En una sesión especial la Cámara Baja aprobó la iniciativa por amplia mayoría y giró el proyecto al Senado. Establece una prórroga de diez años de la ley vigente. Sólo votaron en contra Carolina Píparo y Francisco Sánchez.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado, el proyecto que modifica la Ley de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, en una sesión especial. La iniciativa, que se sancionó en 2018, prorroga por diez años la suspensión de los desalojos.
El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos aportados por el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. Hubo tres abstenciones que correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio). En tanto Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad, votaron de manera negativa.
La sesión especial, presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, inició a las 13 hs. En el primer tramo se aprobó la renuncia de la ahora ex diputada, Victoria Tolosa Paz, dado que asumió como ministra de Desarrollo Social, y se le tomó juramento a la dirigenta massista, Micaela Morán, que cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.
La iniciativa de modificar la ley de Integración Socio-Urbana, que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (que declara la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos. También promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Además, la iniciativa busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, además de apuntar a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
En este sentido, Radio Trinchera diálogo con Gildo Onorato, Secretario Gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien sostuvo: “Es muy importante, ya que en la Argentina hay más de cinco mil villas y asentamientos, que albergan alrededor de seis millones de personas que son las que demandan el reconocimiento de estos espacios como viviendas familiares. Después la posibilidad de acceder a los servicios, lo que genera fuentes de trabajos y construir condiciones de habitabilidad de esos lugares“.
“Después lo más importante es evitar los desalojos de estos asentamientos y que nosotros conocemos como barrios populares, que están hace mucho tiempo instalados pero con muy poco reconocimiento y sabemos que hay situación de vulnerabilidad extrema y demanda que el Estado se haga cargo de estos problemas. Un dato importante de estos es que casi el 68% de los hogares están a cargo de mujeres y da cuenta de una enorme feminización de la pobreza en los lugares más vulnerables de nuestro país, por eso para los movimientos populares tiene una gran importancia y es una victoria para los sectores“, agregó Onorato.
Asimismo, el referente de la UTEP enfatizó que “se vienen haciendo enormes mejoras en estos barrios, el acceso al agua potable, la luz, el gas o la red de conectividad, el mejoramiento de los accesos y que puedan acceder a los transportes públicos“. Sin embargo subrayó que “hay un gran déficit en la construcción de viviendas, donde se frenó dichas acciones para privilegiar las articulaciones con empresas privadas, más que todo en la provincia de Buenos Aires“.
Con respecto al cambio de gabinete, más específicamente en el ministerio de Desarrollo Social, Onorato remarcó: “Sabemos que va a haber continuidades, pero nosotros sí necesitamos que haya cambios en algunas políticas: la política alimentaria ha sido perjudicada en estos años, los alimentos con que el Estado acompaña al desarrollo comunitario ha sido escaso. También habría que dar un salto de carácter productivo de la economía popular, hay que frenar la subsidiaridad y las asistencias, que haya una valoración verdadera de esto. Sabemos que en Desarrollo creció el porcentaje de inversión del 5% al 13%, y la desigualdad, la pobreza y la indigencia no se redujo de forma sustancial“.
En la apertura del debate en la Cámara, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), afirmó que el proyecto “es una política pública que se desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa“, y agregó que mejorará las “condiciones dignas y de calidad para los sectores populares“. “La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por dos años e incorporar la perspectiva de género“, sostuvo Godoy.
Por su parte, uno de los principales impulsores de la medida, el diputado del FdT-Patria Grande, Federico Fagioli, remarcó: “Esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio-urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo“.
Cabe destacar que el proyecto formó parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el local bailable Cromañón, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.
