POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO
El 18 y 19 de julio, Buenos Aires fue sede de la segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. El evento contó con la presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y de la Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier. En la cita, Argentina, Brasil y Paraguay, en conjunto con sus amigos de Washington, conformaron una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la región y sus vínculos con el terrorismo que, como era de esperarse, identifica a Irán y al Hezbolá, como principales amenazas.
El discurso relativo a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico se volvió un lugar común para los gobiernos de derecha en la región. La coyuntura geopolítica de armonía entre Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez y Macri permite el establecimiento de esta “cooperación regional en antiterrorismo” vigilada por EE.UU. En pocas palabras, se pretende reeditar lo que fue Grupo 3+1 lanzado en 2002, que pregonaba la mutua colaboración en términos de seguridad en la zona de la Triple Frontera y que había quedado al margen con los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula Da Silva.
Decreto 489/2019, publicado el miércoles 16 de julio en el Boletín Oficial, que modificó una norma de junio de 2012 y estableció la creación Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET)
Si bien la alianza fue creada hace algunos días y se irá concretando a través de reuniones semestrales entre las cancillerías, hace algunos meses que, al menos en Argentina, se venía expresando el deseo de reforzar la seguridad en la zona fronteriza con la mano de Estados Unidos. En enero, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera, se reunieron con funcionarios yanquis para hablar de financiamiento ilícito e intentar reanudar la cooperación bilateral “para combatir la corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo”. Una vez más, el tema central de conversación pasó por la “sospecha” de que la Triple Frontera es de donde sale parte del financiamiento para el Hezbolá, según insisten desde Washington. También se habló de los “cuadernos de las coimas”, de Venezuela y de cómo restringir más al gobierno de Nicolás Maduro, y, por supuesto, de Irán, el culpable de todos los males en la versión yanqui de la historia.
Con este tipo de alianzas y con el discurso antiterrorista con el que Estados Unidos se ha permitido intervenciones como en Irak, por ejemplo, se busca obtener relaciones de privilegio con los gobiernos de América Latina. Si bien, a simple vista, al Pentágono pareciera importarle la seguridad del continente que habita, lo que realmente se pone en juego es la construcción de alianzas políticas y comerciales que, a su vez, garanticen el acceso a los recursos naturales. No hemos aprendido mucho de la historia si creemos, después del evidente apoyo yanqui a las dictaduras militares en Nuestra América, que Estados Unidos es un defensor de los derechos humanos y le importa el bienestar de nuestros pueblos. En esta constante reedición de la Doctrina Monroe, Washington se propone como garante de la seguridad de los países de la región, pero con la intención de acceder a recursos estratégicos en un escenario de disputa con otras potencias a nivel mundial y en un territorio considerado área de influencia yanqui desde los comienzos.
¿Por qué la Triple Frontera? Si bien Estados Unidos insiste, desde la década de los ‘90 y aún más desde la implosión de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, en que existen células terroristas de origen islámico en esta zona en particular, la elección de la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay no es azarosa: es una posición estratégica clave para el acceso a ciertos recursos naturales. Allí se encuentra el Acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo, cercano a la cuenca del Amazonas, a los yacimientos de gas de Bolivia, y a los minerales de la cordillera de los Andes; y la represa de Itaipú, la mayor central en generación de energía del Planeta Tierra.
La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay
En Paraguay, la política entreguista no es vista con buenos ojos. En medio de una crisis política que se suma a la desaceleración económica, graves problemas ambientales y un alto grado de insatisfacción ciudadana respecto de la seguridad interna del país, la admiración que Mario Abdo siente por Donald Trump y Jair Bolsonaro, es observada con desconfianza por quienes habían visto madurar una idea de soberanía energética. Es en este sentido que la represa de Itaipú representa un tema sensible para Paraguay, que siempre ha cedido ante las presiones brasileñas.
A la gestión de Mauricio Macri, la alianza antiterrorista le vino como anillo al dedo. En plena contienda electoral, el Presidente argentino encabezó un acto en el marco del aniversario número 25 del atentado contra la AMIA, hecho asociado además al “asesinato” del fiscal Alberto Nisman a principios del 2015, que jugó un papel clave en contra de la continuidad del proyecto kirchnerista en las elecciones de ese año. El acto contó con el apoyo de gran parte de la comunidad judía y un día antes, y para cumplir con las presiones de Estados Unidos e Israel antes de la llegada de Mike Pompeo, el mandatario declaró al Hezbolá como organización terrorista a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. En los días previos a su muerte, Nisman había asegurado tener evidencia de la participación de Cristina Fernández de Kirchner en el encubrimiento de iraníes implicados en el atentado, y el “asesinato” del fiscal se asoció al acercamiento de la ex presidente con Irán. No sólo no existen evidencias que involucren a la ex mandataria, sino que tampoco las hay para que Irán haya sido responsable de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel.
Como la geopolítica es cambiante, ahora la Argentina ha recibido otro candidato a culpable de los atentados y el gobierno, que se identifica como una suerte de virreinato del poder globalizado, no dice nada. El Hezbolá fue decisivo para desalojar a Israel de su ocupación de años en el país vecino, durante las últimas décadas del siglo pasado. Ya no se trata de investigar, sino de asignar culpas por razones geopolíticas, y es así como se ha optado por idear la sospecha de una responsabilidad conjunta, con vínculos entre sí: la de la teocracia iraní y el Hezbolá.
La visita de Pompeo por esos días no fue casual. El secretario de Estado yanqui vino como emisario israelí y acusó al Hezbolá de perpetrador del atentado a la AMIA y afirmó también que la organización islamista “ha actuado en todo el hemisferio occidental en terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero”. Además, el enviado de Trump, de gira por Sudamérica, aprovechó para arremeter una vez más contra la República Bolivariana de Venezuela al considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro “ya terminó” y que es necesaria la cooperación de todos los países de la región para “restaurar la democracia y la economía” en ese país.
Los acuerdos en seguridad, como parte de esta red de relaciones con Estados Unidos, son entonces una porción de la campaña por la Presidencia en Argentina. El discurso antiterrorista, en este caso, no pretende saber qué sucedió en aquellos atentados, sino que da cuenta del esfuerzo yanqui e israelí por aislar a Teherán; además de que deja al descubierto la injerencia de Estados Unidos, no sólo en esta contienda electoral, sino también en la embestida legal contra Cristina Fernández, para posibilitar la llegada de un gobierno complaciente con los deseos de Washington.
