego, en tercer lugar, pasó a testificar MairaArmoa, quien tenía como tarea promocionar el evento y detalló: “Fui a la fiesta a eso de las 04:30 y el locutor de la misma era el ‘Peque’ García”. “No era solo un evento nocturno, se prolongaba, ya que los eventos que se hacían en ese momento no tenían un horario de caducidad y duraban pasada la noche”, continuó Armoa, mientras la defensa de Piedrabuena insistió en que los testigos afirmen sobre si se sentían en “peligro” en la fiesta.
Sobre el final, la fiscal advirtió una contradicción entre la declaración actual y la realizada en 2016, porque advirtió que no sabía a quién le había rendido el dinero, pero en ese entonces, dijo que fue a “Jonny Ezequiel”. Además, después de declarar que desconocía al organizador, se expuso su testimonio de 2016 que confirmaba: “Solo se que un tal Santiago, dueño del boliche, era el organizador y organizó un after a partir de las 8 horas con música electrónica y trabajó siempre con Jonny”.
También, en aquel momento aseguró que “Haramboure era uno de los que estaba organizando”, pero que nunca trató con él. Tras leerse el relato, la testigo afirmó: “A Gaston Haramboure lo vi en la fiesta, que entraba y salía, y se que era uno de los organizadores, no lo recordaba por el tiempo pero ahora sí lo sé”.
La cuarta testigo fue Estefanía Salvarezza quien declaró: “No recuerdo quien organizaba pero sí conocía la quinta porque allí hicimos la fiesta de egresados que organizamos con alguien de apodo “El Peque” y nos estafaron”. El imputado la invitó junto a sus amigos a la fiesta “La Frontera” gratis, allí reconoció que era uno de los organizadores. Mientras escuchaba el testimonio, “El Peque” escondía su cara enrojecida entre sus manos.
La testigo clave fue Agustina De Candido, quien había asistido con Beiras a la fiesta. Fue quien le realizó las maniobras de RCP a Emilia cuando la sacaron de la pileta. Comprobó que tenía el pulso débil y mientras intentaba reanimarla fue interrumpida por un hombre. “La agarró de los pies, la tiraron para abajo, la cargaron y se la llevaron, y me quedé en shock”, contó la joven y agregó “habían dicho que la ambulancia estaba en la puerta”. Luego, alguien se le acercó y le dijo “quedate tranquila que llegó bien” y le ofrecieron un champagne de recompensa.
“Había dos fiestas que resonaban esa noche, en el Hípico y en la quinta, y nos decidimos por la de la quinta, había gente que entraba y salía, y no había lugar para sentarse, era todo un barro”, detalló. Quedó explícita la importante concurrencia de la fiesta en ese año nuevo. También aclaró: “No sabia quien organizaba la fiesta y no vi ningún guardavidas y el agua estaba sucia”.
En este punto la fiscal presentó una omisión sobre lo que declaró la testigo el tres de enero de 2016 en la fiscalía: “Al que reconocí es a un tal Gastón que estaba contando dinero en ese momento, y pensé ‘este tipo tiene que estar preso porque mató un pibe en Berisso’”. Finalmente la testigo reconoció que fue así.
Finalmente elsexto testigo fue Nahuel Demilta, ex pareja de la anterior testigo, quien narró: “Con respecto a la chica, estaba sentada en un puff y después no la vi más, la sacó un chico de la pileta y la auxilió mi ex novia, a lo que vino un seguridad y se la llevó”. Y concluyó: “No vi ningún guardavidas, ni ambulancia y tampoco paramédicos. La fiesta siguió un rato más y después nos pidieron que nos vayamos”.
La lucha sigue
El abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao, sostuvo al finalizar la audiencia: “Se cayó la teoría de la defensa respecto de que la pileta era un lugar inaccesible, hubo concurrentes que declararon que era una zona VIP, había que pagar para el ingreso”.
En consonancia con lo testificado por varios testigos: “No había guardavidas, no había ambulancia, y con todo esto continuó adelante”. Finalizó: “Seguimos avanzando con una fe inclaudicable, una ansía de Justicia, para dar a cada uno lo que corresponde: la paz espiritual para la familia y amigos; y a los imputados la condena que les corresponde”.
Continúan las audiencias por la muerte de Emilia Uscamayta Curi. Acuerdos, corrupción y el entramado político entre el municipio platense y el empresariado de la noche.
Durante la jornada del 29 de junio, a partir de las 11 horas, se dio inicio a la segunda audiencia del juicio contra los responsables de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la Sala 2 del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57), en la que están imputados los cuatro empresarios por “homicidio simple con dolo eventual”.
Al igual que en la primera jornada, detrás de sus equipos de abogados y divididos en dos bloques, se ubicaron por un lado Carlos Bellone y Raúl “Peque” García, y por otro Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, con actitudes y posturas muy parecidas a las de la primera jornada. Aunque cabe destacar que este último estuvo más relajado y en contacto con su familia, que se hallaba muy cerca de él.
Por lo que respecta al resto de los actores presentes en la Sala 2, nuevamente estuvieron presentes los jueces del TOC N°3 Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali; la Fiscal Dra. Silvina Langone, y el cuerpo de abogados de la familia Uscamayta Curi. Una vez se hallaron todos presentes en la sala, se dio inicio a la sesión con la entrada directa de los testigos a las 11:06.
Testigos
En esta ocasión, la primera testigo fue Marina Buffone, pareja de Bellone,quien estuvo dentro de la casa ubicada en la quinta en la que se realizó la fiesta como acompañante de Bellone.“La fiesta no la organizaba Bellone. Había alquilado la quinta”, afirmó, y al igual que varios testigos, se desentendió sobre la cantidad de asistentes al evento: “no sabría decir si había 10, 100 o 100 mil personas”.
Además, al comienzo de su testimonio reconoció que “Bellone fue al hospital” y que “la persona (Emilia) tenía pulso”, según le había llegado “por comentarios”. La desmemoria apareció también en esta segunda audiencia del Juicio: “no recuerdo la presencia de personal policial o de control urbano”, declaró.
La Fiscal Dra. Silvina Langone, con el acompañamiento de los abogados de la familia Uscamayta Curi, solicitó que le inicien acciones legales por el delito de falso testimonio por “omisiones” que quedaron evidenciadas cuando leyó las declaraciones del 2016 de la mujer.
El 1 de enero de ese año, por la tarde, pocas horas después de la muerte de Emilia, ella había declarado ante la DDI que los organizadores de la fiesta eran Raúl García que “se dedica a organizar eventos” y se “encargó de las bebidas que se vendieron”, Gastón (Haramboure) “que venía arreglando hace una semana atrás con mi novio para que la fiesta salga bien”, y “otro sé que se llama Santiago o Santino”, haciendo alusión a Piedrabuena.
Langone continuó leyendo definiciones que ahora la testigo decía no recordar pero que fueron clave para la causa:“Supuestamente ellos se encargaron de traer gazebos, bancos y sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta”. Buffone insistió en que no recordaba haber dicho eso porque “pasaron 7 años y medio”: recuerdo que “firmé y me quería ir a dormir”, explicó ante los jueces.
También dijo que no recordaba lo que ella misma había declarado ante la Fiscalía el 5 de enero de aquel año, cuando dijo que “no había guardavidas en el predio ni ambulancia en la puerta” y que “tenía entendido que eso lo tenían que traer Haramboure y Piedrabuena. Carlos Bellone iba a poner la quinta y le puso un seguro”.
Por último, la Fiscal pidió a los jueces que se revise si está iniciada una investigación por posible omisión pública ante la falta de fojas en el expediente con declaraciones de Buffone de aquella fecha. El deber de cuidado de ese documento estaba a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la Fiscalía 11, quien estaba de turno cuando sucedió el hecho. Los jueces aseguraron que atenderán dicho pedido.
El segundo testigofue Alberto Alvelo, quien estaba encargado del estacionamiento de los autos que asistían a la fiesta. “A mí me llamó García (“el Peque”) y era a quien conocía. En el momento en el que llegué al predio estaba García,el dueño de la quinta (Bellone), un DJ y un barman”, aseguró, y contabilizó que el estacionamiento estaba lleno, con una capacidad de entre 15 y 20 autos, y que afuera de la casa quinta los autos se estacionaban en la vía pública.
Al ser consultado, Alvelo detalló que le pagaron por su trabajo después de la fiesta, por la mañana, y que siempre era así, ya que había trabajado antes con García. Finalmente declaró que vio a muchas personas asistir caminando y que no vio ningún servicio médico, “no recuerdo”.
El tercer testigo fue Adrián Daniel Zamudio, quien era delegado municipal en Melchor Romero, donde se halla la casa quinta en donde se realizó la fiesta “La Frontera”. Además, vivía frente a dicha propiedad, por lo que estaba al tanto de las fiestas que se realizaban. En ese sentido, Zamudio rememoró que la quinta había sido alquilada antes del 1 de enero de 2016 a un grupo de estudiantes, y que ese evento había terminado con violencia, golpes y aventones de botellas.
Luego, en relación al evento del 1 de enero, el delegado municipal explicó que intentó organizar la suspensión del evento, ya que el comisario Verón le había hecho entender que no estaban dadas las condiciones para que suceda la fiesta, pero que necesitaban el apoyo de Control Urbano. “Me reuní con Control Urbano y me dijeron que necesitaban del comisario, así que logré juntar al comisario con una representante de Control Urbano que dijo que se pondría en contacto, pero eso nunca sucedió”.
En esa línea, Zamudio aseguró que existió una negligencia de la seguridad urbana en complot con el municipio. “Me dijeron que estaba arreglado de arriba, y que no se podía suspender, hubo un hermetismo en el manejo municipal, vos querías hablar y nadie te daba bola, de ahí en más ya me querían reemplazar. Juan Manuel Martínez Garmendia, integrante del equipo de Julio Garro dio vía libre para que la fiesta se haga igual”, sentenció.
Por otro lado, el delegado mencionó que incluso intentó dar de baja una página de Facebook por donde se publicitaba la fiesta, y que, tras la muerte de Emilia, le entregó al Fiscal Garganta “un drive” con las capturas de pantalla.
Zamudio declaró que después de la fiesta vio salir a Bellone de la quinta detrás de Control Urbano: “Me miró y se sonrió irónicamente como diciendo ‘viste que no pudiste hacer nada’”, concluyó.
El cuarto testigo fue Néstor Galarraga, supervisor del turno noche en Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, con quien se dieron una serie de controversias y diálogos entre las defensas, y estiraron el testimonio a una hora de duración. Aseguró que el evento era peligroso “por la cantidad de personas que había”.
“Con respecto a esa fiesta fui yo quien hizo el acta de contravención por falta del permiso municipal del lugar, por vender alcohol y por no tener seguro”, relató y agregó: “al lugar fuimos en dos móviles, en uno iban el Director de Tránsito Walter Etchevest, el Director de Nocturnidad Gerardo Gioglio, y el Director General Emanuel Reyes”.
Seguido a ello, Galarraga explicó que el desalojo del lugar fue complicado porque “había tanta gente que se produjo un embotellamiento e íbamos a paso de hombre”. Luego, “Santiago Piedrabuena se presentó como uno de los organizadores que dialogó con Reyes, pero yo no pude escuchar nada porque el volumen estaba exageradamente alto”. El supervisor afirmó que Reyes tomó la decisión de que la fiesta siga y que le dijo que “no había apoyo policial”.
“Apareció Bellone y nos invitó a pasar a una cocina de la casa junto a Gioglio, donde vimos un depósito de bebidas alcohólicas, hecho que fue directo al acta junto a la situación de venta de entradas, explicitada por el dueño”, describió en detalle el supervisor.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que Control Urbano sea quien corte la fiesta, Néstor dijo: “Con respecto a la organización tanto Bellone como Reyes me dijeron que Piedrabuena era quien organizaba la fiesta, y que ya lo conocía porque es un empresario de la nocturnidad”.
Cuando se le pidió describir el procedimiento general de inspección, mencionó que aún hoy “no hay plan o protocolo de suspensión de fiestas” y que “después de lo ocurrido con este tema también se pregunta si hay piletas en el lugar”.
Por último, el quinto testigo fue Kevin Ogawa, quien era Subdelegado de Melchor Romero en ese entonces. Declaró que no tuvo participación en los sucesos y aclaró que solo podía dar constancia de que Zamudio había llamado para intentar evitar la fiesta. También afirmó que no había estado en las reuniones que, según sus propias declaraciones anteriores, sí había presenciado.
La fiscal Langone repasó el testimonio donde se contradecía con lo expuesto durante la jornada de este jueves: “Sé lo que ocurrió por lo que me contó el delegado municipal Adrián Daniel Zamudio. Lo que yo quiero declarar es que estuve en la reunión que se realizó con gente de Control Urbano en la Delegación donde trabajó. En esa reuniones, estuvieron los de Control Urbano Roberto Di Grazzia y Emanuel Reyes, ellos dos se comprometieron a que gente de Control Urbano iba a ir al lugar donde se va a hacer la fiesta y posteriormente clausurar el lugar y a su vez iban a necesitar apoyo de la policía para el operativo”, leyó de a declaración previa.
Así Ogawa decidió despegarse de la declaración que había realizado Zamudio, con quien había ido a testificar en conjunto al inicio de las investigaciones: “Yo no estuve en ninguna reunión, que es lo que dije cuando me vuelven a citar, que digo no, me retrotraigo, es un error de testimonio”.
A partir de aquí la fiscal llamó la atención de la situación por el cambio en las declaraciones, ante lo que el masculino se mostró cada vez más nervioso. Luego reconoció que fue a la Torre 1 en una ocasión a declarar, pero no sabe ante quién ni quién lo convocó, ni recuerda cómo era el edificio ni a qué unidad pertenece.
Testimonios claros, complicidad clara
En una grata diferencia con la primera jornada, en esta ocasión los diversos testigos que estuvieron presentes en el hecho otorgaron narraciones claves que demuestran tanto el entramado de la organización como el pacto de inacción que hubo entre distintos agentes municipales y gestores para que dicha fiesta, en clara imposibilidad de realizarse, siga adelante y concluya con la muerte de Emilia.
“Tenemos testimonios que demostraron el desastre en materia de organización en este evento clandestino”, dijo el abogado de la familia, Adrián Rodriguez Antinao, al finalizar la audiencia en la radio abierta que se estaba realizando en las puertas de Tribunales. También destacó “el empeño de la Dra Langone, que está trabajando codo a codo, dejando todo en la cancha para que se esclarezca este evento. Se vendrá otra jornada difícil”.
“Hay testigos que hablan y otros que dan ganas de abrazar” ,dijo el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, y concluyó: “Se notó la complicidad política”.
Esta semana comenzará el juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, que se desarrollará entre el miércoles 28 de junio y el martes 4 de julio, desde las 10hs, en el Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata (ubicada en calle 8 entre 56 y 57).
Tras siete años y medio de lucha, finalmente esta semana comenzará el juicio contra los imputados Carlos Federico Bellone, Gastón Sebastián Haramboure, Raúl Ismael “El peque” García y Santiago Nicolás Piedrabuena, por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, que se desarrollará entre el miércoles 28 de junio y el martes 4 de julio desde las 10 horas en el Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC 3) de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57.
Allí se juzgará a los cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera”, donde Emilia falleció ahogada en un marco plagado de negligencias que ponían en juego la vida de los concurrentes. En ese sentido, los acusados serán juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual por mantener en pie la fiesta, a pesar de las múltiples causas que pusieron en peligro la seguridad de sus asistentes, costándole la vida a Emilia.
¿Qué significa este procesamiento? Para la materia del derecho, un “homicidio simple con dolo eventual” es aplicable cuando una persona está en su capacidad de entender que al realizar una determinada acción, podría ocasionar la muerte de alguien y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo.
Lo que sucedió aquel primero de enero fue que Emilia falleció ahogada en una pileta del establecimiento, la cual no contaba con guardavidas ni personal de seguridad. En este sentido, el predio completo tampoco contaba con ambulancias y/o servicio de emergencias, que podrían haber evitado su muerte.
Emilia fue auxiliada por algunas personas pero ninguna contaba con las herramientas para salvar su vida. Los organizadores del evento ignoraron la situación y siguieron con la realización de la fiesta durante toda la noche. Además, el expediente explicita que murió dentro del predio en el que se desarrollaba la fiesta clandestina, pero que el cuerpo fue trasladado y encontrado en la calle.
De esta manera, el fiscal penal de aquel entonces, Álvaro Garganta, dio por acreditado que Yésica Emilia Uscamayta Curi había fallecido el 1 de enero a las 9:30 horas luego de ser sacada de la pileta y sometida a maniobras de RCP. En la misma línea, sostuvo que en el evento “hubo una explotación comercial de pileta”, y agregó que no implementaron medidas de seguridad “ya que no había guardavidas ni contratación de un servicio de emergencia”.
Por otro lado, precisó que la fiesta “nunca debió empezar” y aclaró que pese a ello “luego no fueron capaces de montar una estructura de seguridad mínima”. A partir de allí, la familia de Curi, con el acompañamiento de organizaciones sociales y estudiantiles, iniciaron un plan de lucha en busca de juzgar a los acusados, hecho que derivará en el procesamiento de los cuatro inculpados nombrados anteriormente a partir de este miércoles.
¿Quiénes son?
Carlos Federico Bellone es ingeniero en construcciones y era el dueño de la quinta “San Cayetano” en la que se realizó la fiesta “La Frontera”, además de ser uno de los organizadores de este evento. Intentó despegarse de la situación desde el primer momento, ya que aclaró que le alquilaba la quinta a su madre para ocasiones especiales y la sub alquilaba para eventos como fue la fiesta, sin embargo se corroboró que fue partícipe de la organización.
La Subsecretaría de Control Urbano aseguró que el 30 y 31 de diciembre de 2015 había enviado a Bellone, identificado como dueño del lugar, dos notificaciones advirtiéndole que no debía realizar la reunión, pero las mismas fueron desoídas.
Los inspectores constataron que el evento se realizó de igual manera, y que a las 4:12 horas se labró el acta de contravención 57.734, en la que se dejó constancia de que se clausuraba la fiesta por no contar con la habilitación municipal correspondiente. La Subsecretaría además explicó que a las 6:25 horas los inspectores regresaron a la casa quinta y comprobaron que la fiesta continuaba a pesar de las actas de comprobación y de contravención emitidas con anterioridad.
Gastón Sebastián Haramboure, en el momento del hecho, contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria y salidas laborales tras haber sido condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el crimen de Juan Maldonado en las inmediaciones de la disco Alcatraz, de Berisso, en 2009. Junto con Piedrabuena eran dueños del bar 737 (ubicado en calle 46 entre 9 y 10).
Haramboure fue condenado como partícipe necesario de los delitos de “homicidio” en perjuicio de Maldonado y “de tentativa de homicidio”, al dar por probado que ese día salió del local nocturno de Berisso con un bolso y entregó a los imputados tres armas de fuego que había adentro.
A pesar de la gravedad de la pena, Haramboure estuvo preso sólo cuatro meses, y luego fue beneficiado con arresto domiciliario con salidas laborales. Por haber cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, su abogado intentó reclamar la libertad sin restricciones, pero esto fue negado.
Al momento de la fiesta, Haramboure debía estar cumpliendo el arresto domiciliario, pero testigos del caso declararon haberlo visto atendiendo la barra del evento. “Todos sabíamos que Haramboure seguía manejando la noche ¿Cómo no lo sabía el juez Melazo que le otorgó el beneficio de no ir a la cárcel?”, denunció la hermana de Maldonado en diálogo con Blanco sobre Negro. Actualmente está detenido.
Raúl Ismael García, de sobrenombre o apodo “El Peque”, es coordinador general de turismo y trabajó en la empresa Flecha Bus. Fue otro de los organizadores de la fiesta, encargado de conseguir las bebidas alcohólicas que se consumieron en el lugar.
García ha sido un empresario de la noche en La Plata desde la década del 90, organizó fiestas en el Centro de Estudiantes de Bahía Blanca y estuvo al frente de una peña para hinchas de Boca. Además, está vinculado al entorno de la exgobernadora María Eugenia Vidal, el PRO y Cambiemos. En 2013 fue parte de la cena de despedida del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en Boca, y es reconocido como un “amigo entrañable” de Julio Garro, actual intendente de la ciudad de La Plata, electo días antes de la fiesta. Garro mantuvo su gestión hasta el día de hoy, y es también denunciado como cómplice del asunto por parte de la Asamblea Justicia por Emilia.
“El Peque” estuvo detenido por ser responsable de una Red de Trata tras ser interceptado en la localidad costera de San Bernardo, en enero de 2019, luego de que tres mujeres escaparan de un balneario en el que las tenían de rehenes para realizar trabajos sexuales. Las femeninas lograron escapar del parador y denunciar el hecho mediante una llamada a la línea 145, de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Ante la denuncia de que habían más mujeres, la policía se hizo presente y lograron constatar un relato común, en el que todas habían sido “raptadas y obligadas a realizar trabajos sexuales”. La investigación judicial requirió dos allanamientos con secuestros de pruebas. De esta manera, Ismael García fue procesado por trata de personas.
En 2020 participó del programa televisivo de Guido Kaczka y recibió un fuerte repudio por la impunidad y liviandad que demostró al asistir a dicho programa a un mes de cumplirse seis años de la muerte de Emilia.
Santiago Piedrabuena es comerciante y fue organizador de la fiesta. Previo al suceso del primero de enero, ya contaba con una causa por portación de armas de fuego condenado a cuatro años de prisión. Además tenía otra causa abierta por desobediencia luego de violar una clausura en un boliche de su propiedad. Fue condenado mediante un fallo del Tribunal en lo Criminal Nº2 del Departamento Judicial La Plata por resultar “autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego”, el 14 de septiembre de 2009.
En el mismo fallo, el Tribunal incluye las declaraciones de la pareja de Piedrabuena, quien narró que tras una discusión con el empresario en la vía pública la obligó a subirse a su auto y luego, cuando la mujer intentó bajarse para escapar, una persona que pasaba por la vereda intentó defenderla. Ante esto, Piedrabuena sacó un revólver de abajo del asiento del acompañante para amenazar al transeúnte.
También se registró que en marzo de 2018, Piedrabuena fue partícipe de una balacera en la puerta de su domicilio tras mantener una discusión con un hombre y una mujer. Allí el empresario recibió uno de los tiros en su pecho. Luego fue trasladado al Hospital de Gonnet, donde fue internado (llegó en condiciones estables y fuera de peligro) y al tiempo fue dado de alta.
Además, Piedrabuena estuvo implicado en el brutal ataque a un hombre de 38 años, en diagonal 74 entre 46 y 47, a media cuadra de su bar, hecho que quedó registrado por las cámaras de la Municipalidad.
Este martes 18 de octubre finalizó la pre-audiencia ante el pedido de un imputado para negociar el curso del juicio. Los defensores de la familia Uscamayta Curi pidieron el apartamiento de la fiscal Graciela Rivero, pero el Tribunal definió que la sostendrá en la causa y suspendió el inicio del juicio con fecha a determinar.
Este martes 18 de octubre finalizó la pre-audiencia propuesta por el Tribunal Oral y Criminal Nº 3 ante el pedido de uno de los imputados para negociar el curso del juicio. La instancia tuvo una primera instancia el lunes 17 en la que la defensa de la familia Uscamayta Curi pidió que se aparte a la fiscal Graciela Rivero “por el pobre desempeño que está teniendo en la causa en la que se investiga la muerte de Emilia”. Sin embargo, el tribunal definió sostener a Rivero y suspendió el inicio del juicio con fecha a determinar.
El 25 de octubre estaba previsto para el inicio de las audiencias del juicio, sin embargo el tribunal decidió mover esta instancia y en los próximos días confirmará la nueva fecha. Con este cambio, las fechas de las siguientes instancias como las cuestiones probatorias, los alegatos de los abogados de la fiscalía, del particular damnificado (los abogados de la familia Uscamayta Curi) y posterior remisión de palabra a la fiscalía, se correrán en el tiempo y probablemente aún continúen pasada la primera semana noviembre.
Los imputados por la muerte de Emilia Uscamayta Curi son los empresarios de la noche platense Raúl “el Peque” García (de vínculos estrechos con altos dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) como Vidal, Macri y Garro); Carlos Bellone; Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. El único funcionario municipal, es el ex Secretario de Seguridad del intendente Julio Garro, Daniel Piqué.
En la causa se menciona a otros funcionarios que aún no han sido imputados por la muerte de Emilia y que según denuncia la familia, deberían dar respuestas. Entre los denunciados se encuentran: Juan Martínez Garmendia, ex subsecretario de gobierno y actual concejal; Roberto di Grazzia, ex subsecretario de Control Urbano; Sebastián Martínez Pass, ex jefe de la policía local; y el intendente de La Plata, Julio Garro, sindicado como cómplice y responsable de la organización de la fiesta ilegal.
Adrián Rodríguez Antinao, abogado de la familia Uscamyta Curi, destacó a Radio Trinchera: “Formulamos un planteo concreto y pedimos el apartamiento de la fiscal Graciela Rivero, esto en función del pobre desempeño que está teniendo en la causa en la que se investiga la muerte de Emilia, porque concretamente ha tenido muchas reuniones con los defensores de los imputados. Mientras que con quienes representan a la familia y amigos de la víctima el contacto fue nulo”.
En este sentido, el letrado afirmó que la fiscal “está más preocupada en proteger los derechos y garantías de los imputados que en buscar justicia. Nosotros necesitamos que alguien ejerza la representación del Ministerio Publico Fiscal con una mano fuerte, que lleve adelante con convicción la causa que no se entregue. Queremos que intervenga otra fiscal que realmente ponga la garra que hay que ponerle, ya que los imputados buscan todavía tener mayores ventajas procesales para estar todos en libertad”.
Por su parte, la concejala por el Frente de Todes, referente de la Corriente NuestraPatria y amiga de Emilia, Cintia Mansilla, destacó: “La verdad que no nos asombra el pedido que hacen: En principio la eximición del único que está preso de los imputados que es Gaston Arambouren, pero particularmente de algunas de las cosas que se pidieron como lograr más impunidad que la que tienen hasta hoy”. En este sentido, la concejala acompañó el pedido del grupo de abogados que defiende a la Familia y resaltó: “Entendemos que la fiscal no está representando a los que realmente fueron damnificades en esto y a Emilia que fue la que sufrió las consecuencias”.
“Tenemos que empezar a cambiar algunas cosas del poder judicial y una tiene que ver con eso: que se cumpla la Ley de Víctimas que hemos logrado y que se discuta el rol de las víctimas en estos juicios, porque no puede ser que la fiscalía no haya escuchado a la familia de la víctima en los últimos dos años y que eso no este plasmado en las impresiones que tiene, digo más allá de la imparcialidad que tenga acá hay un caso concreto que es que la vida que se perdió es la de Emilia”, sostuvo la concejala.
Tanto el abogado como los familiares y testigos que estuvieron en las pre-audiencias sostuvieron el agradecimiento de todas las personas presentes y subrayaron la actitud personal de la representante del Ministerio Publico Fiscal en la causa, ya que “genera discordia y tiene un desinterés total sobre la causa”.
Respecto a la actitud de la fiscal, Rodríguez Antinao añadió: “La fiscal, de una manera diferente a la que se estaba resolviendo y debatiendo, realizó una manifestación poco feliz y de carácter amenazante y coercitivo (sin indicar la persona ni el hecho concreto); afirmó que si se seguían realizando manifestaciones que ella no considera de su agrado iba a iniciar acciones legales. El ámbito para manifestarlo no era ese y demuestra que está totalmente desconectada de la causa y no tiene la sensibilidad que se necesita, aun así nos quiere callar quiere afectar la libertad de expresión o el derecho a pedir justicia”.
En la misma línea Edgar Uscamayta Curi, hermano de Emilia, resaltó: “La fiscal por ahí piensa que estamos en época de dictadura, por lo que dijo estando sentados a la par de ella, mencionó que dejemos de difundir y hablar, prácticamente nos censuró y mostró del lado que está. Pero esto nos da un tiempo para poder correrla del caso y cambiar a la fiscal que sería lo más conveniente para la causa. Llegar al juicio con una fiscal que está en contra no es nada bueno”.
Por su parte, Mansilla afirmó que “las intervenciones de la fiscalía no fueron gratas, no tenía el conocimiento de los pormenores de la causa, ya que en muchas de sus intervenciones dejó ver que no hay seguimiento profundo de una causa tan extensa como es el caso de Emilia. Incluso desconocía de que estaba acusado Daniel Pique, ex secretario de Garro. Sin embargo, esto nos empuja hacia adelante en el pedido de la recusación de la fiscal y el pedido de que la justicia actúe como tiene que actuar”.
“Hoy en conjunto el Tribunal, la Fiscal y la Defensa de imputados, nos generan desazón dado que no se trabaja como debería, porque varias de las acusaciones para que el juicio se postergue fueron que se anulen los debates y una supuesta falta de agenda, lo cual nos pareció una falta de respeto a la familia y a todos los que venimos acompañando la causa en estos seis años”, agregó la concejala con respecto al veredicto dictado por el tribunal.
Además de la familia de Emilia, en las puertas de los tribunales se hicieron presentes amigues, compañeres de militancia, la Asamblea Justicia por Emilia Uscmayta Curi, la CTD Anibal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, la Corriente Nuestra Patria y diferentes agrupaciones estudiantiles para acompañar el pedido de Justicia.
Emilia estudió en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y supo militar en la agrupación Jorge Ricardo Masetti. Tenía una fuerte identificación con la causa indígena por herencia familiar y por sus raíces Quechua y Aymara. Emilia se ahogó el pasado 1° de enero de 2016 en una fiesta ilegal en la quinta “San Cayetano” del barrio Melchor Romero.
Respecto al juicio, se espera una nueva fecha, sin embargo el grupo de abogados de la familia declaró que se pidió no extender demasiado los plazos. La familia y quienes acompañan la causa buscan que el pedido de justicia se extienda a todos los espacios públicos de la ciudad para que el caso cobre relevancia entre la población platense. El reclamo es por Emilia, pero también es por les miles de jóvenes de la ciudad que se encuentran desprotegides por un municipio que no solo desampara por inacción, sino que también permite las condiciones para sucedan hechos como este.
Desde Revista Trinchera decimos ¡BASTA DE IMPUNIDAD! ¡JUSTICIA POR EMILIA USCAMAYTA CURI!
A seis años y siete meses de su muerte, se realizó una radio abierta para denunciar y pedir justicia por el acto de corrupción municipal que terminó con la vida de Emilia.
El pasado primero de agosto, se realizó un nuevo pedido de justicia por Emilia Uscamayta Curi en una radio abierta en la Plaza San Martín organizada por la Asamblea Justicia Por Emilia Uscamayta Curi. La manifestación fue encabezada por la familia quienes recordaron a Emilia en un día especial para su identidad indígena, el día de la Pachamama.
También participó uno de los abogados de la causa, Adrián Rodriguez Antinao, quien expuso los últimos avances de la causa y recordó que en menos de tres meses se realizará la primera audiencia del juicio. Además, participó la ministra de mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el cuerpo de concejales del Frente de Todos de La Plata; representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; y organizaciones políticas y sociales.
Emilia murió ahogada en una fiesta ilegal realizada el primero de enero de 2016 en la quinta “San Cayetano” (avenida 520 entre 159 y 160) en la localidad de Melchor Romero. El evento no contaba con guardavidas ni personal de seguridad en la pileta, ni con ambulancias y servicio de emergencias, que podrían haber evitado su muerte. Emilia fue auxiliada por algunas personas pero ninguna contaba con las herramientas para salvar su vida. Los organizadores del evento ignoraron la situación y siguieron con la realización de la fiesta durante toda la noche.
La familia junto a amigues, compañeres de militancia, la Asamblea Justicia por Emilia Uscmayta Curi y distintas organizaciones políticas comenzaron en esos primeros meses de 2016 con el pedido de justicia y pusieron el foco en los culpables efectivos y políticos del hecho para enmarcar a este crimen como un caso de corrupción.
Emilia tenía 26 años y estudiaba en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde también militaba en la agrupación Jorge Ricardo Masetti levantando las banderas de los pueblos originarios y de los feminismos. Ella tenía una fuerte identidad indígena heredada por su familia y sus raíces aymara y quechua. Nació en territorio querandí, por lo que también se posicionaba desde esa comunidad.
El juicio y los imputados
Daniel Piqué con el intendente Julio Garro
Raúl “el peque” García con dirigentes de Juntos por el Cambio
El próximo 25 de octubre es la primera audiencia del juicio donde hay cuatro organizadores de la fiesta imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual y dos hechos de desobediencia: Raúl “el Peque” García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Mientras que, el ex funcionario municipal Daniel Piqué, está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el momento del hecho, Haramboure contaba con el beneficio de prisión domiciliaria y salidas laborales, luego de haber sido condenado a más de 10 años de prisión por el crimen de Juan Maldonado en el boliche Alcatraz de Berisso en 2009. Piedrabuena tenía una condena de cuatro años por tenencia de armas y una causa abierta por desobediencia por violar una clausura en un boliche de su propiedad. Bellone es el dueño de la quinta donde sucedió la fiesta.
Todos los imputados tienen estrechos vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y principalmente con el partido a nivel local con el intendente Julio Garro a la cabeza. Pero el más cercano a ellos es Raúl “el peque” García, empresario que en enero de 2019 fue detenido en San Bernardo en el marco de una causa por trata de personas para explotación sexual.
El último imputado es Piqué, quien era secretario de Seguridad. Desde ese área municipal se habría cobrado un canon ilegal para permitir la realización de la fiesta a pesar de no contar con habilitación municipal y que hizo desaparecer toda presencia policial o de Control Urbano a partir de las diez de la noche.
Justicia por Emilia Uscamayta Curi
De cara al juicio, el pedido de justicia se está extendiendo a todos los espacios públicos de la ciudad para que el caso cobre relevancia entre la población platense y de esa forma, presionar a los jueces para que cumplan con su labor. “Le pasó a Emilia, pero le podría haber pasado a cualquiera”, declaró Juan Uscamayta, padre de Emilia, en la radio abierta. El reclamo es por Emilia, pero también es por los miles de jóvenes de la ciudad que se encuentran desprotegidos por un municipio que no solo desampara por inacción, sino que también permite las condiciones para que se den hechos como este.
La corrupción mata.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
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