La Multisectorial por la Democratización de la Justicia hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados. Reclaman la destitución de los jueces de la Corte por mal desempeño en base a una lista de 10 hechos concretos.
La Multisectorial por la Democratización de la Justicia, conformada por organizaciones y referentes del ámbito judicial y de los derechos humanos, reclamó el juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, por mal desempeño en base a una lista de 10 hechos concretos, que consideran que vulneran “el ejercicio de los derechos garantizados” por la Constitución Nacional “para todos los habitantes del país”.
En este sentido, Revista Trinchera dialogó con Claudia Rocca, abogada y presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)-Rama Argentina, una organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU e integrante de la Multisectorial, quien aseguró que “la presentación que hicimos materializa o instrumenta un reclamo que venimos llevando adelante un conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, reclamando un verdadero sentido de justicia, ya que en estos últimos años la conducta de los miembros de la Corte, a través de los hechos señalados, provocan la vulneración de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo”.
El documento contiene 10 hechos, algunos de ellos atribuidos a todos los supremos y otros a algunos en sus respectivas individualidades. Al respecto, Rocca señala que “es una suerte de ropero que lleva la Corte con sus fallos” y que violan las garantías esenciales del sistema democratico como son “la garantía de juez imparcial, la garantía del debido proceso, la de principio de inocencia”. “Lo que demuestran estos hechos es que se trata de una Corte que está operando políticamente y que en definitiva, las consecuencias de estas operaciones han debilitado las instituciones del Estado y provocado verdaderas crisis”.
El documento abarca desde la sentencia del 2×1 en favor de los genocidas, la filtración de escuchas claves originadas en la oficina de escuchas que depende de la Corte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y también la intervención de Carlos Rosenkrantz en 25 causas en las que eran protagonistas clientes que tenía su estudio antes de llegar al máximo tribunal.
Otra de los hechos señalados en el documento alude al fallo que declaró inconstitucional la composición del Consejo –organismo que elige ternas de jueces y jueza y puede promover remociones— que estuvo vigente durante más de 15 años. En esa línea, la denuncia plantea la remoción de Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que fueron los tres supremos que ordenaron restituir la ley de 1997, ya derogada, que establece una composición de 20 miembros, e incluye al presidente supremo como titular del Consejo.Al respecto la presidenta de la AAJ señaló: “Eso fue una suerte de golpe institucional, que puso en crisis todo nuestro sistema. Nos ocupamos especialmente de este caso porque la Corte en el fallo violó la independencia de poderes apropiándose así facultades que le corresponden al poder legislativo”.
“De esta manera disciplinó a todos los jueces inferiores, ya que no solo deroga una ley que tenía una vigencia de 16 años sino que pretende volver a poner en vigencia una ley derogada por el Congreso”, señaló la abogada. Además, a través de este mecanismo se roban nuevamente la presidencia del Consejo y ante la cautelar de un juez que pidió que no se modifique hasta que no sea tratada por el parlamento, fue dejada sin efectos en días.
En paralelo Rosatti pide el juicio político al juez por este fallo y es importante señalar que es el mismo Rosatti quien pasa a conducir el Consejo de la Magistratura, por lo tanto será el que va le va a dar tratamiento a este pedido. Al respecto, Rocca señala: “Estos absurdos nos colocan en una suerte de Estado fallido”.
Otro pedido de remoción sobre Rosenkrantz alude a la conferencia que dio en la Universidad de Chile sobre “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica” donde dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, con el argumento de que “detrás de cada necesidad hay un costo” que el Estado no podría solventar.
Rocca cuestionó la posición del presidente de la Corte: “Cuando dice que detrás de cada necesidad, no puede haber un derecho, niega todo nuestro sistema internacional en materia de derechos humanos, especialmente está hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que no serán exigibles judicialmente las garantías de dichos derechos”. “Esto es incompatible con la función judicial porque juran defender todos nuestros sistemas de derechos humanos incorporados a través del artículo 75 inciso 22, y mucho más incompatible es con alguien que integra el Máximo Tribunal”, agregó la abogada.
Ahora solo queda esperar la decisión del Congreso, y habrá que ver si se consideran o no todos los cargos enunciados para entonces dar inicio al juicio político. Al respecto Rocca agregó: “Dependerá de la viabilidad que le encuentren les legisladores que están a cargo. Aspiramos a que esto no sea una cuestión de oficialismo u oposición, porque la realidad es que la situación llegó a una crisis profunda: nadie cree en el sistema judicial, se ha afectado tanto la institucionalidad y se han facilitado todas estas crisis económicas, con el enorme perjuicio que esto trae a nuestra población y especialmente para los más vulnerables”.
Además, la abogada consideró: “Independientemente de la identificación político partidaria que cada legislador tiene, deberían estar muy preocupados en darle tratamiento, porque solo de esta manera podemos recuperar la confiabilidad de la población en nuestro sistema. Hay que tener cuidado porque si lo que pasa a imperar es la ‘ley de la selva’ ya sabemos lo que ocurre y quiénes triunfan”.
Por otra parte la presidenta de la AAJ señaló: “Hay que observar cuáles son las consecuencias de los fallos y a quiénes benefician. Se ve que en algunos casos se beneficia a sectores económicos privilegiados, en otros a un sector político”. La presentación, de 28 páginas, esta encabezada por la Asociación Americana de Juristas, lleva la adhesión de la Asociación Justicia Legítima, la Asamblea Permanente por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el Padre Francisco Paco Olveira, el Instituto Espacio para la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los DDHH, la Liga Argentina por los DDHH, el Llamamiento Argentino Judío, entre muchos otros.
