A seis años y siete meses de su muerte, se realizó una radio abierta para denunciar y pedir justicia por el acto de corrupción municipal que terminó con la vida de Emilia.
El pasado primero de agosto, se realizó un nuevo pedido de justicia por Emilia Uscamayta Curi en una radio abierta en la Plaza San Martín organizada por la Asamblea Justicia Por Emilia Uscamayta Curi. La manifestación fue encabezada por la familia quienes recordaron a Emilia en un día especial para su identidad indígena, el día de la Pachamama.
También participó uno de los abogados de la causa, Adrián Rodriguez Antinao, quien expuso los últimos avances de la causa y recordó que en menos de tres meses se realizará la primera audiencia del juicio. Además, participó la ministra de mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el cuerpo de concejales del Frente de Todos de La Plata; representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; y organizaciones políticas y sociales.
Emilia murió ahogada en una fiesta ilegal realizada el primero de enero de 2016 en la quinta “San Cayetano” (avenida 520 entre 159 y 160) en la localidad de Melchor Romero. El evento no contaba con guardavidas ni personal de seguridad en la pileta, ni con ambulancias y servicio de emergencias, que podrían haber evitado su muerte. Emilia fue auxiliada por algunas personas pero ninguna contaba con las herramientas para salvar su vida. Los organizadores del evento ignoraron la situación y siguieron con la realización de la fiesta durante toda la noche.
La familia junto a amigues, compañeres de militancia, la Asamblea Justicia por Emilia Uscmayta Curi y distintas organizaciones políticas comenzaron en esos primeros meses de 2016 con el pedido de justicia y pusieron el foco en los culpables efectivos y políticos del hecho para enmarcar a este crimen como un caso de corrupción.
Emilia tenía 26 años y estudiaba en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde también militaba en la agrupación Jorge Ricardo Masetti levantando las banderas de los pueblos originarios y de los feminismos. Ella tenía una fuerte identidad indígena heredada por su familia y sus raíces aymara y quechua. Nació en territorio querandí, por lo que también se posicionaba desde esa comunidad.
El juicio y los imputados
El próximo 25 de octubre es la primera audiencia del juicio donde hay cuatro organizadores de la fiesta imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual y dos hechos de desobediencia: Raúl “el Peque” García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Mientras que, el ex funcionario municipal Daniel Piqué, está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el momento del hecho, Haramboure contaba con el beneficio de prisión domiciliaria y salidas laborales, luego de haber sido condenado a más de 10 años de prisión por el crimen de Juan Maldonado en el boliche Alcatraz de Berisso en 2009. Piedrabuena tenía una condena de cuatro años por tenencia de armas y una causa abierta por desobediencia por violar una clausura en un boliche de su propiedad. Bellone es el dueño de la quinta donde sucedió la fiesta.
Todos los imputados tienen estrechos vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y principalmente con el partido a nivel local con el intendente Julio Garro a la cabeza. Pero el más cercano a ellos es Raúl “el peque” García, empresario que en enero de 2019 fue detenido en San Bernardo en el marco de una causa por trata de personas para explotación sexual.
El último imputado es Piqué, quien era secretario de Seguridad. Desde ese área municipal se habría cobrado un canon ilegal para permitir la realización de la fiesta a pesar de no contar con habilitación municipal y que hizo desaparecer toda presencia policial o de Control Urbano a partir de las diez de la noche.
Justicia por Emilia Uscamayta Curi
De cara al juicio, el pedido de justicia se está extendiendo a todos los espacios públicos de la ciudad para que el caso cobre relevancia entre la población platense y de esa forma, presionar a los jueces para que cumplan con su labor. “Le pasó a Emilia, pero le podría haber pasado a cualquiera”, declaró Juan Uscamayta, padre de Emilia, en la radio abierta. El reclamo es por Emilia, pero también es por los miles de jóvenes de la ciudad que se encuentran desprotegidos por un municipio que no solo desampara por inacción, sino que también permite las condiciones para que se den hechos como este.
La corrupción mata.
