Cuareim y La Paz. Dos calles del centro de Montevideo que se cruzan y en su esquina un nuevo mural capta la atención de los transeúntes por las luces de un bar. La imagen es la de una señora de tercera edad con un barbijo. “El mundo ya no va a ser el mismo. Esa nueva normalidad, la estamos probando en base a estudios científicos”, indicó el presidente uruguayo Lacalle Pou en conferencia de prensa el 16 de abril.
Nueva normalidad. Concepto que al otro día recorrió todos los medios de comunicación. Los diarios afines ya se hicieron eco del mismo y lo adoptaron a modo de slogan. Algo a lo que hay que acostumbrarse y listo.
Pero, ¿qué es lo normal? ¿quién define lo que es normal? ¿y lo anormal? En el imaginario social, como diría Castoriadis, se piensa que lo normal es lo que define lo anormal. En realidad es a través de lo anormal como definimos lo normal: sólo por la anormalidad sabemos qué es normal. Por lo tanto, aunque la anormalidad sea excluida y supuestamente ocultada, la gente que permanece, la gente normal, se dedica a estudiarla e interrogarla de manera incesante y obsesiva.
El psicólogo, nos habla sobre los locos, el médico sobre los enfermos, el criminólogo habla sobre los criminales, pero nunca escucharíamos a los últimos hablar sobre los primeros. Lo que tienen que decir ha sido decretado de antemano como irrelevante, dado que por definición carecen de saber (y esta es justamente la clave para no otorgarles ningún poder).
El estudio de la anormalidad constituye una de la vías principales a través de la cual se establecen las relaciones de poder en la sociedad. Cuando se define una anormalidad con su correspondiente norma, siempre, de una manera u otra, es la persona normal la que tiene el poder sobre la anormal, siguiendo a Foucault.
La nueva normalidad que plantea el presidente uruguayo, se alinea con los poderes concentrados de la derecha continental y mundial. Pero pierden de vista que el centro gravitacional del mundo ya no es Estados Unidos sino que se está corriendo hacia China.
Esta nueva normalidad de nuevo tiene poco y más bien son los 90 con barbijo y distanciamiento social. El sueño húmedo de la oligarquía criolla, que las organizaciones populares no puedan aglomerarse ni manifestarse. La imaginación política será fundamental para poder transitar esta realidad con nuevos obstáculos, como si las organizaciones políticas y sociales tuvieran pocos.
El otro, nosotros, el virus
Hoy el otro es el enemigo. El otro no es la patria, es un agente de contagio. Alguien que nos puede enfermar y matar sin intención. Nosotros lo mismo, potenciales contagiantes.
La amenaza ya no está tan estereotipada, aunque el racismo estructural de este sistema no se lava de un día al otro. Ya no son solo los negros, los pobres, los marginales, los extranjeros, los subversivos. Hoy somos todos amenaza y amenazados. El otro es la barrera y en la atomización social, los de siempre amasan fortunas desde su auto-aislamiento económico.
Allí surge el ecofascismo. Grupos que plantean que el virus es el ser humano y no el COVID-19. Si se plantea que el virus es el ser humano y no el sistema, entonces lo que hay que eliminar es al ser humano. Pero no a todos, porque sería autoeliminación. Entonces a determinada cantidad de seres humanos en nombre de la sobrepoblación.
Quizá no se sepa un número en concreto pero quiénes deciden quienes mueren o no. ¿Los que más consumen, los que más contaminan, los que destruyen ecosistemas? ¿O en realidad siempre terminan definiendo los “normales” a los que ellos consideran “anormales”? Entonces en nombre de la ecología el fascismo se camufla de verde reciclaje y siembra su semilla de odio.
Siglo corto, siglo largo, siglo viral
Las farmacéuticas opulentas aumentan sus arcas mientras un sin techo gasta las pocas monedas que tiene en un barbijo porque no puede ingresar al supermercado para comprar alimentos sino no come.
Un predicador apunta con su dedo hacia el cielo y con la otra mano hacia al piso señalando un número de cuenta para que le transfieran el diezmo. Una nueva tribu olvidada del Amazonas es arrasada por la aplanadora del progreso. Otro preso mira por la ventana de su celda ansiando libertad. Un trabajador mira por la ventana de su oficina ansiando libertad.
En esta nueva etapa mundial se encuentran en una esquina plena de cámaras: Foucault, Orwell y Huxley. El big data toma el té con el 5G mientras esperan a la Inteligencia Artificial. Los brazaletes biométricos se aprontan para salir a escena. Byung Chul Han y Zizek debaten acaloradamente en un bar mientras pasa Bill Gates por detrás de ellos y se dirige hacia atrás del mostrador. A lo lejos asoma Fukuyama sin que se lo vea, escondido, viendo como la historia sigue pariendo nuevos capítulos.
Si el siglo XX fue un cambalache, como decía el tango, ¿qué nos espera para este siglo XXI?
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Revista Trinchera dialogó con la militante de la Vía Campesina de Honduras, Wendy Cruz, quien analizó la situación que enfrenta el país ante un gobierno golpista que es inoperante para enfrentar al COVID-19.
¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?
La situación es bastante difícil para la población. Desde el 13 de marzo estamos en un total aislamiento social y eso ha significado una agudización de la problemática social de la población en general, ya que en Honduras el 67% de la población se encuentra en niveles de pobreza y eso significa que se han agudizado estas cifras.
Hay una protesta generalizada en los territorios, demandando al Estado ayuda alimentaria dado que no se puede salir a trabajar y el 60% de la población vive de lo que gana en su trabajo en el día a día. Es una situación bastante lamentable.
Ha quedado al descubierto toda la debilidad de la estructura social del país. Tenemos problemas graves en el área sanitaria, ya sea en la estructura como en el acceso a la salud, y ante la asignación de mucha cantidad de dinero, ha habido altos niveles de corrupción con el manejo de estos recursos para enfrentar al COVID-19.
La situación de inseguridad alimentaria se ha acrecentado enormemente. El gobierno ha hecho unos decretos donde pretende reactivar la producción alimentaria pero en mano de la agroindustria. Esto representa un gran peligro para las comunidades campesino-indígenas ya que no se está viendo el papel fundamental que juega este sector para la producción de alimentos a nivel local, y sobre todo para que la gente tenga acceso a los alimentos en sus territorios.
Para nosotros el tema de la producción campesino-indígena es fundamental para poder enfrentar esta crisis de seguridad alimentaria que se avecina. Realmente es una situación bastante grave.
Otra de las situaciones de gravedad que se han presentado es una “pandemia de violencia contra las mujeres”. En el país se han elevado los niveles de violencia contra las mujeres. Es una situación crítica a nivel nacional.
¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?
El accionar del gobierno es inoperante, incompetente, pero sobre todo corrupto. Con todos los recursos para enfrentar la pandemia, se han elevado los niveles de corrupción de manera espeluznante. Se han perdido 54 millones de lempiras (más de 2 millones de dólares) que estaban destinados a manejar la crisis. Prácticamente no han dotado de ningún insumo a los hospitales, no tenemos información real (fehaciente) de parte del Estado, la población está muy escéptica y no creemos en las cifras de contagiados que nos están dando.
Para identificar a las personas con COVID-19, sólo se están realizando entre 170 y 200 pruebas diarias, cuando se deberían hacer 2 mil pruebas diarias para una población de 8.5 millones de personas. Realmente han sido incapaces y ha quedado al descubierto la falta de gobernabilidad y la poca democracia que tenemos en el país.
Nos enfrentamos a un Estado, a un gobierno, que como estrategia quiere usar la pandemia del COVID-19 para continuar en el poder a través de la fuerza, del uso de las armas y del fraude. Para nosotros es un gobierno incapaz de manejar la situación. Sobre todo han partidizado el problema y no han convocado a los demás sectores para enfrentar la pandemia como sociedad.
¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?
Esta actitud del gobierno responde a intereses mezquinos de los grupos de poder, de la clase política, de empresarios que están cercanos al gobierno haciendo negocios, y sobre todo a las intenciones del gobierno de perpetuarse en el poder.
En el país teníamos pendiente las reformas a la ley electoral para mejorar los niveles de transparencia para el próximo proceso. Esto seguramente no se va a dar dado que están utilizando la crisis como excusa. Aquí todo es prioridad la pandemia, pero al mismo tiempo están abandonando otras crisis que tenemos como sociedad: el acceso a la salud, crisis educativa, la falta de inversión para la producción agrícola. Todo está relacionado con perpetrarse en el poder a través de la fuerza para seguir profundizando el modelo económico neoliberal, que ha sido un fracaso para asegurar el bienestar de la sociedad hondureña.
¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?
La medida del aislamiento social absoluto la están utilizando para tramar procesos que van en contra de la democracia. Esta situación la están utilizando para elevar los niveles de corrupción que ya existían en el país. Consideramos que las medidas son fundamentalmente clasistas porque no están contribuyendo para el bienestar social de más del 70% de la población. Nos están sumergiendo en una crisis social peor a la que ya había.En el país se están anunciando despidos masivos, acabando con los pocos puestos de trabajo formal que existían.
Esta situación nos está hundiendo en una crisis económica, social y política de mayor profundidad a la que veníamos arrastrando desde el golpe de estado en 2009. Estamos sumamente preocupados porque hay un futuro incierto. No sabemos cómo vamos a sobrevivir ni cómo será la situación post pandemia.
¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?
La oposición ha presentado un pliego de 30 medidas, el problema es que en el Congreso Nacional no hay lugar para presentar ninguna propuesta de ley porque todo está manipulado desde el poder ejecutivo. Se hace lo que manda el Presidente.
La realidad es que no vivimos un proceso democrático, ni de separación de poderes. Por eso es muy difícil que las propuestas de la oposición lleguen a buen puerto. Realmente no hay apertura por lo que no creemos que se pueda lograr ninguna de ellas porque el oficialismo tiene el control absoluto del congreso. Esta situación la aprovechan para hacer lo que se les antoja en contra del pueblo hondureño.
¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?
Prácticamente ha desestabilizado lo poco que teníamos en el país. Han despedido a mucha gente en el marco del COVID-19. La economía a nivel nacional está totalmente cerrada, y hay que recordar que nuestra economía ya era bastante débil.
Honduras depende en gran medida de la economía informal y producto de las restricciones, la gente no ha podido salir a trabajar. No se avizora un panorama bueno. Sumado a esto, el gobierno se ha aprovechado para seguir endeudandoal país y ha sido muy poco transparente en el manejo de los recursos supuestamente destinados a enfrentar la pandemia.
Para tener una idea, Honduras es el país con el mayor presupuesto para enfrentar la pandemia en toda la región centroamericana.
¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?
Es una calamidad doméstica. Mucha gente en huelga de hambre, otras en protesta. La verdad que la situación de los hondureños es bastante lamentable. La gente prácticamente no tiene acceso a la comida. A nivel nacional se ha encarecido en un 20% la producción de alimentos, sin que el Estado haya tomado alguna acción de coerción para poder controlar la especulación.
La violencia doméstica está en niveles muy elevados a escala nacional, es prácticamente una pandemia de violencia contra las mujeres. Estamos muy preocupados porque se ha desprotegido el cuidado de otros problemas como el Dengue. En nuestro país el dengue se está cobrando más vidas que el COVID-19 y el gobierno sólo ha focalizado hacia el segundo. Está claro que lo está haciendo con la intención de beneficiarse de los actos de corrupción.
Es una situación muy difícil. En las comunidades no hay comida, en las ciudades la gente no tiene dinero para comprar su comida, los niveles de stress son cada vez mayores porque no saben si perderán o no sus trabajos, no hay ningún nivel de seguridad, no se sabe hasta cuándo va a durar la pandemia y que si nos toca ir a un centro de salud lo más probable es que nos encuentre la muerte ya que tenemos uno de los sistemas sanitarios más débiles de América Latina.
¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?
En particular, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido frenar la movilización de la gente, hacer que se respete el toque de queda absoluto. También se les ha conferido la distribución de alimentos, por lo menos en las principales ciudades como lo son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero la principal función es mantener la coerción para que no podamos salir a las calles, frenar a toda la gente que quiere que se abra la economía (particularmente la informal, que es la gente que vive del día a día).
Sin embargo ha habido denuncias permanentes sobre el abuso de autoridad de parte de las fuerzas armadas hacia la población cuando toman a personas que no les corresponde andar en las calles. Es lamentable que siempre se use la fuerza desmedida para controlar a la ciudadanía. Creo que esto también es un método para infundir miedo e ir posicionando en el imaginario de la población, que ellos (el gobierno) tienen el control a través de las armas.
Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?
La gente se ha tenido que organizar, primero para salir a las calles a demandar alimento, segundo en las comunidades haciendo ollas comunes para poder enfrentar la hambruna de forma colectiva. Por ejemplo algunas mujeres de las áreas rurales y de los pueblos indígenas están preparando sus tierras para poder sembrar en la siembra de primera, ya que se avizora que va a haber escasez de alimentos en el país.
Esta situación nos está dejando muchas lecciones. La gente se está organizando en sus comunidades para hacer cercos y tener un control sobre quiénes entran y quiénes salen, pero sobre todo para poder tener un control de que la gente haga 14 días de cuarentena si vienen de las ciudades, dado el peligro de contagio.
Pero, sobre todo, a lo que más miedo le tiene la gente es a que no tenemos un sistema de salud que nos pueda garantizar condiciones de recuperación del virus. Por eso hay un proceso de organización espontánea en las comunidades, en las aldeas y en los barrios.
¿Cuál es la actitud de los empresarios?
No han sido para nada solidarios con el pueblo. Hay excepciones de algunos empresarios, pero en su mayoría han exigido al gobierno de Honduras, algunas medidas económicas que les alivie las pérdidas durante este mes y están haciendo presiones para poder abrir los comercios poco a poco y con algunas medidas de seguridad, pero esto no garantiza ninguna medida de solidaridad.
Por ejemplo, se aprobó el PCM Nº33, que es la reactivación de la producción agrícola de alimentos en el país pero está orientada a que sea manejado únicamente por la agroindustria. Esto significa que va a comer el que tenga dinero en este país. Reitero, más del 67% de la población está en la pobreza y no tiene trabajos formales, por lo cual va a comer un 30% de la población (una minoría) y el resto vamos a tener que padecer una profunda hambruna, producto de la falta de acceso al empleo o de acceso a los recursos productivos para poder producir nuestro propio alimento.
Los empresarios no están jugando a construir de forma colectiva y enfrentar de forma colectiva la crisis. Lo que están viendo es cómo pueden seguir generando sus ganancias a costa de la mayoría del pueblo hondureño.
¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?
En principio debe fomentarse la producción de alimentos en las familias urbanas y rurales, pero a nivel de las comunidades y las familias y no en manos de los terratenientes o de la gran agroindustria. Producir la comida de los y las hondureñas es urgente, de lo contrario padeceremos hambre.
Por otro lado debe fortalecerse el sistema de salud del país. Esta situación de debilidad estructural es la que genera mucho pánico entre la población, porque sabemos que ese sistema no nos garantiza ningún bienestar si nos llegamos a enfermar.
Por otro lado la necesidad de estandarizar el acceso a la educación a nivel nacional, a través de los medios digitales (cosa que no tenemos en el país). Hay una crisis profunda donde se puede perder el año lectivo del país.
Otro de los retos es que se manejen los fondos de manera transparente. Es urgente para la corrupción ya que eso nos ha dejado prácticamente en la total indefensión al 67% de los hondureños.
Deben focalizarse en el presupuesto general de la república, debe invertirse más en los asuntos sociales y del bienestar general de la población y deben disminuir los altos presupuestos que tienen las fuerzas de seguridad (FFAA). Un país tan pobre no puede seguir invirtiendo más recursos en las FFAA que en la producción de alimentos, la educación o la salud.
También está el gran reto de atender esa pandemia de violencia que hay contra las mujeres. Es una violencia indiscriminada que cada día se descontrola más.
Sin dudas tenemos muchos retos como hondureños y hondureñas. Sobre todo cómo fortalecemos los procesos democráticos del país. No es posible que se sigan aprovechando de las crisis para perpetuarse en el poder. Urge tener procesos de organización, locales, territoriales y de todas las formas, porque lo que nos espera no será nada fácil para los próximos años.
El 7 de mayo de 1919 nacía, en La Ciudad de Los Toldos, Eva Duarte. Hasta hoy, la responsable de las bases de nuestra patria, sobre las cuales seguimos soñando y construyendo.
En octubre de 1934, Eva viajó a Buenos Aires decidida a embarcarse en la actuación y el radioteatro. Durante más de diez años, se afirmó frente a los micrófonos de las radios de mayor audiencia y desarrolló su carrera artística en el ámbito cinematográfico. Su vida dio un enorme vuelco cuando en 1944, un terremoto destrozó la Provincia de San Juan. Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, solicitó la colaboración de la ciudad para acudir en socorro de las víctimas. Los artistas, entre los que se encontraba Eva Duarte, participaron activamente de la colecta nacional y organizaron un festival artístico en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Fue en ese marco, que Perón y Evita se conocieron y comenzaron una relación que pronto los conduciría a la convivencia.
Luego de la gran gesta popular del 17 de Octubre, el día que el subsuelo de la patria se levantó en un solo grito por la liberación del General Perón en la Isla Martín García, Eva y Perón se casaron, para afrontar en matrimonio la futura elección presidencial de 1946.
Desde el lugar de Primera Dama, Eva no tomó el rol de acompañamiento y de objeto adornable, sino que se plantó de lleno a discutir la política del país. Intervino La Sociedad de Beneficencia, órgano donde las mujeres de la alta sociedad ofrecían caridad a los sectores populares, con dinero proveniente del Estado; echó a la oligarquía de ese espacio y creó la Fundación Eva Perón. El dinero que manejaban “las altas damas”, en forma de limosna, se convirtió en bastión de la justicia social. Desde La Fundación Eva Perón se logró una cercanía con los sectores más humildes y vulnerados, para hacer llegar las políticas estatales a les adultes mayores, las mujeres y niñeces.
“La limosna para mí fue siempre un placer de los ricos; el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna sea más miserable y cruel, inventaron la beneficencia. La limosna y la beneficencia son, para mí, ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes”.
Eva Perón
Financiado por el Estado, la CGT y grandes aportes que tuvieron que hacer obligadas empresas nacionales y sectores de la oligarquía, la fundación Eva Perón se desplegó por toda la patria, haciendo llegar a todos los rincones la felicidad y la dignidad de les más humildes, algo impensado hasta ese momento. En sus 7 años de funcionamiento,la fundación desplegó una obra sin precedentes que incluyó la creación de hogares-escuela, hogares de ancianos y hogares de tránsito; abordó problemas de salud y de trabajo; generó la organización de campeonatos deportivos infantiles y el desarrollo de un programa de construcción de viviendas obreras, escuelas, colonias de vacaciones y centros sanitarios. De este modo, la fundación logró eludir formas burocráticas y establecer una acción social directa en favor de los sectores más vulnerables de nuestra patria, desde una perspectiva de derechos, y ya no de caridad.
Movilizada por las injusticias que vivía nuestro pueblo, Evita transformó las necesidades en derechos. Desafió el poder de la oligarquía, despertó el odio de las elites dominantes del país y, al mismo tiempo, el amor de les trabajadores. Evita se volvió así la abanderada de les humildes.
Con enorme coraje, irrumpió en la vida política, social y cultural de la Argentina. En una etapa de nuestra historia en las que las mujeres debían limitarse a la cotidianeidad de la vida privada y doméstica. Impulsada por ella, en 1947 se consiguió la sanción de la Ley del Voto Femenino, que otorgaría derechos cívicos y políticos -que les habían sido negados durante años- a las mujeres argentinas. En 1949, Eva se puso al frente de la organización de un partido político exclusivamente femenino, el Partido Peronista Femenino.
“Dicen que una de las causas por las que no quieren dar el voto – que estoy segura que lo van a dar – es porque las mujeres perderían la femineidad. ¿Y acaso no perdemos la femineidad las mujeres que tenemos que salir a las 4 de la mañana a ganarnos la vida a la calle? Las únicas que no pierden la femineidad son esas mujeres que han nacido entre sedas y son 100 familias que han traído la desgracia a la República Argentina. Pero nosotras las mujeres de pueblo que hemos salido a la calle a ganarnos la vida también tenemos derecho a que se nos respete más y por eso tenemos derecho a que se nos oiga y para eso necesitamos el voto femenino”.
Eva Perón
Llegando a la década del 50, Evita se constituyó como la mayor figura política de la Argentina junto a Perón. El pueblo, sus queridos descamisados, como ella los llamaba comenzaron a aclamarla y a construirla como compañera de fórmula presidencial para las elecciones nacionales de 1951: Perón Presidente, Evita Vicepresidenta. En el comienzo de la campaña, Evita fue diagnosticada de cáncer. Un año después con Perón ya reelecto, el 26 de julio de 1952, Evita fallece, la oligarquía descorcha sus botellas más caras y el pueblo la llora.
Esa noche algo se rompió: les humildes perdieron a su protectora y los sueños de esa patria justa, libre y soberana, que estuvieron tan cercanos, comenzaban a ser grisáceos.
El 16 de septiembre de 1955 luego de bombardear Plaza de Mayo, el Ejército Argentino agrupado bajo el nombre de “Revolución Libertadora” y comandado por Pedro Eugenio Aramburu, derrocó al Gobierno constitucional argentino de Juan Domingo Perón.
En su natalicio ciento uno, Evita aparece en todos los rincones de nuestra patria. Se deja ver en el voto femenino, en las maquinas de cocer, en cada casa, en los miles de barrios que llevan su nombre, en los derechos conseguidos, en las obras del peronismo, en los dedos en V y en el puño cerrado. Pero sobre todo, Evita se ve reflejada en la sonrisa inmensa y en los ojos felices de cada niñe de nuestra Argentina.
* Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y militante popular. ** Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur - FM 91.7) y de Hijos de 30.000 (Radio UNLP - FM 107.5), redactor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Jair Bolsonaro plantea la vuelta del fútbol como un beneficio para la sociedad. ¿A qué está ligado este interés? ¿Se debe solamente a la implicancia económica del mismo? ¿O es una estrategia para afianzar su posición reticente frente al aislamiento?
La paralización del mundo del deporte, con lo que eso implica social y económicamente, es un tema que actualmente está en la agenda mediática. En este contexto, donde se visualizan más claros los intereses de fondo de cada posicionamiento político, el lugar que se le concede al fútbol, y cómo se lo concibe, aporta varias aristas al análisis. Lo que sucede en Brasil puede servir como ejemplo para graficar al campo del fútbol como un espacio en constante disputa.
Brasil es el noveno país del mundo con más casos de Covid-19, tiene más de 100.000 contagiades, y a Jair Bolsonaro eso parece no importarle porque constantemente se “burla” del virus. Sin ir más lejos, hace tres días, el presidente se expresó a favor de la vuelta del fútbol, desconociendo el cuidado colectivo como estrategia frente a la pandemia, que ya se cobró la vida de 7921 personas en el país.
El fútbol: expresión y herramienta política
En un breve repaso por las nefastas declaraciones que realizó el presidente, es clave tener en cuenta que siempre tomó esa posición en lo que al fútbol y la continuidad de los torneos respecta. El 15 de marzo declaró que “cuando se prohíben partidos de fútbol, entre otras cosas, se cae en la histeria, a mi entender, y yo no quiero eso”. Lo paradójico de esa frase radica en que a Bolsonaro pareció no importarle nunca la tranquilidad de su pueblo, salvo en ese caso en el cual es el argumento para su interés. El posicionamiento de Bolsonaro respecto al fútbol, se puede interpretar desde diversos lugares: en primer lugar, es evidente que está estrechamente relacionado a la importancia económica que recae en el cese de actividades. En segundo lugar, la vuelta del fútbol implicaría la flexibilización de distintas medidas de seguridad respecto al aislamiento, a las cuales Bolsonaro se opuso desde el primer día.
En ese mismo momento, en el que el presidente hacía estas polémicas declaraciones, los jugadores y directivos de Gremio salían a la cancha con barbijos para protestar que estaban poniendo en juego su salud por intereses o caprichos particulares, en un contexto mundial que requiere la construcción colectiva. Tratar a les futbolistas solamente como instrumentos de entretenimiento para la población, es inhumano. Sin embargo, no está alejado de la concepción que tienen los gobiernos neoliberales sobre el pueblo, que para ese orden representa un número más.
Pese a idas y vueltas, y en relación con las medidas a nivel mundial, las distintas competiciones y torneos de Brasil, fueron suspendidas a mediados de marzo.
¿Y ahora?
A medida que crecieron abismalmente los casos de contagiades y muertes en el país vecino, Bolsonaro reafirmó su posición, pero esta vez expresando que el fútbol debía volver “para proteger los empleos y la economía“. Esa dicotomía que señala que economía y salud son asuntos separados y que por ende se tiene que elegir por cuál abogar, carece de sentido. Salvo para este sistema capitalista que busca expandir la primera, a costa de la destrucción de la segunda.
Lo cierto es que Bolsonaro se mostró desde el primer día reticente a declarar el aislamiento y pretendió que el ritmo de vida y producción humano no cambiase de curso ni en un contexto que lo obligue. Esta decisión política es la que llevó a Brasil a estar cavando fosas comunes y contando las muertes como números, y de la cual Bolsonaro no retrocede porque ahora suma el componente del fútbol, para presionar los aislamientos sociales que cada departamento declaró.
El miércoles pasado Bolsonaro prometió, mientras paseaba con la remera del Palmeiras en la residencia presidencial, que permitiría que se vuelva a jugar al fútbol. El lunes, en una rueda de prensa, declaró: “Las autoridades del fútbol han entrado en contacto conmigo. Si depende de mi voto, lo apruebo. Lógicamente, con el respaldo técnico del Ministerio de Sanidad, que creo que será favorable a que vuelvan los entrenamientos”. Acto seguido se presentó en un acto en Brasilia, sin barbijo como acostumbra para deslegitimar el virus, y crítico las medidas de confinamiento social.
En una entrevista a Radio Guaiba se lo escuchó decir, entre otras cosas que“la decisión de reanudar el fútbol”no era suya,“pero podemos ayudar” y que “hay mucha gente en el fútbol que está a favor de una reanudación, porque el desempleo va a tocar también a la puerta de los clubes“. Sin embargo el Bolsonaro que quiere resguardar la situación de los clubes, y se vende como solidario, es el mismo ignora todas las problemáticas económicas, políticas y sociales de su pueblo. Entonces, su interés desmedido por la vuelta del fútbol, responde a un patrón de conveniencia. Para terminar el tema en la rueda de prensa, y como ya es costumbre, expresó su comentario estigmatizante: “Los futbolistas, si se infectan con el virus, tienen una probabilidad muy baja de morir. Y eso es debido a su estado físico, porque son atletas”.
A su vez el presidente informó que el ministro de salud, Nelson Teich, emitiría una sugerencia para que los partidos se reanuden. El otro responsable que Jair Bolsonaro designó para organizar la reanudación de las actividades deportivas fue Marcelo Magalhães, secretario de Deportes del Ministerio de Ciudadanía. El presidente les encargó explícitamente que trabajen en conjunto con la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).
El jueves pasado, dicha confederación (CBF), envió al ministro sugerencias sobre pasos a seguir ante una posible reanudación.En relación a esto, Teich declaró “Todavía estamos estudiando, pero son iniciativas que podrían mejorar la rutina de las personas, porque el confinamiento tiene un impacto muy negativo en el bienestar de la población”. El viernes, el Ministerio de Salud de Brasil comunicó que “es favorable el retorno de las actividades del fútbol, en tanto que sean atendidas todas las medidas que sean presentadas en este parecer”.
La posible vuelta del fútbol implicaría en Brasil una serie de medidas que organicen dicha situación. Teniendo en cuenta que el sistema de salud brasilero está desbordado y que no hay siquiera disponibilidad de pruebas de testeo rápido, el punto de partida es caótico. Bolsonaro propone, ahora, tener las precauciones por las que nunca invirtió ni tiempo ni dinero cuando debía hacerlo. Es que no le interesa la salud del pueblo, sino cumplir con las medidas que le piden para el regreso del fútbol. Entonces, mientras promulgan la importancia de este cuidado colectivo, hace semanas que ignoran a les médiques que protestan porque carecen de recursos y protección para llevar a cabo su trabajo.
Según el Ministerio de Salud, les futbolistas deberán ser testeades antes de cada partido y permanecer a no menos de dos metros de distanciamiento. En la situación actual de Brasil, con un brutal desfinanciamiento al sector público, hacerse un test es un privilegio que exige el pueblo brasilero y que solamente se le otorga a los futbolistas para continuar el espectáculo.Si bien no existe fecha fija aún para la vuelta del fútbol, es cada vez más un hecho a nivel nacional, pero que cada departamento deberá evaluar según la particularidad de su situación. Obviamente, se habla de encuentros sin público presente.
¿Se puede estar a favor?
Aunque parezca irrazonable, existen quienes se declararon a favor del regreso a las canchas. Obviamente respaldando sus intereses concretos. Uno de los principales defensores de que se anule la suspensión de los campeonatos es el presidente del Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, el cual, no es menor destacar, hizo la campaña política por Bolsonaro en 2018. El argumento que presenta es que “si el fútbol no vuelve cuanto antes, los clubes, incluidos los grandes, entrarán en colapso económico”.
Ayer, por otra parte, el presidente del Porto Alegre, Marcelo Medeiros declaró que “Los jugadores que no quieran jugar pueden renunciar”, obligando directamente a les futbolistas a aceptar o ser expulsades. Y agregó: “Estoy seguro de que todos quieren trabajar. Otro problema que enfrentamos ahora es el tema económico. Los jugadores que no quieran jugar pueden renunciar. Si se abre la posibilidad de que el fútbol regrese, cumplirá el contrato que firmó”.
Nadie sale campeón sole
Pese a la imposición directa de Jair Bolsonaro y sus aliados en el mundo del deporte, ayer, jugadores de distintos equipos como Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense, Cruzeiro, se expresaron en contra de la vuelta del fútbol. Así, la Federación Nacional de atletas Profesionales del Fútbol (FENAPAF), sacó un vídeo que tiene como mensaje central el cuidado colectivo de la salud y en el que participaron distinto jugadores reconocidos como Felipe Melo, Cassio y Diego. Allí, concretamente expresan “Estamos acá y necesitamos ser escuchados con atención, al fin y al cabo somos una democracia […] Pero necesitamos pensar en la salud todos nosotros”.
A su vez, este miércoles, el capitán de la selección brasileña de futbol, Daniel Alves, se posicionó en contra de la idea el regreso y me recomendó a Bolsonaro “pensar en el bienestar del pueblo“. Además agregó que “son muchas familias y muchas personas trabajando en pos del combate contra esa pandemia” y que por ende,“usted, como la persona más importante de este país, debería también pensar en el bienestar de nuestro país y de nuestro pueblo”.
Queda claro, entonces, que los interés de la derecha se reflejan en todos los ámbitos que componen a un país, y el fútbol como actor social que moviliza masas, y por ende economía, ocupa un lugar central. ¿Se volverá a jugar al fútbol en Brasil en medio de una crisis sanitaria global? ¿Qué va a implicar la reestructuración mundial posterior a esta pandemia en el deporte? ¿Cómo pensar un fútbol al servicio del pueblo? En primer instancia entendiendo que nadie sale campeón sole y que el deporte es un espacio para pensar y construir desde la colectividad.
* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura - FM 90.5), columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), colaboradora de Revista Trinchera y de Agencia Timón.
En momentos que la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid 19 golpea al mundo, los conceptos vinculados a sociedades más colaborativas y donde seamos capaces de gastar nuestros recursos y energías en el combate a esta enfermedad y sus efectos colaterales, en lugar de seguir tratando de imponer poderes hegemónicos, se ponen en el tapete de la discusión.
Así, el encuentro del Movimiento de Países no Alineados (MNOAL) celebrado este 4 de mayo, mediante el formato de videoconferencia y convocado por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíev, quien además ocupa la presidencia pro tempore del organismo multilateral,entra de lleno al ruedo político, defendiendo los conceptos y prácticas de solidaridad y multilateralismo. Esto, en el marco de la peor crisis sanitaria y las secuelas políticas y económicas aparejadas, desde la gran depresión del año 1929, que obliga a repensar la forma en que hasta ahora hemos llevado las relaciones internacionales.
Desde el término de la Conferencia del MNOAL celebrada el año 2016 hasta el encuentro en Bakú en la XVIII Conferencia del MNOAL de octubre del año 2019 se habló hablado de encarar los retos del desarrollo y del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda de trabajo que desembocó, finalmente, en la llamada Declaración Política de Bakú, junto a otros documentos: el Documento Final de Bakú, la Declaración sobre Palestina y el Documento de Gratitud a y Solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Azerbaiyán.
Si bien es cierto, la convocatoria de este 4 de mayo del 2020 se enmarcó en la idea “Estamos juntos contra COVID-19″ no se descuidó ni se dejó de mencionar otros elementos centrales, que ocupan el quehacer del MNOAL y donde estas reuniones representan una importante vitrina internacional. En línea con los principios emanados de la conferencia de Bandung [1] del año 1955, antecedente del MNOAL, que destaca como bases fundantes el respeto a la integridad territorial, a la soberanía de los países y la no intervención en los asuntos internos.
Este 4 de mayo, al inaugurar la reunión telemática el presidente Alíev señaló que “La pandemia de la COVID-19 ha tenido una repercusión en todos los países del mundo, ninguno ha sido inmune, Solamente a través del apoyo mutuo podemos enfrentar con éxito la COVID-19. Azerbaiyán ha sido un miembro responsable de la comunidad internacional” y ha hecho un aporte financiero de 5 millones de dólares a la OMS para respaldar la lucha contra el coronavirus. Además, el presidente de Azerbaiyán anunció “un aporte financiero adicional de 5 millones de dólares a la OMS, fondos que serán asignados a los países que necesitan ayuda en África, Asia y América Latina”. Durante su intervención Alíev llamó a la solidaridad de la comunidad internacional y los miembros del MNOAL, para afrontar la COVID-19. “Como ejemplo de solidaridad, los estados miembros del MNOAL, en consonancia con la carta de las Naciones Unidas, proponen una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en respuesta a la COVID-19 a través de una videoconferencia con la participación de jefes de Estado y de Gobierno”, dijo al término de su intervención
El mandatario de Azerbaiyán ha señalado, igualmente, que la promoción de la diplomacia multilateral y el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros del MNOAL sería una de las prioridades de la presidencia pro témpore de esta organización, desde que asumió dicho cargo en Bakú, en octubre del año 2019. En aquella ocasión, la mayoría de las intervenciones de los asistentes llamaron a que el MNOAL apostara por el multilateralismo, el diálogo entre las naciones, la negociación y no la agresión, además de cooperar en lugar de seguir enfrascados en intervenciones militares, en conflictos que ponen en peligro la precaria paz mundial.
Por su parte, en su intervención, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que el sistema de cooperación multilateral es necesario para “garantizar que los países puedan responder de manera efectiva ante la COVID-19 mientras que se prepararan para otras emergencias. Ningún país, independientemente de su tamaño o recursos, puede gestionar la COVID-19 por sí solo”, aseguró. En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, en su mensaje enviado a los miembros de la cumbre virtual, destacó que la crisis sanitaria que enfrenta el mundo requiere de una respuesta “coordinada” y pidió más apoyo para países en vías de desarrollo a fin de que puedan hacer frente, no sólo a la pandemia sino también a las consecuencias económicas y sociales, que tendrán en sus sociedades. En la conferencia también intervino el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien recordó que nadie estará seguro en ninguna parte del mundo mientras haya países que continúan luchando contra la pandemia. El diplomático subrayó que la OMS debe seguir desempeñando un papel vital en la tarea de contener la expansión del virus
Resultó una tarea interesante el constatar, que en este encuentro, virtual convocado por el presidente Alíev gran parte de las intervenciones, con matices más o menos concordaron en la necesidad de la lucha contra el Covid 19 (lógicamente pues representó el elemento aglutinador del llamado) pero ello en el marco de la puesta en práctica de deberes, que aún no se cumplen, como es el caso de los 17 objetivos definidos en la agenda del desarrollo sostenible (ODS) y las 169 metas acordadas en el encuentro de la ONU del año 2015 y cuyo vencimiento es el año 2030. La ODS constituyen un llamado universal a llevar adelante acciones concretas que pongan a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.
En ese contexto de tareas globales es que surge y se desarrolla la pandemia del Covid 19, que debe impulsar aún más el trabajo agendado pero al cual hay que incorporar una serie de puntos, que los conferencistas dieron a conocer en este encuentro virtual del día 4 de mayo, convocado por el líder azerbaiyano Ilham Alíev.
Acceso oportuno y equitativo a una futura vacuna contra el Covid 19.
Enfoque integral y multilateral de la lucha contra el virus
Críticas a los ataques que se hacen a la OMS. Considerándolo un error estratégico.
Instar al Consejo de seguridad para llamar un cese de los conflictos en el marco de la lucha contra la pandemia. Llamados a la solidaridad contra países agredidos
Crear un grupo de trabajo que apoye la lucha contra la pandemia y revertir las consecuencias amplias que trae aparejada.
Respuesta global e interconectada y eso implica defender el multilateralismo y la colaboración internacional.
Un Foro Indispensable
El MNOAL, fundado el año 1961 y cuya primera cumbre se celebró en Belgrado, capital de la desaparecida Yugoslavia, reúne en la actualidad a 120 países, que lo convierte en el foro mundial que más miembros posee, después de la Organización de las Naciones Unidas(ONU). Un Movimiento donde las posiciones de sus miembros 53 países africanos, 26 países de América Latina y El Caribe, dos de Europa y 39 asiáticos, tiene como objetivo central es levantar la voz, los intereses y la opinión de estos 120 países, con dificultades, estructuras económicas y políticas distintas pero un enemigo común: la lucha contra la pobreza y la globalización excluyente, proceso dominado por algunas potencias hegemónicas, donde se levanta con luces propias el país enemigo del multilateralismo: Estados Unidos, que salió en múltiples ocasiones a colación en esta cumbre del 4 de mayo.
Las tareas del MNOAL definen, a su vez, la lucha contra la desigualdad a través de una alianza entre estados independientes, que intentan concretar decisiones acompañadas de acciones alejadas de las presiones, chantajes y alineamientos con que suelen ser atacados organismos que buscan armonizar el desarrollo d ellos países, sustentados en agendas globales no excluyentes. Este trabajo tiene un gran paraguas, que ha marcado su quehacer en los últimos 59 años: el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional. No es casual que esas líneas de trabajo encaucen la labor del MNOAL, teniendo en cuenta las agresiones, sanciones, bloqueos, embargos, presiones, ataques, procesos de desestabilización a los países miembros que hemos mencionado y que implican muertes, heridos y destrucción de infraestructuras básicas.
En todo caso, la constatación de la importancia del MNOAL y sus líneas estratégicas, no quita la necesidad, como en otras muchas organizaciones multilaterales, que haya cambios, una reconfiguración de su quehacer, un rediseño constante y del cual existe plena conciencia en el seno de sus miembros. Poder restructurar este Movimiento en formas más armónicas, más modernas y dinámicas, y que efectivamente tenga decisiva influencia sobre los sucesos del mundo, que puedan generar los cambios que se necesitan, influyendo, por ejemplo, para un cambio democrático en el seno de la ONU y su Consejo de Seguridad.
Como corolario de esta reunión vía videoconferencia, los participantes concordaron una declaración compuesta por 18 puntos donde señalaron: “Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, habiéndonos reunidos por videoconferencia en la Reunión Cumbre Virtual a nivel de Grupo de Contacto del MNOAL en respuesta a la COVID-19, bajo el lema “Unidos contra la pandemia de la COVID-19” el 4 de mayo de 2020, por iniciativa del Excmo. Sr. Ilham Alíev, Presidente de la República de Azerbaiyán y Presidente del Movimiento de los Países No Alineados, con el fin de contribuir eficazmente a los esfuerzos mundiales para hacer frente a los efectos sin precedentes de la pandemia de la COVID-19[2]. Así, considero que el papel del MNOAL así deviene en un catalizador indispensable, necesario, que puede dar aliento vital a los cambios que requiere el mundo y que tras esta pandemia sanitaria nos llama a gritos a modificar el actual estado de cosas. No podemos seguir igual.
* Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
Referencias:
La Conferencia de Bandung fue una reunión realizada en Indonesia en abril del año 1955, en la que participaron varias naciones asiáticas y africanas.Fue organizada por Gamal Abdel Nasser presidente de Egipto, Jawaharlal Nehru de la india y Sukarno, jefe de estado de Indonesia. Su principal objetivo era favorecer la cooperación económica y cultural afroasiática en una organización independiente del capitalismo y del socialismo. Fue la antesala del Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL).
Principios fundamentales (Diez principios de Bandung):
Respeto de los derechos humanos fundamentales y los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Respeto de la soberanía e integridad territorial de todas las naciones.
Reconocimiento de la igualdad de todas las razas y la igualdad de todas las naciones, grandes y pequeñas
La abstención de intervenir o de interferir en los asuntos internos de otro país.
El respeto para defenderse de cada nación, individual o colectivamente, de conformidad con la Carta de la ONU.
La abstención del uso de pactos de defensa colectiva en servicio de los intereses particulares de cualquiera de las grandes potencias
La abstención de todo país de ejercer presiones sobre otros países.
Abstenerse de realizar actos o amenazas de agresión, o de utilizar la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia política de cualquier país.
La solución pacífica de todos los conflictos internacionales, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
La promoción de los intereses mutuos y de la cooperación. El respeto de la justicia y de las obligaciones internacionales
En su libro “La doctrina del shock”, Naomi Klein precisa, a través de ejemplos concretos en cada uno de sus capítulos, que las políticas neoliberales han alcanzado importancia en varios países no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social, a partir de desastres o contingencias que generan confusión y conmoción y permiten que se puedan hacer reformas impopulares. Chubut lleva meses en llamas y la pandemia del coronavirus ha venido como anillo al dedo para que la gente deje de hablar de la inoperancia, la incapacidad y el cinismo del gobernador Mariano Arcioni.
Arcioni, un hombre sin trayectoria política alguna, integró para las elecciones provinciales de 2015 la lista de Chubut Somos Todos -cercana al Frente Renovador- como candidato a Vicegobernador. Si bien el partido ganó las elecciones, con la muerte del gobernador Mario Das Neves en 2017, Arcioni debió asumir como jefe provincial y en 2019, encabezó la lista de Chubut al Frente, buscando la reelección.
Arcioni no solo no pudo cumplir con las promesas sostenidas en campaña, sino que se lava las manos adjudicando una grave crisis en la Provincia, producto de una enorme deuda. Lo que no dice es que casi el 70% de la gigantesca deuda, se tomó cuando él era vicegobernador.
Durante 2016, el Gobierno chubutense tomó 700 millones de dólares de deuda: un primer préstamo por 50 millones -en abril- en el que se asumió una tasa de interés que llegó al 8,87%, pagadera a siete años y la aceptación de legislación estadounidense para litigar; y una segundo préstamo por 650 millones -en julio- con un interés del 7,75%, pagadera a 10 años y otra vez, la aceptación de legislación estadounidense para litigar.
Todas son condiciones sumamente desfavorables para la provincia, pero esta tasa de interés altísima tuvo además la particularidad de que la provincia cedió los derechos de las regalías pagaderas por Pan American Energy para pagar la deuda contraída, lo que le otorga a los bonistas la garantía de cobrar todos y cada uno de los vencimientos. Ante semejante seguridad de cobro, por lo menos se debería haber conseguido una tasa de interés más baja, señor Gobernador.
El mecanismo del Fideicomiso de retención de regalías estipula que los ingresos provinciales por la explotación petrolera son destinados al pago de la deuda en dólares y se acumulan en la banca privada hasta que se completa la cancelación por dos vencimientos mensuales; recién ahí se liberan los fondos para el Estado provincial.
Entre agosto del año pasado y marzo del 2020 Chubut pagó un total de 52,3 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses de los diferentes bonos emitidos; pero a pesar de esas cancelaciones la deuda provincial total creció de 769,3 millones de dólares a 896,7 millones como consecuencia de los abultados intereses.
Como sucede con la deuda nacional, la deuda de la provincia de Chubut es igual de odiosa. Se tomó para construir hospitales, escuelas y otras obras públicas y la mayor parte de esas obras no fue siquiera comenzada y evidentemente tampoco se utilizó ese dinero para el pago de los salarios de empleados estatales, que hace dos años vienen otorgándose de manera escalonada.
Para José Luis Ronconi, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina (FJA), “la crisis de deuda es posterior a una crisis que es inherente a todo el Estado argentino y que hoy constituye una discusión a nivel mundial: ¿cuánto aportan los ricos para sostener al Estado que les garantiza la apropiación de renta, los modos de acumulación, pero también los modos de explotación?”.
Mientras un trabajador aporta cerca del 60% de sus ingresos para sostener el Municipio, la Provincia y la Nación, de acuerdo con un informe[1] de la CEPAL, los grandes capitales no llegan a aportar ni el 35% y además tienen una altísima capacidad de evasión y de fuga.
Salarios atrasados
Antes de que se celebraran las elecciones provinciales en junio de 2019, Arcioni acordó con los gremios de trabajadores estatales aumentos cercanos al 40%, pero ni bien asumió, dejó demostrado que todas las promesas solo eran parte de la campaña.
La situación de crisis económica y financiera que atraviesa la provincia genera enormes dificultades para el pago de salarios y los gastos de funcionamiento; a lo que se suma en la actualidad la baja de la recaudación por Coparticipación Federal de impuestos que envía Nación, más la merma en la recaudación de tributos provinciales.
En medio de la pandemia mundial por el Coronavirus, se suma como agravante la baja y las oscilaciones del precio internacional del petróleo, que impactan en el precio del crudo Escalante que se produce en Chubut y que cotiza por debajo de esos valores. Como consecuencia de esas fluctuaciones a la baja del crudo, los ingresos por regalías petroleras en la provincia estarían decreciendo considerablemente, estimándose que podrían encontrarse casi en la mitad o menos que los meses anteriores.
Incluso podría considerarse la posibilidad de que los ingresos por regalías petroleras no alcancen para cubrir los vencimientos de la deuda en dólares y entonces la deuda con el pueblo chubutense podría crecer aún más.
Durante los últimos dos años y de manera intermitente, les trabajadores estatales han cobrado mediante un sistema de cuatro rangos, establecidos de acuerdo a cuánto dinero se cobra. En un primer momento, la tardanza era de algunos días, luego de un mes y actualmente, siendo mayo, el Gobierno provincial no ha siquiera sugerido una fecha para el pago de los salarios correspondientes a marzo.
Los dos años de desidia fueron expresados en movilizaciones que se acrecentaron muchísimo durante el invierno pasado. Se tomaron edificios estatales, se pararon actividades y se inundaron calles y rutas con una consigna clara: “Arcioni es responsable”. La única respuesta fue la represión.
La situación chubutense recorrió el país luego de que dos maestras comodorenses -Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55- fallecieran en un accidente cuando volvían de una movilización en Rawson. Con consignas como “Solidaridad con Chubut”, los gremios docentes adhirieron a un paro nacional, planteando que las maestras deberían estar en las aulas y no reclamando un salario digno y el reconocimiento de su trabajo. Mientras tanto, Arcioni enviaba un proyecto de ley a la Legislatura para aumentar los sueldos de los funcionarios y el suyo en un 100%.
El contexto de pandemia y la importancia que han cobrado les trabajadores de la salud, han llevado a que el Gobierno al menos deposite esos sueldos de manera unificada -sin rangos- aunque atrasados (recién han cobrado marzo). Según indicó el Secretario General de ATECH (Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut), Santiago Goodman, solo el 13% de les docentes han cobrado el mes de marzo hasta este 5 de mayo y los trabajadores judiciales aún no tienen novedades. El cuarto rango, recién cobró febrero hace apenas unos días.
Pese a que hasta hace algunos días Chubut era una de las 3 provincias sin casos de coronavirus, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha sido la excusa para instalar un estado policial, que no permite las manifestaciones y vuelve aún más crítica la situación de les trabajadores, pero que también ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por la extrema violencia que perpetúan las fuerzas de seguridad.
Estado de sitio y represión
Durante el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pueblo chubutense fue víctima de un estado policial, que recordó las épocas más oscuras de nuestra historia. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, en Chubut se detuvo a 4550 personas. Durante ese mes, la Provincia representaba el 10% de les detenides por violar la cuarentena a nivel nacional, cuando allí sólo vive el 2% de les argentines.
En repetidas ocasiones, las personas detenidas no eran siquiera notificadas respecto del delito que estaban cometiendo y se les preguntaba después de detenerlos qué estaban haciendo en la calle. Los gimnasios municipales fueron habitados por la Policía provincial y utilizados como “Centros de Notificación de Demoras y Detenciones” para alojar a les detenides. A las 19.30, los bomberos hacían sonar una sirena que anunciaba el toque de queda. Todas estas medidas no sólo generaban terror y permitían el adoctrinamiento social, sino que traían un recuerdo horrible vinculado con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Las normas en las que se establecían estas medidas eran resoluciones ministeriales, que en un estado de excepción resultan ilegales por no tener la fuerza normativa de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y por atentar contra los DNU nacionales, que no planteaban ni restricciones horarias, ni condiciones de circulación acorde al DNI, ni toques de sirena. El poder otorgado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Federico Massoni, habilitó políticas abusivas, que permitieron, por ejemplo, que el Jefe de Seguridad de la Policía de la Provincia, Paulino Gómez, dijera en un audio que se hizo viral, que el Ministro le estaba preguntando “por qué la Primera no tenía detenidos”. “Debe andar gente en infracción, busquemos un poco, de última los demoran en el lugar o los llevan un minuto a la comisaría”, le decía Gómez a sus dependientes.
Desde el 20 de marzo, son 40 las denuncias por abusos de autoridad, entre ellas la de un repartidor de comida en Comodoro Rivadavia, que fue interceptado por doce policías que le pidieron sus datos, lo empujaron contra la pared, lo palparon, le robaron 800 pesos, le dispararon una bala de goma en el tobillo y lo dejaron tirado en el piso; y la de un hombre de Trelew que fue interceptado cuando volvía en su moto de la pizzería con la que intenta subsistir, le sacaron su vehículo y lo llevaron a la Comisaría Primera junto con otras veinte personas más, hacinadas y sin barbijo. Lo soltaron después de dos horas sin su moto, la misma que utiliza para repartir y le garantiza un trabajo en este contexto.
EL EXTREMO SUR
Entre las denuncias también aparece las de tres mujeres que integran el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que fueron detenidas cuando volvían de comprar alimento en Corcovado, llevadas a una comisaría y obligadas bajo presión y violencia a firmar un acta en blanco, y luego llevadas a un hospital, acusadas de portar coronavirus. Mientras que el protocolo de seguridad del Gobierno nacional insta a las fuerzas a acompañar a las personas notificadas a sus hogares, las mujeres fueron dejadas a kilómetros de sus casas y obligadas a caminar en horas de la madrugada, con temperaturas bajo 0; lo que deja ver que las detenciones eran absolutamente arbitrarias y no respondían a un control sobre el aislamiento, sino a sostener el disciplinamiento social.
Estos abusos son sólo muestras de las 40 denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, a través de la concejala de Trelew, Mariela Flores Torres, sintetizaron en tres habeas corpus preventivos, presentados en simultáneo el 16 de abril.
Para Torres, también Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Chubut, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Seguridad “lejos de cuidarnos de la pandemia, avanzaban en un excesivo abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba”.
En un fallo ejemplar, la jueza Mirta del Valle Moreno dio lugar y dictó un acta de sentencia a favor de la población chubutense y desde el 20 de abril sólo se registraron 10 detenciones. La resolución judicial terminó con la extrema violencia policial: las fuerzas de seguridad deben explicar a las personas detenidas el delito que se les imputa, los gimnasios ya no funcionan como centros de detención y ya no suenan las sirenas.
Sin embargo, Paulino Gómez no fue ni siquiera apartado de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes; de hecho fue ratificado. Por otra parte, las personas exceptuadas de la cuarentena deben tramitar un permiso en una plataforma virtual que depende del Ministerio de Seguridad y que no sólo funciona mal, sino que no tiene en cuenta la realidad de muches trabajadores que se encuentran en la informalidad y no pueden tramitarlo, sin contar que algunes de elles ni siquiera cuentan con acceso a internet. Es el propio Estado el que les termina haciendo infraccionar.
El pueblo como rehén mercantil
Aunque varios organismos estatales habían dejado de funcionar desde antes de la pandemia discutiendo el atraso en los salarios y el desfinanciamiento de varios sectores, la cuarentena terminó de paralizar al resto de entidades comprendidas en la sociedad no pertenecientes al Estado -tales como mercados, negocios, sitios gastronómicos-.
El 23 de abril, y como medida para paliar la crisis, en la ciudad de Puerto Madryn se dictó una ordenanza municipal que planteaba imponer nuevos tributos a empresas relacionadas con actividades productivas: la pesca, la energía eólica, entre otras (las más ricas de la provincia). A través de una tasa de emergencia, contribuirían a la situación financiera por los gastos en la prevención y el tratamiento del coronavirus.
Inmediatamente, los sectores empresariales criticaron las medidas tomadas por el Concejo Deliberante y aseguraron que no se estaba “valorando” el trabajo que dichas empresas realizaban para contribuir a la riqueza de la Provincia. Como si fueran trabajadores incansables, los grandes empresarios pesqueros hablaron de su aporte a la comunidad. Estos son personajes parecidos a los que piden que el pueblo levante las banderas del campo “que nos da de comer”, cuando en realidad exportan la mayor parte de lo que producen aunque el pueblo se cague de hambre.
Para entender un poco cómo se manejan, la empresa “Continental Armadores de Pesca S.A.”, mejor conocida como CONARPESA, amenazó con irse de la ciudad expresando su descontento con la ordenanza. “En cuanto al establecimiento industrial radicado en Puerto Madryn, el mismo permanecerá inactivo hasta tanto concluyan las acciones judiciales que se emprenderán” expresó su presidente.
Básicamente juegan con el poder de dejar en la calle a cientas de familias en un momento de extrema vulnerabilidad y lo logran: el apriete empresarial dejó sin efecto la ordenanza usando de rehenes a les trabajadores que sufren de primera mano las múltiples crisis.
La situación en Chubut no sólo es grave por la crisis que atraviesa, sino por lo dificultoso que es acceder a otra agenda mediática que no sea la impuesta por el Gobierno. Chubut tiene un histórico recorrido de resistencia contra la minería a gran escala y hoy la megaminería vuelve a resonar en los medios de comunicación como única alternativa para generar empleo y recuperar una Provincia que se ha visto devastada por un Gobierno que ha demostrado no tener la capacidad para gobernar.
Los medios provinciales (porque los nacionales apenas se alejan de lo que sucede en la Capital Federal) hablan de las consecuencias de los paros, pero nunca de las causas, terminan por colaborar en la legitimación de Arcioni y son responsables de la invisibilización de una lucha eterna. Chubut está en llamas, pero nadie ve el fuego. Por eso, desde este espacio, le recordamos al Gobernador que es responsable de la desidia en la que se encuentra la Provincia y que la deuda es con el pueblo.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactora en Revista Trinchera
**Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
Luego de treinta años, Perú parece despertar del sueño neoliberal: tres décadas de crecimiento económico le permitieron ser uno de los países más fuertes en reservas -con 69.169 millones en 2020-. Sin embargo, este gran sueño es solo de unos pocos. Las políticas neoliberales han costado en la actualidad el 20% de pobreza del país andino; tan solo en 2019 se han sumado 400 mil peruanos pobres a ese porcentaje y un millón y medio en riesgo de entrar en esta situación. Un modelo que ha desmantelado durante años la industria nacional, haciéndola dependiente de la inversión e importación extranjera. Y sin olvidar a los grandes exponentes de este condicionamiento, el imperialismo y el FMI, actuando en conjunto para recrudecer el modelo neoliberal.
Antes de la instalación del modelo neoliberal en la década de los 90, Perú se encontraba gobernado -desde 1985- por el presidente Alan García, del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). En sus primeros años, el mandatario tomó varios posicionamientos sobre la crisis que aquejaba al país. Uno de ellos acerca de la deuda externa -que rondaba los 14 millones de dólares- contraída con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobernante peruano dio un discurso en ante la ONU, mencionando que el FMI no tenía autoridad moral para hacer pedagogía de austeridad sobre el Perú y que desde los años 70 promovía y aumentaba la deuda, no solo de su país, sino también la de los países más pobres del mundo. Además acusó al organismo de responder a los intereses de Estados Unidos, que se favorecía ante la sumisión bajo las condiciones impuestas del FMI, que intentaban hipotecar la soberanía económica de nuestros pueblos. Alan García terminó su discurso diciendo: “es deuda o democracia”. Un año más tarde declaró que solo el 10% de la exportación del país iba a ser destinada a los pagos de la deuda. Esto generó un quiebre en las relaciones con el FMI, el cual le negó todo desembolso de dinero.
Diario la república – Tapa de las consecuencias de la Hiperinflación
Alan García logró un crecimiento económico durante los dos primeros años, invirtiendo en la nueva reestructuración del aparato productivo nacional. Sin embargo, las reservas del país cayeron drásticamente y, a consecuencia de la falta inversión extranjera y de préstamos de los organismos internacionales, llevaron al país a un estancamiento. Además la inflación pasó a ser hiperinflación, la cual llegó al 2.178,482%. Esto redujo el 30% del poder adquisitivo de los peruanos y aumentó entre un 50% y un 70% el precio de alimentos básicos como la leche y el pan. Esta situación provocó la devaluación de la moneda nacional, el INTI, que pasó de valer 1 dólar (1 a 1), a 0,000005 de 1 dólar (USD 1 = 175.000 INTI)
Esta crisis aguda, dio lugar a la estatización de la banca peruana en 1987. Con ella, el Estado se hacía cargo de los bancos privados y las instituciones financieras, para hacer uso del dinero que tenían e invertirlo dentro el país. Alan García enarboló la justicia para justificar la estatización, que a pesar de su aprobación no duraría mucho tiempo. Posteriormente a la intervención del Estado sobre los bancos, masivas protestas del sector empresarial privado y de la clase alta, dirigidos por el escritor Mario Vargas Llosa, se hicieron oír en las calles. Vargas Llosa en ese entonces fundó el Movimiento Libertad -que sería protagonista en las próximas elecciones-, logró que el poder judicial falle a su favor y que la ley de estatización quede inoperante.
Estatización de la Banca- Protestas masivas
La situación nacional era insostenible para el presidente Alan García, quien no tenía el apoyo ni de los sectores dueños de la economía peruana y tampoco de los organismos internacionales. Finalmente su mandato culminó en 1989 ante un tumulto de silbidos dentro del Congreso. Esta era la oportunidad ideal para que el modelo neoliberal sea radicalizado en el país andino. El hombre elegido por las empresas trasnacionales y la misma Iglesia Católica, era Alberto Fujimori, quien se vistió durante toda su campaña bajo el discurso de una reestructuración nacional para el desarrollo. Mientras que su opositor, Mario Vargas Llosa, era apoyado por las clases altas peruanas y las empresas privadas.
El 28 de julio de 1990, con el 57% de los votos Alberto Fujimori asumió como presidente del Perú. En su primer discurso, caracterizó como “Epidemia nefasta” al gobierno de Alan García, a quien además culpó por la economía de guerra, la sociedad envuelta en violencia y la corrupción del país que heredó. Como primera medida, el presidente llevó adelante el Plan Fujishock, que consistía en liberar los precios, liberar el tipo de cambio y suprimir subsidios a los alimentos y a la gasolina; una muestra clara del tutelaje del FMI, con la intención de que el Estado le de la potestad de decidir sobre el futuro económico país.
Disolución del congreso, mediante el autogolpe
Para seguir profundizando bajo la lógica del neoliberalismo, el 5 de abril de 1992 ocurrió el conocido autogolpe de Estado, donde se cerró y disolvió el Congreso y se dictaminó una restructuración nacional. Esto sucedió porque Fujimori no tenía una bancada parlamentaria mayoritaria para seguir aprobando las iniciativas de ajuste, la privatización de empresas, la explotación de recursos naturales por empresas trasnacionales e incluso el otorgamiento de facultades discrecionales para las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que desde el inicio de su mandato Fujimori declaro la lucha contra el narcotráfico y los actos terroristas de Sendero Luminoso, valiéndose de esto como justificación perfecta para legitimar aún más su golpe de Estado.
El gobierno dictatorial de Fujimori, en los años siguientes logró profundizarse gracias a la alianza con las FFAA, el servicio de inteligencia nacional peruano (SIN) y el grupo Colina, integrado por miembros del ejército y de la policía nacional. Los asesinatos, la intimidación, los secuestro y las torturas, no solo fueron direccionadas hacia la lucha contra Sendero Luminoso, sino contra dirigentes sindicales, populares, periodistas y militantes opositores al gobierno. Los casos más significativos fueron la masacre de Barrios Altos, en Lima, en la que se asesinaron a 15 personas y la de la Cantuta donde se asesinaron nueve estudiantes y un profesor. Además, mediante la promulgación de la Ley de Amnistía en junio de 1995, el régimen otorgó impunidad a los crímenes cometidos durante esa época.
Fuerzas armadas
Un año después del autogolpe, a Fujimori le restaba legitimar constitucionalmente el golpe de Estado y garantizar su permanecía en los años siguientes. En 1993 llama a la aprobación de una nueva constitución, que sea la garantía del modelo neoliberal en todos sus aspectos. Por ejemplo los contractos de las empresas trasnacionales, como los encargados en la explotación de los hidrocarburos, no podrían ser modificados por el Estado, permitiendo la “Santidad de los contratos”. Esto demuestra que el Estado estaba sumido a un institución de consulta y, con alguna excepcionalidad, solo vigiliaba y facilitaba la libre competencia, el libre cambio y legalizaba la libre tenencia de moneda extranjera. En tan solo dos años, Fujimori privatizo más de 200 empresas nacionales, argumentado -en el marco del Consenso de Washington- que las privatizaciones generarían un estabilidad económica, y permitiría acceder a los mercados internacionales de crédito, cerrados a los países de la región en los años 80.
Alberto Fujimori en desfile militar (AFP Photo/Jaime RAZURI)
Fujimori tenía todo garantizado, un congreso representado por Cambio 90 y Nueva mayoría, afines a su gobierno; una nueva constitución, aprobada por el 52%, que permitió su reelección en 1995; y la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional (con el apoyo del Tío Sam) yendo contra la insurgencia y profundizando el estado de terror. Sin embargo esa estabilidad que profesaba Fujimori (en tiempos de auge), se empezó a resquebrajar con la aparición de los distintos hechos de corrupción y fraudes electorales. El más significativo y que sería el final del régimen, fueron los sobornos de Vladimir Montesinos, quien aparece en un video en su residencia ofreciéndole 15 mil dólares a Alberto Kouri (perteneciente al partido opositor de Alejandro Toledo) para que se pase al bando oficialista. Luego se difundirían otros videos, donde se veía a magistrados, empresarios, parlamentarios, dueños de medios comunicación, jueces y altos funcionarios, cómplices del régimen. A partir de allí la fiscalía realizó una investigación por enriquecimiento ilícito de más de 264 millones de dólares. Ante la tercera reelección de Fujimori, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos adviertió que su apoyo estaba condicionado a que se apartara a Montesinos del gobierno. Finalmente en noviembre del 2000 Fujimori huiría a Japón, desde donde enviaría un fax de renuncia a su mandato y obligaba a que se tuviese que llamar a elecciones al siguiente año.
Luego de diez años de un gobierno autoritario y fundantes de las bases de un modelo beneficiario para unos pocos, parecía que el retorno a la democracia daría un cambio de dirección del país andino. Pero los cinco años siguientes, mostrarían la inoperancia de un gobierno hundido en los incumplimientos de promesas, en la corrupción y en los escándalos personales del presidente Alejandro Toledo.
Este último apareció en escena por primera vez en las elecciones del 2000, representando al partido Perú Posible. En la primera vuelta, éste partido obtendría un 40% de los votos, mientras que Fujimori un 49%. Todo indicaba que ese margen del 9%, podía revertirse y darle un fin la dictadura que vivía el país. En la segunda vuelta, Toledo solo consigue un 25%, mientras que el fujimorismo un 74%. Una muestra obscena de fraude electoral que el pueblo peruano y Toledo no aceptarían.
Concentración frente al congreso Nacional “Marcha los 4 suyos”
El candidato a presidente, convocaría a la marcha de “los Cuatro Suyos”, haciendo una referencia simbólica de la división del Tahuantinsuyo del imperio Inca. La convocatoria consistía en marchar al Congreso nacional en Lima, con la intención de impedir la asunción del Fujimori . Esta convocatoria sería fuertemente reprimida por la policía nacional y ensuciada por un atentado planificado por Vladimiro Montesinos para incendiar el Banco nacional, e incriminar a Toledo de lo acontecido. Sin embargo, ésto sería otra pieza clave para profundizar el final del régimen autoritario. Un año después, el 28 de julio del 2001, y posteriormente a las elecciones, Perú volvía a la democracia de la mano de Alejandro Toledo, el primer mandatario procedente de un pueblo originario.
Toledo en sus primeras intervenciones públicas, proclamaría la lucha contra la corrupción, prometía el control de la inflación (que hasta ese entonces era de 1,8% anual), reducir la pobreza (que rondaba el 54,8% de la población), aumentar la cantidad de exportaciones, dejar de privatizar de empresas nacionales y generar empleo digno y productivo. El pueblo andino se ilusionaba, Toledo lograba un acuerdo nacional con los diferentes partidos políticos del país (tanto de derecha como de izquierda), con el objetivo de caminar juntos la reconstrucción de la democracia.
Pormesas del presidente Toledo
En el año 2002 inauguraría el funcionamiento del proyecto Camisea, que consistía en la explotación de uno de los yacimientos más grandes de reserva de gas en Perú. Sin embargo, más allá que este proyecto generó 18 mil puestos de trabajo (entre el 2002 y 2004), todo fue a costa de inversión extranjera y el reparto dentro del país se lo llevaron las empresas privadas. Incluso desde el descubrimiento del yacimiento de gas por la multinacional Shell (empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa ), entre 1883 y 1887, las licencias para llevar a cabo el proyecto, se plantearían por un tiempo de explotación de más de treinta años. En el 2000 la empresa Shell, y luego Mobil (la empresa norteamericana de petróleo), decidieron no continuar con el proyecto, y un consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation, con la participación de Hunt Oil Company (de Estados Unidos), SK Corporation (de Corea), Sonatrach Petroleum Corporation B.V.I. (de Argelia), Graña y Montero S.A.A. (de Perú) y luego Tractebel (de Bélgica), y Tecpetrol SA, se harían cargo adjudicándose 33 años de explotación. Así mismo la construcción de gaseoductos, figurarían empresas como Techint Ingieneria & Construcciones.
Habría un crecimiento económico de un 4,5% anual, se pondrían en marcha proyectos como la carretera interoceánica (que buscaba unir el océano atlántico con el océano pacifico, a través de Brasil y Perú), se promoverían los planes como Techo Propio (para aquellos peruanos que ganen menos de 1000 soles y no tengan vivienda), se pensaría en la educación mediante el desarrollo del Plan Huascaran (que consistía en la inclusión de computadoras para equilibrar el acceso a la educación de calidad). Sin embargo, estos aspectos de camino, desarrollo y crecimiento, eran el disfraz perfecto para seguir generando más deuda, mediante desembolsos de 100 millones de dólares del Banco Mundial y de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.
Aparecerían en escena el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, que no sería aprobado hasta el 2006. Perú negociaba con el país del norte desde 1991, exportando principalmente minerales, textiles, productos pesqueros y petróleo crudo. Los aranceles impuestos a estas exportaciones, se renovaban periódicamente y lo que se busca era una estabilidad, para generar una libre comercialización y la incitación de las empresas trasnacionales para que inviertan en el país. Las repercusiones de este acuerdo transcurrirían en dos escenarios diferentes: por un lado la oposición que argumentaba que el tratado ponía en riesgo a las pequeñas empresas nacionales y la agricultura del país; por otro, dentro del Pacto Andino, donde Venezuela -ante los acuerdos de Perú y Colombia con los Estados Unidos-, se iría de esta instancia regional, dado que Hugo Chávez comprendía que el TLC atentaba contra una verdadera integración de la región, profundizando la dependencia al Imperialismo Norteamericano.
Malestar Social
Durante los años de mandato de Toledo, el malestar social crecería poco a poco. Su gobierno había comenzado faltando a sus promesas de campaña, y tendría distintitos puntos de quiebre, como el Arequipazo en 2001. Ese año se sucedieron protestas masivas que fueron reprimidas por la policía nacional, dejando 318 heridos. Las manifestaciones se habían generado producto de la marcha atrás del gobierno frente a la privatización de las empresas de electricidad (Egesur y Egasa), a la empresa de capitales belga Tractebel a cambio de 167 millones de dólares. Otro punto de malestar ocurrió en la capital del callao, Ilave, donde se lincho hasta la muerte al alcalde Cirilo Robles por actos de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento electorales. Pero el punto que le valió la pérdida total de legitimidad, fue el caso de corrupción conocido como Ecoteva: un escándalo por el lavado de 31 millones de dólares, que años más tarde, se blanquearían en la compra de inmuebles de personas allegadas al entorno de Toledo.
El mandatario culminaría su presidencia con el incumplimiento de promesas como la generación de empleo (dejando un tasa de desempleo del 42%) y con una economía sostenida por la oligarquía y los capitales extranjeros, que profundizaría la desigualdad y el modelo neoliberal.
* Periodista, columnista en "No Se Mancha"(Radio Estación Sur - FM 91,7), redactor en Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
El pasado 30 de abril se cumplieron 43 años desde la primera vez que las Madres de Plaza de Mayo pisaron la plaza para reclamar por la aparición con vida sus hijes. En años de incansable reclamo por memoria, verdad y justicia, las Madres han estado presentes no sólo en su lucha, sino en todas las que se reclame por igualdad de derechos y donde haya una búsqueda de la justicia social. De ser consideradas “unas viejas locas” se transformaron en un símbolo de lucha por los Derechos Humanos y un ejemplo de valentía con pocos precedentes en la historia.
Cuando se empezaron a organizar, en medio de la desesperación y el miedo, sabían que no iban en contra de un grupo pequeño de personas o de alguna organización de crimen organizado, sino que luchaban contra todo un aparato estatal que ejercía de manera sistemática el terrorismo de Estado y que contaba con innumerables cómplices que estaban al servicio de la impunidad. Los medios de comunicación, la iglesia y el Poder Judicial, son algunas de las instituciones que no escuchaban los reclamos desesperados de estas mujeres.
La prensa hegemónica se encargó de ocultar todo lo que ocurría puertas adentro de las comisarías y los centros clandestinos de detención. A su vez, tildaban de “extremistas” a les militantes desaparecides o aludían que los asesinatos producidos por las Fuerzas Armadas se trataban de “enfrentamientos” y que muchas veces eran abatides porque “intentaban escapar”. No conformes con esto, en algunos medios poderosos se publicaban listas de “subversivos” y que si se sabía el paradero de alguno, había que notificar de inmediato a las Fuerzas Armadas. Las Madres recorrían las iglesias buscando algunas respuestas sobre el paradero de sus hijes y lo que sistemáticamente recibían eran contestaciones como que “tengan paciencia” y que “recen mucho”, además de confundirlas con rumores, insinuaciones y desinformaciones. La pata judicial del Estado también tuvo complicidad con el gobierno militar. Las Madres se encargaron de llevar a los juzgados una gran cantidad de Habeas Corpus que eran archivados y no se realizaban las investigaciones necesarias para dar con sus paraderos. Esto también les permitía llevar un registro de las personas que estaban reclamando por la aparición de les desaparecides.
Al poco tiempo llegaría otro golpe duro para esta organización. En 1977 Alfredo Astiz -integrante de la marina- se infiltró en el grupo de Madres haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Se ganó la confianza de éstas y fue el que brindó la información a sus superiores para que secuestraran a tres de las referentas: Esther Careaga, Mary Ponce y Azucena Villaflor. Fueron llevadas a la ESMA, donde las torturaron, las violaron y las tiraron con vida al Río de la Plata.
En diciembre de 2005, las cenizas de Azucena Villaflor fueron enterradas en Plaza de Mayo. De la ceremonia se encargaron su hija y otros familiares de desaparecidos. Los restos quedaron bajo azucenas blancas y claveles rojos, junto a la Pirámide y frente a la Casa de Gobierno.
Luego de la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) -de la cual las Madres desconfiaban y no quisieron formar parte porque preferían la calle y no las comisiones- se llevó adelante el Juicio a las Juntas en 1985. Condenas insuficientes y solamente dos perpetuas -Videla y Massera- no terminaron de cerrar la herida provocada por el terrorismo de estado. Las Madres, disconformes luego de las sentencias, se levantaron y se fueron de la sala de audiencias en modo de protesta.
Con Carlos Menem en el poder, la impunidad tendría un nuevo rostro. Al poco tiempo de asumir al gobierno, decretó los indultos a los responsables de la dictadura más sangrienta de la historia argentina con la justificación de la “reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”. Los represores volvían a salir a las calles y a pasearse libremente por la vía pública. Como siempre, allí estuvieron las Madres para marchar sobre las calles del microcentro porteño para reclamar contra los indultos, en lo que significó un gran retroceso y uno de los momentos de mayor impunidad desde la vuelta de la democracia. Esto no permitió que bajaran los brazos, ni mucho menos. La lucha continuaba.
En diciembre de 2001 regía en el país el Estado de Sitio. Miles de jóvenes eran reprimidos por la policía en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Un gobierno que había llevado hasta las últimas consecuencias las recetas del FMI y el Banco Mundial y que representaba el fracaso de los programas neoliberales implementados desde hacía más de diez años, por lo que la desocupación y la pobreza llegaban a niveles sin precedentes en Argentina. Las Madres, como todos los jueves desde 1977, fueron a la plaza a enfrentar lo que sea necesario, sabiendo del peligro al que se exponían. Reclamaron contra el Gobierno nacional y la respuesta de la caballería de la Policía Federal fue reprimirlas. Esto impulsó a miles de personas que, al ver esta imagen por lo medios de comunicación, decidieron ir hacia Plaza de Mayo a defender a las Madres y a seguir reclamando contra el gobierno.
Finalmente, tuvieron que esperar hasta el año 2003 para que no esté más el enemigo en Casa Rosada. Hebe de Bonafini -presidenta de Madres de Plaza de Mayo- dijo: “La democracia la recuperamos con Néstor y Cristina, lo de antes fue una parodia”. El por entonces presidente la Nación, Néstor Kirchner, al poco tiempo de asumir pronunciaba un discurso en el que afirmaba: “Somos hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”. A su vez, pedía perdón en nombre del Estado en el espacio físico más emblemático y más sangriento de la dictadura, la Escuela Mecánica de la Armada, convirtiéndolo en un “Museo de la Memoria”. Bajó los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar. Anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y daba el impulso necesario desde el Estado para que se juzguen a todos los responsables de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y así comenzar un proceso de memoria, verdad y justicia. Los años de lucha tendrían la recompensa que tanto esperaron.
Hoy, 43 años después, las Madres han sido protagonistas de innumerables luchas a lo largo de su historia. Esto se ve reflejado en consignas que ellas mismas definieron: “Socialización de la maternidad”, “reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestres hijes”, “nuestres hijes viven”, “cárcel a los genocidas”, “no aceptamos que se le ponga precio a la vida”, “rechazamos los homenajes póstumos”, “la falta de trabajo es un crimen”, “la lucha por los pueblos del mundo es nuestra propia lucha” y “somos una organización política”. Su valor, su valentía y su fuerza son una fuente de inspiración para les que luchamos por un mundo más igualitario, donde la justicia social es una bandera innegociable y donde horizonte es la liberación de los pueblos. Nos enseñaron que el dolor se puede transformar en acción, y que las lágrimas se pueden transformar en lucha. Y en la lucha, se puede transformar el mundo. Ellas lo hicieron.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
Como una especie de nostradamus argento, Oesterheld supo predecir en su famoso comic “El Eternauta”, de alguna manera, el presente distópico y por momentos ridículo que nos toca atravesar. Nuestro Juan Salvo (@Alferdez) tiene también enemigos que, si bien no son temibles aliens, no tienen nada que envidiarle. Estos son, nada más y nada menos, que los representantes del capitalismo parasitario.
Lo llamativo del covid-19 es que es un catalizador de procesos sociales. En este aspecto podemos pensar en cómo se profundizaron las diferencias de clase, desde aquel que no puede quedarse en su casa porque vive de changas; al que hace teletrabajo y no tiene más preocupación que el encierro; aquellos que viven hacinados, sin la posibilidad siquiera de lavarse las manos; o las personas del colectivo LGTBIQ, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.
Esta realidad no es exclusiva de Argentina sino que atraviesa a la mayoría de los países del mundo, en mayor o menor medida. Esto puso en la incómoda situación a muchos estados liberales de tener que intervenir activamente en la economía. En la mayoría de los casos las medidas son similares: van desde pagar un porcentaje de sueldos de trabajadores privados hasta nacionalizar (temporalmente) empresas que se desarrollen en sectores productivos estratégicos y por supuesto millonarias inversiones en los sistemas de salud.
El gobierno de les Fernández puso todo el aparato estatal en contener esta crisis y si no hubo pico de contagios y no se están contando las muertes de a miles, es gracias a eso. Se podrían pensar rápidamente varias medias que se tomaron desde un comienzo como la prohibición de los despidos, la regulación de los precios, el aumento de los beneficiarios de la tarjeta alimentar, el Ingreso Federal de Emergencia y por último el renacimiento del programa Conectar Igualdad que repartirá 135 mil notebooks a pibes y pibas.
Ahora bien, la discusión trascendente hoy no es un ficticio plan gubernamental (incompatible con la división de poderes) de liberar presos peligrosos (porcentaje menor de la población carcelaria), sino cómo va a financiar el Estado argentino todas las medidas que se están tomando para poder surfear la ola de caca que es esta pandemia. Una de las posibilidades está a la vista de todos y consiste en aumentar los impuestos de los millonarios.
Lo cierto es que Argentina es de los países en dónde menos inciden los impuestos a las grandes riquezas en su PBI, con un 5,3% según CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Estos sectores, por si hay algún despistade, son aquellos que generan riqueza basándose en la explotación y la muerte de las personas. Ellos son dueños de los pesticidas que envenenan nuestro suelo y de las balas que reciben los pibes en el barrio. Demás está decir que los verdes que sacan de estos negocios nunca son declarados y se transfieren a paraísos fiscales.
Tomado de CEPA
El proyecto de Máximo Kirchner de gravar las grandes fortunas hizo poner el grito en el cielo al establishment argentino, que comenzó desde ese momento a diseñar una estrategia comunicacional para combatirlo. Claro está que la batalla siempre es simbólica y el objetivo que siempre persiguen es generar que sus intereses de clase sean reproducidos como propios por el medio pelo argentino. El diario La Nación, por ejemplo, publicó, al poco tiempo que se conocieron los planes del Frente de Todos, una nota en donde se narraba la vida del empresario Alfredo Coto como un tipo que la peleó desde abajo, un trabajador más. Omitiendo las innumerables denuncias por explotación que tiene de sus empleados.
Para ser más claros estamos hablando de cobrarles un poco más de impuestos, a aproximadamente cuarenta muchachos que tienen un patrimonio superior a 360 millones de dólares. ¿Cuándo sonarán las cacerolas en contra de estos personajes?
Revista Forbes
En las próximas semanas se comenzará a trazar el camino para que las cámaras de Diputados y Senadores puedan sesionar de manera remota. La discusión simbólica irá in crescendo a medida que el debate por esta ley se aproxime y la operación de los presos es sólo una de las tantas que van a utilizar para desgastar al Gobierno nacional. La astucia del gobierno de les Fernández va a ser puesta a prueba en estos días en donde las negociaciones no serán nada fáciles.
Si hay un momento propicio para que se empiecen a cuestionar las ganancias de estos sectores es este. El hecho de que lo estén haciendo en todo el mundo también da muestras de un cambio de paradigma, en donde el intervencionismo estatal y las industrializaciones con miras al autoabastecimiento van a ser protagonistas en distintos estados. Tenemos la oportunidad única de reformar el sistema impositivo de una vez y para siempre. En otras palabras, podemos, como dijo alguna vez Guillermo Moreno, peronizar el mundo.
*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de la sección de Política Nacional de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
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