Fin de la doble indemnización

Fin de la doble indemnización

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La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos.

El Gobierno Nacional oficializó el fin del decreto que obligaba la doble indemnización laboral en el marco de la “emergencia laboral”. El DNU fue establecido a fines de 2019 y prolongado ante la aparición de la crisis sanitaria del covdi-19.

La estrategia fue empleada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante sus primeros días de gobierno, a través de un Decreto Nacional de Urgencia y utilizada posteriormente como parte de un paquete de medidas que tenía como objetivo mantener el empleo durante la crisis sanitaria que comenzó a los 3 meses de gestión.

La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos, la cual comenzó en diciembre de 2021, con la reducción del 25% del pago doble y finaliza al cabo del mes de junio.

El anuncio fue hecho este jueves por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, donde explicó que “la doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”.

La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, argumentó Cerruti.

La normativa preparada para finalizar progresivamente la doble indemnización, establecía un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que ascienda a un cuarto de la indemnización debida”.

El ministro de trabajo, Claudio Moroni, explicó que desde el gobierno no ven la necesidad de seguir con la medida, ya que el empleo y el crecimiento económico crecen mes a mes, por lo que, una medida de urgencia no es necesaria en un contexto de “reflote económico acentuado”.

Por otro lado, el abogado laboralista, Hector Recalde, expresó a través de su cuenta de twitter que el decreto debía seguir, ya que “los motivos que dieron origen al decreto no cesaron en muchos sectores, y por el contrario, aumentaron”.

El pedido de Recalde aplica a una lectura sobre la realidad laboral que, por fuera de los números que indican el crecimiento de la industria privada, demuestra desde otro ángulo que aún no existe un dinamismo suficiente en ofertas laborales.

Sumado a esto, no hay que dejar de lado que el poder adquisitivo de un trabajador promedio en el contexto actual, no solo no siempre alcanza para cubrir las necesidades básicas mensuales, sino que además puede significar un relevo distinto en la producción de trabajo, ya que muchos asalariados dependen de 2 o hasta 3 trabajos para poder cubrir sus necesidades.

El gobierno reestructuró su deuda con Santa Fe

El gobierno reestructuró su deuda con Santa Fe

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El anuncio de reestructuración de una deuda de alrededor de 130 mil millones de pesos fue a través de una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció junto al gobernador Omar Perotti, un acuerdo y el esquema de desembolsos para el pago de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe. De esta manera quedó oficializada la reestructuración de una deuda de alrededor de 130 mil millones de pesos.

Con este convenio se acuerda un esquema de desembolsos del pago de la deuda nacional con la provincia de Santa Fe de 132 mil millones de pesos y la regularización con AFIP, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en el fortalecimiento del servicio de recaudación”, explicó el Guzmán. Además señaló que “este era un compromiso del Presidente de la Nación para continuar la recuperación productiva que en Santa Fe es fuerte desde el empleo”. 

Por su parte, El gobernador Perotti se mostró aliviado luego de lo que calificó como una lucha prolongada. “Para nosotros es la instancia final de un proceso que la tuvo a la provincia en un reclamo de largo tiempo ante la Nación y llevando la instancia, después del reclamo administrativo que iniciara el exgobernaor Obeid, la presentación ante la Corte Suprema que hiciera el exgobernador Binner, y Santa Fe a lo largo del tiempo mantuvo la vocación intacta de alcanzar un acuerdo detrás de lo que, entendía, era un legítimo reclamo”, explicó la autoridad santafecina.

Fueron varios meses de trabajo con los equipos de la provincia y el Ministerio, estableciendo la forma en que debían actualizarse los montos, que se han actualizado al día de hoy y llegan a los 151.800 millones de pesos, que serán cancelados a través de bonos actualizables“, resaltó Perotti.

La deuda se originó en 2006 debido a la detracción de fondos coparticipantes que se usaron para financiar ANSES y AFIP. En aquel momento, el gobierno emitió bonos de 26.000 millones de pesos para lo que en aquel entonces era una deuda de 5.000 millones.

El acuerdo sobre los plazos de pagos quedó pendiente luego de que la Corte Suprema fallara a favor de Santa Fe luego de que esta demandara a la Nación. El dictamen quedó establecido en diciembre con tasas pasivas de 6,72%, número que debe ser afrontado a través del Banco Nación.

Es un buen resultado para una situación que debía ser regularizada y era también un compromiso del presidente de la Nación para seguir dando pasos en la recuperación productiva”, concluyó Guzmán.

Más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria

Más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria

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El primer informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” en la provincia de Buenos Aires, indica que el 66,5% de las mujeres encuestadas no reciben obligaciones alimentarias o lo hacen eventualmente.

Por primera vez, una investigación en la que fueron encuestadas más de seis mil mujeres de los 135 municipios y medio centenar de informantes claves, reflejó la dificultad que enfrentan las mujeres para recibir la cuota alimentaria por hijes en común que deben pagar sus exparejas. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, presentó los resultados del mapeo junto con un paquete de 35 recomendaciones para enfrentar el problema, y destacó que afecta “de forma desproporcionada a las mujeres”. 

El informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” indica que el 66,5% de las mujeres separadas encuestadas se encuentran en esa situación, es decir, casi siete de cada 10 no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. La fotografía bonaerense es una muestra de las complicaciones que afrontan las mujeres en todo el país y que tiene como consecuencia directa la feminización e infantilización de la pobreza. También se resalta que la situación se agravó durante la pandemia y constituye una forma de violencia económica de género. 

Además, el relevamiento muestra que el 51,2% de las entrevistadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijes. Dentro del 41.2% que reciben el dinero, un 24,9% mencionó que es de manera regular y un 15,3% irregular. Solo el 7,9% dijo que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.

De esta manera solo un 10% de las mujeres percibe un aporte suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de sus hijes. El 90% restante recurre a diferentes estrategias para llegar a fin de mes, como aumentar las horas de trabajo o, incluso, endeudarse. Al respecto, el informe sostiene: “Implica un costo alto para sus condiciones de vida y las del hogar. Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado”.

De ese total, el 44% depende de dinero prestado, de familiares, bancos o financieras. Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria las convierte de acreedoras a deudoras y refuerza la desigualdad de género. Pero esta no es una situación específica de la provincia bonaerense, es una realidad que enfrentan las mujeres en todo el país y es algo que impacta en la calidad de vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, la directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, explicó que la concreción del cobro del derecho alimentario es un problema central que “muchas veces no llega a resolverse ni siquiera a través de la justicia porque la burla a la ley y la ocultación del patrimonio y los ingresos por parte de algunos progenitores es muy hábil”.

Gherardi remarcó que “el Poder Judicial debe garantizar la materialización de este derecho porque cuando no hay una responsabilidad del pago alimentario por parte de un progenitor, hay una sobrecarga sobre la otra persona”. A esto agregó que “también está el desempleo, el subempleo y la informalidad que, sumado a la responsabilidad prioritaria del cuidado que asumen muchas mujeres respecto de sus hijes sin el apoyo alimentario del otro progenitor, explica claramente el nivel de feminización de la pobreza y de pobreza en la infancia”.

Por otra parte, el acceso a la justicia también presenta un impedimento, ya que el informe indica que el 65% de las encuestadas no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia que trabajen sobre el pago y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales. 

En términos generales, resulta difícil que las mujeres puedan acceder al cumplimiento efectivo de la cuota alimentaria. De esta manera no solo profundiza la brecha de género sino también es una manera de sufrir violencia. Se trata de violencia económica y le da lugar a la continuidad de prácticas de control y subordinación de las mujeres. El informe también indica que de este se desprenden otros tipos de violencia, entre ellas, física, psicológica y sexual.

Inversión récord en Ciencia

Inversión récord en Ciencia

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La inyección económica corresponde al Programa Federal “Equipar Ciencia”, empleado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ejecutó la compra de 167 equipos de mediano y gran porte para ciencia y tecnología. La inversión total fue de 7.800 millones de pesos y fue la más alta en la historia argentina hasta el momento.

El hecho fue anunciado este miércoles durante un acto realizado en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y neurociencias (IFIBYNE), por el jefe de Gabinete, Juan Mantzur. En el evento también estuvieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y del Interior, Eduardo de Pedro; y el gobernador de Santa Fe, Omar perotti.

La inyección económica corresponde al Programa Federal “Equipar Ciencia” y será distribuida en las 24 jurisdicciones con el objetivo de equipar a 43 universidades nacionales, 13 organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, y 6 organismos provinciales de ciencia y tecnología.

En medio de las situaciones complejas que estamos viviendo, priorizamos una inversión en equipamiento para nuestros científicos y científicas. Ahí está reflejada la visión de nuestro gobierno y por eso destinamos todo lo que está a nuestro alcance en ciencia y tecnología”, subrayó Manztur.

Por su parte, el ministro Filmus manifestó: “La desproporción exige políticas de Estado que avancen hacia la federalización de la ciencia. Siguiendo el camino que marcó el ex ministro (Roberto) Salvarezza, espero que nuestra gestión sea evaluada por la federalización de la ciencia, la igualdad de posibilidades. Porque es fundamental que los jóvenes se desarrollen en el lugar en el que nacieron, y esperamos seguir trabajando hacia esa dirección”.

Por otro lado, a pesar de no poder asistir al evento, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó la importancia de esta inversión record a través de un video. “El apoyo que hoy estamos dando -puntualizó- es en infraestructura, en instrumentos, en máquinas que van a hacer más fácil la tarea de la investigación. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Argentina en materia de ciencia y tecnología. Y tengo un enorme orgullo de ser quien está al frente de un gobierno que toma esta decisión”, expresó el presidente.

En el cierre del acto expresaron sus sensaciones el ministro De Pedro y el gobernador Perotti. El ministro, por su parte, aseguró que “no hay un modelo de desarrollo productivo si no hay un modelo de ciencia y tecnología apuntando a generar arraigo, empleo y conocimiento”, en tanto el gobernador Perotti destacó que “este nivel de equipamiento que se recibe hoy en nuestras universidades es un reconocimiento para quienes dedican todo su conocimiento y para quienes han puesto la mejor predisposición durante la pandemia”.

Del acto, además, participaron el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Núñez; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; la directora del IFIBYNE, Adali Pecci; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella.

AFIP embargó billeteras virtuales y aumentó 69% el reintegro para compras con débito

AFIP embargó billeteras virtuales y aumentó 69% el reintegro para compras con débito

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La Administración Federal de Ingresos Públicos recuperó más de $800 millones de deudores relevantes. Además, incrementó 69% el reintegro a sectores vulnerados por consumos realizados con tarjeta de débito.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó en el recupero de más de $800 millones de pesos en deudas acumuladas por contribuyentes morosos, a través de embargos sobre billeteras virtuales. Desde febrero, con el objetivo de asegurar el cobro de obligaciones impagas acumuladas, se incorporó a las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales puede solicitarse la traba de embargos. 

Según informó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, a lo largo de los últimos cuatro meses, juzgados de todo el país autorizaron 1.269 embargos sobre activos digitales de personas que acumulaban pasivos impagos. La decisión le permitió al organismo ampliar su capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Magistrados de las provincias de Tucumán, Catamarca, Santa Fe, San Juan, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, CABA, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otros, aprobaron las solicitudes realizadas por funcionarios y funcionarias de la AFIP con el objetivo de recuperar los montos adeudados a través de embargos a activos digitales.

Las retenciones sobre contribuyentes morosos que la Administración Federal requiere a la Justicia se concretan sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros. Asimismo, para determinar sobre qué cuentas solicitar la traba de embargos, el organismo se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

Además, la normativa no establece un orden de prioridad sobre qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. Una vez que el saldo disponible es insuficiente o los contribuyentes no poseen ese tipo de colocaciones se procede a solicitar retenciones sobre otros activos.

Las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. A lo largo de ese período, el organismo puso a disposición de los contribuyentes distintas herramientas que permitieron avanzar en la regularización de pasivos acumulados como consecuencia de la crisis del gobierno anterior, así como resultado de la irrupción de la pandemia.

Mediante el proceso de recuperación económica y con el objetivo de proteger el interés fiscal, el organismo retomó en febrero las ejecuciones fiscales de contribuyentes morosos. Además, la AFIP inició las ejecuciones fiscales a los contribuyentes más riesgosos y con mayores montos de deuda. El proceso que se está realizando en forma gradual sumó la posibilidad de solicitar embargos sobre activos digitales.

Por otra parte, a través de la Resolución General 5221/2022, la AFIP informó que incrementó 69% el reintegro a sectores vulnerados por consumos realizados con tarjeta de débito. El nuevo monto será $2.028 mensuales y estará vigente hasta el 31 de diciembre. El documento resalta que “alcanza a las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión de haber mínimo y titulares de AUH y la Asignación Universal por Embarazo”.

Según informó el organismo, el objetivo es ofrecer “un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de 2 millones de personas”. Además, el beneficio alcanza a las compras realizadas en farmacias, comercios de cercanía, mini, súper e hipermercados, kioscos y almacenes. Asimismo, el valor máximo para titulares de la AUH con 2 o más hijos será de $4.057.

En este sentido, la AFIP destacó que “el reintegro se acredita en forma automática cuando las personas beneficiarias realizan sus compras con tarjeta de débito mientras que también están alcanzadas las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR)”.

Además de fortalecer el consumo, la herramienta tiene por objetivo favorecer el acceso a servicios financieros para contribuir a la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género. “Es importante destacar que, por tratarse de un régimen financiado con una partida presupuestaria asignada a tales efectos por el Ministerio de Economía, no afecta a la coparticipación federal”, concluyó el documento.

El BCRA hizo una compra récord de U$S 583 millones

El BCRA hizo una compra récord de U$S 583 millones

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El Banco Central acumuló en tres días cerca de mil millones de dólares. De esta manera, con la mayor compra en los últimos cinco años el Gobierno logró estabilizar el mercado cambiario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró su participación en el mercado cambiario con compras por U$S 583 millones, el mayor volumen diario desde diciembre de 2016, según fuentes de mercado. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce registró una compra cercana a los mil millones de dólares en tres días, luego de tomar medidas proteccionistas sobre el sistema de pago por importaciones. 

De esta manera en junio se acumuló un saldo positivo de US $400 millones. La última vez que el Central había comprado un volumen de esta magnitud fue el 27 de diciembre de 2016, que alcanzó los U$S 447 millones en una sola jornada en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). La fuerte captación de dólares se dio luego de que entrara en vigencia la nueva normativa para el acceso al mercado de cambios de empresas importadoras.

La normativa del BCRA establece que las importaciones de servicios y de bienes (hasta ahora sujetos a licencias no automáticas) se financien a 180 días, como venía sucediendo con la importación de insumos con licencias automáticas a partir de la categorización de SIMIs en A, B y C.

Sin embargo, la medida contempla la situación de las PyMEs al fijar límites de importación un 15% más altos a los registrados en 2021, siempre y cuando las importaciones hayan sido inferiores a un millón de dólares, lo que representa un incremento respecto del límite del 5% que estaba fijado.

También se amplió el listado de bienes que requieren financiamiento previo para acceder al mercado de cambios, en caso de tratarse de mercancías que compiten con producción nacional, para los cuales el acceso al mercado de cambios podrá darse a los 180 días, o a los 365 días en caso de considerarse bienes suntuarios.

Con respecto a las medidas adoptadas Pesce aseguró que “no establecen restricciones a la importación sino mecanismos de pago” de una forma transitoria hasta el primero de octubre, debido al impacto estacional de la compra de energía del exterior en el período invernal. Además destacó que “siempre que el Banco Central tomó medidas como estas fue de manera exitosa y pudimos recomponer el balance cambiario y las reservas“.

Si bien el período que va entre marzo y julio es el de mayor ingreso de divisas al país por la cosecha del complejo sojero y agroexportador, de momento pudo acumularse alrededor de U$S 1.400 millones pese a que el compromiso de reservas del programa presentado ante el FMI es acumular U$s 5.800 millones a final del año.

El dato toma mayor relevancia si se advierte que, en igual período en 2021, el Central sumó cerca de U$S 6.400 millones. Las claves para entender este fenómeno son la combinación de un menor volumen de exportación agrícola con un aumento en los precios internacionales, sobre todo los de la energía, la reapertura de actividades ligadas al turismo y el pago de deudas financieras de empresas 

Finalmente, el objetivo del BCRA es revertir los resultados en las primeras semanas de julio y aprovechar un probable aumento de las liquidaciones del agro, que se encuentran retrasadas. Además, aunque los valores de exportación del agro alcanzaron valores récord en el primer cuatrimestre (casi U$S 11.100 millones contra U$S 9.755 millones de igual período en 2021), los volúmenes exportados se vieron reducidos al inicio de la cosecha gruesa por conflictos gremiales y problemas logísticos en algunas zonas.

Manzur confirmó que la provisión de gasoil se normalizará progresivamente

Manzur confirmó que la provisión de gasoil se normalizará progresivamente

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El jefe de Gabinete aseguró que el diésel se regularizará como resultado de las acciones tomadas por el Gobierno, como la exención impositiva para la importación del fluido y el inminente arribo de “cinco barcos” regasificadores.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, realizó declaraciones en la Casa Rosada al término de la reunión del gabinete nacional, desarrollada esta mañana en la Casa Rosada, y sostuvo que la provisión de gasoil “se irá normalizando progresivamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina“. Además, indicó que el país “tiene lo que el mundo necesita“.

Sobre la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, Manzur explicó: “Está con una agenda que todos sabemos es muy apretada, trabajando con su equipo y siguiendo las directivas del presidente de la Nación, al igual que otros ministros que por cuestiones de fuerza mayor no pudieron estar con nosotros“. Sin embargo, no impidió que en la reunión se abordaran temas económicos.

Manzur aseveró que el titular de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, “fue muy exhaustivo en su ponencia” al señalar que las medidas recientemente dispuestas por el Banco Central para las importaciones “buscan no detener la producción ni la creación de empleo“. Además, añadió que “hay que seguir privilegiando todo lo que tenga que ver con la producción, seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones y la sustitución de importaciones“.

Con respecto a la provisión de combustibles (fundamentalmente gasoil), el jefe de Gabinete puso de manifiesto que “las cuatro refinerías que hay en la Argentina trabajan al 100% en la producción de gasoil“. Además agregó que hay un gran avance y “una aceptación importante con (la suba del tope de) los cortes (de biodiesel) y pensamos que en la primera quincena de julio vamos a estar en lo que se estipula, en los 12,5%de biodiesel de producción local“.

Cabe destacar que el 16 de junio se dispuso subir el tope de corte de biodiesel del 5% al 7,5% y, de manera transitoria por 60 días, 5% adicional, con lo que se completaría el 12,5% mencionado por el jefe de Gabinete. Al respecto, Manzur indicó que la elevación del corte “representa más de 90 mil metros cúbicos“, en tanto cada uno de los barcos que llegarán al país transporta 50 mil metros cúbicos, por lo que ese aumento es el equivalente a “casi dos barcos más“.

En este sentido, señaló el impacto de la “suspensión temporaria de impuestos a la importación” de gasoil, y que “está en curso para los próximos días el ingreso de cinco barcos más“. Con respecto a las eventuales demoras en la decisión para el arribo de esas embarcaciones, Manzur incidó que “si bien la responsabilidad de las importaciones está en la Secretaría de Energía e YPF, no son los únicos actores“, ya que “hay privados que tienen una enorme responsabilidad en sus propias estaciones de servicios“.

Por esta razón, subrayó que el Gobierno y los privados “están logrando la coordinación absoluta para la provisión“. También hizo referencia a “las asimetrías en los valores” y que “sólo hay que comparar con los países vecinos” para comprobar las diferencias de precios en los combustibles.

Finalmente el Gabinete nacional expresó el “unánime repudio” de sus integrantes a “los hechos de violencia y agresión en las rutas“, en referencia a la muerte del transportista Guillermo Jara, perseguido por un grupo de autoconvocados en las proximidades de la localidad bonaerense de Daireaux.

Violación grupal en Palermo: la fiscalía pidió el juicio oral para los seis detenidos

Violación grupal en Palermo: la fiscalía pidió el juicio oral para los seis detenidos

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La solicitud del fiscal Rosende es por “abuso sexual agravado” y por “lesiones leves” a un testigo.

El fiscal Eduardo Rosende solicitó que los seis imputados y detenidos por la violación grupal a una joven de 21 años, ocurrida en febrero pasado en el barrio porteño de Palermo, vayan a juicio oral por “abuso sexual agravado” y por las “lesiones” ocasionadas al testigo Luis Riveros Espíndola (de la panadería), que intentó defender a la víctima. Además, por actuar con “un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles“, propuso que todos tienen la misma responsabilidad en el hecho.

El requerimiento fue elevado por el fiscal ante el juez Marcos Fernández, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21. Los seis imputados son Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (23), Thomas Fabián Domínguez (21) e Ignacio Retondo (23). Para el fiscal, todos son “coautores” del abuso sexual.

Según la imputación, los jóvenes se enfrentan ante el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” (que prevé una pena de ocho a 20 años de cárcel), y “lesiones leves” (de un mes a un año de prisión). Ambos delitos son en concurso real y en calidad de “coautores” ya que actuaron “en aras de satisfacer sus deseos libidinosos” con una víctima que no estaba en condiciones de dar consentimiento.

Rosende hizo una cronología del hecho y sostuvo: “Ese era el plan común, mantener relaciones sexuales con ella todos al mismo tiempo, en la medida de lo posible, a cuyo fin debían turnarse para hacerlo algunos primero y el resto después, pero siempre varios al mismo tiempo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima a nivel volitivo“. 

El dictamen de 66 páginas que presentó el fiscal resalta que “el relato de la víctima, sin cortapisas, zanja la cuestión sobre la clara inexistencia de un consentimiento“. Además, tras detallar lo sucedido manifestó que “todos juntos alrededor de la damnificada, actuaron entrelazados para terminar de arrasar su integridad sexual“.

En este sentido, el documento aclara que la víctima del hecho recuerda que dos acusados quedaron comprometidos por los análisis de ADN que demostraron que sus perfiles genéticos estaban en el líquido seminal que se encontró en el lugar y la víctima. “Quienes se encontraban en el exterior del vehículo por ausencia de espacio en el interior, parecían a la espera de su espeluznante momento para acceder al automóvil“, añadió.

Con respecto a la agresión que sufrió el testigo Luis Riveros Espínola, antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando creyeron que estaba filmando con su celular, Rosende sostuvo que por más de que los golpes fueron aplicados por Domínguez y Retondo, el resto se sumó más tarde para “asegurarse de que el ataque sexual se perpetuara tal cual se cometió y no fuera advertido por vecinos o transeúnte alguno“.

Se anuncio el paro de colectivos del interior y no habrá servicio nocturno

Se anuncio el paro de colectivos del interior y no habrá servicio nocturno

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Empresas de colectivos que operan fuera del AMBA suspenderán los servicios durante la noche de este miércoles y jueves. 

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) informó que las empresas de colectivos urbanos y suburbanos que operan fuera del AMBA harán un paro desde las 22 horas de este miércoles 29 hasta las seis de la mañana del jueves 30 en reclamo por el presupuesto asignado para este año.

Según los transportistas, la medida fue tomada porque las empresas solicitaron casi 60 mil millones de pesos, pero el Ministerio de Transporte solo les asignó 38 mil millones. Al reclamo por la inconformidad se suma al faltante y el aumento en los precios del gasoil. El documento resalta que “a la situación descrita deben sumarse los constantes incrementos en el precio del gasoil, sumado al agotamiento del stock disponible y la falta de reposición del consumido, hechos que deterioran aún más la ecuación económica de los servicios”.

Desde la FATAP sostienen que “a pesar de que el sector del transporte público por automotor de pasajeros del interior del país ha realizado un gran esfuerzo para explicar las muy desfavorables condiciones en que la actividad se desarrolla, hasta el momento no ha obtenido respuestas acordes a la gravedad de la situación que la afecta”.

Según el comunicado, el desacuerdo presupuestario con el Ministerio de Transporte “ha condicionado el pago de los salarios del mes de junio y el medio aguinaldo a la asignación de los fondos necesarios para ello, alertando que, en caso de no contar con recursos suficientes, los pagos podrán efectuarse de modo parcial y escalonado”. Las empresas, justifican que para atender a dichas obligaciones, los fondos presupuestados en el marco del Fondo Compensador del Transporte, deberían ser distribuidos por el Ministerio de Transporte al sistema en el orden de los $6.500 millones de pesos para el mes en curso -junio-, y que deberían ser cancelados antes del cuarto día hábil del mes de julio próximo.

Las Comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación habían dado dictamen favorable al presupuesto solicitado de $59.500 millones, pero el Ministerio de Transporte decidió mediante la Resolución MT N°401/22 que al sector se le asignará un presupuesto de 38 mil millones para el año 2022.

El grupo de empresarios lamento los contratiempos que esta medida ocasionará a los usuarios y a la población en general, sin embargo la FATAP resaltó que “continuará incansablemente apelando a la responsabilidad de las autoridades competentes para que adopten las medidas de fondo necesarias para evitar la paralización total del sistema, la desaparición de empresas de capital nacional y la consecuente pérdida de los puestos de trabajo que generan”.

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