El faltante de gasoil ya lleva casi dos meses y representa un problema cada vez más sentido en la producción nacional.
Transportistas Autoconvocados Unidos y los sindicatos Sutap y Untra (de transporte por camiones) continuarán con el paro por falta de gasoil y actualización de tarifas. Este martes convocan a concentrar en el Obelisco.
Según el “mapa de abastecimiento de gasoil”, un relevamiento registrado entre el 15 y 25 de junio por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Tierra del Fuego fue la última provincia donde los transportistas pudieron cargar combustible con normalidad, mientras que en las otras 23 provincias tuvieron inconvenientes.
El registro es llevado a cabo a partir de encuestas realizadas a los distintos conductores afiliados a las 4.500 pymes que integran las 44 cámaras de transporte nucleadas a Fadeeac. “Sin combustible nuestra actividad es inviable”, explicó el presidente de Fadeeac, Roberto Guarneri, y pidió al gobierno convocar a una mesa de trabajo para tratar la problemática.
La clave del faltante no es la disminución de las cantidades importadas por el país, si no el incremento en la demanda de las fábricas. Esto sucede debido al récord de exportaciones que se atribuye a la falta de suministros en el mundo que ocasiona el conflicto bélica en Ucrania. La guerra significó y significa una merma en los niveles de producción del maíz y la energía.
Si bien el problema es abordado desde hace más de un mes por el gobierno, y se instruyó a la estatal YPF para que incremente las importaciones. Además, se negoció con los privados del sector para que sigan los pasos de la estatal.
En este sentido, desde la empresa que recientemente festejó sus 100 años de historia, aseguraron que “en los próximos 45 días, YPF importará 10 barcos con un total de casi 500.000 metros cúbicos de gasoil. Según el cronograma tentativo, esta semana arriban 2 barcos, 5 en julio y 3 en agosto”, por lo que parece ser que el duro escenario requiere algo de paciencia.
Por otro lado, y pese a haberlo premeditado con sumo cuidado, el Gobierno Nacional implementó la decisión de incrementar el corte del biodiesel en el gasoil, para apaciguar el faltante ya que los paros complican el panorama para el traslado de mercadería.
Bajo el lema “La deuda es con los pueblos y con la naturaleza”, distintas organizaciones concentrarán en el Obelisco porteño contra el G7.
Movimientos populares, sociales, ambientales y sindicales se movilizaron al Obelisco porteño desde las 12 horas de este martes, para manifestarse en contra de la cumbre del G7. Lo hacen bajo el argumento de que los países que la conforman son los principales causantes de los problemas económicos de los países en desarrollo y ecológicos mundiales.
Bajo el lema “La deuda es con los pueblos y con la naturaleza“, explicaron que el objetivo es “responsabilizar a los países centrales por la deuda ecológica que tienen con los países en desarrollo y reclamar la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas al Sur Global“.
Las movilizaciones convocantes son: la CTA Autónoma, Sobernaxs, Corriente Nacional Martín Fierro, Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Unidad Popular, Pymes para el Desarrollo Nacional, Internacional Progresista (IP Argentina), Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) y Proyecto Sur.
Entre los nombres propios más importantes del movimiento se encuentra el sociólogo ambientalista, coordinador en América Latina de la Internacional Progresista e Integrante de DeudaxClima, Juan Pablo Olsson, quien explicó que “la agenda del G7, de los países poderosos, del Banco Mundial y del Club de París es someter a nuestros países a procesos de endeudamiento prácticamente incumplibles, y así profundizar el modelo extractivista, y depredador de nuestros recursos en América Latina“.
“Argentina es un caso ejemplar de cómo el FMI impuso un endeudamiento ilegitimo de 44 mil millones de dólares, destinado en su totalidad a la fuga de capitales, por el gobierno de Macri, pero no sólo es en Argentina donde pesa este tipo de deudas ilegitimas, sino en la mayoría de los países del sur global, por eso pretendemos que el G7 reconozca la deuda ecológica que el norte global tiene con nuestros países” prosiguió.
Además, en torno al calentamiento global, Olsson aseguró que “es un problema estructural de la humanidad, que plantea la necesidad de generar un cambio en el modo de producción y de consumo, y los países del Sur Global sólo podrán adaptarse a esos escenarios complejos si se liberan de sus deudas financieras ilegítimas“.
Esta movilización además es parte de una agenda ecologista llevada a cabo en más de 30 países alrededor del mundo. El ejemplo más ilustrativo de ello es la concentración realizada hace dos días en la sede de la reunión (Munich, Alemania), donde se reunieron unas 4 mil personas aproximadamente.
“Crisis climática, extinción de especies, desigualdad: los países del G7 son responsables de que la crisis social y ecológica mundial esté llegando a un punto cada vez más dramático. Pongan fin a esto. Hay otra forma de hacer Justicia“, explicaron los organizadores de la movilización.
La crisis climática, que envuelve desde los países más ricos hasta los más pobres, se presenta como una problemática que balancea el poder y las oportunidades del mundo, ya que es una crisis que afecta a todos por igual. Quienes más explotaron recursos en pos de su desarrollo, hoy son los primeros culpables del deterioro del planeta, los principales señalados, y quienes deben hacerse cargo del problema replanteándose sus métodos y ejecuciones.
El ministro de salud bonaerense, polemizó sobre el proyecto impulsado por legisladores porteños que busca cobrar por servicios de salud y educación a la gente que no tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó el proyecto presentado por legisladores porteñes de Republicanos Unidos que busca que se les cobre por los servicios de salud y educación a las personas que no residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En este sentido afirmó que “además de no pensar en la integración y la solidaridad que debe tener el sistema tampoco se piensa en la economía de las y los habitantes de CABA“.
El proyecto fue firmado por les legisladores de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán y Marina Kienast. La iniciativa plantea que “los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud, o al órgano que este designe, cuando una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción de la Ciudad sea atendido en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico, y el costo que conlleva según el nomenclador de prestaciones“.
Cabe destacar que el proyecto, llamado “Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional”, ya ingresó en la Legislatura y propone la creación de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional, para que actúe entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y que abarque al sistemas de salud y de educación públicos.
De esta manera, según señala el documento, serían “las administraciones de las provincias las que afrontarán dichos costos“. Al respecto, en su cuenta de Twitter, Roberto García Moritán aseguró que “cada provincia tiene un presupuesto destinado a la educación y la salud de sus habitantes. La Ciudad no puede seguir costeando la incapacidad de gobernadores como Axel Kicillof”.
Al respecto Kreplak señaló que “son miles las personas que a diario consumen y producen riqueza para la ciudad, pero duermen en la provincia de Buenos Aires, es algo sin sentido“. Además el titular de la cartera sanitaria provincial remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires “tienen el sistema más grande del país con hospitales especializados de referencia porque fue pensado para toda la nación“, y que a pesar de ello “lejos de entender cómo funciona, de trabajar por la integración y con lógica solidaria legisladores libertarios proponen cobrar por un derecho universal“.
Asimismo, la senadora bonaerense del Frente de Todos, Teresa García, puso en tela de juicio el proyecto y recordó el tratamiento de los residuos que hace CABA. “Sigo sin poder creer que esta gente diga eso. Se me ocurre entonces que la PBA, deje de recibir la basura en el Ceamse que nos mandan Horacio Rodríguez Larreta y CABA, por la cual pagan monedas”, escribió en Twitter. Y ante el poste de García Moritán, Garcia señaló: “¿Este hombre, está en su sano juicio? Vivimos en un país federal”.
El Directorio del Banco Central confirmó las modificaciones en las normas que rigen en el mercado de cambios y tendrán por objetivo poner fin al “festival de importaciones” que impide al organismo monetario sumar reservas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció instrumentos de control para las importaciones y poder cuidar los dólares que tiene el país. De esta manera el Directorio del organismo monetario, dispuso nuevas regulaciones y confirmó las modificaciones en las normas que rigen en el mercado de cambios. Tendrán por objetivo poner fin al “festival de importaciones” que impide al ente sumar reservas.
Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que el país tiene “una situación de necesidad de acumular más reservas, desarrollar el mercado de deuda pública en pesos y consolidar la política macroeconómica”. Además, el funcionario resaltó: “Buscamos una priorización del uso de las divisas. Hoy el Banco Central lo que está haciendo es adaptando ciertos aspectos de la política de administración del comercio exterior”.
De esta manera, el Gobierno definió priorizar el uso de las divisas para fortalecer la capacidad de acumulación de las reservas, sin embargo, aclaran que las pymes se verán beneficiadas con las nuevas medidas. En este sentido, Guzmán señaló que “el Banco Central está adaptando elementos del comercio exterior. Se flexibiliza la normativa para acceso inmediato a divisas para las pymes. Hay más divisas inmediatas para las pymes”.
El comunicado del BCRA resalta las siguientes medidas para importaciones: Las medidas extienden el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios y tendrán vigencia por un trimestre, para dar tiempo a la normalización del comercio exterior; las pequeñas y medianas empresas quedan exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta un millón de dólares.
El documento resalta otras disposiciones como: el nuevo esquema de pagos, las SIMI A mantendrán el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%. Las SIMI B correspondientes a las Licencias No Automáticas podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza. También se dispuso -en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo- ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.
En cuanto a las importaciones de servicios, el informe resalta que se equiparán en el tratamiento a la de bienes, permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días. Con respecto a las importaciones de bienes de capital, se estableció una regla que permite pagar 80% en puerto de origen y 20% con la nacionalización.
Además, el organismo monetario resaltó que facilitará la prefinanciación de exportaciones lo cual acelerará el ingreso de divisas especialmente del complejo cerealero, pasando la obligación de liquidar las divisas que se ingresen de 5 a 15 días, y la financiación a largo plazo para precancelar deudas locales en moneda extranjera.
Asimismo, el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, explicó el alcance de las medidas: “La decisión del Banco Central es evitar atacar este problema desde la reducción de la demanda o un salto devaluatorio. Por eso se incrementó el financiamiento de importaciones. Esto nos puede ayudar a superar esta dificultad que nos trae, especialmente en los meses de invierno, la importación de energía”.
Respecto al trabajo conjunto que llevan adelante con el Ministerio de Producción, Pesce señaló: “Estamos ampliando el listado de los bienes de producción local y los bienes suntuarios que tienen que financiarse por su totalidad a 180 o 365 días. Con este financiamiento esperamos reducir el impacto de las importaciones en los próximos meses y esperamos acumular reservas. Cuando baje el consumo de importaciones de energía, vamos a volver atrás con esta medida”. De esta manera esperan que “esto tenga un impacto en el orden de los mil millones de dólares. Eso nos permitiría mejorar la balanza cambiaria y aumentar la posibilidad de acumular reservas”, puntualizó.
El Presidente argentino se mostró inquebrantable ante la posibilidad de mejoras en las relaciones bilaterales sin poner sobre la mesa la soberanía de las islas.
Este lunes y en el marco de la reunión por el G7, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mantuvo un encuentro con el primer ministro británico, Boris Johnson, en el cual remarcó la necesidad de negociar la soberanía de las Islas Malvinas.
A pesar de que ambos mandatarios dialogaron sobre la posibilidad de establecer una economía bilateral entre ambos países, el Presidente fue claro con Johnson: sin reorganización soberana en Malvinas no se hará ningún acuerdo político de otra índole con el Reino Unido.
La cita oficial del G7 (a la que Fernández fue invitado personalmente por el primer ministro alemán, Olaf Scholz), comenzó este sábado en Munich, Alemania; mientras que la reunión alterna celebrada este lunes entre Fernandez y Johnson fue solicitada por el Reino Unido.
“Johnson me agradeció la participación en el G7 y escuchó las particularidades de la posición argentina sobre Ucrania. Pero en un momento le dije: ‘Quiero ser honesto con usted, es difícil que nos podamos sentar a hablar de otros temas sin sentarnos a hablar de Malvinas”, relató el mandatario argentino sobre lo tratado en el encuentro.
El encuentro comenzó con el debate sobre la situación bélica en Ucrania entre la OTAN y Rusia. En este sentido, los máximos dirigentes encontraron posiciones opuestas: Fernández sostuvo que es necesario encontrar la paz mediante las negociaciones, en tanto Johnson visibilizó su enfático apoyo a Ucrania, dentro del cual, según explicó, desea que se prepare de la mejor manera posible en términos militares para ganar la guerra.
“Apoyar la marioneta que en realidad estoy usando” sería lo que habría expuesto Johnson, ya que, como se mencionó anteriormente, el conflicto es en Ucrania, pero no únicamente entre Ucrania y Rusia.
La delicada situación diplomática que tensó durante 8 años la paz entre Ucrania y Rusia fue fogueada por los pesos pesados de la OTAN, entre los que se encuentra Reino Unido. Luego del estallido de la guerra, la organización occidental apoyó la defensa (y el ataque) del país comandado por Volodomir Zelensy, con el objetivo de avivar la guerra.
A pesar de que la ayuda no termina de ser la correspondiente a la altura de un rival como Rusia, desde el plano verbal, occidente apoya fehacientemente el desarrollo del conflicto armado con el objetivo de ganar terreno en la dualidad política e ideológica mundial, por lo que la declaración de Johnson es totalmente lógica.
Luego del debate sobre el conflicto, el primer ministro británico insinuó sobre los productos de producción primaria que Argentina podría negociar con el Reino Unido, a lo que Fernández respondió positivamente sobre la posibilidad de proveerlos, pero con el requisito inamovible de re discutir la soberanía por las Islas Malvinas antes de realizar cualquier otro negocio.
Sobre este punto, Johnson se escudo en la decisión de los habitantes de las islas de elegir pertenecer a la corona británica, como si fuese la única cuestión de fondo o si no existieran otros términos a negociar.
“El Primer Ministro se mostró firme en que su soberanía no está en entredicho. El Primer Ministro enfatizó que los habitantes de las Islas Malvinas, como todas las personas, tienen derecho a la libre determinación“, explicó a través de un comunicado oficial el gobierno del Reino Unido.
Bajo la consigna “Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidos”, las organizaciones travestis trans marchan al Congreso con una serie de reclamos y urgencias. Entre las demandas están la aparición con vida de Tehuel y la aplicación del cupo laboral trans.
Después de dos años de ausencia por la pandemia y bajo la consigna “Basta de Travesticidios, Transfemicidios y Transhomicidos”, las organizaciones travestis trans concentran a las 17 en Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso con una serie de reclamos y urgencias. Varias serán los ejes y demandas, entre ellas la aparición con vida de Tehuel, la aplicación del cupo laboral trans, el pedido de la incorporación de la figura del “travesticidio, transfemicidio y transhomicidio” al Código Penal y la capacitación del personal de salud en las especificidades de esta población.
Según los observatorios Mumalá y Adriana Zambrano, fueron entre 318 y 335 travesticidios durante 2021, de los cuales al menos 69 muertes eran evitables, y hasta mayo de 2022 se contabilizaron cinco transtravesticidios. En los últimos meses también se detectaron situaciones de violencia en bares LGBT e instituciones trans que fueron vandalizadas. Según el Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante el 2020 se produjeron 152 delitos motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género, de los cuales 127 (el 83%) tuvieron por víctimas a mujeres trans.
Asimismo, la esperanza de vida de la comunidad travesti-trans ronda los 40 años, mientras que el promedio de la población argentina según el INDEC es de 80. Históricamente la exclusión estructural de las personas trans, ha sucedido en los hogares y en las escuelas, en las infancia y adolescencias. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral junto a la Ley de Identidad de Género, deberían garantizar la finalización de las trayectorias educativas por igual, los procesos de transformación social en este sentido son lentos y difíciles.
De todas maneras, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) establece que existe una invisibilidad institucional que enmarca a los transfemicidios y travesticidios, y se traduce en la falta de registros. En este sentido se afirma que la información sobre las estadísticas debe tomarse con cautela ya que puede presentar un alto nivel subregistro del total de víctimas asesinadas por motivos de género.
Con respecto a los discursos y los crímenes de odio por motivos de género son frecuentes en nuestro país. En el año 2018, el juicio por el travesticidio de la activista travesti y defensora de los derechos humanos, Diana Sacayán, fue el primero en reconocer que se trató de un crimen de odio, mediado por la violencia de género.
En las últimas semanas, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones educativas y en un nuevo ataque institucional a la población LGBT, principalmente a travestis, trans y no binaries.
Cabe destacar que a 10 años de sancionada la Ley de Identidad de Género, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, en mayo de este año, elaboró un estudio focalizado en sentencias de crímenes contra mujeres trans y travestis en Argentina. El estudio Trans Femicidios, travesticidios y crímenes por prejuicio en Argentina (2016-2021) establece recomendaciones con perspectiva de género para la investigación de los crímenes y analiza las sentencias citadas.
Asimismo, la fundadora de la asociación civil Rosa Naranja, Marcela Tobaldi, afirmó con respecto a la ley, que “se militó y la pusimos en práctica a partir del 2012 y, no pudimos garantizar con mucha rapidez los derechos de las personas travestis y trans. Las personas cis heterosexuales tienen miedo a perder sus privilegios y están al acecho”.
Además, Tobaldi agregó: “El sistema, al haber sido tan binario durante tantos años, reproduce ese binarismo. No hay lugar para otras identidades y está costando mucho poder integrarse al Estado. A partir de nuestra Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans que fue la última conquista que tuvimos, hay mucha resistencia. Y en esta séptima convocatoria de la Marcha Nacional contra los travesticidios nos siguen matando, basta de muertes es nuestra consigna principal”.
Es importante recordar que en agosto de 2012 se realizó la primera manifestación de travesti trans sobrevivientes y será algo que esté presente en la marcha, ya que se demandará una reparación histórica por la violencia institucional que sufrieron durante toda su vida. En este sentido Tobaldi resaltó: “Ser sobrevivientes significa mucho. Ser sobreviviente implica seguir construyendo, seguir imponiendo nuestras miradas, nuestras voces y no siempre es fácil. Pero tenemos algunas legisladoras que sí les interesan nuestras luchas y es muy importante que se nos escuche y seguir construyendo”.
Respecto al derecho a la salud integral incluido en la Ley de Identidad de Género, le activista trans y referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Say Sacayán, remarcó que la atención no se puede reducir a “hormonas y adecuaciones corporales, sino que deben contemplarse aspectos del devenir y el proyecto de vida de una persona trans“.
En este sentido Sacayán resaltó que se podría abordar “por ejemplo los trastornos de salud generados por la silicona líquida, la posibilidad de suspender los tratamientos hormonales para preservar óvulos o espermatozoides con fines reproductivos, o el cuidado de la salud adolescente, entre otros“. Y agregó: “Necesitamos que haya una especialidad en salud trans donde se puedan abordar estos temas, y de cuyo diseño seamos parte las organizaciones que venimos trabajando estas cuestiones“.
El presidente derechista Luis Lacalle Pou es fiel representante del accionar político de la década del 90. Por más que se muestre moderno, avanzado, de buenos modales; no es más que la continuación del linaje político que dejó trunco su padre, Luis Lacalle Herrera, en su período de gobierno (1990-1995).
Luego de entregar el puerto por 60 años a una multinacional belga, de iniciar un proceso de privatización del agua, de conceder permisos a megaproyectos inmobiliarios para grandes capitales y subir los combustibles de manera frecuente; Lacalle y su gobierno le quitaron el monopolio de internet a la estatal Antel.
Pero no es sólo eso. El gobierno de Lacalle va dejando a su paso una alarmante entrega de soberanía: el agua, el petróleo, la tierra y la costanera están en subasta y no siempre al mejor postor. Un país en venta.
Ya dio el visto bueno al proyecto de la construcción de una isla artificial privada a pocos metros de la rambla costanera montevideana. También un consorcio de cuatro empresas pretende extraer y purificar agua, y privatizarla. Lacalle también firmó la adjudicación de la licencia por 40 años sin cánones y con limitada participación de la estatal Ancap en la futura explotación de petróleo, a la empresa Challenger Energy.
Una joya más y van…
Ahora, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet). Se trata de una opción que, hasta ahora, solo tenía Antel, que había invertido para llevar la fibra a todo el país, por lo que implica la ruptura del monopolio estatal para que lucren empresas privadas de sus amigos y benefactores.
Las empresas beneficiadas fueron Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Estas dos últimas son prestadoras de servicio en las ciudades de Colonia y Pando.
Las empresas de cable venían pidiendo prestar el servicio de internet desde el primer gobierno del centroizquierdista Frente Amplio (2005-2010). En 2014 se promulgó la Ley de Medios: en su artículo 56 prohíbe de manera expresa ofrecer el servicio. Tras esto, varias firmas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional la normativa.
Lo curioso de esto es que las empresas reclamantes son las únicas beneficiadas por la sentencia de la SCJ. Eso deja otra muestra más, que incluso dentro de los capitalistas, la competencia es feroz. Las pequeñas empresas de cableoperadores quedaron afuera de la jugada.
El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, dijo al diario oficialista El País que la noticia de que estas empresas quedaran habilitadas les generó, por un lado, “una alegría bárbara”. Pero, por el otro, una “desazón, porque la enorme mayoría de las compañías del interior” siguen a la espera “sin tener en claro cómo sigue el panorama”.
El País, al otro día de la resolución, salió expreso a defender al oficialismo. Otra curiosidad con escozor incluido, es la frase que eligió para brindar soluciones para su gobierno: “debe desaparecer el artículo 56 de la Ley de Medios”. ¿Justo ese verbo en un país que reclama permanentemente por los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985?
En caso de no derogarse el famoso artículo 56, el gobierno tiene dos alternativas. Una de las opciones es la “derogación total” de la Ley de Medio, lo que podría hacerse en la próxima Rendición de Cuentas. La otra opción es aprobar una ley que modifique solo el artículo 56.
¿Negocio para quién?
Antel negocia con los canales privados 4, 10 y 12 para poder transmitir sus señales en su señal de streaming Vera TV. Es decir, Antel va a pagarle a los canales privados para que ellos engrosen la lista de contenidos en la plataforma de la propia Antel, un verdadero sinsentido.
El investigador y consultor Gustavo Gómez informó que Antel pagaría nueve millones de dólares en tres años a los canales 4, 10 y 12. El costo es de un millón de dólares por año por cada señal, aunque después del primer año Antel puede rescindir los contratos. El Estado financia los negocios de las empresas privadas de comunicación hegemónicas.
Libertad y Mercado
Libertad y mercado son dos palabras que vienen sonando como tema de moda en emisoras de radio. Alto rodaje y repetición sin sentido. Eso es lo que aducen desde el oficialismo: libertad de los usuarios de optar por distintas empresas. Antel compitiendo en el mercado, según los tecnócratas oficialistas, la fortalecerá.
El director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo que la medida “no va a afectar a Antel de ninguna manera”. En tanto, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, defendió la postura del gobierno y afirmó que “había una demanda por parte de los cableoperadores de poder brindar también servicios de transmisión de datos e internet”.
La Intendenta de Montevideo y ex presidenta de Antel, la frenteamplista Carolina Cosse, dijo sobre habilitación a cables para ofrecer internet: “Es una medida antipatriótica. Estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel. La empresa ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”
Añadió que “Antel es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajados del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones”.
Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto lo que hace es “privatizar el internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal. “La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica”.
Recordó que Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (de 410 millones de dólares) dependen del internet fijo. “Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, cuestionó el jerarca en Twitter.
Se adelantó la navidad
Cualquier lector semiatento puede advertir que este negocio sólo beneficia a los canales privados. No por desidia ni torpeza del oficialismo, sino por una devolución de favores por la anterior campaña electoral y por la siguiente de 2024. Todo bajo una pátina de modernidad y progreso.
Los neoliberales tienen esa dualidad: por un lado hablan de futuro, modernidad, progreso, avance. Por el otro, no paran de reproducir políticas y prácticas dignas de tres décadas atrás, en el mejor de los casos. Ghettos de ricos como feudos de la edad media, solo que ahora se llaman “countries” o “barrios privados”.
El neoliberal promete futuro y prosperidad pero con sus políticas genera todo lo contrario. Con el discurso de achicar el Estado a su expresión mínima; llevarlo solamente a funciones de gendarmería y justicia; proteger sus bienes y propiedades para que luego todo lo (des)regule el mercado. Su sueño húmedo.
De allí que miles de millones queden entrampados en la selva del sálvese quien pueda, mientras la desigualdad galopa en zona liberada. Las generaciones que vienen pelearán contra megaempresarios con tentáculos en todo el mundo por recursos naturales que tendrían que ser derechos humanos consagrados.
A esa realidad se llegará por los laderos locales del capital. En este caso y en este gobierno, por Luis Lacalle, heredero de la dinastía Lacalle-Herrera, la de la estancia, el campo y las grandes exportaciones en la historia del Uruguay. Y la represión, la corrupción, la venta de lo público, las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos (perdón por la tautología).
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El organismo detalló que les trabajadores figuran con sueldos inferiores a los reales y que el 70% están sin registrar. Se impuso multas a los empleadores.
La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que detectó irregularidades laborales entre el personal gastronómico de locales del barrio de Palermo. El organismo indicó que “como resultado de los controles realizados se desarticularon irregularidades laborales, se promovió la formalización y se impusieron multas a los empleadores“.
El área encabezada por Carlos Castagneto detectó “irregularidades en más del 70% de los 250 trabajadores y trabajadoras relevados como parte de los procedimientos realizados. Falta de registración y subdeclaración de ingresos fueron las maniobras más reiteradas en los locales gastronómicos inspeccionados por el organismo como parte de sus tareas permanentes de fiscalización y control“.
Durante los controles realizados el fin de semana en Palermo fue posible subsanar las irregularidades e incumplimientos detectados en el 80% del personal relevado. Los procedimientos se desarrollaron con el objetivo de verificar el correcto pago de las obligaciones ante la seguridad social así como el cumplimiento de los derechos laborales de les trabajadores.
Desde la AFIP se señaló que “los controles realizados sobre nueve locales pertenecientes a una reconocida cadena gastronómica permitieron detectar irregularidades en el 70% del personal contratado por la firma. Sobre un universo de 181 empleados, 36 de ellos se encontraban sin ningún tipo de registro ni cobertura social alguna, en tanto el resto manifestó cobrar salarios superiores a los informados por los empleadores“.
En este sentido el organismo destacó que “los controles impulsados por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales“.
Otra de las acciones estratégicas impulsadas por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP para combatir el trabajo informal, fue complementar las fiscalizaciones presenciales que se realizan sobre los sectores de elevada informalidad como el gastronómico con inducciones directas a empleadores y procesos automatizados de determinación de deuda.
Cabe destacar que los instrumentos de investigación y control se complementan, a su vez, con los avances registrados en la implementación del Libro de Sueldos Digital, que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite, favoreciendo la “despapelización”,reduciendo costos y simplificando el cumplimiento.
Entre los factores que impulsan el aumento del costo de vida destacan la corrección del tipo de cambio mayorista, la actualización de tarifas y el incremento en los costos de transporte. Estiman que el rubro le aportaría 1,4 puntos al IPC general.
Los precios de alimentos acumulan una suba cercana al 5% en lo que va de junio, factor que le suma presión a una inflación general que puede llegar a ubicarse en niveles similares a los de mayo. Así se desprende de distintos relevamientos privados, ya que se estima que este rubro aportaría alrededor de 1,4 puntos al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) este mes.
De acuerdo al informe que realizó la consultora LCG, durante la tercera semana de junio el relevamiento de precios de los alimentos marcó un aumento del 1,5%, acelerándose 0,9 puntos porcentuales (p.p) con respecto a la semana previa, “acumulando así ocho semanas consecutivas con incrementos semanales por encima del 0,5%”. De esta manera, en las primeras tres semanas del mes, el indicador presentó un incremento de 4,9%, señaló la consultora.
Asimismo, desde la firma destacaron que “carnes y panificados fueron las categorías que más aportaron al aumento total con 0,6 p.p. y 0,3 p.p., respectivamente (2,1% semanal y 1,9%, respectivamente)”, y subrayaron que “el porcentaje de productos con aumentos se mantuvo sin muchas variaciones, alrededor del 15% de la canasta (18% promedio en las últimas cuatro semanas). Además, la inflación mensual promedio se aceleró por tercera semana consecutiva, ubicándose en el 5,3% (5,8% medido de punta contra punta)”.
Desde la consultora también explicaron que de mantenerse este nivel de incrementos en los últimos días del mes, los alimentos aportarían 1,4 puntos a la inflación general de junio. De esta manera el IPC registraría en junio una suba que (se estima) superará nuevamente el cinco por ciento, por lo que la inflación general del primer semestre se ubicaría por encima del 35%.
Otras consultoras realizaron relevamientos que arrojaron cifras similares. Por ejemplo, el informe del IPC GBA que elabora Ecolatina destaca que en la primera quincena del mes los alimentos y bebidas treparon 5,3% con respecto al mismo período de mayo, “manteniéndose por encima del 5% desde marzo”. También resalta que “al interior, las agrupaciones que evolucionaron por encima del capítulo fueron principalmente verduras y alimentos para consumir fuera del hogar, mientras que a diferencia las frutas exhibieron una caída (-2%)”.
Por otro lado, desde EcoGo estimaron que los alimentos consumidos dentro del hogar podrían alcanzar una suba del 4,7% mensual en junio. Esta proyección fue realizada por la firma luego de que se observara una desaceleración en el aumento de la canasta en la tercera semana del mes.
Luego del shock provocado por el conflicto en Ucrania en los precios de los alimentos, destacan otros motivos que explican los incrementos en el sector. Al respecto el director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, señaló a Ámbito: “Son varios los factores que impulsan el precio de los alimentos” y detalló que “el tipo de cambio mayorista se está comenzando a corregir en forma más acelerada de lo que venía siendo en mayo. En junio también hubo corrección de tarifas, que impactan sobre las industrias y el comercio. Y, sin dudas, las complicaciones en el transporte están generando que muchos insumos y materias primas de la producción industrial de alimentos, estén impactando en precios”.
Otro factor que podría tener incidencia en los aumentos de los alimentos es la actualización del programa Precios Cuidados, ya que a principios de junio, la lista de 1.300 productos sufrió un incremento promedio del 2,2%. En este sentido, Di Pace señaló que “la corrección de Precios Cuidados impacta, pero en una proporción más limitada, sobre todo, en las grandes cadenas de comercialización”. “Pero los otros tres factores tienen más incidencia”, puntualizó.
Cabe destacar que a la suba de los alimentos se le suman también en junio distintos incrementos en bienes y servicios regulados como las tarifas de energía, prepagas, colegios en la provincia de Buenos Aires y gasoil.
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