¿Sabes que consumís? ¿Conocés los nutrientes de cada producto expuesto en góndolas? Lo más probable es que tus respuestas no sean certeras y es porque hay derechos que no están siendo garantizados, como el de la información y la alimentación sana, que son circunstanciales para la vida plena de la sociedad. La ley de Etiquetado Frontal se trata de justicia alimentaria, se trata de justicia social.
El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal obtuvo este martes un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. La ley será tratada en el recinto sin modificaciones, con 91 firmas a favor, 2 firmas en contra, 12 a un dictamen alternativo de Carmen Polledo y 5 a otro alternativo de Pablo Yedlin. ¿Qué se espera para el debate en la Cámara Baja? Una disputa por el derecho a una alimentación sana atravesada por opiniones empresariales y lobbies del comercio.
La ley, que fue aprobada por el senado en octubre del año pasado, propone la incorporación en el frente de los productos ultra procesados de una etiqueta negra en forma de octógono y con información en letras blancas que advierta sobre el exceso de nutrientes críticos, como de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
El proyecto apunta a la concientización y protección de la alimentación sana de las niñeces y juventudes:
- Determina que los productos que contengan edulcorantes o cafeína no sean recomendados para este grupo etario;
- En los productos que contengan más de dos sellos de advertencia, estará prohibida la publicidad que se dirija directamente a elles;
- En el caso de los productos con más de un sello de advertencia no estará permitido que incluyan dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de las infancias;
- Con respecto a instituciones educativas, se deberá proteger a las niñeces regulando la comercialización de alimentos con más de dos sellos de advertencia en colegios;
- El Estado deberá priorizar en todo ámbito la compra de alimentos sin sellos de advertencia.
La necesidad de una ley de este carácter se evidencia cuando se encuentra complejidad a la hora de leer las tablas nutricionales que se encuentran en el dorso de los productos: suelen ser incomprensibles para los consumidores promedio. El derecho a la información sobre lo que consumimos debe ser clara y entendible, la ley busca garantizarlo.
La advertencia sobre el exceso de los nutrientes críticos, que están asociados al sobrepeso y obesidad, busca prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial. Además, asegura el cumplimiento de la Ley N° 24.240 que establece la obligación de los proveedores de productos a suministrar información clara, precisa y veraz. También determina que los productos no deben presentar peligro alguno para la salud o integridad física.
Además, el sistema que propone la ley es el uso de etiquetas octogonales negras a productos, será implementado no por el carácter de ser procesado, sino por el superar los límites máximos de los nutrientes críticos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En este breve recorrido por los principales aspectos del proyecto de ley se puede evidenciar la falta que hace. No solo complementa y garantiza la implementación de derechos y leyes ya sancionadas, sino que propone una mejora a los sistemas de comercialización y consumo vigentes. La concientización sobre lo que comemos es fundamental para dar la discusión sobre la soberanía alimentaria. Sin embargo, el proyecto estuvo -y está- atravesado por disputas políticas ligadas a la economía empresarial que generaron la postergación de su tratado.
¿Por qué tardó tanto en tratarse?
Durante casi nueve meses la ley estuvo “cajoneada” y esperando el dictamen de las comisiones para el paso a la votación en la Cámara Baja del Congreso. La causa fueron los desacuerdos entre los partidos por aspectos relacionados a la publicidad de los productos que, según algunos legisladores, podría afectar a las ventas. No se contaba con el acuerdo de todos los presidentes y vicepresidentes de las cuatro comisiones del Congreso; recién este mes se consiguió llegar a un consenso para convocar al plenario, que finalmente obtuvo el dictamen favorable.
Una minoría de legisladores presentó dudas sobre la conveniencia de sancionar la ley sin modificaciones por la situación económica que podrían llegar a atravesar varias empresas. Sin embargo, experiencias de países vecinos comprueban que la implementación del etiquetado frontal no debería afectar de forma negativa a la economía de los productores.
En el caso de Chile, la ley se sancionó en el 2016 con el mismo tipo de etiquetado propuesto en Argentina. Un estudio del Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos de Chile, en más de 500 mil empresas, constató que el etiquetado no afectó a los salarios ni a los puestos laborales en sus primeros dos años de implementación.
La demonización de los productos que se planteó en el plenario es falsa: la ley no busca que se produzca menos por la discriminación de productos, sino que se produzca mejor. El consumo si presentará cambios, y de hecho ese es el objetivo, pero no afectará de forma sustancial a las empresas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda la implementación de este sistema y lo hemos visto en otros países cercanos. Desde la sanción de las leyes referidas a esta problemática, en Chile el consumo de bebidas azucaradas se redujo en más del 25%. En Perú, cerca del 40% de los ciudadanos dejó de elegir productos con excesos de grasas, calorías y azúcares, y en Uruguay, alcanzó al 58% de la población. Los últimos países que se sumaron a este sistema fueron Colombia y México, esperemos que Argentina sea el próximo.
Otro de los planteos opositores se trató sobre las normas del Mercosur. La regulación de rotulación que propone el organismo es diferente a la tratada en Argentina, pero esto no prohíbe su implementación. El tratado comercial permite a los Estados regular y legislar de forma autónoma mientras que se resguardan la salud y vida de sus habitantes.
Al mismo tiempo, la otra modificación que se intentó hacer es la del tiempo establecido en el que las empresas deberán adecuarse a la ley, la disputa se dio en torno a los costos que podrían enfrentar. El tiempo es de un máximo de 6 meses para empresas grandes y de 12 meses para empresas medianas y pequeñas. Lo que no se tiene en cuenta es que la ley brinda a las empresas la posibilidad de prorrogarla.
Otra de las dudas del discurso de algunos diputados del bloque del PRO es sobre las exportaciones: el etiquetado no afectará a la exportación de productos, solo sucederá en las góndolas del país.
La preocupación se corresponde con la de las grandes productoras y los lobbies empresariales. Se suele producir para generar mayor ganancia, se suelen usar publicidades llamativas y estratégicas para una mayor venta, con la ley esto comenzará a ser regulado.
En el plenario de comisiones se propuso otro tipo de etiquetado que corresponde al sistema de Guía Diaria de Alimentación (GDA) con el uso de los colores rojo, amarillo y verde que expongan los niveles altos, medios y bajos del exceso de nutrientes críticos. La diputada del PRO, Carmen Polledo trató a las etiquetas negras y octogonales como agresivas y estigmatizantes, “propias de un régimen autoritario”. Para que la información sea clara debe ser presentada en formatos amenos, la diputada propuso un sistema de comparación que es relativo, ya que se basa en la dieta promedio, e ignora los particularidades y hábitos de consumo de cada territorio, rango social y etario.
El bloque del Frente de Todos espera convertir en ley el proyecto entre este jueves 15 de julio y la próxima semana, según informaron en la Agencia Télam.
Debates sobre la soberanía alimentaria priman la discusión. Producir bajo condiciones empresariales, con el discurso de “producir más en poco tiempo”, deja de lado propuestas de trabajo alternativas menos perjudiciales e igual de productivas. Producir para el pueblo de forma saludable y eficaz debería ser el objetivo principal de las empresas, y la ley ayudará a garantizarlo.
Las industrias no producirán menos, producirán mejor. La sociedad no consumirá menos, consumirá mejor. En el caso de ser aprobada la ley, las empresas no solo deberán cumplir con la legislación, sino que podrán demostrar su responsabilidad social empresarial ante la salud de la población. En debates de este tenor, se develan los puntos de inflexión que sitúan a legisladores a responder a los intereses del pueblo o de los lobbies empresariales. Todo se determinará en el Congreso, esperemos que en el corto plazo y en favor de la generación de herramientas públicas para el pleno cumplimiento de derechos básicos para la población.
Fuentes:
https://www.perfil.com/noticias/opinion/paula-espanol-el-etiquetado-frontal-garante-de-derechos.phtml
https://www.ambito.com/opiniones/diputados/la-ley-etiquetado-frontal-sera-la-conquista-del-derecho-la-alimentacion-saludable-n5219240
Debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados
