Culpables a medias: sigue el pedido de justicia tras la condena a los empresarios de la noche platense

Culpables a medias: sigue el pedido de justicia tras la condena a los empresarios de la noche platense

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Con la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata repleta y una multitud acompañando en las calles, el Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) dio su veredicto y encontró responsables de homicidio culposo a los cuatro imputados en la causa. El viernes 8 se conocerá la sentencia final y completa que les compete a los culpables de la muerte de Emilia Uscamayta Curi. 

Este lunes 4 de septiembre los jueces del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3), Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, anunciaron el veredicto del juicio oral y público por la muerte de Emilia Uscamayta Curi. En el mismo encontraron como responsables de homicidio culposo a los imputados de la causa: Carlos Bellone, Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, este último no se hizo presente en la sala para la resolución.

La sentencia se dictaminó en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicada en calle 8 entre 56 y 57, que estuvo repleta de gente que seguía el caso y acompañaba a la familia Uscamayta Curi. Además, diferentes organizaciones sociales y políticas se movilizaron desde Plaza Moreno hasta Tribunales para mostrar su apoyo a la familia y pedir justicia por la muerte de Emilia, bajo el lema: “¡Ante un poder judicial patriarcal, seguimos luchando para que sea justicia!”.

En principio se esperaba que la sentencia se apegue a la carátula estipulada en la causa de “homicidio simple con dolo eventual”, ya que la pena de la misma se encuentra en el marco de los 8 a 25 años de prisión. En este sentido, los abogados de la familia habían pedido la pena de 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual para Carlos Bellone y para los demás imputados 14 años de prisión.

De esta manera, el veredicto se empareja a lo pedido por la fiscal Silvina Langone en su alegato, ya que “si es tomado como homicidio culposo se le de 3 años a Bellone, y 5 años para Piedrabuena, Haramboure y García”. Cabe destacar que la sentencia de “homicidio culposo” contempla la pena de 6 meses a 5 años de prisión, y puede ser excarcelable si es de 3 años o menor.

La caratula de la causa no es un tema menor para la Asamblea Justicia por Emilia: en 2017 lograron el cambio. El pedido que llevaron al Tribunal se enmarcaba bajo el delito de “homicidio simple con dolo eventual” ya que, como explicaron los abogados de la familia en sus alegatos, realizar un evento de esas magnitudes sin ningún tipo de medida de seguridad correspondiente, necesariamente implicó un riesgo para quienes asistieron y del cual eran conscientes los organizadores. No fue un accidente, ni la culpa de Emilia ni de su hermano Cristian, como quisieron deslizar desde la defensa de los imputados.

En este sentido, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Ignacio Fernández Camillo, sostuvo: “Se logró una porción de lo que se buscaba que era la responsabilidad de los empresarios de la noche, algo que se discutió durante estas jornadas y al menos el Tribunal lo tiene por probada. Ahora va a haber muchas cuestiones por laburar, iremos a casación, recordemos que el viernes (8 de septiembre) solo nos notifican los fundamentos, el resto se da todo por probado, es decir, lo principal. En estos casi 8 años obtuvimos un poco de justicia por Emilia”.

“Esto no se termina acá, seguiremos peleando y en unos meses tendremos que estar en casación peleando para que se tome como un homicidio con dolo eventual que es lo que fue. No se trata de un homicidio culposo, se tuvo en claro lo que se hacía y lo que podía pasar. Incluso cuando pasó se buscó descartar a Emilia, para nosotros está muy claro que se trata de dolo eventual incluso con mayor disvalor de acción y si se quiere con mayor voluntad que la normal. Por eso hay que seguir organizados y peleando junto a la familia por justicia”, agregó Fernández Camillo.

A su turno la amiga y compañera de Emilia, concejala del Frente de Todes y referenta de la Corriente Nuestra Patria, Cintia Mansilla, recalcó: “En esta última instancia de juicio, que seguro se alargue porque no vamos a dejar que quede acá, les agradezco a todos aquellos que apoyaron y acompañaron la causa. Conseguimos que los cuatro acusados estén sentados en el lugar de los culpables, y se haya demostrado la culpabilidad de estos cuatros empresarios de la noche platense, y es gracias a la pelea de estos últimos casi 8 años y que conseguimos parte del objetivo que nos trazamos y vamos a seguir por más”.

“Una cuestión a señalar es que este es un primer veredicto y no fue entero. Una vergüenza que este Tribunal se sienta delante de familiares y amigos de Emilia a decirnos a medias tintas lo que decidieron, queríamos escuchar los fundamentos de culpabilidad del Tribunal, eso nos duele muchísimo. Porque entendemos que la justicia está para otra cosa y su respuesta no es suficiente, entendemos que el Tribunal debería habernos dicho concretamente lo que pensaba acerca del caso y no esta cuestión a medio plazo en el que sostienen que es un homicidio culposo cuando es homicidio simple con dolo eventual”, concluyó Mansilla.

Al respecto, el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, señaló en la radio abierta fuera de Tribunales: “Sabemos que esto sigue porque hay mucho más de lo que es el ‘homicidio’, nosotros esperábamos que sea con dolo eventual con una pena de hasta 25 años y ahora se le da una condena que cabe de 1 a 5 años, incluso puede ser excarcelable, esperemos que no. Es por eso que seguiremos luchando e iremos a casación de ser necesario”.

Por último, Edgar agradeció el acompañamiento de toda la gente, porque “gracias a todo ese apoyo y más pudimos llegar a una sentencia. El viernes nos tendremos que organizar de nuevo para tener un juicio justo para que Emilia pueda descansar en paz, gracias por esta pelea, por Cristian y los abrazo fuerte”.

La sentencia completa con los fundamentos y los años por lo que serán condenados todos los imputados será notificada a los abogados el día viernes 8 de septiembre.


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Día 8 del Juicio por Emilia: Se derrumba la estrategia de los imputados 

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En la octava y presunta última jornada, declaró el perito de parte pedido por la familia Uscamayta Curi, que puso en duda los resultados de la pericia. La defensa de los imputados apuesta a culpar a la víctima en una nueva audiencia que dilata el final del juicio.

Este jueves pasadas las 10 horas comenzó la octava jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. Se estimaba que esta audiencia fuera la última de la etapa probatoria previo a los alegatos y la definición del veredicto. Sin embargo, los defensores de los cuatro empresarios imputados por la organización de la fiesta “La Frontera” continúan dilatando el proceso, ya que propusieron nuevos testimonios que se darán en una sesión convocada para este viernes. 

Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure son juzgados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.  

La sala estuvo presidida por el Tribunal Oral Criminal N°3 compuesto por Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, que dieron apertura a la sesión pasadas las 10:30 horas. Rápidamente, se hizo presente en la sala a declarar el perito de parte incorporado por pedido de la defensa de la familia Uscamayta Curi, el médico legista Jorge Rodolfo Velich. Sus declaraciones echaron por tierra la hipótesis de los defensores de los imputados, que intentan culpabilizar a Emilia por el supuesto grado de alcohol en sangre que indica el informe pericial pedido por ellos.

“He hecho una lectura de la pericia toxicológica, sé de lo que se trata la causa”, comenzó su explicación el profesional médico. Al ser consultado por el equipo de abogados de la familia Uscamayta Curi, Velich destacó que “los resultados de alcohol, tanto en las muestras de sangre como de orina, varían si son extraídos en vida o postmortem”. Esto revela una información que el médico que realizó la autopsia, Alejandro Nemes, omitió en la declaración que brindó en la cuarta audiencia del juicio. Esta omisión beneficiaba a la estrategia de la defensa de los acusados, que buscan respaldar su teoría del caso en que Emilia estaba alcoholizada y que esa fue la razón de su muerte.  

Velich destacó que es importante la forma en la que se conservan las muestras para la confiabilidad de la pericia toxicológica y “evitar contaminaciones”. En este caso, “la muestra de orina no cumplía con el llenado total del frasco: el aire pudo haber generado variaciones”, por lo que “no tiene ninguna validez” la diferencia que se encontró entre la graduación alcohólica en sangre y en orina (que era mayor).

“Entiendo que presentaron los frascos: en el sangre estaba a tope, en el de orina no. Así que queda esa duda. No sabemos si los resultados estaban contaminados por ese tipo de muestra. No aclara si se le agregó cloruro: ni el médico autopsiante ni tampoco el laboratorio clínico que lo recibe”, indicó el profesional.   

También explicó que “se le debe agregar un contenido para que no se coagule y otra sustancia para que no se evapore el alcohol o procree bacterias en esa muestra”, haciendo hincapié en estas irregularidades. De esta manera, la pericia fue considerada “absoluta y totalmente dubitable” por el especialista, que también mencionó su preocupación al respecto de que las muestras fueron extraídas del cuerpo 24 horas post mortem, lo que también podría indicar variaciones en los resultados toxicológicos.

Asimismo, el perito de parte explicó que en la historia clínica se refleja una punzura en la vena (una vía de suero), en la cual, si se le colocó alcohol para desinfectar, lo que “es casi un reflejo médico”, “podría alterar” el resultado toxicológico.

Pese a las aclaratorias, los abogados de los imputados persistieron en problematizar la declaración del profesional e intentaron poner en duda su análisis sobre la pericia preguntándole si estaba desprestigiando al organismo que realiza estos procesos en la ciudad de La Plata. Ante esto, Velich dijo: “puse un manto de duda sobre esta autopsia en particular”, a pesar de que el nivel del organismo “es excelente”. Luego de esto, la defensa de los empresarios de la noche pidió que el médico quede a disposición del Tribunal.

Además, pidieron volver a citar a Alejandro Nemes, el médico que practicó la autopsia, y a un bioquímico que estaba convocado como testigo pero que no prestó declaración, buscando de esta manera dilatar las audiencias. Sin embargo, la fiscal Silvina Langone se opuso, al igual que los abogados de la familia Uscamayta Curi, ya que los testimonios del perito y del doctor les resultaron elocuentes y validados en su momento.

Tras un debate breve, el Tribunal dio lugar a la defensa de los imputados, por lo que en la jornada de este viernes se retomarán los testimonios, en una audiencia convocada a partir de las 10 horas.

Mientras el perito citado dejó en claro que las pruebas no pueden dar certezas sobre el grado de alcoholemia de Emilia, la defensa de los imputados insiste en redoblar la apuesta e intenta jugar su última ficha citando nuevamente a quien realizó la autopsia del caso. Todo se reduce al intento de culpar a la víctima por su propia muerte, respaldandose en una prueba toxicológica de alcohol, pese a que ya quedó en claro que no es confiable. Aún así, este no es un motivo que justifique la clandestinidad de la fiesta, sus irregularidades y toda la complicidad que sostuvo por detrás el entramado que provocó su muerte.

“Estamos sufriendo una suerte de ataque de la defensa, perfectamente legal, pero responsabilizando a la víctima para sacarle responsabilidad a los verdaderos culpables de lo que ocurrió en esa noche trágica”, declaró el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodriguez Antinao.

En la radio abierta que se llevó a cabo fuera de los Tribunales, el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, resaltó: “Acá la discusión es otra: Emilia se ahogó en una pileta de grandes dimensiones que no estaba habilitada a la que el Control Urbano, por lo que ya sabemos, la coima y la corrupción, permitió que se lleve adelante”.

Día 5 del Juicio por Emilia: Memoria selectiva

Día 5 del Juicio por Emilia: Memoria selectiva

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Se retomaron las audiencias en su quinto día. Con más silencios que respuestas el juicio por la muerte Emilia Uscamayta Curi sigue demostrando la complicidad empresarial y política local.

Tras un día sin audiencia por problemas de salud de uno de los jueces, este 5 de julio, pasadas las 11 de la mañana, comenzó la quinta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, dieron apertura a la sesión luego de una larga espera por la ausencia de “El Peque” García en la sala, por lo que el debate comenzó sin él (gracias a un permiso que solicitó su defensa). Alrededor de las 12 del mediodía, el empresario de la noche platense y amigo íntimo de Juntos por el Cambio, arribó a la sala.

En la jornada hubo distintos conflictos y perturbaciones que interrumpieron el curso habitual del juicio. Por un lado, las denuncias por falsos testimonios a dos testigos, Jonatan Medina y Agustin Saintout, que se suman a la denuncia realizada contra Marina Buffone por las mismas razones durante la segunda jornada del juicio.

Además, al final de la audiencia, los abogados de la defensa, en particular letrado Marcelo Peña, abogado de Haramboure, luego de interrumpir cada intento de los abogados de la familia en avanzar con preguntas sobre los testimonios, escaló en gritos hacia la Dra. fiscal Silvina Langone por supuestos “maltratos” con el último testigo. En este sentido, la fiscal respondió contraponiendo los tratos a los que se la somete constantemente desde la primera audiencia, e incluso hoy, cuando se le exigió bruscamente la lectura de documentos que había pedido la defensa, como si fuera “empleada” de ellos y tuviera que estar pendiente a sus órdenes.

Testigos

La primera testigo, pendiente de la jornada anterior, fue Andrea Lorena Sanchez Britez, que al momento del suceso ejercía como oficial de la policía de La Plata y estaba patrullando aquella noche en Melchor Romero, junto a Julián Fernández. “Recuerdo haber llamado al oficial de servicio (Ariel) Peña a las dos de la tarde, y nos dijeron que nos quedemos en 520, que pasaría el móvil de Control Urbano porque se iba a realizar una fiesta clandestina”, comenzó en su relato la oficial.

Finalmente, el móvil llegó al lugar y les “dijeron que iban a labrar un acta porque sobre 520 había vallas, le avisaron al personal que había dentro de la quinta y le entregaron una copia de que no se podía hacer la fiesta”, prosiguió la testigo, que aseguró que se retiraron las vallas y les ordenaron “quedarnos ahí hasta que llegó el relevo”, a eso de las 22 horas, cuando terminó su horario laboral. 

Muy similares fueron las declaraciones del oficial policial de la UPPL La Plata, Julián Fernández, también pendiente de la sesión anterior, que patrullaba con Sanchez Britez la tarde del 31 de diciembre de 2015. Al relato de la agente policial, Fernández sumó que fue “Martínez Pass, mi jefe” quien lo llamó a las 14 horas “para que me quedara fijo en la quinta” y le “avise de todos los movimientos que se hagan”, ya que sabían de antemano que “estaban vendiendo entradas por Facebook”.

El testigo informó entonces a su superior que “los movimientos seguían y que la fiesta se iba a hacer igual”: mencionó que pudo ver cómo se colocaban pantallas dentro de la quinta. Esto luego de que Control Urbano labrara el acta porque “la fiesta se tenía que cancelar” y se retiraran “las vallas que había sobre la vía pública como para formar filas para el ingreso”. Fernández agregó que, previo a retirarse por el relevo, el Comisario de Melchor Romero, Juan Ramón Verón, se acercó a ellos diciendo que “estaba al tanto de la situación” y que “estaba a disposición por si lo necesitaban”. La noche continuó con el rumbo previsto por los organizadores del evento.    

El tercer testigo fue José María Moccero, vendedor de entradas para la fiesta “La Frontera” y en ese entonces empleado municipal de la Dirección de Cooperativas. Declaró que las entradas se las había ofrecido Jonatan Medina (que testificó minutos después) y que era un evento “muy solicitado”, “las vendí todas”, dijo y confirmó la hipótesis de la masividad del evento: “Había mucha gente afuera y estaba colapsada la 520, un montón de autos y gente caminando”. El testigo aseguró que no entró a la fiesta y se fue del predio en un auto cerca de las 5 de la mañana porque se iba de viaje. 

Los abogados de la familia Uscamayta Curi advirtieron contradicciones y omisiones en sus respuestas. A la hora de describir a Jonatan Medina, con quien rindió cuentas de las preventas, dijo no recordar dónde trabajaba, pero en 2016 había dicho que Medina “estuvo trabajando en el boliche 737” y que tenía entendido que “Santiago Piedrabuena es dueño del boliche porque alguna vez he ido”. “Si así lo dije en ese momento entonces puede haber sido así, yo no lo recordaba”, contestó Moccero. El abogado de Piedrabuena buscó de forma casi inquisidora que el testigo declarara no conocer a su defendido, mientras el imputado detrás de él se dormía sentado y parecía importarle poco lo que se hablase.

El cuarto testigo fue el nombrado Jonatan Medina, quien trabajaba para el boliche de Piedrabuena 737 y estuvo encargado de vender entradas para la fiesta “La Frontera”. Ingresó a la sala nervioso y con la frente brillosa de transpiración. En concordancia con las declaraciones de los anteriores relacionistas públicos, en sus palabras primó el “no me acuerdo” y la memoria selectiva para evitar nombrar a los responsables de la muerte de Emilia. Esto trajo nuevamente a la escena la sospecha de un pacto de silencio, apelando al olvido como estrategia, y generando fuertes cruces entre la Fiscal Silvina Langone y las defensas de los imputados, en los que tuvo que intervenir el presidente del Tribunal.

“¿Tenés algún problema de memoria?”, le consultó la representante del Ministerio Público Fiscal. Medina dijo no recordar quiénes eran los dueños de 737, ni quién le dio las preventas para repartir, ni tampoco a quién le rendía las comisiones. 

Ante esto, se le intentó recordar algunos elementos importantes para la causa a través de sus propias declaraciones de 2016. En ese momento, él había dicho: “En diciembre de 2015 Lisandro Santos y Gastón Haramboure fueron los que me ofrecieron vender entradas. Pasó un tiempo y Gastón apareció con un paquete de entradas y empezó a repartir las preventas” (…) “Haramboure llevó todos los equipos, heladeras, sillones de 737 a la quinta para realizar el evento” (…)  “Santiago Piedrabuena organizaba todo con Haramboure para la fiesta” (…) “A Gastón lo conozco de 737 porque me lo presentó un amigo, a Santiago lo conocía del pub, al Peque lo conozco porque trabajaba en turismo pero no personalmente y a Bellone lo conozco como dueño de la quinta” (…) “Quiero aclarar que Lisandro Santos me comentó de la venta de entradas y sobre Haramboure, no sé si Piedrabuena organizaba o no la fiesta” (…) “El Peque me dio la consumición y coordinaba todo, él decidía quién pasaba al VIP y Santiago estaba en la puerta”.

Al final, los conocía a todos, pero nada de esto tuvo lugar hoy en los recuerdos de Medina. El ambiente en la sala se puso cada vez más tenso. El juez Paolini llegó a preguntarle si al menos recordaba el artículo del Código Penal que le habían informado antes de testificar, en el que se le explicaba la posibilidad de imputación por falso testimonio. 

Medina tenía un drone que utilizaba para realizar trabajos, entre ellos uno que le encomendaron los organizadores: “Hablé con el Peque García para ir a filmar a la quinta y me contrató Gastón Haramboure para hacer las grabaciones y luego Juan, no recuerdo el apellido, me pagó mil pesos”, especificó en su testimonio de 2016. 

Queda en evidencia que la desmemoria de hoy no es más que el encubrimiento de responsabilidades. En síntesis, aportaron más a la causa las lecturas sobre las primeras declaraciones, siendo las actuales puras omisiones. Ante esto la fiscal y la defensoría del particular damnificado pidieron que el testigo quede a disposición del Tribunal en el lugar.

El quinto testigo fue Agustín Saintout, quien no rompió con la amnesia de los testigos. Fue parte de la venta de entradas a través de Nahuel Nuñez Monasterio, quien era Jefe de Públicas: “Yo las publicité (las entradas) con diferentes banners por WhatsApp y Facebook para venderlas, se las rendí y me quedé con una comisión, no conocía el lugar y no fui”, declaró y añadió que “a Santiago Piedrabuena si lo conozco y no recuerdo si estaba como organizador”.

Otra vez se advirtieron omisiones con respecto al primer testimonio dónde había dicho: “Por comentarios de Nahuel (…) se que lo organizan Piedrabuena y Haramboure, a quienes conozco de cuando trabajé en 737. Eran quienes organizaban eventos ahí y yo pasaba música.” 

Luego pasó a la sala el sexto y último testigo, el oficial de la UPPL La Plata Maximiliano Quispe, el cual alegó: “No estoy seguro de haber visto movimientos, estuvimos poco tiempo. Cuando llegamos, el móvil que estaba en el lugar nos dijo que se había presentado alguien a decirle que ya se cubría el lugar. Informamos a nuestros superiores (oficiales Venzi y De Tezano) y nos dirigimos a recorrer la jurisdicción de Unión”.

Antes de finalizar la audiencia volvieron a convocar a Medina. Su testimonio, repleto de omisiones, generó la necesidad a Langone de preguntar: ¿Usted estuvo hablando con otras personas de este testimonio? El testigo contestó: “Solo de que me citaron”. Sin más preguntas, el presidente del Tribunal le pidió que se retire. Apenas se puso de pie, Ignacio Camillo Fernández pidió su imputación por falso testimonio, situación que provocó la interrupción del ya mencionado Peña que manifestó “me parece una falta de respeto para el ciudadano”. 

Domenech alzó la voz y la sala de audiencias se quedó en silencio. Después de pedir orden entre las partes concluyó convocando a un cuarto intermedio para mañana a las diez de la mañana. 

El silencio de los testigos 

Al igual que en la primera jornada, se volvió a sentir un pacto de silencio. ”Cuando fueron a declarar omitieron información importante y recordaban aspectos insignificantes, es decir una memoria selectiva”, declaró el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao. 


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Comenzó la semana de audiencias con una defensa que busca culpabilizar a Emilia de su propia muerte. Inacción estatal, complicidad policial y peritajes que no le son suficientes a los imputados.

Este 3 de julio, pasadas las 12 horas del mediodía, comenzó la cuarta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Hoy, tras cuatro audiencias compartidas, los imputados se dejaron ver hablando entre sí ante el ojo atento del público presente en la sala. Por un momento, pareció romperse la división explícita que hay entre los bloques Bellone-García y Piedrabuena-Haramboure, que se notó en las jornadas anteriores.      

La sala estuvo presidida por los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron apertura a la sesión a las 12:40 horas. Previo al ingreso de los testigos, el presidente del Tribunal mencionó la incorporación durante la jornada de dos veedores: la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Trabajo Social.

Estos últimos se suman a la lista conformada por la la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de PBA; la Federación Universitaria de La Plata; la Asociación Miguel Bru; las concejalas Cintia Mansilla y Ana Negrete; entre otros. 

Testigos

El primer testigo fue Jonatan Emanuel Reyes, Director de Inspección Comercial de la Municipalidad de La Plata en aquel momento, quien comenzó su oratoria a las 12.43. “Encomendé a los inspectores para que se notifique al lugar que no tenían habilitación, porque estaba en falta”, explicó respecto a su accionar del día anterior a la fiesta. Esa noche se acercó hasta el lugar y afirmó que personas les “tiraban piedras”, por lo que “tuvimos que ingresar por el costado”. 

Adentro ya estaban el Director de Nocturnidad ‘Gerardo’ (Gioglio) y el inspector ‘Néstor’ (Galarraga), que habían empezado a labrar las actas (de contravención)”. Luego de ello, el ex Director relató que se retiró porque esa noche “había más eventos” y le aseguraron que “iban a clausurar”, pero más tarde, le dijeron que “no habían podido clausurar” porque “no había policías suficientes para hacer el desalojo”. Dijo no recordar la cantidad de personas que había en la fiesta, pero sí la presencia de “micros escolares que llegaban con más gente”.

En su declaración de 2016, según advirtió rápidamente la Fiscal Langone, no había expresado lo mismo: en ese entonces declaró que “decidimos retirarnos con el fin de resguardar nuestra integridad” porque “no se pudo clausurar por la cantidad de personas, alrededor de 400, y porque nos arrojaban botellas”.

Consultado sobre las razones de esa falta de apoyo policial, mencionó a un actor fundamental como responsable: “eso dependía de la Secretaría de Seguridad, de Daniel Piqué”, quien además tenía a cargo la suspensión de eventos masivos, pero que “en ese momento no había procedimientos ni planificación previa de las clausuras entre la policía y la Municipalidad”. Luego, Reyes aseguró que la responsabilidad había quedado en manos del Director y del Subsecretario de Control Urbano, Roberto Di Grazzia, a quien se le notificó que la fiesta no podía realizarse. 

El testigo declaró que se cruzó a Santiago Piedrabuena, a quien “conocía porque era dueño de boliches, hacía mucho tiempo atrás”. Estas palabras se contradicen con las afirmaciones de Néstor Galarraga (inspector de Nocturnidad de Control Urbano) en la audiencia del jueves pasado, cuando dijo que fue el mismo Reyes quien le comentó que “Piedrabuena era quien organizaba la fiesta” y quien tomó la decisión de que esta continúe a pesar de la inhabilitación. 

Otra contradicción más fue marcada por la representante del Ministerio Público Fiscal. Reyes había dicho en su declaración anterior que, al llegar al lugar, “nos entrevistamos con el señor Bellone, propietario de la casa quinta y no contaba con las medidas de seguridad”. Ahora negó tener ese dato y lo adjudicó a que estaba “hablando de manera grupal”: “el que se entrevistó fue el Inspector de Nocturnidad. No hablé personalmente con Bellone”.

Frente a las últimas palabras del testigo, y aún con muchas dudas sobre los cambios en su relato, la fiscal solicitó que el testigo quedara a disposición de la causa, en caso de tener que declarar nuevamente.

El segundo testigo fue Matías Venzi, un oficial policial recién llegado a la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de La Plata, que estaba patrullando aquella noche junto a Mara De Tezano. Detalló que les habían dado directivas “para que mandemos un móvil (a la quinta) con dos compañeros (Quispe y Jimenez)”. Al rato, les pidieron que volvieran a la base y los mandaron a patrullar nuevamente, sin regresar al predio de la fiesta. “Nosotros seguíamos las órdenes”, respondió ante el cuestionamiento de uno de los jueces del Tribunal. ¿De dónde venían esas directivas? “El que las daba era el oficial Peña. Y Peña, creo, recibía directivas de Martinez Pass”. 

Martínez Pass es Sebastián Martínez Pass, ex Jefe de la Policía Local de La Plata, que estuvo sindicado en la causa como presunto responsable en el accionar municipal vinculado con el levantamiento de la custodia policial de la quinta, pero que no fue imputado por el Poder Judicial. Y Peña es Ariel Peña, el Segundo Jefe de la Policía, que fue dado de baja en mayo de 2016 porque fue procesado por pedir coimas a comerciantes platenses a cambio de “más seguridad”. 

En tercer lugar, testificó la perito de la causa, Claudia García, quien confirmó lo que había informado en la pericia de 2016: Emilia murió por “un cuadro de asfixia a nivel pulmonar pero no puede decirse cuál es la naturaleza que lo produjo”. Además, “no había ninguna alteración morfológica significativa en el hígado”, es decir, no se encontró ninguna patología que se pueda destacar, como tampoco un cuadro de intoxicación aguda (de alcohol).

La estrategia de la defensa de los imputados queda cada vez más clara: culpar a la víctima y desligar de responsabilidades a los organizadores de la fiesta. En este sentido, realizaron insistentes preguntas a la perito sobre el estado de Emilia. Sin embargo, García volvió a sostener que no se encontraban signos que pudiesen determinar que la ingesta de alcohol fuera determinante en el desenlace de su muerte.

En la misma línea resultó la indagatoria al cuarto testigo, el médico Alejandro Nemes, que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia y el informe posterior, en el que se determinó que “la muerte se produjo por insuficiencia respiratoria por asfixia por sumersión”. Los abogados de los imputados continuaron con su estrategia de revictimización, buscando explicaciones sobre la ingesta de alcohol, que no recibieron ninguna respuesta conducente por parte del testigo. En este sentido, los abogados de la familia de Emilia declararon luego del testimonio del médico: “No se puede determinar con exactitud la graduación alcohólica” porque “tiene alteraciones que pueden ser fluctuantes, pueden ser mayores o menores pero no se sabe por el paso de tiempo”, ya que la autopsia se realizó 24 horas después de la muerte. 

Nemes detalló: “Hubo entre 3 a 10 minutos, pero se estima que el tiempo fue más corto que largo. Es indistinto el alcohol en sangre con respecto al tiempo de sobrevida, y si sobrevivía o no, estaba dentro de las posibilidades”.

Por último, el quinto en declarar fue Matías Jimenez, quien era oficial policial y chofer en la UPPL La Plata. “Venzi nos dio la directiva y fuimos con Quispe tipo 21hs” a la casa quinta. “Ya había un móvil en el lugar y nos dijeron que no se iba a hacer la fiesta”, afirmó el joven, y sumó que “a la media hora o una hora después, la oficial de servicio, De Tezano, nos dijo que levantemos y vayamos a recorrer. Que había hablado con el jefe de turno y el jefe de la Policía (Martínez Pass)”. También declaró que “no hubo ninguna repercusión policial tras conocerse la situación de Emilia”. 

Cabe señalar que al final de la jornada, la fiscal pidió desestimar el testimonio de De Tezano y los abogados de ambas partes estuvieron de acuerdo. Además, tanto la fiscal como los abogados de la familia pidieron que se amplíe la declaración de Zamudio (delegado municipal de Melchor Romero) y que se realice un careo con el testimonio de Ogawa, para analizar las confusas declaraciones respecto a las reuniones previas a la fiesta y la inexplicable cita a declarar en la Torre 1. La defensa de los imputados se opuso y se quedó a la espera de la decisión del Tribunal. La próxima jornada comenzará este martes a las 8 y 30 de la mañana.

Invertir las culpas

Los primeros dos testigos no hicieron más que remarcar el pacto de inacción con respecto a la suspensión de la fiesta: Reyes no sabía explicar la falta de apoyo policial para efectuar la clausura del lugar. La responsabilidad de Daniel Piqué y la complicidad municipal con los organizadores de la fiesta volvió a quedar en evidencia. 

La jornada estuvo marcada por la revictimización que busca generar la defensa de los imputados, apuntando los cañones sobre la supuesta ingesta de alcohol que habría tenido Emilia y desligando a sus defendidos de la ilegalidad del evento, en el que no había habilitación, ni guardavidas, ni ambulancia, ni médicos, ni ninguna garantía de seguridad para los jóvenes que asistieron a la fiesta.   


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