La crisis del 2002 es el embudo y la condensación de la conjunción del poder político, financiero; la corrupción, los familiares, los favores, la vista gorda, el aprovechamiento y la dependencia de un país como el Uruguay.
La crisis del 2002 es ícono de un país que tocó fondo, pero también de la capacidad que tienen los poderes fácticos de lavarse culpas, de matizar sus delitos, de generar un blindaje, aunque el daño que hicieron fue mayúsculo, de alcance nacional e incluso trascendió fronteras.
A 20 años de la crisis hay signos y señales que nos retrotraen a aquella época: ollas populares, caída del salario real, apertura comercial indiscriminada, dependencia de la inversión extranjera directa, Argentina en crisis, blancos y colorados en el gobierno.
Por si faltaba algo, apellidos calcados. Alfie, Bensión, Talvi, Lacalle, Sanguinetti y actores secundarios que también cumplieron su papel desestabilizador y corrupto tras bambalinas. Hoy a 20 años, ¿Uruguay aprendió la lección o está condenada a tropezar dos y tres veces con la misma piedra?
La crisis cíclica
Uruguay ha sorteado crisis con una periodicidad llamativa. Veinte años (más, menos) es la media de distancia entre una catástrofe y la otra. Desde 1873, pasando por 1890; 1913 previa a la Primera Guerra Mundial; 1931 llegando dos años después del crack del 29 en tiempos donde no existía la globalización. El período entre guerras y el post segunda guerra mundial fue favorable para esta nación agroexportadora de materias primas de escaso valor agregado.
Otra crisis se fue cocinando hasta que en el período pachequista que se inició en 1968 se empezó a gestar uno de los proyectos más sangrientos de nuestra historia, que no solo tenía un componente moral y militar (teoría de los dos demonios, la nación en peligro o los militares como última reserva moral de la patria) sino que también uno de los fuertes componentes de la dictadura fue el económico. Hacia 1982, en las postrimerías de la misma, implosiona “la crisis de la tablita”. Exactamente veinte años después se desató la crisis financiera de 2002.
Fue la peor crisis socio-económica, solo comparada con la propia dictadura en cuanto a destrucción del tejido social y productivo; y marcas indelebles a nivel país. Las ollas populares volvieron (como volvieron a volver en el 2020 con la pandemia de Covid-19 y el gobierno de la Coalición Multicolor presidida por Luis Lacalle Pou.)
La migración fue brutal, el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la tasa de suicidios alcanzaron niveles históricos.
El relato oficial es que el mundo estaba convulsionado y que Uruguay fue víctima pasiva del Efecto Tequila por la crisis mexicana; de la crisis del real en Brasil y del país hermano Argentina por la crisis del 2001 de similares características a la nuestra.
Es cierto que ante toda crisis existen factores externos e internos. Estos últimos han querido barrerse debajo de la alfombra o más bien reducirlos a su mínima expresión. Sin embargo, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en 1999 ya advertía en un informe anual, la vulnerabilidad del sistema financiero uruguayo y la falta de controles.
En el libro “2002 – La historia no oficial de la crisis y una lección pendiente” de Carlos Luppi podemos encontrar datos que son contundentes.
El PBI se desplomó un 11%. Pasó de 25.385 millones de dólares en 1999 a 13.603 en 2002. La tasa de desempleo alcanzó un escalofriante 22%, el trabajo informal ascendía a 450.000 personas. 35 mil personas emigraron hacia distintos puntos del globo, principalmente a Estados Unidos y España.
El derrotero de la crisis dejó la industria de la vestimenta desplomada. De 140 empresas que existían en la década del 90, solo quedaron cinco. El salario real cayó un 10.9%. La pobreza arañó el 40%. Los suicidios: un 21.5 por cada 100.000 habitantes. Incluso se conoció la existencia de una “Asociación de suicidas” con 57 miembros.
La inflación pasó del 3.6% al 25.9%. La devaluación del peso uruguayo fue del 93.7%. El riesgo país alcanzó los 3000 puntos básicos. Los bonos nacionales cayeron su valor nominal en un 65%. Los activos de reserva del Banco Central cayeron de 3.100 millones de dólares a 772. Las exportaciones se redujeron un 38% y las importaciones un 15%. La deuda pública alcanzó un 101%. El sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos. Estamos hablando de unos 7.400 millones de dólares. Uruguay cayó al puesto número 46 en el índice de desarrollo humano. El índice de aprobación del difunto y ex presidente Jorge Batlle pasó de un 58% en marzo de 2000 al 5% en 2004.
Suspendieron su actividad cinco bancos privados: Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera. El extinto Banco de Crédito, fundado a inicios del siglo XX y que en la dictadura fue adquirido por el grupo inversor surcoreano Moon, asociado a la Iglesia de la Unificación; el Banco Montevideo, propiedad de la familia Peirano, que lo adquirió en los 90, aunque desde inicios del siglo estuvo ligada al negocio financiero y ya tenía antecedentes de haber fundido en la década del 70 los bancos Popular y Mercantil.
La Caja Obrera, fundado un siglo atrás por el Círculo Católico de Obreros, incorporado al grupo de negocios de los Peirano; y el Banco Comercial, que registra actividad desde hace un siglo y medio, llegando a escena en los 90 los hermanos Carlos y José Rohm, banqueros argentinos que asumieron la gestión, aunque la propiedad era compartida con bancos internacionales como JP Morgan y Credit Suisse.
“Una manga de ladrones del primero hasta el último”
Si hablamos de oligarquía, linaje y negocios, el clan Peirano es el que reúne todas las condiciones. En 1902 el comerciante Pedro Facio fundó junto a otros accionistas el Banco Popular del Uruguay.
El clan Peirano, que desde los 60 venía haciendo desfalcos y estafas, eran ministros, grandes abogados, profesores encumbrados de la Universidad de la República. Terminaron su derrotero de ladrones, estafando a un país entero.
Jorge Peirano Facio, el patter totum del clan, en 1971 su Banco Mercantil fue intervenido por excesivo endeudamiento, por tener una cartera de colocaciones concentrada fraudulentamente y por maniobras ilícitas diversas con una red de financieras, con testaferros al frente, ocupada en el vaciamiento de la institución de origen.
En febrero de 1973, el juez penal Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio ―por entonces presidente del Banco Mercantil― por delitos bancarios (había pergeñado varias quiebras fraudulentas). El banquero tenía por abogados, entre otros, a Ramón Díaz y Adela Reta. Jorge continuó en el Banco Central. Mediante sus negocios y quiebras acumuló durante toda la dictadura una fortuna en tres países.
En diciembre de 2002 volvió también a ser procesado por fraude, treinta años después de su primera quiebra fraudulenta en el Caso Peirano. Encarcelado en Uruguay por el delito de «insolvencia societaria fraudulenta», una estafa bancaria de 800 millones de dólares estadounidenses.
El martes 6 de agosto de 2002 la Justicia uruguaya detuvo a Jorge y Dante Peirano Basso y a tres gerentes de los Bancos Montevideo y Caja Obrera. Estaban acusados de haber defraudado a cientos de ahorristas. Los hermanos Juan y José Peirano, responsables del vaciamiento de esta entidad seguían prófugos. Aunque dos días después se entregó José Peirano Basso.
Según documentos que pudieron acceder varios medios de comunicación, el gobierno Uruguayo sabía al menos desde Febrero de 2002 que el Grupo Peirano realizaba maniobras irregulares desde el Banco de Montevideo y Caja Obrera que podrían conducir a la entidad a una situación de insolvencia.
Los Rohm
Carlos Puchi Rohm, dueño del Banco General de Negocios, amigo de Henry Kissinger y socio de David Mulford, a su vez socio de Domingo Cavallo, Puchi Rohm había sido procesado por coimas pagadas en el escándalo IBM-Banco Nación y figuraba en los expedientes que el Congreso argentino investigaba en torno a la mafia del oro y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
A pesar de sus antecedentes, Puchi Rohm había recibido del gobierno de Menem el Banco de Santa Fe, en cuyo directorio figuraba José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar, que transcurrió entre los años 1976 y 1983.
El 1º de diciembre de 1999 en una importante residencia de La Recoleta se realizó una reunión, que si no hubiera sido por una oportuna foto publicada por Página 12, hubiera pasado inadvertida. Allí estaban los expresidentes George Bush (padre), Luis Alberto Lacalle y Carlos Menem, junto al presidente Fernando De la Rúa y el electo Jorge Batlle. También estaban el banquero David Mulford y los anfitriones Carlos y José Rohm.
Según trascendidos de la época, “en la reunión se habló sobre lavado de dinero”. En el año 2004, Lacalle (padre), entrevistado por el periodista Daniel Figares en el programa Ciudad oculta (Canal 12), dijo que “había sido una reunión social en la que se encontraron viejos conocidos”. Pero repreguntado recordó “que los banqueros estaban preocupados por una posible legalización del consumo de drogas, asunto en carpeta de Batlle, y cómo ello afectaría la circulación de dinero por el sistema bancario”, relata el periodista Carlos Pelaez.
De libretos y banqueros
Apellidos “ilustres” reaparecen, se duplican, re-protagonizan capítulos aciagos con desenlaces que ya conocemos. Da la sensación que cada generación empieza de cero, desgarrada de la anterior y de la siguiente, y ellos, que parece que son los únicos que siguen el hilo del argumento de la historia; o muchas veces son libretistas y directores de la misma, se pasean por el teatro de la realidad en bata, anunciando una nueva crisis.
Artículo publicado originalmente en Periferia
