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Dia 9 del Juicio: Emilia también es víctima de la justicia patriarcal

Redaccion Trinchera 14 de julio de 202314 de julio de 2023

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

En la novena jornada declaró un perito de parte pedido por la defensa y el médico que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia. Una vez más, el TOC N°3 le dio lugar a la estrategia de los imputados para seguir extendiendo la etapa probatoria en la que tratan de culpabilizar a la víctima de su propia muerte.

Este viernes 14 comenzó la novena jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. Están imputados en la causa Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure son juzgados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Nuevamente, se esperaba que esta sesión fuera la última dentro de la etapa probatoria, pero la defensa de los imputados jugó una vez más su estrategia de poner el foco en culpabilizar a Emilia por su propia muerte con las pruebas toxicológicas y pidió seguir extendiendo las jornadas. La audiencia cerró con el pedido del abogado Alfredo Gascón Cotti (defensa de Raúl “El Peque” García y de Carlos Bellone) de que se incorpore un nuevo informe donde se respondan los tres puntos no respondidos en la pericia anterior. De esta manera, se agregaría un nuevo encuentro para el 2 de agosto con el objetivo de debatir la nueva prueba. Además, se convocó a la etapa de alegatos para el 10 de agosto o días próximos.

En este sentido, la defensa de los imputados retrasa el proceso para fortalecer su estrategia y el Tribunal termina dando lugar a la maniobra. Sucedidas hasta la fecha nueve jornadas de debate, claro está que la graduación alcohólica que tendría Emilia no sería determinante para su muerte. En cambio, sí lo fueron las condiciones en las que se llevó a cabo la fiesta dentro del marco de ilegalidad. La re-victimización de Emilia es la estrategia de un sistema judicial que responde a normas patriarcales con el único objetivo de generar una escapatoria, en este caso, para los cuatro socios del poder.

Como cada jornada, la sala estuvo presidida por el Tribunal Oral Criminal N°3 compuesto por Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, que dieron apertura a la sesión a las 10:36 horas. El jueves pasado, en lo que se había estimado que sería la última audiencia, se decidió incorporar nuevos testigos pedidos por la defensa y que declararon hoy: Héctor Sebastián De Los Reyes, bioquímico de la asesoría pericial de La Plata, y Alejandro Nemes, médico que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia y que había testificado anteriormente durante la cuarta jornada.

Sin más preámbulos, la sesión comenzó con la presencia de Reyes ante el micrófono, quien aseveró: “Quiero aclarar que yo no recibí las muestras ni hice las pericias toxicológicas sobre la víctima”. Es así que el bioquímico prestó sus saberes en la materia salvaguardandose sobre esta base.

Al ser consultado sobre el estado de conservación de las muestras aclaró que deben ser “resguardados rápidamente y a tope” ya que los “procesos putrefactivos pueden generar alteraciones”. Al mismo tiempo, explicó que solo en la muestra de sangre se recomienda utilizar agregados para su conservación y que la cámara de aire generada por un mal llenado del recipiente puede generar la evaporación del alcohol, por lo cual, se aseveró que entre los dos valores, el de sangre es más válido.

Antes de abandonar la sala, Reyes detalló que “el proceso de eliminación de alcohol en sangre se inicia luego de los 60 minutos” desde la última ingesta, y que el resultado varía según el metabolismo de cada persona. Además, recalcó que “siempre será más exacto el resultado en una persona viva que una muerta”.

Luego ingresó a la sala el médico Alejandro Nemes, quien explicó que los procedimientos que se realizaron fueron los “de rutina” y ratificó la existencia de una venipuntura por una “vía con suero” que se colocó cuando recibió atención del personal médico.

A las 11:26 finalizaron los interrogatorios y el Tribunal prosiguió a debatir cuál sería el próximo paso. Allí, el juez que preside la sala, comunicó a las partes y a la fiscalía la decisión de “que los alegatos sean después del 10 de agosto”.

Luego, la defensa pidió que no se dé por concluida la etapa probatoria y que se incorpore un nuevo informe pericial, a raíz de “tres puntos” que no se respondieron en el informe previo. En ese sentido, los abogados de la familia Uscamayta Curi se opusieron al pedido ya que “han esperado hasta el último momento y han tenido siete años y medio para presentar su perito”, y que con esto “quieren dilatar el caso”.

“Venimos en igualdad de armas, si esto se hizo conocer el 22 de mayo podrían haber plasmado esa inquietud en la primera audiencia del debate oral, están prolongando el proceso que debería haber terminado en el día de ayer”, contrapuso el abogado Adrián Rodriguez Antinao.

Finalmente, el Tribunal decidió hacer lugar al pedido suscitado por el abogado Gascón Cotti, y por lo tanto, las partes se reunirán el 2 de agosto para debatir sobre el nuevo informe pericial. Ese día también se resolverá la fecha exacta y cómo serán los alegatos.

La estrategia patriarcal de la re-victimización

Cabe destacar que fuera de los Tribunales, se realizó una radio abierta en la que Rodriguez Antinao, declaró: “Vemos con mucha preocupación cómo todo se está desviando hacia cuestiones teóricas e hipotéticas porque el Tribunal lo permite, y se enfocan en una persona que lamentablemente no está con nosotros y no puede defenderse”. Finalizó diciendo que a la lucha hay que sostenerla “más que nunca” e hizo énfasis en la necesidad de “desterrar el patriarcado del poder judicial”.

Por último, el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, resaltó: ”Esos derechos que tiene que tener la mujer, los que ella en algún momento defendió a capa y espada en el barrio, en la facultad, hoy acá sentimos que no se respetan para nada, quieren de alguna forma que Emilia sea la culpable, porque es mujer y ese día no tenía derecho a tomar”.

“Es lo que quieren conseguir en el Tribunal, le están brindando la posibilidad a los imputados de traer a otro perito para que lea otra vez los resultados. En estos días pasaron tres y no dicen otra cosa que la verdad: Emilia murió por ahogamiento y eso se debió a que la pileta no tenía ni un salvavidas y ni un paramédico, la responsabilidad es de los cuatro empresarios”, concluyó Edgar.

Día 7 del Juicio por Emilia: Testimonios clave y una coartada sin rumbo

Redaccion Trinchera 11 de julio de 202311 de julio de 2023

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La ampliación declaratoria de un ex delegado municipal volvió a evidenciar la complicidad del gobierno local en la muerte de Emilia Uscamayta Curi. En la séptima jornada también declararon testigos que quisieron desligar sin éxito a uno de los imputados de la organización de la fiesta. Quiebres y tensiones entre los acusados por la coartada.

Este martes comenzó la séptima y anteúltima jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Declaró Adrián Zamudio, quien había testificado durante el segundo día, volvió a demostrar la responsabilidad del municipio en el evento y la complicidad para garantizar el silencio. El ex delegado municipal de Melchor Romero protagonizó una de las declaraciones más impactantes, al exponer las consecuencias de haber denunciado por primera vez. Zamudio detalló que fue amenazado por no querer cambiar su declaración sobre los hechos. También declararon siete testigos propuestos por el defensor de Santiago Piedrabuena, que dieron cuenta de una coartada para despegar al acusado de haber organizado la fiesta en la que murió Emilia. Por último, pero no menor, entre medio de uno de los cuartos intermedios, Haramboure protagonizó una efervescente pelea con sus abogados.

La jornada comenzó a las 09:30 horas, cuando los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali se hicieron presentes en la sala, y dieron a conocer algunas resoluciones que tomó el Tribunal: consideraron innecesaria la prohibición para que los imputados salgan del país, aceptaron incorporar por lectura una pericia toxicológica y finalmente dieron el visto bueno para que se agregue el perito de parte reclamado por la defensa de la familia de Emilia, que estaría presente el jueves. Ultimado esto se procedió a dar paso a los testigos.

Amenazas y aprietes que complican al gobierno municipal

El primer testigo fue el ex delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Daniel Zamudio, quien había intentado suspender la fiesta por saberla fuera de condiciones legales. Zamudio había testificado durante la segunda jornada y quedó a disposición del proceso por pedido de la fiscalía. En su nueva declaración afirmó que fue “amenazado” por funcionarios públicos para que “cambie su denuncia” y arrojó más pruebas para demostrar la complicidad del municipio en la continuidad de la fiesta ilegal aquella noche.

El testigo declaró que cuando pidió la suspensión de la fiesta, “hubo un hermetismo, nadie atendía el teléfono. Después de la denuncia, todos querían hablar conmigo”. “Yo con esta declaración por la muerte de Emilia la pasé mal, me armaron causas y me tiraron dos tiros en la puerta de mi casa”, sentenció Zamudio, y señaló a Nelson Marino y a Juan Martínez Garmendia como los principales funcionarios que querían su silencio.

“Tenés que ir a hablar a la Torre porque si no vas a tener consecuencias, me dijeron. En la Torre 1 está el grupo de abogados de ellos”, detalló en su ampliación declaratoria. “Les dije que mi declaración ya estaba en la causa. Ellos tenían una copia y me reclamaban que estaba involucrando a Garmendia”, agregó. “Me dijeron que tenían órdenes de que modificara algunas cosas de la declaración, sino ya iba a saber lo que me iba a pasar con el trabajo”, alertó el testigo ante una sala atenta. “Cuando me estoy yendo para la delegación me llaman de la Municipalidad insistiendo en que cambie la denuncia, les dije que no, de ahí en más empezó el problema con la Municipalidad”.

Según las palabras del ex delegado, Nelson Marino, secretario de Gobierno de Julio Garro en ese momento, le dijo: “Lo que hiciste mal fue la denuncia, no hacía falta que la hagas, esto lo vas a tener que hablar con los abogados”. El testigo contó que respondió que “sí es necesario (denunciar), soy el delegado municipal y alguien se tiene que hacer cargo” y que “no pensaba cambiar la declaración”. Zamudio advirtió que fue el mismo Marino quien lo “intimó para que cambie la denuncia, amenazándome con que me iban a empezar a hacer la vida imposible en el trabajo, pero yo me negué”.

También volvió a nombrar al entonces subsecretario de Gobierno de la gestión de Juntos por el Cambio y actual concejal, Juan Martínez Garmendia. “Me llamó ni bien había terminado de hacer la denuncia, me preguntó qué declaré, que le diga qué dije y qué no. Le dije que estaba todo en la denuncia”, destacó el ex delegado municipal.

“A partir de acá me empezaron a boicotear, y me hicieron quedar mal con los vecinos de Melchor Romero”, sinceró el testigo. “Ahí caí yo como un tonto”, expresó, y comezó a relatar los sucesos que llevaron a que lo cesanteen como delegado. Zamudio explicó que “en la delegación había una caja chica que manejaba Ogawa (subdelegado de Romero)” y que desde allí hubo movimientos de dinero sospechosos de los cuales lo responsabilizaron. “Cuando me involucré por la denuncia, me armaron una causa”, dijo.

Kevin Ogawa declaró en el juicio oral el segundo día, cuando cambió rotundamente su testimonio de 2016: negó haber participado en reuniones previas con Control Urbano para desarticular la fiesta y alegó que había “un error de testimonio”. Tras la nueva declaración de Zamudio, esto toma mayor claridad y pone en jaque la legitimidad del discurso de Ogawa. “Ogawa estuvo en las reuniones previas conmigo. Él estaba en el escritorio al lado mío”, ratificó.

“A Ogawa lo llamaron de la Torre 1, donde están los abogados del municipio, y cambió la declaración”, aseguró el ex delegado, y agregó: “Él me dijo ‘yo no quiero saber nada, me dijeron que me abra’”, y se abrió. A cambio, según explicó Zamudio, Ogawa “trabaja en el área de Desarrollo de la Municipalidad, con el hermano de Nelson Marino. Y la hermana de Ogawa era secretaria de Marino y ahora trabaja en una colchonería de él”.

También expresó que le “inventaron una denuncia por acoso sexual” cuando habían pasado unos meses de la muerte de Emilia y que por eso “me dijeron que me iban a dejar cesante, que me vaya, que me iba a reemplazar un tal ‘Pichu’”. Pero al querer corroborar el hecho, “me fui a las comisarias y no tenía ninguna denuncia”. “Me sacaron porque ellos me quisieron remover”, sentenció el testigo.

Por último, Zamudio reiteró que durante la fiesta no hubo más que un solo móvil policial y que “a través de los MEMOS nosotros habíamos pedido la suspensión de la fiesta y colaboración de la patrulla urbana, pero esos MEMOS desaparecieron de la Municipalidad y de Control Urbano”.

A partir de aquí, finalizó la ronda de testigos por parte de la defensa de la familia Uscamayta, y comenzó la de quienes acudieron por parte de la defensa de los imputados.

Una coartada que no cierra

Fabricio, Sebastián, Álvaro, y Federico fueron los siguientes testigos en presentarse en la sala en ese orden, todos parte del grupo de amigos “NPM” que organizaba fiestas electrónicas y que a su vez habían organizado un evento junto a Santiago Piedrabuena aquel 31 de diciembre de 2015. Luego, les sucedieron Javier y Nicolás, DJ’s del evento, y por último, Lucas, dueño de la casa-quinta donde se organizó la fiesta (esquina de las calles 518 y 17) donde asistieron alrededor de 600 personas.

Durante sus pasos por la sala, se pudo observar que los relatos de los testigos coincidían de manera exacta. Entre las declaraciones se repitió que la fiesta la habían organizado con Piedrabuena y se intentó asegurar que el imputado había estado ocupado toda la noche en ese evento. Pero, al mismo tiempo, Lucas aseguró que el imputado “salió solo un rato, a las 3 o 4 de la mañana, después volvió”. En repetidas ocasiones, mencionaron que la pileta de su evento estaba vacía sin siquiera esperar a que los abogados les realizaran preguntas.

El primero de los testigos, Fabricio, mencionó que no tenían habilitación para realizar la fiesta y que por ello no querían que “se corra la voz”. De hecho, bajo recomendaciones del profesional en eventos nocturnos Piedrabuena, o como lo nombraron los imputados “Santi”, no pusieron la dirección del evento en la difusión “para que no la clausure Control Urbano”.

La memoria de los testigos resultó estar intacta cuando se los llamó a identificar personas en una foto de la fiesta, como así también recordar nombres, apellidos, direcciones, cantidad de personas que asistieron al evento, entre otros detalles. Si bien pasaron siete años y medio de ambos eventos, excusa que fue utilizada por testigos de audiencias anteriores, el recuerdo sobre una fiesta que se desarrolló sin demasiados inconvenientes fue fácil de recordar; la fiesta que le costó la vida a una joven, no.

Llegando al segundo cuarto intermedio, un tenso cruce entre Haramboure y su abogado llamó la atención en la sala. El imputado estaba visiblemente alterado con las declaraciones de la defensa de Piedrabuena y habría buscado respuestas rápidas en su abogado, quien terminó la discusión con un tono elevado diciéndole que se quede donde está y que “no se mande al frente solo”. Luego de esto, Piedrabuena y Haramboure, que desde el inicio de la sesión estaban sentados juntos, se separaron por más de dos lugares de diferencia.

Luego de esto, el abogado de Piedrabuena levantó la voz y dijo, en tono burlesco, que “para alegría del tribunal y las otras partes voy a desistir de los demás testigos”, dando por finalizada la ronda de testigos y entrando en la recta final del juicio.

Coartadas entre testigos, conflictos entre imputados

La audiencia se dividió en dos partes. Comenzó con declaraciones contundentes de Zamudio que expusieron el entramado político empresarial y resaltaron la voluntad del gobierno municipal de no clausurar la fiesta, a pesar de no estar habilitada y con alertas previas. También la complicidad para protegerse luego de la muerte de Emilia, con la intención de modificar declaraciones y presionar a testigos para alejar al municipio de toda responsabilidad.

Por otra parte, la defensa de Piedrabuena expuso su estrategia: una coartada explícita en un relato en común a través de sus testigos. En una de las jornadas más extensas, el relato repetitivo agotó las energías hasta de los imputados: se hizo visible un desgaste en sus relaciones internas cuando se acerca cada vez más el final de las audiencias de debate.

Las audiencias se retomarán el jueves 13 de julio a las 9 de la mañana para la última sesión de cara a la recta final. Queda pendiente la declaración de un perito ofrecido por los defensores de la familia Uscamayta Curi y se espera el momento en que los imputados definan si declararán o dirán sus últimas palabras. Los alegatos y el veredicto sucederán tras la feria judicial.

Día 5 del Juicio por Emilia: Memoria selectiva

Redaccion Trinchera 5 de julio de 20235 de julio de 2023

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Se retomaron las audiencias en su quinto día. Con más silencios que respuestas el juicio por la muerte Emilia Uscamayta Curi sigue demostrando la complicidad empresarial y política local.

Tras un día sin audiencia por problemas de salud de uno de los jueces, este 5 de julio, pasadas las 11 de la mañana, comenzó la quinta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, dieron apertura a la sesión luego de una larga espera por la ausencia de “El Peque” García en la sala, por lo que el debate comenzó sin él (gracias a un permiso que solicitó su defensa). Alrededor de las 12 del mediodía, el empresario de la noche platense y amigo íntimo de Juntos por el Cambio, arribó a la sala.

En la jornada hubo distintos conflictos y perturbaciones que interrumpieron el curso habitual del juicio. Por un lado, las denuncias por falsos testimonios a dos testigos, Jonatan Medina y Agustin Saintout, que se suman a la denuncia realizada contra Marina Buffone por las mismas razones durante la segunda jornada del juicio.

Además, al final de la audiencia, los abogados de la defensa, en particular letrado Marcelo Peña, abogado de Haramboure, luego de interrumpir cada intento de los abogados de la familia en avanzar con preguntas sobre los testimonios, escaló en gritos hacia la Dra. fiscal Silvina Langone por supuestos “maltratos” con el último testigo. En este sentido, la fiscal respondió contraponiendo los tratos a los que se la somete constantemente desde la primera audiencia, e incluso hoy, cuando se le exigió bruscamente la lectura de documentos que había pedido la defensa, como si fuera “empleada” de ellos y tuviera que estar pendiente a sus órdenes.

Testigos

La primera testigo, pendiente de la jornada anterior, fue Andrea Lorena Sanchez Britez, que al momento del suceso ejercía como oficial de la policía de La Plata y estaba patrullando aquella noche en Melchor Romero, junto a Julián Fernández. “Recuerdo haber llamado al oficial de servicio (Ariel) Peña a las dos de la tarde, y nos dijeron que nos quedemos en 520, que pasaría el móvil de Control Urbano porque se iba a realizar una fiesta clandestina”, comenzó en su relato la oficial.

Finalmente, el móvil llegó al lugar y les “dijeron que iban a labrar un acta porque sobre 520 había vallas, le avisaron al personal que había dentro de la quinta y le entregaron una copia de que no se podía hacer la fiesta”, prosiguió la testigo, que aseguró que se retiraron las vallas y les ordenaron “quedarnos ahí hasta que llegó el relevo”, a eso de las 22 horas, cuando terminó su horario laboral.

Muy similares fueron las declaraciones del oficial policial de la UPPL La Plata, Julián Fernández, también pendiente de la sesión anterior, que patrullaba con Sanchez Britez la tarde del 31 de diciembre de 2015. Al relato de la agente policial, Fernández sumó que fue “Martínez Pass, mi jefe” quien lo llamó a las 14 horas “para que me quedara fijo en la quinta” y le “avise de todos los movimientos que se hagan”, ya que sabían de antemano que “estaban vendiendo entradas por Facebook”.

El testigo informó entonces a su superior que “los movimientos seguían y que la fiesta se iba a hacer igual”: mencionó que pudo ver cómo se colocaban pantallas dentro de la quinta. Esto luego de que Control Urbano labrara el acta porque “la fiesta se tenía que cancelar” y se retiraran “las vallas que había sobre la vía pública como para formar filas para el ingreso”. Fernández agregó que, previo a retirarse por el relevo, el Comisario de Melchor Romero, Juan Ramón Verón, se acercó a ellos diciendo que “estaba al tanto de la situación” y que “estaba a disposición por si lo necesitaban”. La noche continuó con el rumbo previsto por los organizadores del evento.

El tercer testigo fue José María Moccero, vendedor de entradas para la fiesta “La Frontera” y en ese entonces empleado municipal de la Dirección de Cooperativas. Declaró que las entradas se las había ofrecido Jonatan Medina (que testificó minutos después) y que era un evento “muy solicitado”, “las vendí todas”, dijo y confirmó la hipótesis de la masividad del evento: “Había mucha gente afuera y estaba colapsada la 520, un montón de autos y gente caminando”. El testigo aseguró que no entró a la fiesta y se fue del predio en un auto cerca de las 5 de la mañana porque se iba de viaje.

Los abogados de la familia Uscamayta Curi advirtieron contradicciones y omisiones en sus respuestas. A la hora de describir a Jonatan Medina, con quien rindió cuentas de las preventas, dijo no recordar dónde trabajaba, pero en 2016 había dicho que Medina “estuvo trabajando en el boliche 737” y que tenía entendido que “Santiago Piedrabuena es dueño del boliche porque alguna vez he ido”. “Si así lo dije en ese momento entonces puede haber sido así, yo no lo recordaba”, contestó Moccero. El abogado de Piedrabuena buscó de forma casi inquisidora que el testigo declarara no conocer a su defendido, mientras el imputado detrás de él se dormía sentado y parecía importarle poco lo que se hablase.

El cuarto testigo fue el nombrado Jonatan Medina, quien trabajaba para el boliche de Piedrabuena 737 y estuvo encargado de vender entradas para la fiesta “La Frontera”. Ingresó a la sala nervioso y con la frente brillosa de transpiración. En concordancia con las declaraciones de los anteriores relacionistas públicos, en sus palabras primó el “no me acuerdo” y la memoria selectiva para evitar nombrar a los responsables de la muerte de Emilia. Esto trajo nuevamente a la escena la sospecha de un pacto de silencio, apelando al olvido como estrategia, y generando fuertes cruces entre la Fiscal Silvina Langone y las defensas de los imputados, en los que tuvo que intervenir el presidente del Tribunal.

“¿Tenés algún problema de memoria?”, le consultó la representante del Ministerio Público Fiscal. Medina dijo no recordar quiénes eran los dueños de 737, ni quién le dio las preventas para repartir, ni tampoco a quién le rendía las comisiones.

Ante esto, se le intentó recordar algunos elementos importantes para la causa a través de sus propias declaraciones de 2016. En ese momento, él había dicho: “En diciembre de 2015 Lisandro Santos y Gastón Haramboure fueron los que me ofrecieron vender entradas. Pasó un tiempo y Gastón apareció con un paquete de entradas y empezó a repartir las preventas” (…) “Haramboure llevó todos los equipos, heladeras, sillones de 737 a la quinta para realizar el evento” (…) “Santiago Piedrabuena organizaba todo con Haramboure para la fiesta” (…) “A Gastón lo conozco de 737 porque me lo presentó un amigo, a Santiago lo conocía del pub, al Peque lo conozco porque trabajaba en turismo pero no personalmente y a Bellone lo conozco como dueño de la quinta” (…) “Quiero aclarar que Lisandro Santos me comentó de la venta de entradas y sobre Haramboure, no sé si Piedrabuena organizaba o no la fiesta” (…) “El Peque me dio la consumición y coordinaba todo, él decidía quién pasaba al VIP y Santiago estaba en la puerta”.

Al final, los conocía a todos, pero nada de esto tuvo lugar hoy en los recuerdos de Medina. El ambiente en la sala se puso cada vez más tenso. El juez Paolini llegó a preguntarle si al menos recordaba el artículo del Código Penal que le habían informado antes de testificar, en el que se le explicaba la posibilidad de imputación por falso testimonio.

Medina tenía un drone que utilizaba para realizar trabajos, entre ellos uno que le encomendaron los organizadores: “Hablé con el Peque García para ir a filmar a la quinta y me contrató Gastón Haramboure para hacer las grabaciones y luego Juan, no recuerdo el apellido, me pagó mil pesos”, especificó en su testimonio de 2016.

Queda en evidencia que la desmemoria de hoy no es más que el encubrimiento de responsabilidades. En síntesis, aportaron más a la causa las lecturas sobre las primeras declaraciones, siendo las actuales puras omisiones. Ante esto la fiscal y la defensoría del particular damnificado pidieron que el testigo quede a disposición del Tribunal en el lugar.

El quinto testigo fue Agustín Saintout, quien no rompió con la amnesia de los testigos. Fue parte de la venta de entradas a través de Nahuel Nuñez Monasterio, quien era Jefe de Públicas: “Yo las publicité (las entradas) con diferentes banners por WhatsApp y Facebook para venderlas, se las rendí y me quedé con una comisión, no conocía el lugar y no fui”, declaró y añadió que “a Santiago Piedrabuena si lo conozco y no recuerdo si estaba como organizador”.

Otra vez se advirtieron omisiones con respecto al primer testimonio dónde había dicho: “Por comentarios de Nahuel (…) se que lo organizan Piedrabuena y Haramboure, a quienes conozco de cuando trabajé en 737. Eran quienes organizaban eventos ahí y yo pasaba música.”

Luego pasó a la sala el sexto y último testigo, el oficial de la UPPL La Plata Maximiliano Quispe, el cual alegó: “No estoy seguro de haber visto movimientos, estuvimos poco tiempo. Cuando llegamos, el móvil que estaba en el lugar nos dijo que se había presentado alguien a decirle que ya se cubría el lugar. Informamos a nuestros superiores (oficiales Venzi y De Tezano) y nos dirigimos a recorrer la jurisdicción de Unión”.

Antes de finalizar la audiencia volvieron a convocar a Medina. Su testimonio, repleto de omisiones, generó la necesidad a Langone de preguntar: ¿Usted estuvo hablando con otras personas de este testimonio? El testigo contestó: “Solo de que me citaron”. Sin más preguntas, el presidente del Tribunal le pidió que se retire. Apenas se puso de pie, Ignacio Camillo Fernández pidió su imputación por falso testimonio, situación que provocó la interrupción del ya mencionado Peña que manifestó “me parece una falta de respeto para el ciudadano”.

Domenech alzó la voz y la sala de audiencias se quedó en silencio. Después de pedir orden entre las partes concluyó convocando a un cuarto intermedio para mañana a las diez de la mañana.

El silencio de los testigos

Al igual que en la primera jornada, se volvió a sentir un pacto de silencio. ”Cuando fueron a declarar omitieron información importante y recordaban aspectos insignificantes, es decir una memoria selectiva”, declaró el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao.

Lawfare crudo y al desnudo

Joaquín Bellingeri 7 de diciembre de 20227 de diciembre de 2022

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Jueces, encargados del multimedio Clarín, funcionarios y hasta un ex agentes de servicios de inteligencia, se ven envueltos en la mediatización de conversaciones en las que planifican métodos para tergiversar su reunión en las tierras del magnate inglés, Joe Lewis, en lo que se presenta como una de las mas grandes violaciones a la democracia.

A través de filtraciones realizadas por hackers al teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’alessandro, se hizo pública una serie de chats entre el dueño del teléfono y distintos personajes de un peso prominente en las riendas de poder del país, en los cuales acordaron simular distintos métodos que utilizaron para llegar a Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joe Lewis, ubicada en Río Negro, donde se habrían reunido.

En los chats y audios divulgados queda expuesto cómo los distintos actores acordaron justificar su llegada hasta Bariloche mediante vuelos privados pagados por el Grupo Clarín, así como la estadía en Lago Escondido.

A priori, la situación es, no solo una mojada de oreja total al pueblo argentino, sino una maniobra diabólica que da cuenta de la impunidad con la cual trabajan los dueños del país. Es importante remarcar que dicha situación se dio en el marco de la semana en la que se definió la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, en la que no se le dio oportunidad de defensa, y se obstruyeron distintos pasos jurídicos que son los necesarios para efectuar una condena. Básicamente, el “Partido Judicial” hizo lo que quiso: allí, antes, ahora, y seguirá, en la medida en que esta pata de la república esté manchada por la falta de democracia.

Los participantes del chat divulgado son los jueces federales Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, y Julian Ercolini; el director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom y sobrino de Hector Magnetto (CEO de Clarín), Pablo Casey; el presidente de Grupo Clarín, Jorge Rendo; el presidente de MediaBit S.A., Tomas Reinke; y el exfuncionario de servicios de inteligencia de la SIDE, Leonardo Bergroth.

Loa audios verifican que los implicados decidieron conseguir facturas falsas para la justificación de compras de pasaje y alojamiento. Situación que, en la necesidad de encubrir, oculta otros medios por los cuales se ejecutaron las acciones. En ese sentido, los responsables de Clarín, Rendo y Casey, aseguraron en el chat que costearían el viaje. Lo que no es claro aún es el objetivo de dicha reunión, que, vista la organización y la implorante necesidad de ocultar, parece tratarse de un asunto severo.

Al mismo tiempo, los implicados debatieron los hechos por los cuales su visita a Lago Escondido fue divulgada, y dialogaron sobre cómo presionar a los medios de comunicación más importantes del país para que no se haga público el caso, sumado a una estrategia futura en la cual acordaron utilizar el papel de “victimas de un espionaje ilegal”. Está claro que su preocupación más clara en cuanto a la mediatización fue por el multimedio C5N, sobre el cual los implicados desarrollaron que, a través de Julián Leunda (asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que renunció tras el escándalo), consiguieron el nexo con Fabián de Souza, responsable del medio, quien les aseguró que no tratarían el tema.

En cuanto a los motivos de las filtraciones, los “huemules” nombraron a José Glinski, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como posible culpable de que su viaje se haya hecho público. Esto fue nombrado por Yadarola, quien anunció en tono amenazante que “ya se cruzaría con él”. Al mismo tiempo, D´alessandro aseguró que si fuese ministro del gobierno Nacional, disolvería la PSA.

Y, si no alcanzaba con que un ministro de Seguridad pretenda destruir para su conveniencia una unidad de fuerza que regula los aeropuertos, el mismo se superó y le contestó a Yadarola: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, refiriéndose al momento en el que podría cruzárselo, y pidiéndole que le haga un nexo para realizar esta acción, como si de una mafia se tratase. ¿O de eso se trata?

Los chats y audios develan la manera en que operan estos “peces gordos” del país, y cómo logran tapar sus agujeros ilegales mediante contactos, extorsiones y mecanismos de poder como lo es el mayor multimedio de comunicación de la Argentina; o con los instrumentos del poder judicial que poseen y conservan de generación en generación debido a la anti democracia que existe en este sector del poder argentino.

El “lawfare” en su estado puro se desenmascara sin más en esta situación tan extraordinaria, y denota fehacientemente que el mismo es causa y consecuencia de una opinión pública dominada por un medio de comunicación que concentra la masividad de visualización, pauta y poder, y que puede fabricar cualquier engranaje necesario para instalar un discurso armado, una causa inventada, y prácticamente, intentar dominar un país.

El ejemplo perfecto de ello yace en la continuación de la conversación sobre Glisnki, que de solo leerlo expresa esta idea: “Pasen alguna info de este personaje que le escribimos una notita”, expresó Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto. En concreto: añade a la serie de ideas extorsivas sobre la figura de José Glinski, que le acerquen información sobre él, para construir una nota en el multimedio que tienen a su disposición, y de esa forma generar sentido negativo sobre su figura, que lo difame y le quite peso a su palabra, ya que este sería el presunto denunciante del viaje.

Esa es la mecánica por excelencia que tienen los medios de comunicación para generar sentido, convencer a una mayoría y sentar las bases a quienes instrumentan el poder del derecho para obstruir ideas y cuadros políticos, y darle vía libre a otros. Quedó perfectamente ejemplificado y a la luz a través de estos chats, que tienen muchísima tela para cortar, y darían para extenderse en un análisis largo y con infinitas posibilidades de vinculación de temas.

Por lo mismo, también es necesario poseer el testimonio de algunos implicados en el tema, como es el caso de Luciano Ortiz Almonacid, abogado penalista que denunció el viaje de los jueces durante los últimos días del pasado mes de octubre, cuando se filtró la información: “Esto no es un escándalo, es el hecho más grave en la historia democrática después de lo sucedido el primero de septiembre. Hay jueces, fiscales, ex espías, ministros y dueños de medios tramando denuncias falsas, aprietes, detenciones, y persecuciones, no quiero saber qué están hablando sobre mi vida en este momento”, declaró para Radio Provincia. En aquella ocasión, el abogado solicitó “la apertura del procedimiento de remoción” de los magistrados que habrían estado en la estancia que el empresario inglés Joe Lewis posee en Río Negro.

“Hice la denuncia por pura vocación, no formo parte del gobierno, tengo ideología, pero eso no me vincula a hacer la denuncia, acá hay un hecho de gravedad institucional que tiene que ver con conductas inapropiadas de magistrados que hoy fueron ratificadas y que deben ser investigadas por el Consejo (de la Magistratura) y los órganos pertinentes, por eso hice investigaciones vinculadas a la empresa, aporté la foto del avión, y expliqué los antecedentes y la gravedad institucional del tema”, desarrolló Almonacid sobre los inicios de la causa.

“Estos jueces y el ministro de Seguridad estaban en horario laboral, que esto suceda en el marco de un gobierno democrático de otro color demuestra que el poder real lo tiene este grupo, y también traduce cómo gente que está en el gobierno está operando también con ellos, y deberían ser investigados, porque hay funcionarios que están tratando de entregar a la persona que había estado en el momento y lugar cuando este grupo pasó por el aeropuerto de Bariloche”, insistió el abogado, quien hizo fuerte hincapié en el poder real que representa el Lawfare, y la posibilidad de que este hecho sea hoy una vitrina del hecho para la sociedad.

Almonacid hizo la respectiva denuncia ante el Consejo de la Magistratura, ente que dicta los reglamentos internos del Poder Judicial y que funcionaría como instancia superior a los jueces implicados, para que se lleven adelante las investigaciones a los mismos.

En ese sentido, el especialista en cuestiones penales expresó ser consciente de las complejidades del asunto: “Estamos ante un Consejo de la Magistratura totalmente parado, que no actúa con jueces del Lawfare ni con causas como el atentado a la vicepresidenta, pero creo que esto tiene que ser un antes y un después en la acción y la mirada sobre el Poder Judicial”. Y agregó que “los ciudadanos que no formamos parte de la política tenemos que tener más injerencia sobre estas situaciones y repudiar a estos jueces”.

El link en el que se podían leer las conversaciones completas ya no está disponible. No obstante, solo es necesario ver cómo y para quién trabajan estos jueces en su día a día, como en el caso de Pablo Gabriel Cayssials, que acarrea antecedentes extensos que demuestran que opera en beneficio del poder, y nunca a favor de las grandes mayorías:

+ Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

+ Permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la ANSES para sus comunicaciones publicitarias.

+ Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto.

+ Convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua.

+ Le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes.

Que el poder judicial funcione como un órgano super poderoso y antidemocrático en la conformación de los poderes del Estado es lógico en un marco en el que los representantes del mismo no son elegidos mediante el voto popular, como en los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo). A raíz de esto, el ejercicio de este poder que se traspasa a dedo, presenta irregularidades y empleos a favor de ciertos intereses, dentro de los que se encuentra el Lawfare. Este asunto no es ninguna novedad, pero los instrumentos mediáticos pueden cegarlo a los ojos de quienes no se interesen en estar informados, por lo que esta situación necesita y merece una gran difusión para demostrar el poder del Lawfare tanto en nuestra sociedad, como en toda Nuestra américa.

En el mismo sentido se expresó Almonacid, al concluir en la importancia de la divulgación de este hecho: “A mí me gustaría explicarle a los ciudadanos que la justicia no tiene control, hoy estamos en un gobierno de jueces, y si hoy la política no toma el control sobre esto, vamos a un lugar donde la democracia no va a tener sentido”.

El conocimiento público de estos hechos, y el silencio de los grandes medios masivos de comunicación, llevó a que el Presidente de la Nación realice una cadena nacional en la que sostuvo que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, y comunicó las medidas que ordenó para tomar cartas en el asunto. Este posicionamiento se materializó este miércoles con la denuncia penal a los jueces, funcionarios y empresarios involucrados, presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche.

Es urgente no reproducir la lógica instalada por los medios hegemónicos que encubrieron el caso Y a pesar de ya ser un hecho mediático, es importante recalcar el repudio hacia estas maniobras que desestabilizan por completo un país, y lo deja a merced de los núcleos económicos y mediáticos. Un pueblo jamás será soberano y nacional mientras existan estos mecanismos que le facilitan más poder a un grupo reducido, que a quienes ganaron mediante el voto popular. Las acciones deben ser inmediatas y enérgicas, ya que el modus operandi de violación a la democracia por parte de quienes quieren ser dueños de un país a costa de las grades mayorías, cruzó todo tipo de línea, y se presenta de una manera abusiva, obscena y extorsiva.

Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

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Javier Delfino: “La posición del sindicato nació del conflicto con las aplicaciones para encontrar un marco de regulación”

Revista Trinchera 7 de agosto de 201912 de enero de 2022

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El pasado 2 de agosto, la justicia porteña ordenó la suspensión del funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que regularicen su situación con respecto a sus empleados. La resolución del juez Roberto Gallardo, se basó en un fallo previo que ya había exigido la inscripción de los trabajadores en el registro porteño, además de la obligación del uso de indumentaria adecuada por parte de las y los repartidores. A raíz de esto, conversamos con Javier Delfino, abogado asesor del sindicato APP, para conocer las consecuencias de esta definición.

¿Cuál es la posición del sindicato con respecto a este fallo?

Desde la Asociación de Personal de Plataformas, tenemos una posición crítica frente a la resolución, a la prohibición en sí mismo, sino lo que implica el cumplimiento de la medida de la prohibición que es el impedimento de continuar trabajando por parte de los repartidores, cada uno de los trabajadores de las plataformas. Les traslada en definitiva las consecuencias de la implementación de un modo de trabajo de las plataformas, a los trabajadores de no poder continuar trabajando. Una consecuencia de impedir la circulación en la vía pública de los repartidores y la confiscación de los elementos que transporta, genera la consecuencia inmediata de la pérdida de ingresos.

No hay una obligatoriedad de la medida de continuar abonando los ingresos a cada uno de los trabajadores, que eso hubiera sido un poco más propicio, pero claramente le excede la sentencia al juez Gallardo por una cuestión de competencia. El juez tiene una competencia limitada respecto a la regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Bs As y no a la naturaleza de los vínculos laborales.

La posición del sindicato nació del conflicto con las aplicaciones para encontrar un marco de regulación, de respeto a los derechos laborales, de reconocimiento al vínculo laboral y en ese marco el fallo tiene aspectos muy positivos en el que marca aquellos incumplimientos que se vienen denunciando: las medidas de seguridad, de como se viene trabajando, la necesidad de que se adopte la inscripción de como empleados, otorgar una cobertura de salud, de protección de riesgos frente al trabajo, elementos de seguridad para la ejecución de las tareas. Pero luego es una medida un poco drástica en el sentido de establecer una prohibición ante esta situación que los trabajadores soportan.

Si me permiten la analogía para figurarlo, no es más que algún otro empleador que tienen incumplimientos graves en las relaciones de trabajo, como la no registración, pero no con eso se cierra las empresas. No se trata de situaciones de esclavitud, ni donde las libertades de las personas estén en riesgo, sino de cómo se desarrolla la actividad de las plataformas, el cumplimiento a las normativas laborales y de seguridad social, que continúen trabajando pero que adopten las medidas tendientes a regularizar las relaciones de trabajo. Ahí hay un problema en la resolución que genera esa complejidad para quienes defendemos desde sindicatos de trabajo de plataformas.

Desde el sindicato, la prohibición no es lo que busca el sindicato, buscamos que la actividad continúe, se desarrolle y se implemente de acuerdo a las leyes laborales y de seguridad social vigentes.

Desde @AppSindical alertan sobre la clandestinidad que generará el fallo del juez Gallardo.https://t.co/SGGPIIYejL
— El Intransigente (@elintransigente) August 3, 2019

¿Cómo trabaja el sindicato la cuestión del trabajo, las vacaciones, que se los tome como asalariados? Hasta hoy son autónomos o trabajan en condiciones que no son las correctas…

Con las limitaciones que la propia empresa y la realidad impone. Venimos poniendo en público y denunciando los incumplimientos a la empresa, hemos realizado la primera huelga en Latinoamérica en la actividad, ejerciendo actos de expresión lícitos.

Tuvimos reuniones de varios de los integrantes del sindicato con la empresa, luego atravesamos un proceso de ofensiva de una modificación de la negociación respecto a la empresa. Fue luego de unas negociaciones que sufrimos el despido en Rappi de varios de los miembros de la comisión directiva de APP y estamos en un proceso judicial, lo cual complejiza todo porque se ve truncado el diálogo que se venía teniendo hasta este momento.

En el medio, la prohibición de la compañía fue retirar cualquier ámbito de negociación, por lo menos con APP, y se alcanzaron los expedientes que inició ASIMM (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios) en este particular que fue el fallo de Gallardo como parte coactora en ese expediente, que busca la prohibición o el cumplimiento de una normativa del ámbito de la ciudad respecto a las condiciones para el reparto de mercaderías alimenticias.

Recién mencionaste el despido de Rappi de miembros de la comisión interna. En ese caso se dio una situación particular que la empresa dice que no echó a nadie ¿cómo funcionan estos despidos?

Es un eufemismo decir “no despedí” del mismo modo que decir que la plataforma que no se dedica al reparto de la mercadería, no tiene injerencia ahí. La aplicación lo que hace es directamente bloquear la cuenta de usuario del trabajador con el cual se generan los pedidos, se vincula o puede interactuar en la plataforma y del mismo modo que cualquier otra empresa, acá a partir de la implementación tecnológica, genera la imposibilidad de continuar prestando tareas, del mismo modo que en una fábrica el despido podría evidenciarse con impedir que alguien ingrese a trabajar al establecimiento.

Estas tareas se prestan fuera de un establecimiento físico y la interacción es a través de una plataforma digital, el impedimento a ella es como implementó el despido con una notificación del sistema que hablaba de un bloqueo permanente. Eso justo luego de que se constituyera el sindicato, luego de que se hubiera notificado las autoridades del sindicato y de que se llevaran adelante unas negociaciones de reclamo de regularizar las condiciones. No es más que la propia historia del derecho del trabajo. Los trabajadores siempre han sufrido un proceso de persecución o prohibición, esperamos que llegue el reconocimiento judicial pertinente.

¿Cómo ves la perspectiva de la definitiva regularización y el trabajo bajo convenio de estos compañeros y compañeras?

Creo es inevitable un camino de reconocimiento de una realidad, que es que hay allí una relación de trabajo, un empleo entre los trabajadores y la plataforma, no son ajenos a la prestación por más que insistan y persistan en su postura de que solo son una aplicación informática desprendida de la actividad de la que interactúan.

Es una discusión que el mundo exige, lo presenta el mundo globalizado respecto a la injerencia de las plataformas en la economía y en este caso en la relaciones de empleo. La propia preocupación de la OIT tendiente al futuro del derecho del trabajo y las plataformas, qué vínculos se generan, qué clase de trabajo dan lugar.

Creo que el único camino posible dentro del respeto de los derechos de los trabajadores es el del reconocimiento de la relación de empleo. La jurisprudencia de España efectivamente tiende al reconocimiento del vínculo, y las notas típicas de cualquier empleo, si uno examina o advierte cómo funciona la plataforma no dejan de verificar con ciertos matices, esta relación que es que organizan la prestación de tareas, fija la retribución, establece las asignaciones de tareas e impone que los trabajadores estén a disposición.

Podrán tener ciertas libertades, que se puedan conectar o desconectar, pero si quieren tener un ingreso que más o menos pueda satisfacer alguna necesidad, indirectamente les están imponiendo que estén a disposición más cantidad de horas, para que estén disponibles para una mayor optimización de tareas. No hay vacaciones, no hay salario. Las modalidades de cómo hoy se viene desarrollando el vínculo es una explotación, una imposición de condiciones desde la plataforma por fuera de las relaciones del trabajo.

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