Una jugada estratégica en el momento oportuno

POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*

Con la intervención y posible expropiación de Vicentín, uno de los grandes agronegocios de la Argentina, el Gobierno nacional dio respuesta a la urgente necesidad de una nueva valoración del territorio, asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio.

La empresa y el fraude al Estado nacional

Vicentín tiene capitales accionarios en 20 firmas: conformó un oligopolio que incluye a la Algodonera Avellaneda, el frigorífico Friar, un feedlot en un predio de 450 hectáreas, tres plantas industriales en Ricardone y San Lorenzo, una hilandería en Brasil, una bodega de vinos en Mendoza, una parte de SanCor, la elaboración del algodón que comercializa Química Estrella, y la producción propia de agrotóxicos, alimento balanceado y biodiesel; más el pool de siembra de soja.

Esa es la información que conoce la mayoría de la población. Lo que no se sabe, es que Vicentín fue cómplice de las dictaduras militares, con por lo menos 22 obreros secuestrados entre enero y noviembre de 1976, siempre intentando asegurarse trabajadores dóciles, obedientes y familias atemorizadas. Además, la empresa aportó a la campaña de Cambiemos, y casualmente, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, trepó al primer lugar en el ranking de exportadores. Para prefinanciar las exportaciones, Vicentín recibió préstamos insólitos.

De los 300 millones de dólares que Vicentín debe al Banco Nación, casi una tercera parte le fueron otorgados cuando Mauricio Macri ya había perdido las elecciones y la empresa había dejado de pagar sus deudas. Así consta en el legajo del Banco, en el expediente por el que se tramita la convocatoria de acreedores de Vicentín. Allí se detallan 26 autorizaciones de crédito que el Banco Nación, presidido en ese entonces por Javier González Fraga, le otorgó a la empresa, entre el 8 y el 26 de noviembre, para prefinanciación de exportaciones por 95,5 millones de dólares. Una semana después del último retiro, la firma se presentó en convocatoria de acreedores.

¿Cómo, una empresa que exporta más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, después de una increíble devaluación en los últimos meses de 2019 y con semejante financiamiento en noviembre, pudo haber caído en una cesación de pagos en diciembre? No hay que ser muy vive: o se la fugaron toda, o se la fugaron toda.

En este sentido, la otra cuestión que será materia de análisis judicial es la denuncia por fraude al Estado nacional, a partir de la sospecha de que las irregularidades en los préstamos estarían vinculadas a cierta connivencia entre la empresa y las autoridades del Banco, y por supuesto, las sugerencias de la Casa Rosada en favor del otorgamiento de dichos préstamos.

Siempre hay una mala noticia: el Congreso debe decidir la expropiación del Grupo Vicentín y tendrán que votar los integrantes del partido para el que la empresa de los Nardelli bajó mucha guita en campaña. Paradojas.

Un objetivo social y económico: soberanía alimentaria

El gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentín y declaró de “utilidad pública” a la empresa de los Nardelli, lo que quiere decir que el proyecto de expropiación que se envía al Congreso, se sustenta en que la transferencia de ese bien al Estado, es necesaria para maximizar el bienestar general de la población.

La decisión no sólo supone una clara señal para todos aquellos que especularon con la impunidad de sus maniobras económicas y financieras, amparados por un gobierno que muy amablemente les permitió fugar divisas y no pagar sus deudas.

En medio de una emergencia alimentaria de grandes proporciones, en un país donde en 2019, seis de cada diez niños vivieron en la pobreza, según un reciente estudio[1] del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA), la expropiación del Grupo Vicentín, permitiría andar el camino hacia la soberanía alimentaria.

Primero porque la intervención corta con los intentos de grandes cerealeras trasnacionales, como la francesa Dreyfuss, la suiza Glencore y la estadounidense Cargill, que veían a Vicentín como un bocado más que apetecible: además de ser un gran exportador, cuenta con empresas de acopio y hasta un puerto propio; si el grupo fuera absorbido por alguna de estas multinacionales, estaríamos frente a una concentración de mercado insuperable.

El hecho de que Vicentín sea una empresa “testigo en el mercado de granos y el cambiario”, da la pauta de espacios estratégicos, en los que el Estado no puede permitir que las fuerzas del mercado los guíen en sentido contrario al interés nacional. A su vez, resolver el control sobre una de las principales puertas de divisas, le permite al Estado evitar una nueva situación de escasez o que se deje al país sometido a las presiones devaluatorias de los exportadores.

Con el poder de compra, gestión y logística de Vicentín (con fábricas, depósitos y puertos propios) puede fomentarse a los pequeños productores, las buenas prácticas agrícolas y una buena provisión de divisas para el país. Asimismo y jugando con las mismas reglas que impone el mercado, se puede “obligar” a la competencia a tener que pagar mejores precios a los productores.

La necesidad de que el Estado recupere un rol estratégico en el ámbito agropecuario es fundamental si se pretende que la riqueza de nuestro suelo quede en nuestro territorio, porque hoy la principal fuente de ingresos del país proviene de la exportación de productos agropecuarios y la misma está totalmente privatizada, y en su mayoría, en manos extranjeras.

Las metas fueron bien resumidas en el Foro por un Programa Agropecuario Soberano y Popular, celebrado en el estadio de Ferro en mayo de 2019: construir lo agrario más allá de lo productivo, que se incorpore su valor para la restauración de nuestro territorio y la función alimentaria, su potencia para recuperar el arraigo con nuestra tierra, su influencia en el desarrollo industrial; que la agricultura familiar y campesina sea protagonista, y que se priorice la agroecología y la democratización de la tierra.


* Chubutense de nacimiento y militante porque no hay mejor manera de transformar el mundo. 
En la escuela le hablaron de la colonización y las guerras. Cuando la militancia le mostró
la historia de las resistencias, empuñó el mejor arma: la pluma.

Referencias:
[1] http://uca.edu.ar/es/noticias/condiciones-de-vida-de-las-infancias-pre-pandemia-covid-19

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