Por David Soltero*
Luego de treinta años, Perú parece despertar del sueño neoliberal: tres décadas de crecimiento económico le permitieron ser uno de los países más fuertes en reservas -con 69.169 millones en 2020-. Sin embargo, este gran sueño es solo de unos pocos. Las políticas neoliberales han costado en la actualidad el 20% de pobreza del país andino; tan solo en 2019 se han sumado 400 mil peruanos pobres a ese porcentaje y un millón y medio en riesgo de entrar en esta situación. Un modelo que ha desmantelado durante años la industria nacional, haciéndola dependiente de la inversión e importación extranjera. Y sin olvidar a los grandes exponentes de este condicionamiento, el imperialismo y el FMI, actuando en conjunto para recrudecer el modelo neoliberal.
Antes de la instalación del modelo neoliberal en la década de los 90, Perú se encontraba gobernado -desde 1985- por el presidente Alan García, del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). En sus primeros años, el mandatario tomó varios posicionamientos sobre la crisis que aquejaba al país. Uno de ellos acerca de la deuda externa -que rondaba los 14 millones de dólares- contraída con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobernante peruano dio un discurso en ante la ONU, mencionando que el FMI no tenía autoridad moral para hacer pedagogía de austeridad sobre el Perú y que desde los años 70 promovía y aumentaba la deuda, no solo de su país, sino también la de los países más pobres del mundo. Además acusó al organismo de responder a los intereses de Estados Unidos, que se favorecía ante la sumisión bajo las condiciones impuestas del FMI, que intentaban hipotecar la soberanía económica de nuestros pueblos. Alan García terminó su discurso diciendo: “es deuda o democracia”. Un año más tarde declaró que solo el 10% de la exportación del país iba a ser destinada a los pagos de la deuda. Esto generó un quiebre en las relaciones con el FMI, el cual le negó todo desembolso de dinero.
Alan García logró un crecimiento económico durante los dos primeros años, invirtiendo en la nueva reestructuración del aparato productivo nacional. Sin embargo, las reservas del país cayeron drásticamente y, a consecuencia de la falta inversión extranjera y de préstamos de los organismos internacionales, llevaron al país a un estancamiento. Además la inflación pasó a ser hiperinflación, la cual llegó al 2.178,482%. Esto redujo el 30% del poder adquisitivo de los peruanos y aumentó entre un 50% y un 70% el precio de alimentos básicos como la leche y el pan. Esta situación provocó la devaluación de la moneda nacional, el INTI, que pasó de valer 1 dólar (1 a 1), a 0,000005 de 1 dólar (USD 1 = 175.000 INTI)
Esta crisis aguda, dio lugar a la estatización de la banca peruana en 1987. Con ella, el Estado se hacía cargo de los bancos privados y las instituciones financieras, para hacer uso del dinero que tenían e invertirlo dentro el país. Alan García enarboló la justicia para justificar la estatización, que a pesar de su aprobación no duraría mucho tiempo. Posteriormente a la intervención del Estado sobre los bancos, masivas protestas del sector empresarial privado y de la clase alta, dirigidos por el escritor Mario Vargas Llosa, se hicieron oír en las calles. Vargas Llosa en ese entonces fundó el Movimiento Libertad -que sería protagonista en las próximas elecciones-, logró que el poder judicial falle a su favor y que la ley de estatización quede inoperante.
La situación nacional era insostenible para el presidente Alan García, quien no tenía el apoyo ni de los sectores dueños de la economía peruana y tampoco de los organismos internacionales. Finalmente su mandato culminó en 1989 ante un tumulto de silbidos dentro del Congreso. Esta era la oportunidad ideal para que el modelo neoliberal sea radicalizado en el país andino. El hombre elegido por las empresas trasnacionales y la misma Iglesia Católica, era Alberto Fujimori, quien se vistió durante toda su campaña bajo el discurso de una reestructuración nacional para el desarrollo. Mientras que su opositor, Mario Vargas Llosa, era apoyado por las clases altas peruanas y las empresas privadas.
El 28 de julio de 1990, con el 57% de los votos Alberto Fujimori asumió como presidente del Perú. En su primer discurso, caracterizó como “Epidemia nefasta” al gobierno de Alan García, a quien además culpó por la economía de guerra, la sociedad envuelta en violencia y la corrupción del país que heredó. Como primera medida, el presidente llevó adelante el Plan Fujishock, que consistía en liberar los precios, liberar el tipo de cambio y suprimir subsidios a los alimentos y a la gasolina; una muestra clara del tutelaje del FMI, con la intención de que el Estado le de la potestad de decidir sobre el futuro económico país.
Para seguir profundizando bajo la lógica del neoliberalismo, el 5 de abril de 1992 ocurrió el conocido autogolpe de Estado, donde se cerró y disolvió el Congreso y se dictaminó una restructuración nacional. Esto sucedió porque Fujimori no tenía una bancada parlamentaria mayoritaria para seguir aprobando las iniciativas de ajuste, la privatización de empresas, la explotación de recursos naturales por empresas trasnacionales e incluso el otorgamiento de facultades discrecionales para las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que desde el inicio de su mandato Fujimori declaro la lucha contra el narcotráfico y los actos terroristas de Sendero Luminoso, valiéndose de esto como justificación perfecta para legitimar aún más su golpe de Estado.
El gobierno dictatorial de Fujimori, en los años siguientes logró profundizarse gracias a la alianza con las FFAA, el servicio de inteligencia nacional peruano (SIN) y el grupo Colina, integrado por miembros del ejército y de la policía nacional. Los asesinatos, la intimidación, los secuestro y las torturas, no solo fueron direccionadas hacia la lucha contra Sendero Luminoso, sino contra dirigentes sindicales, populares, periodistas y militantes opositores al gobierno. Los casos más significativos fueron la masacre de Barrios Altos, en Lima, en la que se asesinaron a 15 personas y la de la Cantuta donde se asesinaron nueve estudiantes y un profesor. Además, mediante la promulgación de la Ley de Amnistía en junio de 1995, el régimen otorgó impunidad a los crímenes cometidos durante esa época.
Un año después del autogolpe, a Fujimori le restaba legitimar constitucionalmente el golpe de Estado y garantizar su permanecía en los años siguientes. En 1993 llama a la aprobación de una nueva constitución, que sea la garantía del modelo neoliberal en todos sus aspectos. Por ejemplo los contractos de las empresas trasnacionales, como los encargados en la explotación de los hidrocarburos, no podrían ser modificados por el Estado, permitiendo la “Santidad de los contratos”. Esto demuestra que el Estado estaba sumido a un institución de consulta y, con alguna excepcionalidad, solo vigiliaba y facilitaba la libre competencia, el libre cambio y legalizaba la libre tenencia de moneda extranjera. En tan solo dos años, Fujimori privatizo más de 200 empresas nacionales, argumentado -en el marco del Consenso de Washington- que las privatizaciones generarían un estabilidad económica, y permitiría acceder a los mercados internacionales de crédito, cerrados a los países de la región en los años 80.
Fujimori tenía todo garantizado, un congreso representado por Cambio 90 y Nueva mayoría, afines a su gobierno; una nueva constitución, aprobada por el 52%, que permitió su reelección en 1995; y la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional (con el apoyo del Tío Sam) yendo contra la insurgencia y profundizando el estado de terror. Sin embargo esa estabilidad que profesaba Fujimori (en tiempos de auge), se empezó a resquebrajar con la aparición de los distintos hechos de corrupción y fraudes electorales. El más significativo y que sería el final del régimen, fueron los sobornos de Vladimir Montesinos, quien aparece en un video en su residencia ofreciéndole 15 mil dólares a Alberto Kouri (perteneciente al partido opositor de Alejandro Toledo) para que se pase al bando oficialista. Luego se difundirían otros videos, donde se veía a magistrados, empresarios, parlamentarios, dueños de medios comunicación, jueces y altos funcionarios, cómplices del régimen. A partir de allí la fiscalía realizó una investigación por enriquecimiento ilícito de más de 264 millones de dólares. Ante la tercera reelección de Fujimori, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos adviertió que su apoyo estaba condicionado a que se apartara a Montesinos del gobierno. Finalmente en noviembre del 2000 Fujimori huiría a Japón, desde donde enviaría un fax de renuncia a su mandato y obligaba a que se tuviese que llamar a elecciones al siguiente año.
Luego de diez años de un gobierno autoritario y fundantes de las bases de un modelo beneficiario para unos pocos, parecía que el retorno a la democracia daría un cambio de dirección del país andino. Pero los cinco años siguientes, mostrarían la inoperancia de un gobierno hundido en los incumplimientos de promesas, en la corrupción y en los escándalos personales del presidente Alejandro Toledo.
Este último apareció en escena por primera vez en las elecciones del 2000, representando al partido Perú Posible. En la primera vuelta, éste partido obtendría un 40% de los votos, mientras que Fujimori un 49%. Todo indicaba que ese margen del 9%, podía revertirse y darle un fin la dictadura que vivía el país. En la segunda vuelta, Toledo solo consigue un 25%, mientras que el fujimorismo un 74%. Una muestra obscena de fraude electoral que el pueblo peruano y Toledo no aceptarían.
El candidato a presidente, convocaría a la marcha de “los Cuatro Suyos”, haciendo una referencia simbólica de la división del Tahuantinsuyo del imperio Inca. La convocatoria consistía en marchar al Congreso nacional en Lima, con la intención de impedir la asunción del Fujimori . Esta convocatoria sería fuertemente reprimida por la policía nacional y ensuciada por un atentado planificado por Vladimiro Montesinos para incendiar el Banco nacional, e incriminar a Toledo de lo acontecido. Sin embargo, ésto sería otra pieza clave para profundizar el final del régimen autoritario. Un año después, el 28 de julio del 2001, y posteriormente a las elecciones, Perú volvía a la democracia de la mano de Alejandro Toledo, el primer mandatario procedente de un pueblo originario.
Toledo en sus primeras intervenciones públicas, proclamaría la lucha contra la corrupción, prometía el control de la inflación (que hasta ese entonces era de 1,8% anual), reducir la pobreza (que rondaba el 54,8% de la población), aumentar la cantidad de exportaciones, dejar de privatizar de empresas nacionales y generar empleo digno y productivo. El pueblo andino se ilusionaba, Toledo lograba un acuerdo nacional con los diferentes partidos políticos del país (tanto de derecha como de izquierda), con el objetivo de caminar juntos la reconstrucción de la democracia.
En el año 2002 inauguraría el funcionamiento del proyecto Camisea, que consistía en la explotación de uno de los yacimientos más grandes de reserva de gas en Perú. Sin embargo, más allá que este proyecto generó 18 mil puestos de trabajo (entre el 2002 y 2004), todo fue a costa de inversión extranjera y el reparto dentro del país se lo llevaron las empresas privadas. Incluso desde el descubrimiento del yacimiento de gas por la multinacional Shell (empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa ), entre 1883 y 1887, las licencias para llevar a cabo el proyecto, se plantearían por un tiempo de explotación de más de treinta años. En el 2000 la empresa Shell, y luego Mobil (la empresa norteamericana de petróleo), decidieron no continuar con el proyecto, y un consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation, con la participación de Hunt Oil Company (de Estados Unidos), SK Corporation (de Corea), Sonatrach Petroleum Corporation B.V.I. (de Argelia), Graña y Montero S.A.A. (de Perú) y luego Tractebel (de Bélgica), y Tecpetrol SA, se harían cargo adjudicándose 33 años de explotación. Así mismo la construcción de gaseoductos, figurarían empresas como Techint Ingieneria & Construcciones.
Habría un crecimiento económico de un 4,5% anual, se pondrían en marcha proyectos como la carretera interoceánica (que buscaba unir el océano atlántico con el océano pacifico, a través de Brasil y Perú), se promoverían los planes como Techo Propio (para aquellos peruanos que ganen menos de 1000 soles y no tengan vivienda), se pensaría en la educación mediante el desarrollo del Plan Huascaran (que consistía en la inclusión de computadoras para equilibrar el acceso a la educación de calidad). Sin embargo, estos aspectos de camino, desarrollo y crecimiento, eran el disfraz perfecto para seguir generando más deuda, mediante desembolsos de 100 millones de dólares del Banco Mundial y de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.
Aparecerían en escena el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, que no sería aprobado hasta el 2006. Perú negociaba con el país del norte desde 1991, exportando principalmente minerales, textiles, productos pesqueros y petróleo crudo. Los aranceles impuestos a estas exportaciones, se renovaban periódicamente y lo que se busca era una estabilidad, para generar una libre comercialización y la incitación de las empresas trasnacionales para que inviertan en el país. Las repercusiones de este acuerdo transcurrirían en dos escenarios diferentes: por un lado la oposición que argumentaba que el tratado ponía en riesgo a las pequeñas empresas nacionales y la agricultura del país; por otro, dentro del Pacto Andino, donde Venezuela -ante los acuerdos de Perú y Colombia con los Estados Unidos-, se iría de esta instancia regional, dado que Hugo Chávez comprendía que el TLC atentaba contra una verdadera integración de la región, profundizando la dependencia al Imperialismo Norteamericano.
Durante los años de mandato de Toledo, el malestar social crecería poco a poco. Su gobierno había comenzado faltando a sus promesas de campaña, y tendría distintitos puntos de quiebre, como el Arequipazo en 2001. Ese año se sucedieron protestas masivas que fueron reprimidas por la policía nacional, dejando 318 heridos. Las manifestaciones se habían generado producto de la marcha atrás del gobierno frente a la privatización de las empresas de electricidad (Egesur y Egasa), a la empresa de capitales belga Tractebel a cambio de 167 millones de dólares. Otro punto de malestar ocurrió en la capital del callao, Ilave, donde se lincho hasta la muerte al alcalde Cirilo Robles por actos de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento electorales. Pero el punto que le valió la pérdida total de legitimidad, fue el caso de corrupción conocido como Ecoteva: un escándalo por el lavado de 31 millones de dólares, que años más tarde, se blanquearían en la compra de inmuebles de personas allegadas al entorno de Toledo.
El mandatario culminaría su presidencia con el incumplimiento de promesas como la generación de empleo (dejando un tasa de desempleo del 42%) y con una economía sostenida por la oligarquía y los capitales extranjeros, que profundizaría la desigualdad y el modelo neoliberal.
* Periodista, columnista en "No Se Mancha"(Radio Estación Sur - FM 91,7), redactor en Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Fuentes:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101003020549/8cap07.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3066001.pdf
https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-san-cristobal-de-huamanga/economia/informe/la-hiperinflacion-en-el-primer-gobierno-de-alan-garcia-perez/2788873/view
https://cavb.blogspot.com/2017/06/fujishock-el-super-paquetazo-del-8-de.html
https://www.monografias.com/trabajos82/hiperinflacion-peru/hiperinflacion-peru2.shtml
https://nuso.org/articulo/un-proceso-con-luces-y-sombras/
