por melany de juana*
En una nueva arremetida, de esas que tanto caracteriza al mandatario norteamericano, Donald Trump anunció el jueves 30 de mayo a través de su cuenta de Twitter que le impondrá un arancel a los productos mexicanos, por considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo nada para detener las migraciones de miles de centroamericanos que buscan en Estados Unidos una mejor calidad de vida.
En su anuncio, Trump postuló que a partir del 10 de junio cobrará un impuesto del 5% a los productos que México exporta a Estados Unidos hasta el momento en que se ponga un freno a los migrantes que, escapando de la violencia, la pobreza y el hambre de sus países, intentan cruzar la frontera que une a ambos territorios.
Siguiendo la línea del presidente, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmó que de no cesar la entrada ilegal de centroamericanos, los aranceles se elevarán a un 25% en octubre.
Para llevar a cabo la implementación de esta medida, Washington recurriría a la Ley de Poderes Económicos.
Los aranceles constituyen una herramienta de presión al gobierno mexicano, que tiene como objetivo resolver un problema que no es comercial sino social por medio del debilitamiento de la economía del país centroamericano quien, después de Canadá, es el primer exportador de productos agrícolas y alimenticios.
En 2017 el país azteca exportó un total de 408 millones de dólares; de esa cifra 307 millones corresponden a los productos exportados hacia Estados unidos.
De concretarse el plan que amenaza a la economía de México, la nación tendría pérdidas iniciales valuadas en US$ 2.200 millones de dólares que afectarían a más de un millón y medio de mexicanos.
La medida llama la atención, ya que se da luego del anuncio que hizo Norteamérica en mayo de este año, en el que acordó eliminar los aranceles del 25% que aplicó en 2018 a las importaciones de acero y aluminio de Mexico y Canada.
A su vez la postura de Donald Trump pondría en peligro la aprobación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, destinado a sustituir el Triple tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés).
Cabe destacar que la iniciativa estadounidense se da en el marco de las detenciones de más de mil centroamericanos, efectuadas por la Patrulla Fronteriza, que en varios casos concluyó con la separación de menores de edad de sus familias, y que tuvieron como consecuencia la muerte de al menos seis niños. A esta situación se sumó la negativa del Congreso estadounidense de concederle a su presidente la suma de US$ 6.700 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.
En este sentido la postura del presidente mexicano András Manuel López Obrador siempre fue la misma: el diálogo y la cooperación entre ambas naciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para producir empleos y resolver de raíz los problemas de estas regiones.
Una vez más queda demostrada la hipocresía del mandatarios norteamericano, que acusa a su vecino de no detener las migraciones que, en definitiva, son mera consecuencia de la política injerencista que Estados Unidos lleva a cabo en los países centroamericanos.
*Periodista y analista especializada en Centro América, redactora de Revista Trinchera, columnista del programa Marcha de Gigantes (AM1390) y colaboradora de Agencia Timón.
