El gremio docente transita durante el mes de marzo una serie de paros y protestas bajo la consigna de elevar salarios, jubilaciones y exigir condiciones de infraestructura dentro de los establecimientos escolares. Actualmente los niveles salariales y jubilatorios son los mas bajos dentro de la docencia en lo que respecta a las demás provincias del país.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UPEC) lleva adelante 48 horas de paro y movilización con acciones en todas las provincias, ante la resolución de rechazar la nueva propuesta salarial realizada por el poder ejecutivo provincial.
La jornada convocante pertenece a un paquete de medidas elaborado por el gremio en el marco de un plan de lucha, ejecutado desde el inicio del ciclo lectivo, a raíz del “hartazgo” de les trabajadores de la educción que reclaman al gobierno de Córdoba mejores condiciones salariales, jubilatorias e infraestructurales, en un contexto donde perciben los niveles más bajos de los ítems mencionados en comparativa con las demás provincias que conforman al país.
“Este paro de 48 horas es parte de un plan de lucha que comenzó el 27 de febrero, cuando inició el ciclo lectivo en Córdoba, donde aún no teníamos ningún tipo de propuestas más allá de algunas conversaciones, y que continuó con la primera propuesta del gobierno, que fue rechazada y por lo mismo se llevo a un segundo paro, que tuvo un 90% de acatamiento al igual que el primero”, narró Zulema Miretti, Secretaría Adjunta de la Junta Ejecutiva de UPEC, en comunicación con el programa “526 al fondo” de Radio Trinchera.
La respuesta del gobierno de Córdoba ante el reclamo fue una oferta casi idéntica a la primera: con un 40% en cuatro tramos hasta el mes de junio. La única diferencia con la oferta inicial, fue adelantar un mes el fin de aumento, ya que se trazaba para julio originalmente. A raíz de lo mismo, UPEC decretó un plan de lucha que tuvo una convocatoria aproximada al 90% de les docentes. Respecto a ello, Miretti destacó que “fue emocionante ver las acciones hasta en lugares más chicos de la provincia, bajo la lluvia, panfleteadas, radios abiertas y caravanas”.
“El gobierno realmente no está escuchando el reclamo en el que planteamos que, por ejemplo los docentes de Córdoba hemos quedado con la peor jubilación del país, cobrando un 60% de lo que cobraba en actividad, y en ese sentido la docencia muestra un hartazgo del salario que perdió poder adquisitivo”, explicó la Secretaria Adjunta, con una descripción completa de la sumatoria de situaciones que llevan a la ejecución de este plan de lucha.
Mientras que este jueves se desarrollaron las segundas 24 horas que respecta al paro de esta semana, se espera para el lunes y martes de la semana que viene la programación de acciones de cuerpos orgánicos y docentes a contra turno en toda la provincia, asambleas por hora en las escuelas para el día miércoles y la asamblea provincial que define las medidas para el día jueves, situación que podría cambiar si “llegara alguna propuesta a analizar orgánicamente”.
Por último, Miretti se adentró en las adversidades que presenta la educación en el presente, fruto de la necesidad de reestablecer ciertos cimientos desgastados en la pandemia, sumado a los cambios que la misma produjo, y la obligada adaptación de les docentes: “La educación es más compleja en el intento de abarcar la reconstrucción de la escuela post pandemia, en la que uno se tiene que adaptar además a la tecnología, mientras que al mismo tiempo se indica desde el gobierno de Córdoba que la educación es una prioridad cuando es de las que menos presupuestos tiene por alumno en las escuelas estatales, y toda esta vorágine lleva a este hartazgo”.
El presidente de la Nación informó que se hará desde cero un Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires.
En la antesala del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció este jueves el comienzo de la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos (DDHH) en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. La fecha estimada de finalización del proyecto será en julio de 2024 y requerirá la inversión de 2.198 millones de pesos.
El objetivo de este Espacio para la Memoria es que la sociedad conozca su historia para aportar a la comprensión sobre cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en el país. Asimismo, será el primero construido desde cero en un lugar en el que funcionó el principal centro de operaciones durante la última dictadura cívico militar.
El anuncio se realizó en un acto en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en el país y el jefe de Estado estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Defensa, Jorge Taiana; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y la presidenta de la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, Iris Avellaneda.
También se detalló que el nuevo Espacio para la Memoria forma parte del Plan de Infraestructura Patrimonial, que contempla la ejecución de 131 obras y proyectos para la restauración, refuncionalización, preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales, edificios y monumentos históricos. En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas tiene vigente 20 obras y proyectos para la puesta en valor de Espacios para la Memoria en diferentes puntos del país.
Además, el proyecto se realiza en el marco del programa Construir Memoria que forma parte del convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos. Cabe señalar la importancia de este tipo de políticas en Argentina, ya que existen más de 40 Espacios para la Memoria en los que se realizan actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación.
Será una acción política de gran importancia para la Memoria, ya que hará efectivos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones a los derechos humanos; principalmente porque el ex CCDTyE Campo de Mayo fue un centro de operaciones neurálgico del Ejército durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. Lugar en el que funcionó “El Campito”, desde el principio del golpe del 24 de marzo de 1976, uno de los centros clandestinos más grandes de detención para ejecutar el plan sistemático de desaparición de personas.
En el mandato anterior de Cambiemos, el ex presidente Mauricio Macri ordenó la creación de una reserva natural en el lugar. Sin embargo, Fernández dejó sin efecto la disposición firmada por el exmandatario y anunció la construcción del espacio ya mencionado.
Dentro de la guarnición de Campo de Mayo también funcionaron el Destacamento de Inteligencia 201 conocido como Las Casitas, la Prisión Militar de Encausados y el Hospital Militar, entre otros. El Hospital Militar funcionó como centro clandestino de detención en el pabellón de Epidemiología, y como maternidad clandestina.
Cabe destacar que la obra se desarrollará en dos predios y consiste en la construcción de un edificio sobre la Av. Gral. Juan Gregorio Lemos y de un cerco perimetral con dos arcos de acceso. El primer predio tendrá una plaza de acceso y un hall que dirigirá a diferentes salas y a un salón de usos múltiples que se usará para diferentes actividades. Allí estará el salón Memoria, donde se expondrán historias de militancia; y las salas Verdad y Justicia, donde se relatarán la responsabilidad y complicidad de quienes tuvieron participación empresarial, civil y/o eclesiástica.
En el segundo predio se colocará un cerco perimetral, y se construirá un arco de acceso y uno de salida. Además, está previsto un Memorial para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado vinculadas con Campo de Mayo y habrá un espacio de exhibición de tres aviones que fueron utilizados en los denominados vuelos de la muerte.
Anteriormente, en enero del 2021, en el terreno se realizó un análisis que estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El objetivo principal fue determinar la existencia de enterramientos clandestinos y se realizaron excavaciones en determinadas zonas que por sus características fueron marcadas como “de interés”. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos llevó adelante encuentros periódicos con sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH así como también con organizaciones de los barrios que rodean a la guarnición militar.
El edificio de la Fiscalía fue testigo de una nueva gambeteada por parte de quienes tienen que impartir justicia. En un nuevo intento de pedido de jury por parte de la familia de Emilia Uscamayta Curi, fallecida en 2016, el Fiscal General desbordó por izquierda y escapó por una puerta lateral. Allá por los tribunales hay guiños, por todos lados.
La Asamblea Justicia Por Emilia Uscamayta Curi realizó este martes una sentada en el edificio de la Fiscalía, ubicado sobre las inmediaciones de calle 7 entre 56 y 57, sumado a un corte de calle sobre la avenida , y un encadenamiento por parte de Eugenia Curi, madre de Emilia, para que el Fiscal General le diera un reunión y aparte del caso a la fiscal Graciela Rivero, en concordancia con el jury que se presentó el mismo día por la mañana al Consejo de la Magistratura.
Emilia Uscamayta Curi murió ahogada en una fiesta ilegal realizada el primero de enero de 2016 en la quinta “San Cayetano” (avenida 520 entre 159 y 160) en la localidad de Melchor Romero. El evento no contaba con guardavidas ni personal de seguridad en la pileta, ni con ambulancias y servicio de emergencias, que podrían haber evitado su muerte. Emilia fue auxiliada por algunas personas pero ninguna contaba con las herramientas para salvar su vida. Los organizadores del evento ignoraron la situación y siguieron con la realización de la fiesta durante toda la noche.
Desde aquel momento, familiares, amigues y compañeres de militancia formaron y apoyaron la Asamblea Justicia por Emilia Uscmayta Curi, donde se inició con el pedido de justicia por la joven, con el foco en los culpables efectivos y políticos del hecho para enmarcar a este crimen como un caso de corrupción. No obstante, a la fecha de hoy, los familiares no recibieron respuesta alguna de quienes están a cargo del caso, por lo que cada vez se ven obligades a tomar acciones más determinantes, como el pedido de un jury desde finales del año pasado, o el mismo encadenamiento dentro del establecimiento de fiscalía ocurrido este martes.
“El 18 de octubre tuvimos una pre audiencia con la fiscal Graciela Rivero, donde la conocimos después de cuatro años en los que no vimos interés por la causa que está a su cargo, y en aquel encuentro también notamos el desinterés para con la familia y la causa, por lo que el primero de diciembre, el abogado se presentó ante el fiscal general Hector Vogliolo para pedir un apartamiento para la fiscal Rivero, del cual no obtuvimos respuesta, y por lo mismo nos vimos obligados a llegar a esta instancia”, relató Edgar Uscamayta Curi, hermano de Emilia.
En esa línea, Uscamayta aseguró haber sentido destrato por parte de la fiscal Rivero, además de “desconfianza al verla en un acto público con el concejal Martínez Garmendia, porque cualquier persona que tiene que impartir justicia y estar del lado de los damnificados da esa sensación si se muestra con una persona que está imputada en una causa”, y develó además que “cuando se lo preguntamos en una audiencia no supo que responder”. Martínez Garmendia estuvo involucrado en el crimen de la muerte de Emilia por ser funcionario municipal en ese entonces, pero sigue sin estar imputado.
A raíz de dichas situaciones, la Asamblea que pelea por la justicia de Emilia resolvió la la sentada dentro del edificio de la Fiscalía, que contó con la presencia de las organizaciones que acompañan la causa en las calles y con la acción que mantuvo a Eugenia Curi encadenada a un asiento dentro del establecimiento por aproximadamente tres horas. A pesar de lo sucedido, el Fiscal General se retiró por una puerta lateral sin recibir a la familia, y ante esta situación y el cierre del edificio, familiares, compañeres y organizaciones debieron retirarse.
“Ayer vimos como el fiscal general Vogliolo salió por la puerta de atrás escapando como una rata y sin querer recibir a la familia, eso nos da la pauta de que acá sigue habiendo complicidad y corrupción, porque por algo siguen manteniendo a esta fiscal, si una persona que tiene que impartir justicia no va y desconoce la causa no puede ser justificable que la sigan manteniendo”, detalló Edgar sobre el momento en el que el aparato judicial resolvió continuar sin dar respuestas a la familia.
“Ni ante el encadenamiento recibimos respuesta, y a pesar de que estaban al tanto de que todo eso estaba sucediendo, nos dijeron que estaba ocupado, que no sabían si nos iban a poder recibir, y vimos que salió rápido por otro costado rápido y con otra persona, lo que nos da la pauta de que hay un desprecio y es claro que no quieren impartir justicia”, concluyó el hermano de Emilia y agregó: “Vamos a seguir pensando actividades para remover a la fiscal, porque si de algo estamos seguros es de que con ella no vamos a avanzar a ningún lado”.
Desde el multimedio Trinchera se seguirá no solo con el seguimiento y la cobertura de los acontecimientos que se desarrollen en la causa, si no en apoyo conjunto con la causa y los familiares que no dejan de pedir justicia por Emilia Uscamayta Curi.
El Consejo del Salario, en el que participan la CGT, ambas CTA y diversas organizaciones empresarias, acordaron un incremento del salario mínimo, vital y móvil del 26,5% en tres tramos y se hará efectivo entre abril y junio. El 15 de julio las partes se volverán a encontrar para definir el siguiente aumento.
El Consejo del Salario acordó el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) del 26,5% en tres tramos y se hará efectivo entre abril y junio del corriente año. De los actuales $69.500 pasará a 80.342 pesos (16,5%) desde el 1° de abril, de 84.512 (6%) a partir del 1° de mayo y de 87.987 pesos (5%) desde el primero de junio. Además, se acordó que el 15 de julio las partes se volverán a encontrar para definir el siguiente aumento.
El Ministerio de Trabajo, a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, confirmó que el acuerdo se logró por “amplia mayoría”, ya que el plenario del organismo aprobó la propuesta de la comisión con 30 votos positivos, una abstención y un sufragio negativo a ese incremento. El rechazo de la CTA Autónoma (CTAA) y la abstención fue de la CTA de los Trabajadores.
Ante el voto negativo de la CTA Autónoma, su referente Hugo “Cachorro” Godoy, propuso: “Se debería establecer desde el mes de abril aumentos de fuerte impacto que no pueden estar por debajo del 50% para este primer trimestre, y volver a tener una convocatoria al consejo dentro de no más de tres meses”.
Además, en su planteo ante el Consejo, Godoy informó que en febrero hubo un 6,6% de inflación general y un 9,4% de inflación en los alimentos, y que en los últimos 12 meses la inflación fue del 102% y en alimentos alcanzó el 116%. Asimismo todas las consultoras coinciden en que la inflación este año va a seguir estando alrededor del 100%.
Por lo tanto “cualquier aumento que se establezca tiene que estar muy por encima del aumento del 116% que ya ha tenido la canasta de alimentos en nuestro país el último año, creemos que hay que garantizar un incremento y un porcentaje de incremento que nos acerque lo más posible a esa canasta mínima”, agregó el referente de la CTAA y anunció una medida de fuerza para abril.
Luego de conocerse el aumento del salario mínimo, el economista del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letchner, mencionó: “El incremento de 26,6% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (y de Potenciar Trabajo) superaría a la inflación estimada, dado que se prevé un incremento de 18,3% (abril a junio 2023). Lo mencionado en el punto uno solo permitiría compensar la pérdida del primer trimestre: el incremento de 12,2% “se quedó corto” y perdió contra la inflación, que alcanzó 19,4%”.
Asimismo, Letchner recordó que el “grueso de la pérdida de poder adquisitivo del SMVM se produce entre finales de 2015 y julio de 2019 con una pérdida del 33,8%. El atraso del SMVM durante la pandemia generó una pérdida adicional, y llegó aproximadamente a 40%”.
Cabe destacar que la discusión es más que un acuerdo entre gremios y empresarios, también afecta a las cuentas del Estado en un contexto en el que el Gobierno apunta a una sensible reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo el SMVM se hizo para una persona sin carga de familia, pero es inevitable no hacer la comparación con el costo de la Canasta Básica Total difundida por el INDEC que para febrero fue de 177 mil pesos y que sube a un ritmo acelerado por el incremento de alimentos.
Por último, se estimó que la actualización del SMVM alcanza a 400 mil trabajadores sin convenio e impacta directamente en los ingresos de una franja de jubilados del ANSES que cobran la mínima y accedieron al sistema previsional con más de 30 años de aporte, este grupo podrá adicionar a su ingreso mensual la diferencia entre el haber mínimo vigente y el 80% del salario mínimo, siempre y cuando el resultado de una cifra inferior.
Asimismo, el programa Acompañar tendrá un aumento ya que se cobra el equivalente a un SMVM, al igual que el Plan Potenciar Trabajo que representa el 50% del Salario Mínimo. Los ingresos de ambos programas se actualizan a la par del incremento del salario mínimo. Las becas Progresar también tendrán una suba pero se mencionó que repercutirá en las condiciones de su acceso.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctrica y el interventor será Jorge Ferraresi. Además, el Estado bonificará el pago de la factura a los miles y miles de usuarios afectados.
Tras los reiterados y prolongados cortes de luz en el suministro de dos tercios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que hubo en el verano en medio de una escalada de olas de calor, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención por 180 días de la distribuidora de energía eléctrica Edesur para controlar la realización de obras que mejoren su prestación.
En ese marco, el ministro anunció: “Hemos instruido al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la intervención por 180 días para la fiscalización de las obras y de las mejoras en el servicio”. Massa estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal; y el interventor en el ENRE, Walter Martello.
En la primera quincena de marzo hubo dos récords de demanda de energía a nivel nacional por una histórica ola de calor. Según fuentes del mercado, solamente en los primeros días de este mes se consumió un 60% más que en todo marzo de 2022.
Además, el titular del Palacio de Hacienda informó que el intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, “será el encargado de fiscalizar y controlar” las obras que se llevarán adelante para mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, no participará en las operaciones técnicas de la empresa.
“Situaciones como las que le han tocado vivir a miles de argentinos no se pueden volver a repetir”, resaltó Massa en referencia a los prolongados cortes de energía que sufrieron miles de usuarios en la zona de concesión de Edesur, en el sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en las dos últimas semanas.
Asimismo, el ministro adelantó que a los usuarios se les bonificará el pago de la factura con el uso de los $2.700 millones que el Estado le impuso de multa a la empresa por diversos incumplimientos de contrato. También, en su mensaje, Massa se encargó de dejar en claro que la decisión de intervenir “no afecta el contrato de concesión” que tiene la compañía Enel.
El jefe de la cartera económica anticipó que pedirán a la Justicia que los directores de Edesur no puedan salir del país o deban pedir permisos temporarios, de manera preventiva, tras la denuncia penal por abandono de persona, malversación de fondos y fraude.
Cabe destacar que los dueños italianos de la distribuidora, Enel, dejaron en venta a Edesur, en un proceso que comenzará en los próximos días. Se realizará mediante el Banco Santander y tiene como principales interesados a empresarios nacionales. Asimismo, la empresa madre anunció que se llevaba los activos del país y que es algo que estaba programado. Algo que no solamente está ocurriendo aquí, sino que también en otros países de Latinoamérica.
Desde YPF, la empresa estatal que conduce Pablo González, un directivo cercano a Cristina Fernández, se preparan para avanzar con la compra de una de las dos centrales que genera energía y que estaba en manos de Enel y se puso en venta a fines de 2020. De esta manera, se hará uso de lo que se llamaba el derecho preferencial para quedarse con parte de este negocio a través de una subsidiaria eléctrica que se llama YPF Luz. De este modo, YPF obliga a su socia, porque Enel lo es, a vender la central Dock Sud en vez de hacerlo a central Puerto.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Energía (APSEE), Carlos Minucci, exigió que el Estado intervenga Edesur, luego de los cortes de electricidad. Además, advirtió que Nación debe tomar el control antes de que se produzca la venta la venta de la empresa y señaló que “no podemos estar diez días sin luz”.
“Una empresa que avisa que vende sus activos la tengo que intervenir, porque ahí está la riqueza de la Argentina y se la están llevando”, remarcó el dirigente. Sin embargo, el Gobierno Nacional aclaró que no estatizará la empresa energética. Sobre la propuesta de municipalizar el servicio, evaluó que “son buenos intendentes, pero de energía no entienden nada. imagínense la red nuestra, que es un desastre, tercerizada en municipios y sin capital”.
El 4 abril de 2007, docentes nucleados en el gremio ATEN se movilizaron en la provincia de Neuquén pero se toparon con unas fuerzas armadas exaltadas que les exigieron replegarse mediante represión y abuso de fuerza. Dicha acción derivó en el asesinato del docente Carlos Fuentealba.
Los policías Carlos Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Soto, Jorge Garrido y Mario Rinza fueron hallados culpables por “abuso de autoridad” este jueves, cuando el Tribunal Penal de Neuquén llevó a cabo el juicio que condenó la represión ocurrida el 4 de abril de 2007 en una manifestación, cuando las fuerzas de seguridad de la provincia asesinaron al Carlos Fuentealba.
Los jueces Raúl Aufranc, Luis Gioretti y Diego Chavarría Ruiz encontraron culpables a cinco de los ocho policías vinculados por la ejecución de abuso de autoridad, mientras que Benito Matus obtuvo una condena menor por “abuso de armas”. Aquiles González y Julio César Lincoleo fueron absueltos por “falta de pruebas en su contra”.
El docente falleció en aquella manifestación de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) cuando sufrió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su cabeza, disparada por el cabo José Darío Poblete, ya condenado a cadena perpetua.
“Nosotros veníamos desde el momento en el que se inició la acción, donde la policía no nos dejo cortar la ruta porque ya estaba cortada por la propia policía, por lo que procedimos a retiramos del lugar, y a los cinco kilómetros con 100 metros para el lado de Neuquén nos reprimieron por la espalda y la sensación fue que podría haber sido cualquiera de los compañeros que estaban, porque volvíamos en conjunto en tres autos distintos”, relató sobre aquella situación Gabriel Pillado, profesor de geografía e integrante de ATEN, quien participaba en la manifestación y fue testigo de la arremetida de las fuerzas de seguridad sobre sus compañeros.
“Siempre queda la duda de si fue una bala teledirigida o fue por una mala maniobra de uno de los autos, estábamos volviéndonos, ya habíamos pasado la parte de la cacería por el campo, ya habíamos ido a buscar a las compañeras que habían quedado alejadas y que los policías le disparaban a campo traviesa con balas de goma; ya estábamos todos sobre la ruta emprendiendo la vuelta”, agregó Pillado.
Según el testigo, la sensación que les produjeron las fuerzas de seguridad aquel día fue de una imperante determinación a que les trabajadores de la educación no realicen de ninguna manera esa manifestación y que harían lo que sea necesario para que sea así: Se atentó “con mucha saña y bestialidad” contra los maestros y maestras de Neuquén, y de manera “desproporcionada para quienes veníamos caminando sobre la ruta con las palmas, reposeras y materas al hombro”.
Después de 16 años, y a tan solo unos días de la fecha que conmemora la muerte de Carlos Fuentealba, la Justicia condenó a los responsables del hecho, en reconocimiento de que la situación se manejó con “acciones incomprensibles” desde que les manifestantes se retiraron de la ruta, y con una evidente necesidad de imponer la fuerza, a costa de cualquier precio. Esto es, por lógica, un alivio para Pillado y para todes les profesionales de la educación que se encontraban allí aquel día. “Que se hayan determinado las culpabilidades de los altos jefes policiales es una conquista, se demoró 16 años demostrar que era una cuestión política, porque el abuso de autoridad existió, la represión existió y la utilización desmedida de la fuerza existió, por lo tanto celebramos que se haya hecho una parte más de la Justicia”, remarcó Pillado.
Por último, el integrante de ATEN aseguró que su lucha aún no está saldada, más allá de considerar a este paso como un gran avance, “solo falta imputar y meter preso a Sobisch (Gobernador en aquel momento de la provincia de Neuquén), porque si todos los altos mandos militares son responsables de abuso de autoridad, el que les ordenó utilizar la fuerza, que es el jefe directo de las fuerzas también lo es, y por lo tanto nosotros seguiremos reclamando justicia completa, mas allá de que este es un paso muy importante que se da desde 2007”.
Diferentes organizaciones sociales llamaron a construir “el partido de los últimos de la fila”. El lanzamiento de este nuevo partido fue en la cancha de Deportivo Español, en el barrio porteño de Parque Avellaneda y participaron alrededor de 100 mil personas.
Mediante un acto con el que mostraron parte de su importante capacidad de movilización, dirigentes del Movimiento Evita, de Somos Barrios de Pie y de la Corriente Nuestrapatria, en conjunto con diferentes organizaciones sociales, lanzaron el partido “La Patria de los Comunes” y llamaron a construir “el partido de los últimos de la fila”. Además, afirmaron que van a crear “una corriente militante para garantizar el triunfo del Frente de Todos (FdT)” en las próximas elecciones.
El secretario de Economía Social de la Nación y secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico encabezó el lanzamiento del partido en la cancha de Deportivo Español, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Asimismo fue anunciado como presidente de “La Patria de los Comunes”, al respecto mencionó: “Estamos buscando la expresión política de las organizaciones populares, hoy estamos acá construyendo el partido de todos los sueños. El partido de los últimos de la fila”.
También hubo banderas de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), del Movimiento de Inclusión Popular (MIP), del Frente 22 de Agosto, del Movimiento de Trabajadores Organizados (MTO), del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), de la Federación de Organizaciones de Base, del MP la Resistencia, entre otras organizaciones. Según los convocantes del acto, un alrededor de “100 mil personas” participaron del evento dentro y fuera del estadio.
Pérsico aseveró que los movimientos sociales no quieren “que nadie más diga en nombre de los trabajadores y de los humildes cómo resolver nuestros problemas”, agregó: “Nosotros sabemos cómo hacerlo”. Y afirmó también que la política no puede “no darle participación a este nuevo sujeto social”.
El referente hizo referencia a los trabajadores informales organizados en los movimientos: “Estamos iniciando el camino para que un gaucho venga y se ponga al frente de los reclamos populares”.
Para ahondar sobre el tema, Radio Trinchera diálogo con la Secretaria de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), Fernanda Pereyra, y alegó: “Fue un momento histórico, porque por primera vez esas organizaciones que hemos caminado por muchos años, muchos desde la década de los ´90 por ejemplo, dimos inicio de ese camino de unidad que siempre tuvimos, a veces más cerca y otras un poco alejados”.
“Pero sin lugar a duda en estos momentos donde vivimos una situación particular del país teníamos que ser una alternativa o tener una voz, porque fue siempre lo que faltó, ya que formamos parte del FdT y el desafío será darle voz y que sean ellos los que hablen, que no sea alguien que no tiene que ver con nuestros barrios y experiencias vengan a ser la voz de esos compañeros”, agregó la referente.
“La intención del partido es poder jugar en todos lados y que lo hagan los compañeros que viven en el territorio. Hay varias propuestas y alternativas, que estaría bueno que se debatan dentro del FdT, seguramente desde el frente ya se tenga, pero que la mirada sea más desde las organizaciones. Esto no significa que estén todos las corrientes, seguramente también falten sus expresiones, acá lo que queremos construir es que un compañero de un movimiento popular se proyecte ser intendente y sepa que se lo va acompañar”, sentenció Pereyra.
Por otra parte, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación, y referente de Somos Barrios de Pie, Daniel “Chuky” Menéndez, les pidió a los presentes “construir una corriente militante que va a garantizar el triunfo del FdT” en los comicios presidenciales de este año. Además, reiteró: “Estamos convencidos y conscientes de que este año vamos a llevar al triunfo las ideas del campo popular, vamos a cerrarle la puerta a la derecha y vamos a hacerlo con protagonismo”.
Finalmente, apuntó en contra del accionar de algunos fiscales y jueces, ya que alertó que ese sector de la Justicia “cuando ve dificultades se convierte en el partido judicial, que hoy persigue a Cristina Fernández de Kirchner”. En este sentido, advirtió que “la persecución” de la vicepresidenta de la Nación responde a “un mensaje disciplinador” para el resto de los dirigentes.
Mediante sus redes sociales la Corriente Nuestra Patria remarcó: “Creemos que la experiencia que traemos desde nuestras organizaciones tienen que ser reconocidas y volcadas en la pelea por construir una Argentina libre, justa y soberana”.
“Tenemos la tarea de garantizar la victoria del Frente de Todxs y la voluntad de pelear para que la agenda política contenga nuestras reivindicaciones, no sólo como un discurso, sino como la garantía de que sean una realidad efectiva. Para eso decidimos ser nosotras y nosotros mismos quienes avancemos sobre los lugares que por mucho tiempo se nos han negado”, agregó la organización en su posteo.
Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 (TOC 2) de Mar del Plata, encargados del segundo juicio a los dos acusados de abusar sexualmente y asesinar a la adolescente Lucía Pérez, rechazaron el pedido de la defensa de Offidani y Farías, en el que se pretendía que sean apartados del caso, negación que, de igual manera, estira el tiempo de la sentencia en principio a cuatro días.
Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 (TOC 1) de Mar del Plata, con el voto unánime de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale en el año 2018, desestimaran la idea de que Lucía Perez pudiese haber sido víctima de abuso sexual por parte de Matías Gabriel Farías, Juan Pablo Offidani, y Alejandro Alberto Maciel, y decidiese que estos dos primeros debían cumplir una condena de ocho años por tenencia de estupefacientes, se cursa actualmente una nueva instancia de juicio, donde la defensa de la víctima intenta que la caratula de la acusación aborde la culpabilización del asesinato de la joven de 16 por parte de los tres masculinos.
El 9 de octubre de 2016 el cuerpo de Lucía Perez fue llevado sin vida a una sala de primeros auxilios en la Playa Serena de Mar del Plata por dos de los acusados, (aunque algunas hipótesis sostienen que fueron los tres), y presentó posteriormente estupefacientes en su cuerpo, sumado a lesiones corporales internas. A partir de allí, comenzó un caso emblemático en la justicia argentina, que hasta día de hoy sigue en su segunda etapa, y en el cual la defensa de la víctima pelea para que los acusados sean condenados por abuso sexual y homicidio, además de la tenencia de estupefacientes.
“La sentencia iba a estar para este viernes 17, pero la defensa estiró la situación recurriendo de nuevo a un pedido de recusación en el cual pretenden que se los aparte del caso, lo que paso a resolución de la Cámara y estira la fecha hasta el 23, y ya pasa a un ejemplo de manipulación por parte de la defensa a la justicia, porque cruzaron los límites que hay para defender, y cuando sucede esto, la justicia pasa a ser cómplice”, explicó Guillermo Pérez, padre de la víctima, quien dialogó con el programa Doblan Las Campanas en Radio Trinchera.
En ese contexto, los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata, encargados del segundo juicio a los dos acusados de abusar sexualmente y asesinar a Lucía Pérez, rechazaron el pedido de recusación la defensa de Offidani y Farías, en el que se pretendía la “nulidad de todo lo actuado” para los mismos, y que sean apartados del caso, negación que, de igual manera, estiró el tiempo de la sentencia en principio cuatro días.
La recusación fue efectuada por Laura Solari y César Sivo, (defensas de Farías y Offidani), con el argumento de que la parcialidad de los jueces en el caso se ve afectada por la “intromisión” de un sector externo al Poder Judicial: el Ejecutivo. Esto se vio representado a través de la calificaciones públicas del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quienes consideraron la primer sentencia de juicio como incorrecta al desvincular a los acusados de los crímenes de abuso sexual y homicidio, además de este último haberse reunido en privado con la familia de la víctima.
No obstante, los jueces a cargo negaron dicho efecto de imparcialidad porque “si bien los dichos del presidente de la Nación podrían implicar una indebida intromisión sobre la Administración de Justicia, al exceder sus atribuciones e invadir las propias del Poder Judicial, lo cierto es que no se revela como idónea para afectar su imparcialidad”.
En la misma línea, el padre de Pérez declaró que, por el contrario a la defensa de los acusados, le parece necesaria la intervención del Ejecutivo en casos como este. “Tanto el Estado como el ministerio de Derechos Humanos deben estar presentes, porque es la función que cumplen y porque es una obligación, entendiendo que se trata de un menor, y de la forma que la mataron a Lucía, creo que el Estado tiene que acompañar y poner límites, porque sino entre la defensa y la justicia todo se tergiversa y cada asesino va quedando sin condena”, sentenció.
Además redobló la apuesta al aseverar que de parte de la familia de la víctima, también esperan una recusación, pero del fiscal a cargo: “Nosotros como familia pedimos la recusación del fiscal Lapargo, porque no quiere interiorizarse en violencia de género ni tampoco interioriza a todos los fiscales que tiene a cargo, entonces creo que en este juicio, que lo que es más fundamental es tener la perspectiva de género, no podemos nosotros no actuar, y por lo mismo decidimos recusar al fiscal, para lo que se da un plazo de tres días en el cual el mismo puede renunciar”.
“La causa tiene el acompañamiento de la sociedad, desde todas partes, no estamos nosotros solos por suerte y esto tiene que ser un ejemplo, porque cuando los magistrados no tienen la capacidad de ver la violencia de género, y también incumple a los mandatos de un magistrado público, la sociedad está en todo su derecho de reclamar un “Jury“, que dicho sea de paso es el segundo en la historia de argentina en violencia de género, y muestra que no es un capricho nuestro”, remarcó Pérez y concluyó: “ Es la manera de tener justicia, porque si no siempre estamos los mismos en la calle, y todos disconformes con las penas que dan, por eso hay que organizarse, porque no puede valer más un magistrado que la vida de un menor”.
El ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado a prisión perpetua, fue favorecido por el Tribunal Oral Federal 2. Familiares de las víctimas de la “Masacre de la imprenta San Andrés” expresaron su desagrado e impotencia por el actuar del juzgado.
A una semana de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el ex militar Martín Eduardo Sánchez Zinny, condenado a prisión perpetua, fue favorecido con salidas transitorias durante los fines de semana por parte del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la Ciudad de Buenos Aires: Luciano Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Florencia Landajo, los mismos que lo condenaron en agosto de 2022.
Familiares de las víctimas de la “Masacre de la imprenta San Andrés”, ocurrida la noche del 13 de junio de 1976, expresaron su desagrado e impotencia por el actuar del juzgado. En este sentido, los periodistas Bárbara y Camilo García, hijos de Rocío Ángela Martínez Borbolla, víctima de la masacre, expresaron una “tristeza infinita” y un “enorme desagrado” al enterarse que el responsable de secuestrar, asesinar y desaparecer a su madre, Sánchez Zinny, fue beneficiado con prisión domiciliaria y con salidas recreativas.
Durante el juicio, que se había iniciado en diciembre del 2021, se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, entre ellas, la docente y militante Martínez Borbolla. En septiembre del 2022, el TOF 2 otorgó salidas transitorias al ex subteniente Sánchez Zinny, condenado en agosto del año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura cívico-militar. Desde el 19 de ese mes, el ex subteniente es monitoreado por el sistema de pulsera electrónica.
Con respecto al nuevo fallo, en diálogo con Revista Trinchera, Bárbara García, señaló que “hubo una infracción a la ley de víctimas”, ya que se enteró del beneficio a Sanchez Zinny “por casualidad”. “Mi defensa Pablo Llonto, esperó para decirme sobre la salida, ya que este tipo de fallos duelen muchísimo y es una falta de respeto a quienes hemos sido sobrevivientes de esta historia de terror.”, expresó García y agregó: “Además, me enteré por otra fiscal, porque justo le consulté por el caso que estamos siguiendo que es de Alberto Bustos, el genocida que hoy está suelto y está comprobado que estuvo en mi casa”.
Barbara García
Por su parte, García Camilo redactó en su cuenta de Twitter: “Tengo el enorme desagrado de informar a la población que el secuestrador, asesino y el que desapareció de mi madre, el condenado a perpetua Martín Sanchez Zinny ha sido beneficiado primero con la prisión domiciliaria y ahora (alerta!) con las salidas recreativas los fines de semana!”.
En la resolución firmada por Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Florencia Landajo, se resolvió que Sánchez Zinny “realice caminatas junto a su hijo Nicolás únicamente”, dos veces por día -mañana y tarde-, con un máximo de 50 minutos por caminata. Los días habilitados para las salidas son los sábados, domingos y feriados “en los alrededores del Hipódromo de San Isidro”.
Cabe destacar que Gorini y Giménez Uriburu forman parte también del Tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
Con respecto a la causa del represor, la hija de Borbolla aclaró: “Sanchez Zinny pidió en septiembre tener salidas de esparcimiento con su hijo autista. Él tiene siete hijos mayores que su hijo autista, que es adulto. Entonces, la fiscalía y mi defensa, plantearon que Nicolás puede salir con un acompañante terapéutico, de un hermano u otro familiar y también tiene a la madre, que está totalmente amenazada, ya que desde el minuto uno que comienza la causa me pidió ayuda, porque le avisaron cuál iba a ser la estrategia de agarrarse de los derechos internacionales del niño que se le otorga, ya que se apoya en que a su hijo autista le haría mal ir a ver a su padre a Campo de Mayo. Ahí está el error de pensar que un genocida era bueno para el cuidado de su hijo”.
“Estamos hablando de militares poderosos porque yo me pregunto de donde saca la plata Zinny para poder llevar a delante todo estos movimientos y la denuncia penal en mi contra, realmente hablamos de una persona que continúa en actividad y goza de beneficios que no debería tener, le debería suceder lo mismo que a Videla, que si tiene que morir lo haga en una cárcel común”, resaltó Barbara.
La familia Borbolla está solicitando a los jueces tener una audiencia pero la única respuesta es el rechazo. “Tenemos la justicia de una perpetua pero el goce de salidas del señor (Zinny), él puede salir a caminar y pasear por el hipódromo de San Isidro, lugar del que yo soy vecina, ósea es una locura. ¿Dónde está el cuidado a las víctimas y para quienes tuvimos el valor de poder denunciar los hechos comprobados? Es un gran retroceso a la lucha que venimos dando”, agregó la periodista.
Luego de ser citada por el Juez Daniel Rafecas en 2017, Bárbara logró reconocer al represor y ex carapintada Sánchez Zinny, como partícipe del secuestro de su madre la noche en que irrumpieron en su casa para llevársela, pero él la acusó de falso testimonio, lo que obligó a la mujer a pasar al programa de testigos protegidos, ya que temía por alguna represalia contra ella.
Durante la lectura de la sentencia y condena a Sanchez Zinny, el opresor pidió decir unas palabras, y se dirigió a Barbara y Camilo en forma de amenaza. “Dijo que tendría que habernos matado a mí y a mi hermano, porque llevamos la sangre de nuestros padres, que son guerrilleros, y el juez (Javier) Ríos lo tuvo que frenar”, sentenció Barbara. Ambos tenían nueve y cuatro años respectivamente, cuando un grupo de militares del Regimiento de Infantería Mecanizada N°6 de Mercedes realizaron un operativo en busca de militantes del ERP/PRT y de la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.
Por otra parte, Bárbara detalló que “el ex conscripto que declaró como testigo en el juicio por RIM 6, Hugo Travi, está desesperado, dice que algo hay que hacer y se siente totalmente desprotegido”. Sin embargo, comentó: “No tengo miedo, tengo impotencia de esta justicia que no es justa, que se agarran de una pavada, porque cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un asesino no es la persona indicada para cuidar a nadie”.
Además de Sánchez Zinny, la causa contaba con más imputados: Emilio Pedro Morello y Horacio Linari fueron también condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad, mientras que Luis Alberto Brun y Rubén Osmar Andrade fueron absueltos.
Finalmente, la periodista aseguró que “necesitamos justicia” para “vivir sin la guardia en alto, ya que no es una lucha solo mía o de Camilo, sino de muchas otras personas y familiares que no pudieron ser escuchados por los jueces, ya que los mismos no le dieron el derecho ni siquiera a expresarse y contar sus historias”.
“Hoy todo lo que se le otorga a los condenados por crímenes de la dictadura son domiciliarias que ya superan el 80% de los opresores y lo peor de todo es que nos están ganando por goleada. En la próxima jugada lo vamos a tener suelto, es una batalla que estamos perdiendo”, sentenció Barbara.
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