Consecuencias de la crisis: la precarización laboral disfrazada de economía colaborativa

Por Jonatan “Chino” Pérez*

El mundo avanza y con él la tecnología, la cual viene acompañada de nuevas formas de comunicarnos, relacionarnos e incluso trabajar. En el siguiente artículo ahondaremos en esto último, con el objetivo de ver cómo estos avances de la tecnología traen a nuestro país nuevas reformas laborales bajo el concepto de “flexibilidad laboral” como algo bueno, cuando en realidad lisa y llanamente se llama precarización.

En estas nuevas formas de trabajo, el usuario funciona como repartidor. Son denominados usuarios ya que no son trabajadores contratados, sino que tienen un perfil en la aplicación.

Estas apps pueden ser de transporte como Uber, o de delivery como Rappi, Glovo, o PedidosYa!. Estas últimas trabajan con distintas cadenas de comida, supermercados, farmacias y demás, y las mismas asignan pedidos a sus usuarios para que éstos entreguen en un lugar y un período de tiempo determinado, que por lo general ronda entre 30 min y 1 hora, cobrando así por cada entrega realizada.

Si el usuario no cumple con ese periodo de tiempo puede ser “bloqueado” por la app.  Este bloqueo lo que hace es que este no pueda tomar pedidos por un cierto periodo de tiempo. Además, debe estar registrado como monotributista para poder utilizar la aplicación, y no sólo debe pagar para ello, sino que también debe alquilar el equipamiento a utilizar: como indispensables, una mochila para llevar los pedidos y un cargador portátil; como secundarios una campera y gorra con el nombre de la empresa. Esto marca que el vínculo entre el “usuario” y la empresa es “comercial” y no “laboral”.

Portal: La Tinta

Los sueldos de les trabajadores son resultado de la cantidad de pedidos entregados, a raíz de las comisiones que pagan las empresas, sumado a las propinas que puedan recibir. Mientras tanto los dueños de estas apps facturan millones por mes, en gran parte por publicidad.

Un claro ejemplo de esto es “Rappi”, empresa que gana menos de un dólar por comisión por entrega, que es lo que cobra el repartidor sin importar la distancia a la cual deba llevar dicho pedido. Si tenemos en cuenta que un repartidor llega a hacer dos pedidos por hora, trabajando 8 hs de lunes a sábado tendría salario mensual que apenas superaría los 15 mil pesos.

Para dimensionar las ganancias estrambóticas que tienen estas empresas de economías de plataforma, “Rappi” no sólo espera que su valor se incremente de los mil millones de dólares (que valía a fines del año pasado) a 6 mil millones para fines de 2019. En nuestro país, en 2018 facturó unos 30 millones de dólares y éste espera facturar alrededor de 150 millones en moneda norteamericana, quintuplicando sus ganancias.

Este ejemplo deja en claro que lo que estas empresas esconden detrás del término de “economía colaborativa”, es la precarización laboral. Bajo los términos y condiciones, a grandes rasgos se indica que el uso de este tipo de apps es de manera voluntaria y ofrecen que los usuarios se beneficien de su “economía colaborativa”dado que tienen la opción de aceptar o rechazar los pedidos.

Esto no sólo indica que hay una relación de dependencia encubierta entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, sino que al mismo tiempo hay una vulneración de derechos muy grande: les trabajadores no tiene un salario fijo porque cobran por entregas realizadas, pagan por sus uniformes laborales, no tienen seguro ante accidentes y deben utilizar movilidad propia. No hay que olvidar que esta forma de explotación va acompañada de la insistente reforma laboral que el macrismo insiste en realizar desde hace mucho tiempo. Reforma que pretende allanar el camino para que este tipo de empresas consoliden esta forma de precarización de sus trabajadores.

Los casos de robos y accidentes de les trabajadores han sido claves para entender cómo se manejan estas empresas. Casos en los cuales han demostrado preocupación por los bienes materiales a entregar y una total indiferencia ante la situación de “les usuarixs”.

Por otro lado, el hecho de que las aplicaciones tengan acceso en tiempo real en todo momento a la ubicación de les trabajadores, los vuelve más vulnerables ante los casos de inseguridad. En el mismo sentido cabe señalar que siempre cuentan con dinero en efectivo, celulares y movilidad que por lo general es bicicleta o moto. Estos escenarios no sólo implicarían la pérdida de sus pertenencias, sino que además si les roban los elementos que alquilan deben reponerlos con dinero de su bolsillo, al igual que el dinero sustraído (en el lenguaje de la administración de un comercio, “la caja” con la que trabajan). Lo peor de esto es que en muchos casos están expuestxs a sufrir heridas de gravedad o (ante la falta de respaldo de las empresas), optan por la justicia por mano propia.

Estas situaciones han llevado a que les trabajadores se organicen y formen su propio sindicato: la Asociación de Personal de Plataformas (o APP). La misma fue registrada a fines del año 2018 en la Secretaría de Trabajo y tiene como principal objetivo acompañar a les trabajadores en sus reclamos y luchas contra la precarización y la explotación.

Revertir el hecho de que las tarifas o las comisiones sean decididas por las empresas, o que los impuestos los paguen les mismes trabajadores, son sólo algunas de las reivindicaciones que lleva adelante el sindicato. A principios del mes de agosto y ante los incumplimientos de resoluciones judiciales, las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa! fueron suspendidas por el juzgado civil y comercial N° 4 de CABA. La medida tuvo un sabor agridulce ya que les úniques perjudicades fueron les trabajadores, de hecho desde el sindicato sostuvieron que la solución no era la prohibición, sino la regulación y que se garanticen condiciones laborales dignas.

No es la primera vez que el poder judicial debe intervenir ante estas economías de plataforma: en abril de este año las aplicaciones habían sido puestas en “stand by” por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta que acreditaran haber dado cumplimiento a los requisitos comprendidos en el Código de Tránsito y Transporte Local. Entre otras cosas, lo que exigía el gobierno era que se regulen las siguientes normativas para les ciclistas y motociclistas:
– que todos circulen con casco;
– que todos posean seguro de vida y accidentes y libreta sanitaria;
– que la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda del conductor;
– y que los vehículos rodados cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)

Esta decisión se basó en un relevamiento de la Policía de la Ciudad sobre 400 ciclistas, que dio cuenta de los siguientes resultados:
– casi el 80% circula con el portaobjetos como mochila;
– siete de cada diez no poseían seguro;
– y dos tercios de los repartidores no usaban casco.

Por su parte, el Ministerio de Salud porteño advirtió que hay casi une trabajador accidentado por día (25 por mes) que deben ser atendidos en los hospitales.

Lamentablemente la gran crisis que atraviesa nuestro país hace que se esté ante una gran disyuntiva: por un lado no utilizar este tipo de aplicaciones, a sabiendas de la precarización que viven les trabajadores; por el otro reconocer que este tipo de aplicaciones muchas veces es la única forma de conseguir un sustento de vida para muchos compañeres, amigues o conocides ante la falta de empleo. Cabe preguntarse entonces qué debemos hacer como ciudadanos: ¿Rechazar el uso de estas plataformas o utilizarlas sabiendo que es el único ingreso económico que tiene les usuarios para subsistir y sabiendo el costo que esto conlleva?

Está más que claro que las decisiones personales que tome cada consumidor y/o consumidora de estas plataformas no soluciona el problema de les trabajadores que encuentran un sustento de vida en esta forma de trabajo. Lo que sí puede marcar la diferencia será la solidaridad y acompañamiento del pueblo con estes trabajadores y sus sindicatos, y la presión que se pueda hacer para que el Estado garantice que estas empresas internacionales garanticen condiciones laborales dignas y todos los derechos que corresponderían.


* Estudiante de Periodismo Deportivo en la FPyCS de la UNLP. Columnista en "No Se Mancha" y "Columna Vertebral" (ambos en Radio Estación Sur - FM 91,7), redactor en Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

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