Consecuencias de la crisis: la precarización laboral disfrazada de economía colaborativa

Consecuencias de la crisis: la precarización laboral disfrazada de economía colaborativa

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Jonatan “Chino” Pérez*

El mundo avanza y con él la tecnología, la cual viene acompañada de nuevas formas de comunicarnos, relacionarnos e incluso trabajar. En el siguiente artículo ahondaremos en esto último, con el objetivo de ver cómo estos avances de la tecnología traen a nuestro país nuevas reformas laborales bajo el concepto de “flexibilidad laboral” como algo bueno, cuando en realidad lisa y llanamente se llama precarización.

En estas nuevas formas de trabajo, el usuario funciona como repartidor. Son denominados usuarios ya que no son trabajadores contratados, sino que tienen un perfil en la aplicación.

Estas apps pueden ser de transporte como Uber, o de delivery como Rappi, Glovo, o PedidosYa!. Estas últimas trabajan con distintas cadenas de comida, supermercados, farmacias y demás, y las mismas asignan pedidos a sus usuarios para que éstos entreguen en un lugar y un período de tiempo determinado, que por lo general ronda entre 30 min y 1 hora, cobrando así por cada entrega realizada.

Si el usuario no cumple con ese periodo de tiempo puede ser “bloqueado” por la app.  Este bloqueo lo que hace es que este no pueda tomar pedidos por un cierto periodo de tiempo. Además, debe estar registrado como monotributista para poder utilizar la aplicación, y no sólo debe pagar para ello, sino que también debe alquilar el equipamiento a utilizar: como indispensables, una mochila para llevar los pedidos y un cargador portátil; como secundarios una campera y gorra con el nombre de la empresa. Esto marca que el vínculo entre el “usuario” y la empresa es “comercial” y no “laboral”.

Portal: La Tinta

Los sueldos de les trabajadores son resultado de la cantidad de pedidos entregados, a raíz de las comisiones que pagan las empresas, sumado a las propinas que puedan recibir. Mientras tanto los dueños de estas apps facturan millones por mes, en gran parte por publicidad.

Un claro ejemplo de esto es “Rappi”, empresa que gana menos de un dólar por comisión por entrega, que es lo que cobra el repartidor sin importar la distancia a la cual deba llevar dicho pedido. Si tenemos en cuenta que un repartidor llega a hacer dos pedidos por hora, trabajando 8 hs de lunes a sábado tendría salario mensual que apenas superaría los 15 mil pesos.

Para dimensionar las ganancias estrambóticas que tienen estas empresas de economías de plataforma, “Rappi” no sólo espera que su valor se incremente de los mil millones de dólares (que valía a fines del año pasado) a 6 mil millones para fines de 2019. En nuestro país, en 2018 facturó unos 30 millones de dólares y éste espera facturar alrededor de 150 millones en moneda norteamericana, quintuplicando sus ganancias.

Este ejemplo deja en claro que lo que estas empresas esconden detrás del término de “economía colaborativa”, es la precarización laboral. Bajo los términos y condiciones, a grandes rasgos se indica que el uso de este tipo de apps es de manera voluntaria y ofrecen que los usuarios se beneficien de su “economía colaborativa”dado que tienen la opción de aceptar o rechazar los pedidos.

Esto no sólo indica que hay una relación de dependencia encubierta entre las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, sino que al mismo tiempo hay una vulneración de derechos muy grande: les trabajadores no tiene un salario fijo porque cobran por entregas realizadas, pagan por sus uniformes laborales, no tienen seguro ante accidentes y deben utilizar movilidad propia. No hay que olvidar que esta forma de explotación va acompañada de la insistente reforma laboral que el macrismo insiste en realizar desde hace mucho tiempo. Reforma que pretende allanar el camino para que este tipo de empresas consoliden esta forma de precarización de sus trabajadores.

Los casos de robos y accidentes de les trabajadores han sido claves para entender cómo se manejan estas empresas. Casos en los cuales han demostrado preocupación por los bienes materiales a entregar y una total indiferencia ante la situación de “les usuarixs”.

Por otro lado, el hecho de que las aplicaciones tengan acceso en tiempo real en todo momento a la ubicación de les trabajadores, los vuelve más vulnerables ante los casos de inseguridad. En el mismo sentido cabe señalar que siempre cuentan con dinero en efectivo, celulares y movilidad que por lo general es bicicleta o moto. Estos escenarios no sólo implicarían la pérdida de sus pertenencias, sino que además si les roban los elementos que alquilan deben reponerlos con dinero de su bolsillo, al igual que el dinero sustraído (en el lenguaje de la administración de un comercio, “la caja” con la que trabajan). Lo peor de esto es que en muchos casos están expuestxs a sufrir heridas de gravedad o (ante la falta de respaldo de las empresas), optan por la justicia por mano propia.

Estas situaciones han llevado a que les trabajadores se organicen y formen su propio sindicato: la Asociación de Personal de Plataformas (o APP). La misma fue registrada a fines del año 2018 en la Secretaría de Trabajo y tiene como principal objetivo acompañar a les trabajadores en sus reclamos y luchas contra la precarización y la explotación.

Revertir el hecho de que las tarifas o las comisiones sean decididas por las empresas, o que los impuestos los paguen les mismes trabajadores, son sólo algunas de las reivindicaciones que lleva adelante el sindicato. A principios del mes de agosto y ante los incumplimientos de resoluciones judiciales, las empresas Rappi, Glovo y PedidosYa! fueron suspendidas por el juzgado civil y comercial N° 4 de CABA. La medida tuvo un sabor agridulce ya que les úniques perjudicades fueron les trabajadores, de hecho desde el sindicato sostuvieron que la solución no era la prohibición, sino la regulación y que se garanticen condiciones laborales dignas.

No es la primera vez que el poder judicial debe intervenir ante estas economías de plataforma: en abril de este año las aplicaciones habían sido puestas en “stand by” por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta que acreditaran haber dado cumplimiento a los requisitos comprendidos en el Código de Tránsito y Transporte Local. Entre otras cosas, lo que exigía el gobierno era que se regulen las siguientes normativas para les ciclistas y motociclistas:
– que todos circulen con casco;
– que todos posean seguro de vida y accidentes y libreta sanitaria;
– que la caja portaobjeto esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda del conductor;
– y que los vehículos rodados cuenten con adecuada señalización mínima (luminosa y refractaria)

Esta decisión se basó en un relevamiento de la Policía de la Ciudad sobre 400 ciclistas, que dio cuenta de los siguientes resultados:
– casi el 80% circula con el portaobjetos como mochila;
– siete de cada diez no poseían seguro;
– y dos tercios de los repartidores no usaban casco.

Por su parte, el Ministerio de Salud porteño advirtió que hay casi une trabajador accidentado por día (25 por mes) que deben ser atendidos en los hospitales.

Lamentablemente la gran crisis que atraviesa nuestro país hace que se esté ante una gran disyuntiva: por un lado no utilizar este tipo de aplicaciones, a sabiendas de la precarización que viven les trabajadores; por el otro reconocer que este tipo de aplicaciones muchas veces es la única forma de conseguir un sustento de vida para muchos compañeres, amigues o conocides ante la falta de empleo. Cabe preguntarse entonces qué debemos hacer como ciudadanos: ¿Rechazar el uso de estas plataformas o utilizarlas sabiendo que es el único ingreso económico que tiene les usuarios para subsistir y sabiendo el costo que esto conlleva?

Está más que claro que las decisiones personales que tome cada consumidor y/o consumidora de estas plataformas no soluciona el problema de les trabajadores que encuentran un sustento de vida en esta forma de trabajo. Lo que sí puede marcar la diferencia será la solidaridad y acompañamiento del pueblo con estes trabajadores y sus sindicatos, y la presión que se pueda hacer para que el Estado garantice que estas empresas internacionales garanticen condiciones laborales dignas y todos los derechos que corresponderían.


* Estudiante de Periodismo Deportivo en la FPyCS de la UNLP. Columnista en "No Se Mancha" y "Columna Vertebral" (ambos en Radio Estación Sur - FM 91,7), redactor en Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Matías Cremonte: “Lo que presentan como una discusión del futuro, en realidad tiene que ver con relaciones laborales del pasado: trabajo a destajo del siglo XIX”

Matías Cremonte: “Lo que presentan como una discusión del futuro, en realidad tiene que ver con relaciones laborales del pasado: trabajo a destajo del siglo XIX”

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.
Matías Cremonte, Pte Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas

Dialogamos con el presidente de la Asociación de Abogados y abogadas laboralistas, Matias Cremonte, con quien analizamos la #pérdida de #DerechosLaborales que significa la #EconomíaDigital y las nuevas #PlataformasDigitales ante la falta de legislación soberana en la materia.


¿Qué lectura hacen desde la Asociación respecto de estas nuevas formas de trabajo?

Todos los debates que surgen en torno al mundo del trabajo nos incumben y algunos nos llevan a fijar posición con declaraciones, a participar en debates o a hacer críticas más profundas como lo que es la Reforma Laboral.

En este tema puntual lo que nos preocupa es que el tema se presenta en general –desde un lado nada inocente de los empresarios- como que hay un segmento del trabajo vinculado a las tecnologías o a las plataformas, que no está regulado, que es una suerte de gris y que hace falta algún tipo de regulación, pero que eso no sería trabajo. Serían una suerte de pequeños emprendedores.

Una cosa es el discurso del emprendedurismo vinculado al neoliberalismo y a todos los discursos que van en general de la mano de este gobierno –donde hay muchos economistas alrededor de eso- y otra cosa es hablar, directamente, de un sector de la economía y del trabajo en concreto (porque hay gente que trabaja) y plantear seriamente de que merece una regulación pero distinta a la regulación del trabajo.

Esto nos lleva a salir a plantear lo que para nosotros son obviedades, porque salir a decir “eso es trabajo” parece casi una cosa del sentido común. El absurdo (o no tanto) de algunas de esas afirmaciones nos obliga a posicionarnos en ese tipo de cuestiones.

En concreto lo que venimos señalando en este tema es que puede ser novedoso que haya empresarios que lleven adelante una actividad económica y comercial a través de plataformas o a través de la innovación que implicó la aparición de internet y de las nuevas tecnologías, pero en concreto todas estas plataformas lo que hacen es acercar a un consumidor con un producto que hace otra persona u otra empresa, pero la forma de acercarlo es a través de un mensajero: un trabajador o una trabajadora que va en moto, en bici o caminando a llevar ese producto que alguien compró. Eso es trabajo.

Está fuera de discusión que esa persona que alcanza ese producto a quien lo compró, trabaja para alguien. Y la finalidad económica de lo que hace la empresa de plataforma es que le llegue el producto a esa persona y para eso necesita contratar mano de obra, personas que trabajan para llevar esos productos y para eso hace falta pagar un salario, registrarlos, dar una obra social, dar una ART; todo lo que implica el trabajo subordinado o en relación de dependencia, que finalmente es lo que se quiere evadir.

Todas las áreas de la economía, no sólo la mensajería, por ejemplo la discusión que abrió Palazzo (de la bancaria) con Mercado Libre, que ahora le dicen “Economía de Plataforma” ya están reguladas, ya existen y ya tienen sus sindicatos.

Desde luego, en algunos casos sindicatos muy antiguos, en otros nuevos. La discusión que impulsa la Asociación Bancaria es muy interesante porque ¿Cuál es la discusión? ¿La discusión, realmente es que son actividades nuevas y merecen una regulación distinta o que quieren pagarle a los trabajadores la mitad del salario que cobrarían si estuvieran bajo la órbita del convenio colectivo bancario?

Mercado Libre acaba de firmar con el sindicato de trabajadores de Carga y Descarga un convenio para un centro de logística que tienen en el mercado central (que es lo que había generado un conflicto con el sindicato de Camioneros) que prácticamente es la Reforma Laboral que el gobierno presentó en el Congreso y quiso que se apruebe en noviembre del 2017: Jornadas ilimitadas, lo que llamaban la bolsa de horas (que uno trabaje 2 horas un día, al otro día no trabaje, al siguiente 4 horas, y al final de mes “vemos cuanto hiciste”. Se sacan las horas extras, fragmentar vacaciones, salarios bajos.

Lo que hay de fondo no es una discusión sobre tecnología. Lo que presentan como una discusión del futuro, en realidad tiene que ver con relaciones laborales del pasado: trabajo a destajo del siglo XIX en una realidad distinta que es la del siglo XXI.

Los ataques a ciertos sindicalistas tienen que ver con que están defendiendo una mirada del mundo. Pablo Biró se plantó fuertemente contra las Low Cost, Moyano con la cuestión Logítica y ahora Palazzo discute cómo se encuadran los y las trabajadoras que están en la parte financiera relativas a estas empresas.

Claramente. Pero además no debiera ser noticia que un sindicato plantee que a determinados trabajadores se le aplique el convenio colectivo o tengan el derecho de representarlos. Esto es noticia porque sale el Presidente de la nación, algún ministro o algún funcionario a estigmatizar, a atacar directamente a esos dirigentes  que lo que hacen es lo que debe hacer un dirigente sindical que es defender a los trabajadores y tratar de que se aplique la normativa laboral o su convenio.

En todo caso impedir o resistir a que se apliquen condiciones de trabajo que evidentemente son mucho peores que las que correspondería si se aplica la ley o el convenio colectivo. La noticia es el ataque que sufre la actividad sindical reivindicativa, algo que hace a las libertades democráticas más básicas: que haya trabajadores que tengan sindicatos y dirigentes sindicales que defienden trabajadores y empresarios que pretenderán que no sea tan así y para eso están las paritarias. Lo que no es parte de esto es que desde el gobierno nacional se demonice, se ataque, se denuncie penalmente que es lo que está ocurriendo con el ataque a la actividad sindical.

No solamente el ataque a la actividad sindical sino, al no tener la contención y la protección del Estado nacional, pretender imponer un sindicato a los trabajadores, el horario laboral, la forma de pago y encima decir cuál es el sindicato más adecuado para la actividad para que los trabajadores elijan.

Esa es la otra pata que le falta a esa mesa: no se les consulta a los trabajadores cuál es el sindicato en el cual quieren organizarse y directamente se los encuadra en un convenio, cuando no se los afilia directamente desde las propias empresas. Una práctica muy recurrente y lo que aparece ausente es el rol decisivo del derecho del trabajador a exigir, a plantear, a afiliarse o no afiliarse a un sindicato determinado.

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