Por Sol Castillo*
El 29 de julio se cumplieron 53 años de la Noche de los Bastones Largos y como todo acontecimiento histórico, este trágico suceso sigue siendo fundamental para comprender los proyectos educativos que se encuentran en pugna y que responden ni más ni menos que a disputas de proyectos de país antagónicos.
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A partir del Decreto Nº 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios[1], firmado por el presidente Juan Domingo Perón en 1949, las universidades nacionales pasaron a ser gratuitas, abriendo las puertas a aquellos sectores que veían como irreal acceder a la educación superior. Convertirla en un derecho universal, implicó un gran aumento de las matrículas. La concepción democratizadora de la enseñanza, puede marcarse como un punto de partida clave para situar lo que se llamó la “Época de Oro” de las Universidades.
Más tarde, el golpe del ‘55 autodenominado “Revolución Libertadora”, dio comienzo a la proscripción del peronismo y en diciembre de ese año dictó el Decreto-Ley 6.403 de “Organización de las Universidades Nacionales“[2]. Éste abrió las puertas para la creación de universidades privadas con la potestad de otorgar títulos de igual validez que las públicas. La disposición generó una gran resistencia en amplios sectores de la sociedad.
El movimiento estudiantil se encontraba marcado por el espíritu heredado de la Reforma Universitaria del año 1918, y por la fuerte concepción adquirida a partir de la Ley 1.420 que concibió a la educación de forma pública, gratuita y laica en nuestro país.
La confrontación que giró en torno a la enseñanza Laica o Libre, alcanzó grandes dimensiones pero no fue hasta el año 1958, con la asunción de Arturo Frondizi, que se reglamentó el artículo Nº 28: “La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Pese a tratarse en ese momento de instituciones confesionales, esta legislación también funcionó de amparo a todas aquellas universidades de marcada matriz mercantil y empresarial.
Las universidades resistieron el convulsionado contexto y atravesaron un proceso de modernización con la formación de centros de investigación, la renovación de planes de enseñanza, la creación de las carreras de Psicología y Sociología, la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto de Cálculo -pionero en computación con la máquina “Clementina”-, el nacimiento de EUDEBA[3], la editorial de la UBA que llegó a editar casi 12 millones de libros a precios populares.
La coyuntura mundial estaba atravesada por la Guerra Fría. Fueron años donde diversas experiencias de luchas por la liberación, resultaron triunfantes haciendo frente a proyectos colonizadores e imperialistas. Los grandes poderes económicos comenzaron a ver peligrar sus planes de sometimiento para esta región y desde de los EEUU se volvieron a digitar planes injerencistas con el objetivo de agotar cualquier posibilidad de otra “Cuba”.
En nuestro país, con Illia llegando a la presidencia con el 25% de los votos y el peronismo aún proscripto, se dan grandes manifestaciones callejeras que tuvieron como protagonistas -principalmente- a sectores obreros y estudiantiles, profundamente interpelados por los ideales revolucionarios.
El clima de confrontación con las fuerzas represivas del Estado alcanzó niveles más altos con la llegada de Onganía al poder mediante un golpe (junio de 1966). Éste ordenó inmediatamente la disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, intervino las provincias y empezó una despiadada persecución a toda forma de organización política que fuese sospechosa de ser una “amenaza roja”. En este sentido, las universidades y los elevados grados de organización y movilización estudiantil, eran un blanco a atacar para “neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo”. En línea con la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por Washington para Nuestra América, buscaron eliminar a ese enemigo interno que construyeron.
El Ministerio de Educación pasó a ser una Secretaría dependiente del Ministerio del Interior y a partir del Decreto-Ley 16.912 se puso fin a la autonomía universitaria y se convocó a rectores y decanos a ser interventores del gobierno. Varios renunciaron, otros pocos acataron la orden. En las facultades de la UBA donde se intentaron organizar medidas de fuerza para mostrar el rechazo, el gobierno de facto ordenó el ingreso de la Policía Federal. En Filosofía y Letras, Arquitectura y en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales, descargaron sus palos y gases lacrimógenos contra estudiantes y profesores, y se encargaron de destruir laboratorios y bibliotecas. La represión terminó con 400 detenidxs.
Este episodio dejó profundas consecuencias para la educación argentina y para el desarrollo del país. Las universidades públicas fueron vaciadas: alrededor de 1.500 investigadores y docentes fueron despedidxs o renunciaron a sus cargos. Cientxs de ellxs se exiliaron. El proyecto de una Universidad como usina de pensamiento crítico y al servicio del pueblo, fue brutalmente interrumpido.
La Memoria no se acalla a fuerza de palos
El plan detrás de “La Noche de los Bastones Largos” parece ser re-editado, esta vez de la mano de la Alianza Cambiemos. A veces recurriendo a su brazo represor como sucedió en la Jujuy de Gerardo Morales (UCR)[4], o asestando golpes a maestrxs que se manifestaban en defensa de la escuela pública y un salario digno[5], por nombrar sólo algunos.
En general, la educación pública -en todos sus niveles- ha sido blanco de ataque. Frases manifestadas por el presidente Mauricio Macri como “¿qué es esto de universidades por todos lados? Basta de esta locura” o “los que tienen que caer en la escuela pública”; o la de la gobernadora María Eugenia Vidal que dijo que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”; o el reciente y lamentable discurso en defensa del Servicio Cívico Voluntario de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que afirmó que “Gendarmería es la institución más valorada, mucho más que la educación pública”. Una clara expresión de cómo conciben este derecho de millones de argentinxs.
Cabría preguntarnos cómo piensa el futuro, un gobierno que retira al Estado como garante de los derechos fundamentales del pueblo argentino; que subsume sus políticas a los lineamientos del FMI; que aboga por un modelo agroexportador y por ende desindustrializado, donde no hay lugar para investigadorxs ni científicxs; que concibe a la educación como un negocio; que ofrece a lxs jóvenes instruirse con la Gendarmería o lxs empuja a un mercado laboral profundamente precarizado; que responde con represión en las calles cuando se denuncian sus atropellos.
Ejercitar la memoria es una de las principales herramientas para reconocer en el presente quiénes son los continuadores de un proyecto que se encuentra en las antípodas de las conquistas heredadas por generaciones que defendieron el derecho a una educación pública, gratuita, de calidad, y una ciencia soberana, en vistas a forjar una Universidad verdaderamente popular.
* Comunicadora social, columnista del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5), editora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
Bibliografía:
[1] http://gratuidaduniversitaria.cin.edu.ar/attachments/article/15/decreto%2029337-1949.pdf
[2] http://www.coneau.gob.ar/archivos/567.pdf
[3] http://zonda.sanjuan.edu.ar:8081/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/EUDEBA.html
[4] http://www.infonews.com/nota/307105/bastones-largos-en-jujuy-la-policia-entro
[5] https://www.pagina12.com.ar/30838-represion-para-impedir-otra-carpa-blanca
