Jueces, encargados del multimedio Clarín, funcionarios y hasta un ex agentes de servicios de inteligencia, se ven envueltos en la mediatización de conversaciones en las que planifican métodos para tergiversar su reunión en las tierras del magnate inglés, Joe Lewis, en lo que se presenta como una de las mas grandes violaciones a la democracia.
A través de filtraciones realizadas por hackers al teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’alessandro, se hizo pública una serie de chats entre el dueño del teléfono y distintos personajes de un peso prominente en las riendas de poder del país, en los cuales acordaron simular distintos métodos que utilizaron para llegar a Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joe Lewis, ubicada en Río Negro, donde se habrían reunido.
En los chats y audios divulgados queda expuesto cómo los distintos actores acordaron justificar su llegada hasta Bariloche mediante vuelos privados pagados por el Grupo Clarín, así como la estadía en Lago Escondido.
A priori, la situación es, no solo una mojada de oreja total al pueblo argentino, sino una maniobra diabólica que da cuenta de la impunidad con la cual trabajan los dueños del país. Es importante remarcar que dicha situación se dio en el marco de la semana en la que se definió la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, en la que no se le dio oportunidad de defensa, y se obstruyeron distintos pasos jurídicos que son los necesarios para efectuar una condena. Básicamente, el “Partido Judicial” hizo lo que quiso: allí, antes, ahora, y seguirá, en la medida en que esta pata de la república esté manchada por la falta de democracia.
Los participantes del chat divulgado son los jueces federales Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, y Julian Ercolini; el director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom y sobrino de Hector Magnetto (CEO de Clarín), Pablo Casey; el presidente de Grupo Clarín, Jorge Rendo; el presidente de MediaBit S.A., Tomas Reinke; y el exfuncionario de servicios de inteligencia de la SIDE, Leonardo Bergroth.
Loa audios verifican que los implicados decidieron conseguir facturas falsas para la justificación de compras de pasaje y alojamiento. Situación que, en la necesidad de encubrir, oculta otros medios por los cuales se ejecutaron las acciones. En ese sentido, los responsables de Clarín, Rendo y Casey, aseguraron en el chat que costearían el viaje. Lo que no es claro aún es el objetivo de dicha reunión, que, vista la organización y la implorante necesidad de ocultar, parece tratarse de un asunto severo.
Al mismo tiempo, los implicados debatieron los hechos por los cuales su visita a Lago Escondido fue divulgada, y dialogaron sobre cómo presionar a los medios de comunicación más importantes del país para que no se haga público el caso, sumado a una estrategia futura en la cual acordaron utilizar el papel de “victimas de un espionaje ilegal”. Está claro que su preocupación más clara en cuanto a la mediatización fue por el multimedio C5N, sobre el cual los implicados desarrollaron que, a través de Julián Leunda (asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que renunció tras el escándalo), consiguieron el nexo con Fabián de Souza, responsable del medio, quien les aseguró que no tratarían el tema.
En cuanto a los motivos de las filtraciones, los “huemules” nombraron a José Glinski, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como posible culpable de que su viaje se haya hecho público. Esto fue nombrado por Yadarola, quien anunció en tono amenazante que “ya se cruzaría con él”. Al mismo tiempo, D´alessandro aseguró que si fuese ministro del gobierno Nacional, disolvería la PSA.
Y, si no alcanzaba con que un ministro de Seguridad pretenda destruir para su conveniencia una unidad de fuerza que regula los aeropuertos, el mismo se superó y le contestó a Yadarola: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, refiriéndose al momento en el que podría cruzárselo, y pidiéndole que le haga un nexo para realizar esta acción, como si de una mafia se tratase. ¿O de eso se trata?
Los chats y audios develan la manera en que operan estos “peces gordos” del país, y cómo logran tapar sus agujeros ilegales mediante contactos, extorsiones y mecanismos de poder como lo es el mayor multimedio de comunicación de la Argentina; o con los instrumentos del poder judicial que poseen y conservan de generación en generación debido a la anti democracia que existe en este sector del poder argentino.
El “lawfare” en su estado puro se desenmascara sin más en esta situación tan extraordinaria, y denota fehacientemente que el mismo es causa y consecuencia de una opinión pública dominada por un medio de comunicación que concentra la masividad de visualización, pauta y poder, y que puede fabricar cualquier engranaje necesario para instalar un discurso armado, una causa inventada, y prácticamente, intentar dominar un país.
El ejemplo perfecto de ello yace en la continuación de la conversación sobre Glisnki, que de solo leerlo expresa esta idea: “Pasen alguna info de este personaje que le escribimos una notita”, expresó Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto. En concreto: añade a la serie de ideas extorsivas sobre la figura de José Glinski, que le acerquen información sobre él, para construir una nota en el multimedio que tienen a su disposición, y de esa forma generar sentido negativo sobre su figura, que lo difame y le quite peso a su palabra, ya que este sería el presunto denunciante del viaje.
Esa es la mecánica por excelencia que tienen los medios de comunicación para generar sentido, convencer a una mayoría y sentar las bases a quienes instrumentan el poder del derecho para obstruir ideas y cuadros políticos, y darle vía libre a otros. Quedó perfectamente ejemplificado y a la luz a través de estos chats, que tienen muchísima tela para cortar, y darían para extenderse en un análisis largo y con infinitas posibilidades de vinculación de temas.
Por lo mismo, también es necesario poseer el testimonio de algunos implicados en el tema, como es el caso de Luciano Ortiz Almonacid, abogado penalista que denunció el viaje de los jueces durante los últimos días del pasado mes de octubre, cuando se filtró la información: “Esto no es un escándalo, es el hecho más grave en la historia democrática después de lo sucedido el primero de septiembre. Hay jueces, fiscales, ex espías, ministros y dueños de medios tramando denuncias falsas, aprietes, detenciones, y persecuciones, no quiero saber qué están hablando sobre mi vida en este momento”, declaró para Radio Provincia. En aquella ocasión, el abogado solicitó “la apertura del procedimiento de remoción” de los magistrados que habrían estado en la estancia que el empresario inglés Joe Lewis posee en Río Negro.
“Hice la denuncia por pura vocación, no formo parte del gobierno, tengo ideología, pero eso no me vincula a hacer la denuncia, acá hay un hecho de gravedad institucional que tiene que ver con conductas inapropiadas de magistrados que hoy fueron ratificadas y que deben ser investigadas por el Consejo (de la Magistratura) y los órganos pertinentes, por eso hice investigaciones vinculadas a la empresa, aporté la foto del avión, y expliqué los antecedentes y la gravedad institucional del tema”, desarrolló Almonacid sobre los inicios de la causa.
“Estos jueces y el ministro de Seguridad estaban en horario laboral, que esto suceda en el marco de un gobierno democrático de otro color demuestra que el poder real lo tiene este grupo, y también traduce cómo gente que está en el gobierno está operando también con ellos, y deberían ser investigados, porque hay funcionarios que están tratando de entregar a la persona que había estado en el momento y lugar cuando este grupo pasó por el aeropuerto de Bariloche”, insistió el abogado, quien hizo fuerte hincapié en el poder real que representa el Lawfare, y la posibilidad de que este hecho sea hoy una vitrina del hecho para la sociedad.
Almonacid hizo la respectiva denuncia ante el Consejo de la Magistratura, ente que dicta los reglamentos internos del Poder Judicial y que funcionaría como instancia superior a los jueces implicados, para que se lleven adelante las investigaciones a los mismos.
En ese sentido, el especialista en cuestiones penales expresó ser consciente de las complejidades del asunto: “Estamos ante un Consejo de la Magistratura totalmente parado, que no actúa con jueces del Lawfare ni con causas como el atentado a la vicepresidenta, pero creo que esto tiene que ser un antes y un después en la acción y la mirada sobre el Poder Judicial”. Y agregó que “los ciudadanos que no formamos parte de la política tenemos que tener más injerencia sobre estas situaciones y repudiar a estos jueces”.
El link en el que se podían leer las conversaciones completas ya no está disponible. No obstante, solo es necesario ver cómo y para quién trabajan estos jueces en su día a día, como en el caso de Pablo Gabriel Cayssials, que acarrea antecedentes extensos que demuestran que opera en beneficio del poder, y nunca a favor de las grandes mayorías:
+ Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
+ Permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la ANSES para sus comunicaciones publicitarias.
+ Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto.
+ Convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua.
+ Le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes.
Que el poder judicial funcione como un órgano super poderoso y antidemocrático en la conformación de los poderes del Estado es lógico en un marco en el que los representantes del mismo no son elegidos mediante el voto popular, como en los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo). A raíz de esto, el ejercicio de este poder que se traspasa a dedo, presenta irregularidades y empleos a favor de ciertos intereses, dentro de los que se encuentra el Lawfare. Este asunto no es ninguna novedad, pero los instrumentos mediáticos pueden cegarlo a los ojos de quienes no se interesen en estar informados, por lo que esta situación necesita y merece una gran difusión para demostrar el poder del Lawfare tanto en nuestra sociedad, como en toda Nuestra américa.
En el mismo sentido se expresó Almonacid, al concluir en la importancia de la divulgación de este hecho: “A mí me gustaría explicarle a los ciudadanos que la justicia no tiene control, hoy estamos en un gobierno de jueces, y si hoy la política no toma el control sobre esto, vamos a un lugar donde la democracia no va a tener sentido”.
El conocimiento público de estos hechos, y el silencio de los grandes medios masivos de comunicación, llevó a que el Presidente de la Nación realice una cadena nacional en la que sostuvo que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, y comunicó las medidas que ordenó para tomar cartas en el asunto. Este posicionamiento se materializó este miércoles con la denuncia penal a los jueces, funcionarios y empresarios involucrados, presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche.
Es urgente no reproducir la lógica instalada por los medios hegemónicos que encubrieron el caso Y a pesar de ya ser un hecho mediático, es importante recalcar el repudio hacia estas maniobras que desestabilizan por completo un país, y lo deja a merced de los núcleos económicos y mediáticos. Un pueblo jamás será soberano y nacional mientras existan estos mecanismos que le facilitan más poder a un grupo reducido, que a quienes ganaron mediante el voto popular. Las acciones deben ser inmediatas y enérgicas, ya que el modus operandi de violación a la democracia por parte de quienes quieren ser dueños de un país a costa de las grades mayorías, cruzó todo tipo de línea, y se presenta de una manera abusiva, obscena y extorsiva.
