Los grandes productores de alimentos impusieron un freno distributivo en todo país en reclamo por la decisión de posponer el censo por parte del gobierno. El gobierno respondió prohibiéndoles exportar. La situación se tornó en un tira y afloje en el que una negociación puede ser la mejor salida.
A raíz de la decisión gubernamental de posponer un año el censo nacional, el núcleo de productores agroindustriales más fuerte y concentrado de Bolivia (los de Santa Cruz), decidieron frenar la distribución de alimentos al resto del país, a modo de protesta.
En primera instancia, esta respuesta corresponde a la necesidad expresada por los altos cargos de Santa Cruz de tener una actualización del control poblacional, ya que, al ser el epicentro del país en términos de crecimiento, es también la zona que más migraciones internas recibe por año. En este sentido, quienes defienden los intereses de Santa Cruz, exigen el censo para redistribuir nuevamente los fondos nacionales según actividad productiva y cantidad de habitantes.
Al respecto el periodista boliviano Diego Peña, dialogó con Radio Trinchera y remarcó que “Santa Cruz recibe un flujo migratorio muy grande de todas partes del país, porque el altiplano es un lugar hostil y difícil para vivir, en comparación con esa región que tiene una tierra muy fértil, entonces cada día hay más gente”.
“Por lo mismo, los altos mandos de la ciudad quieren que se realice el censo poblacional, que corresponde a fines de este año. Sin embargo, el gobierno lo pospuso para 2024 a través de un decreto, lo cual supone retrasar la redistribución de los recursos económicos en cuanto a la población que cada lugar supone”, analizó Peña.
Un pedido que -a priori- resulta sensato porque se le entrega a Santa Cruz una porción de recursos no actualizada al crecimiento de la ciudad, que además es la más determinante en la política nacional, y en reclamo de algo necesario como el censo, “que no fue concedido por un error del gobierno”.
Como medida ante el freno del aparato productivo que alimenta al país, el gobierno de Luis Arce decidió prohibir las exportaciones a los mismos, con el objetivo de conseguir una mesa de diálogo y obtener una normalización de la situación.
El accionar fue rápido, pero no evita pensar en los fantasmas de un pasado muy cercano: “La situación es peligrosa, ya que el golpe de 2019 inició también con un paro en la ciudad de Santa Cruz, donde esta todo el aparato agroindustrial, y donde más fortaleza tiene la derecha, que ejerce una presión racial contra prácticamente el resto del país”, argumentó Peña.
El colega boliviano remarcó que “es un grave error cederle a la derecha un motivo y excusa para poder activar de nuevo una maquinaria golpista, que se gesta desde que asumió Luis Arce, y que además saben que funcionó en el pasado, a pesar de que no es la misma situación, ya que en 2019 había algunos argumentos de mayor peso”.
A diferencia de 2019, en los últimos días, las organizaciones sociales, campesinas y originarias manifestaron estar preparadas para la situación. A esto se le suma el rápido accionar y control del gobierno, que frenó las exportaciones, por lo que la situación tiene algunos puntos distintivos en cuanto al golpe de 2019.
“Bolivia tiene una de las economías más estables a pesar del intento de golpe y la pandemia, y la inflación casi no existe, pero de igual manera el racismo intrínseco instalado en las clases altas, medias y hasta bajas, a través de los dispositivos hegemónicos colabora para que un sector importante de la población ‘banque’ los supuestos motivos con los cuales intentan justificar este inicio de maquinaria golpista”, explicó Peña.
Peña remarcó que para él “en estos primeros días de paro se está preparando el terreno para que luego, cuando el conflicto escale y se dé un conflicto social grave que tenga muertos y obligue al presidente a renunciar, haya una excusa para explicar cómo causalidad”, al tiempo que insistió en remarcar que la situación es distinta a la de hace tres años y que se puede esperar una resolución a través de negociaciones en los próximos días.
Durante su visita a Washington, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ignacio De Mendiguren, avanzó en la negociación de un crédito con el Banco Mundial. Los fondos serán para más de mil PyMEs de todo el país, y estarán destinados a generar empleos de calidad y promover el aumento de la productividad mediante la generación de exportaciones de bienes con valor agregado.
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, avanzó en la negociación de un crédito de US$ 200 millones con el Banco Mundial (BM). El préstamo estaría destinado a proyectos productivos de PyMEs argentinas, sería ejecutado por el Banco Argentino de Desarrollo (BICE) y cuadruplica una línea de crédito anterior de US$ 50 millones, colocada entre 2021 y 2022.
Las conversaciones con el BM formaron parte de una misión que incluyó gestiones ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para incrementar el acceso de productos de economías regionales argentinas, de otras reuniones con empresas estadounidenses que invierten en el país y con los representantes argentinos ante los organismos multilaterales de crédito. El préstamo tendría como objetivo general “promover, facilitar y expandir el acceso a financiamiento productivo para micro, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina”.
A partir de este capital, los bancos podrían financiar proyectos productivos con impacto ambiental y social positivo, exportaciones y capital de trabajo. También se contemplaría, un cupo especial destinado a empresas dirigidas y/o conformadas por mujeres. El propósito principal del nuevo fondo es alcanzar a más de mil PyMEs de todo el país, generar empleos de calidad y promover el aumento de la productividad de las empresas a través de la generación de exportaciones de bienes con valor agregado.
Según se informó oficialmente, los fondos se colocarán mediante el canal de segundo piso del BICE e irán volcados a otras entidades financieras, tanto privadas como públicas, en sus niveles nacional, provincial y municipal. Al respecto, al término de una reunión que mantuvo con funcionarios del Banco Mundial en Washington, De Mendiguren señaló: “Nos dijeron con total claridad que en el nuevo contexto económico mundial Argentina es hoy un bien público global, porque tenemos recursos que hoy necesita y demanda el mundo y la capacidad humana y tecnológica para desarrollarlos”.
En este sentido, el secretario agregó que se le explicó a los funcionarios “lo que está haciendo el equipo económico que lidera Sergio Massa para ordenar las variables macroeconómicas y al mismo tiempo impulsar el cambio de matriz productiva que necesita el país para no volver a caer en las crisis recurrentes de nuestra historia”.
En el marco del encuentro, los funcionarios repasaron el impacto del préstamo anterior, de US$ 50 millones, que el BICE ejecutó a través de bancos comerciales para que asistan a PyMEs con capital de trabajo, créditos de inversión y comercio exterior. De esta manera se permitió impulsar el desarrollo de la Plataforma PYME, el Legajo Único Financiero y Económico de las PYMES (LUFE) y la Factura Electrónica de Crédito.
De Mendiguren estuvo acompañado por un equipo técnico liderado por el jefe de gabinete de la Secretaría, Gabriel Vienni y fue recibido en la sede del organismo por la directora de Estrategia y Operaciones, a cargo de la vicepresidencia de la Región de América Latina y el Caribe, Seynabou Sakho; el director global de la Práctica de Finanzas, Competitividad e Innovación, Jean Pesme; y la gerente regional para la Práctica de Finanzas, Competitividad e Innovación, Yira Mascaró. También, participó de manera virtual el director regional del organismo, Robert R. Taliercio.
El Frente de Todos logró aprobar el presupuesto previsto para 2023, pero no consiguió el apoyo necesario para que el poder judicial entre en el esquema tributario por el pago de Ganancias.
Tras más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el año 2023. El oficialismo se mantuvo expectante durante los días posteriores a la presentación del presupuesto, ya que en el mismo se incorporaba un artículo para que les integrantes del poder judicial comenzaran a paga el Impuesto a las Ganancias.
Si de por si la aprobación del presupuesto ya supone un complejo debate, debido a la necesidad de consensuar con fuerzas que representan otros intereses, la presencia de este ítem implicaba agregar más pimienta sobre el debate. En tal sentido, el presupuesto finalmente fue aprobado (lo cual representa un gran alivio para el oficialismo), algo necesario de lo cual ni siquiera la oposición podía prescindir si pretendía disputar las elecciones del año próximo.
Pero la inclusión del poder judicial en el pago de Ganancias fue rechazada.La medida era rechazada no sólo por varios bloques opositores, sino que contó con la presión ejercida por distintos nucleamientos de trabajadores del poder judicial. En ese sentido, Guadalupe Santana, Secretaria de Capacitación de la Federación Judicial Argentina, explicó a Radio Trinchera porqué se manifestaron en contra de su inclusión en Ganancias: “El artículo 100, que finalmente se removió, incluía a todos los jueces y juezas y al resto del escalafón de los trabajadores del poder judicial en las mismas condiciones, lo cual presentaba un primer problema de movida, ya que los jueces y juezas de todo el territorio nacional cobran de piso 1 millón de pesos, mientras que los trabajadores nos encontramos muy por debajo de ese nivel, entonces eso ya marcaba una complejidad, porque nos ponía a discutir al mismo nivel de jueces que están en condiciones muy distintas de trabajo a las nuestras”.
“Nuestra posición, como Federación Judicial Argentina, (que es la entidad gremial de segundo grado, de la cual yo participo), fue la de oponerse a que de un momento para el otro, de aprobarse este artículo, percibamos una reducción de nuestros salarios en un 30 o 35%. De los 120 mil trabajadores que somos a largo del país, la mayoría somos los de escalafones bajos, y cuando se piensa en jueces por ahí se apunta y se proyecta en base a los jueces y juezas de Comodoro Py, pero al interior del poder judicial las situaciones son distintas y variadas”, explayó.
De aprobarse dicha ley, el Estado habría incrementado el ingreso en sus arcas públicas en $237 mil millones de pesos adicionales, y hubiese equiparado en términos tributarios a la totalidad de les integrantes del poder judicial con el resto de les trabajadores formales que tienen ingresos superiores a los $330 mil pesos mensuales y pagan ganancias.
En esa línea, Santana manifestó estar convencida que ningún trabajador debe estar incluido en dichas recaudaciones: “Nosotros creemos que ningún trabajador tiene que pagar ganancias, en todo caso la discusión debe ser una reformulación tributaria en la que efectivamente, quienes tienen sus ingresos dolarizados y ganan más, sean los que más aporten”.
Los jueces Mahiques, Ledesma y Yacobucci revocaron una decisión contraria adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. La Secretaria de Derechos Humanos y diferentes organismos expresaron su rechazo a la medida.
La Cámara Federal de Casación Penal le concedió salidas transitorias al represor Adolfo Miguel Donda, condenado a prisión perpetua por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. La decisión quedó plasmada en un fallo de la sala segunda del máximo tribunal penal que lleva las firmas de los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. De esta manera, se revocó una decisión contraria adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5.
Los jueces de Casación resolvieron “hacer lugar” al recurso presentado por la defensa oficial, que buscaba “anular la decisión impugnada y conceder las salidas transitorias a Adolfo Miguel Donda, con las medidas de contralor que disponga el tribunal“. El TOF 5 había rechazado conceder a Donda las salidas transitorias y en sus argumentos había reseñado que el represor, que ya tiene una condena perpetua firme en la causa ESMA II, también tiene una condena similar en la causa ESMA Unificada que aún debe ser revisada por la Casación.
La propia Casación reseñó en su fallo que “Adolfo Miguel Donda fue condenado, por sentencia firme, a la pena de prisión perpetua” en el caso bajo estudio y que “también fue condenado a la pena de prisión perpetua, en el marco de la causa N° 1282 y sus conexas -´ESMA UNIFICADA´-, sentencia que se encuentra a estudio de este Tribunal“.
Quienes se oponen al beneficio para el represor señalan distintos puntos para que no se le otorgue, entre ellos está que en la causa ESMA Unificada tiene un pedido de condena a perpetua que debe ser revisado. Por su parte, la defensa del represor sostiene que el ex militar cumplió más de 20 años de prisión efectiva debido a que está en prisión desde el 16 de septiembre de 2003 y antes, en 1987, había estado cuatro meses tras las rejas.
En su momento el TOF 5 rechazó sus salidas transitorias y remarcó que de los informes psicológicos del condenado se desprendía que “mantiene la negación de su responsabilidad en los hechos probados por el fallo que se ejecuta, lo que da cuenta que no se ha desplegado de manera eficaz ninguna reflexión en torno a los actos criminales atribuidos“.
Sin embargo, los jueces de la sala segunda de Casación resaltaron que Adolfo Donda cumple con todos los requisitos legales para acceder a las salidas transitorias y que cuenta con informes positivos sobre su conducta, emitidos por distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal.
“Sin perder de vista la magnitud de los delitos cometidos, que implican graves violaciones a los derechos humanos, hemos de señalar que Adolfo Miguel Donda fue sometido a juicio, condenado, y se le ha impuesto la pena de prisión perpetua por tales hechos -permaneciendo detenido desde el 26/2/87 al 23/06/87 y desde el 16/09/03 hasta la actualidad, ininterrumpidamente, conforme se indicó en la decisión cuestionada-, razón por la cual, aplicando las reglas vigentes, la solución propuesta con relación al instituto bajo examen resulta conforme a la ley y Constitución Nacional“, argumentó Casación sobre su decisión.
Adolfo Donda fue el jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3 de la ESMA y segundo jefe de Inteligencia. Era hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, padres de la titular del INADI, que desaparecieron en 1977. “Durante la última dictadura, Donda fue jefe de Operaciones del grupo de tareas de la ESMA y fue condenado a prisión perpetua en las causas ‘ESMA II’ y ‘ESMA Unificada’ por crímenes de lesa humanidad contra más de 200 víctimas”, recordaron desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti.
Tras conocerse la decisión del tribunal, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que manifiesta su rechazo a la resolución de la Cámara de Casación, la cual consideraron como “una grave decisión“. Además, agregan que “no tuvieron en cuenta que la falta de arrepentimiento demostrada por el opresor ni el peligro al que exponen a sus víctimas con este tipo de beneficios“.
La CTA Autónoma regional La Plata también expresó su repudio a la decisión mediante un comunicado en el que señala que “las víctimas habían manifestado su rechazo a esta posibilidad“. También sostienen que “estas decisiones son contrarias a la larga lucha de nuestro pueblo en busca de la verdad, la memoria y la justicia. Manifestamos nuestro enérgico repudio y preocupación ante estas decisiones de la justicia“.
Por su parte, el ex juez Federal, Carlos Rozanski, señaló vía Twitter que “las salidas transitorias otorgadas al genocida Adolfo Donda son ilegales e inmorales“, ya que “los delitos de lesa humanidad no prescriben. En las razones de esa particularidad, se encuentran algunas de las de la ilegalidad de las salidas transitorias de genocidas“.
Ademas, el represor es reconocido por haberse apropiado en ese entonces de su sobrina, la dirigenta política y actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Victoria Donda, hija de José Laureano Donda y de María Hilda Pérez, aún desaparecides. Incluso este represor deberá afrontar un proceso judicial por este hecho, que empezará el 7 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Ricardo Basílico, María Gabriela López Iníguez y Daniel Obligado.
El represor está acusado de haber participado de la retención, el ocultamiento y la entrega de su sobrina, nacida en cautiverio y entregada al ex prefecto Juan Azic. Los testimonios, además, lo señalan como la persona encargada del “vuelo de la muerte” en el que “trasladó” a su cuñada, madre de Victoria. Victoria Donda logró recuperar su identidad en 2004 por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo tras haber estado 27 años bajo una identidad falsa.
La Inspección General de Justicia dispuso la “fiscalización estatal limitada” de la sociedad Caputo Hermanos y le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales.
Luego de posicionarse en el ojo de la tormenta judicial que investiga los entramados del intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a raíz del hallazgo de transferencias, la sociedad Caputo Construcciones será intimada a presentar en un lapso de diez días sus estados contables desde 2004 hasta la fecha.
La empresa fue puesta bajo la lupa luego de que se confirmaran emisiones de facturas por parte del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, al fideicomiso Santa Clara Al Sur, bajo la firma de “Caputo Hermanos”. La primera factura representó el monto total de 30 mil pesos, con fecha al 17 de diciembre de 2021. Días después, se emitieron cuatro facturas más por la misma cantidad, y una por 26 mil pesos; en total una cifra de 176 mil pesos.
Los pagos fueron hechos bajo el justificativo de la entrega de muebles confeccionados en la carpintería de Morel al Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Santa Clara Al Sur, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.
En ese marco, la sociedad fue puesta bajo vigilancia y se confirmaron irregularidades “llevadas a cabo bajo un modus operandi de opacidad”, según confirmó el titular de la Inspección de Justicia, (IGJ), Ricardo Nissen.
Nissen además afirmó que la nulidad de esclarecimiento contable por parte de la firma Caputo se suma a otras omisiones, que aumentan aún más las sospechas: “Nunca tuvo ningún interés en cumplir los requisitos, obligaciones y cargas que tiene con la IGJ. Nunca presentó sus estados contables desde que se constituyó en 2004. Nunca presentó ninguno, es algo que he visto casi nunca. Lo que hace pensar que, de entrada, hubo un propósito de sus fundadores de no permitir que se enteren de lo que hacía”, concluyó.
No obstante, la condición más ilógica que presenta la firma de los hermanos del ex funcionario de Mauricio Macri es que el capital de la misma no ascendió ni descendió desde sus inicios en 2004: desde aquel año la sociedad cuenta con 12 mil pesos. En ese sentido, el titular de la IGJ está convencido que se trata de una sociedad de ficción, en la que “se cumplen las formalidades, pero en realidad no suceden, porque son una truchada”.
No parece ser el mismo análisis el que hace Nilo Medina, abogado de Jonathan Morel, quien se comunicó esta mañana con Radio Trinchera, y no solo aseguró que toda la documentación de las transferencias existe, sino que también afirmó que, para él, lo ocurrido el 1 de septiembre en las inmediaciones de Uruguay y Juncal, no fue un intento de magnicidio. “Se que están todas las facturas, Caputo hermanos presentó todo, yo tengo muchas facturas también, además de los camiones de los traslados, esta todo”, apuntó.
Según el abogado de Morel, la vinculación de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte con el grupo Revolución Federal es una “persecución política”, que nada tiene que ver con su cercanía en términos ideológicos, las coincidencias en las marchas y las mismas formas de ejecutar su repudio y odio hacia los integrantes del Frente de Todos.
Por último, ante la pregunta puntual sobre si cree que los disparos fallidos de Sabag Montiel Sobre Cristina Kirchner se dieron en el marco de un intento de asesinato, Medina respondió de manera rotunda: “No”. Restará esperar como prosiguen las investigaciones para ver si los documentos logran justificar las transacciones entre la sociedad Caputo y Morel, y qué otros vínculos se destapan conforme avanzan les profesionales del caso en su trabajo.
La inscripción para el refuerzo será de forma personal y puede realizarse sin turno en todas las oficinas del organismo previsional. El pago será en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre. También se podrá hacer de manera online a través de la página web del ente nacional.
Este lunes la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el comienzo de la inscripción del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos de $45.000, el pago será en dos cuotas de 22.500 pesos en noviembre y diciembre. La inscripción es de forma personal y puede realizarse sin turno en todas las oficinas del ente o de manera online a través de la página web del organismo previsional.
La Administración anunció que podrán acceder al beneficio las personas de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos, trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales) ni reciban prestaciones, asignaciones o programas sociales del Estado nacional, provincial o municipal.
Asimismo, las personas que se inscriban deberán completar una declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir, no podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) con menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses; acreditaciones en cuentas bancarias en los últimos dos meses; compras en moneda extranjera en los últimos seis meses; o posean una obra social o prepaga. En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.
Para profundizar sobre el tema Revista Trinchera dialogó con la jefa Regional de ANSES- Conurbano II y concejala del Frente de Todes, Paula Lambertini, y al respecto sostuvo: “La importancia que tiene es que el último índice del INDEC marcó que hay una disminución de gente en situación de pobreza, pero hay un incremento en la cantidad de gente en situación de indigencia, personas que no tienen una ayuda directa del Estado o ningún programa de asistencia alimentaria, y requieren de este refuerzo para garantizar ni más ni menos que la alimentación en un momento muy complejo”.
Con respecto a las inscripciones, la jefa regional resaltó que “en principio se registraron cientos de miles personas de manera online en la página del ANSES. Sin embargo sabemos que en muchas ocasiones estas personas desconocen las herramientas tecnológicas o bien no tienen acceso a las mismas. Por eso las estamos recibiendo en las oficinas sin necesidad de turno previo porque queremos que absolutamente todas las personas tengan la posibilidad de anotarse y que no quede ningún argentino/a sin posibilidad de registrarse”.
Cabe destacar que la inscripción estará vigente hasta primera semana de noviembre. “Queremos atender a todas las personas posibles y que puedan venir a nuestras oficinas de 08.30 hs a 14.30 hs, pero pedimos que tengan paciencia porque no vamos a dejar a nadie sin atender”, agregó Lambertini. EnLa Plata se podrán acercar a las sucursales de Gonnet, City Bell, Los Hornos, Plaza Paso, y calle 9 entre 58 y 59.
El pago de la primera cuota será el lunes 14 de noviembre por terminación de documento. Además, se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica. Hasta el sábado, más de 100 mil personas se inscribieron de forma virtual a través de www.anses.gob.ar, sólo con los datos de CUIL y Clave de la Seguridad Social. En paralelo el ANSES informó que, también, realizará operativos móviles para inscribir a potenciales beneficiarios en distintas zonas del país.
Finalmente, consultada sobre la posibilidad de extender este beneficio una vez termine el cobro, la jefa regional de ANSES afirmó: “En principio se está evaluando la posibilidad, hay que esperar y ver cuanta gente es la que se encuentra inscripta, pero entendemos que quizá sea necesario que persista en el tiempo, pero está en evaluación que perdure una vez pasado los dos meses”.
El Ministerio de Economía presentó en el Congreso el proyecto de Ley, que no prevé nuevos impuestos o cambios en las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, el oficialismo buscará incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias.
El Ministerio de Economía de la Nación presentó este jueves en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto para 2023. El escrito no prevé nuevos impuestos ni cambios en las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, el oficialismo buscará incorporar un artículo para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen Impuesto a las Ganancias.
En este sentido, el artículo que se incorporó por iniciativa del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), tratará de recaudar en las arcas públicas $237.000 millones adicionales. Asimismo, el Proyecto contempla una inflación del 60% y un crecimiento del 2%. También incluye un déficit fiscal del 1,9% sobre el Producto Bruto, en línea con lo que contempla el acuerdo con el FMI y un dólar a casi $270 para fines del 2023. La elaboración del proyecto se realizó sobre una base de inflación de 95% para 2022.
“Vamos a bajar el déficit ordenando la macroeconomía y reduciendo la emisión monetaria, que además ayudará a bajar la inflación”, indicaron fuentes del Ministerio de Economía. Además, desde el Palacio de Hacienda se advirtió: “Presentamos un presupuesto realista para que no suceda lo del año pasado, porque además no puede haber una nueva prórroga; sería el cierre del Estado”.
También se señaló que la reducción del déficit se producirá en gran parte por una baja del 0,6% del Producto por menores subsidios y de mayores recursos generados por los planes Gas IV y Gas V anunciados, ya que evitarán la importación que hubo este año. Al respecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, comentó en Twitter: “Cumpliendo con lo que prevé nuestro marco normativo enviamos el Presupuesto Nacional 2023 al Congreso para su tratamiento”.
El secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos), impulsor del artículo que busca que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen Impuesto a las Ganancias, señaló: “Cuando uno mira en detalle el presupuesto se encuentra con un rubro, que es importante, controvertido, a lo largo de los años, y que creo que hay que modificar en esta oportunidad”. “Hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales” agregó el funcionario.
Cabe destacar que en 2017, mediante una ley, se dispuso que los jueces que ingresaran al Poder Judicial desde ese año paguen Ganancias, pero como consecuencia de las medidas cautelares que presentaron son muy pocos los magistrados a los que se les descuenta ese impuesto de sus haberes.
Sin embargo, con el artículo incorporado ahora se fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.
Asimismo, el diputado oficialista resaltó que en 2022 el Estado no recaudará “129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones”, en relación a 2021 leyó un informe que estimó esa suma en 55 mil millones de pesos. Al respecto informó: “Los trabajadores que ganan más de $33 o mil pagan Ganancias, y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan un millón o dos millones mensuales, no pagan”.
Además, ante el argumento de los magistrados que plantea que mientras ejercen el cargo no pueden desarrollar actividad privada, Casaretto señaló que quienes “tienen la capacidad de tributar el impuesto, aquellos que cobran un millón, dos millones de pesos y no pagan impuesto a las Ganancias, deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial”.
Por otra parte, los subsidios al transporte, que eran del 0,5% del PIB, bajarán apenas al 0,4%. Desde Economía se remarcó que se le da al Congreso la “potestad de mejorar las metas quitando beneficios empresariales incluidos en el Presupuesto”. Además, la propuesta oficial estima un crecimiento de la inversión muy por debajo del nivel de este año al pasar de 10% al 2,9% en 2023. También bajaría fuerte el consumo privado, al pasar del 6,5% en 2022 a un crecimiento de sólo el 2% para el año que viene.
En esta línea, el Gobierno estima que las exportaciones crezcan 7,1% en 2023, mientras que las importaciones aumentarán 2%. Así, el superávit comercial pasaría de US$7.751 millones en 2022 a US$12.347 millones en 2023. Con respecto al dólar, una de las variables más sensibles, se espera que para diciembre de este año la cotización oficial se ubique en $166,50 (actualmente cotiza en torno a los $150) y que llegue a $269,90 en diciembre del año próximo.
Finalmente, sobre el mercado del trabajo, se prevé que el desempleo se mantenga en torno al siete por ciento y que los ingresos se recuperen apenas el dos por ciento. Cabe destacar que el proyecto será analizado en comisiones, y tanto el ministro Sergio Massa como otros de sus colaboradores tienen previsto presentarse ante los legisladores para explicar la ley de ingresos y egresos.
La Policía bonaerense multiplicó incalculables veces su presencia en las inmediaciones del estadio tripero luego de la represión ejercida durante el encuentro Gimnasia-Boca. Para “evitar nuevas tragedias”, la Provincia resolvió llevar más de los mismos que foguearon el clima.
Tras la ardua represión ejercida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la noche del 6 de octubre, en el marco del partido Gimnasia – Boca, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, las inmediaciones del estadio amanecieron militarizadas durante la mañana del miércoles 13, a la espera de realizar el operativo para el encuentro entre “el Lobo” y San Lorenzo de Almagro.
Como si hubiera un enemigo a combatir, y con la misma lógica que se ejecutó el operativo asesino del anterior encuentro, la provincia resolvió imponer un cuerpo policial descomunal y nunca antes visto para enfrentar “los peligros” que podría suponer la realización de la fecha de turno en el bosque.
Aquel 6 de octubre, el mismo cuerpo policial protagonizó una de las mayores -sino la mayor- tragedia del fútbol argentino en la década. El encuentro en cuestión develó, una vez más, varias fragilidades de lo que constituye la realización del fútbol en Argentina -así como en otras sociedades-. Sin embargo, en este caso el foco está en nuestro país, y para comprender el desarrollo de semejante atrocidad, se pueden analizar múltiples causalidades que se desprenden desde la opinión pública y los medios de comunicación, pero también hay que contextualizar sus orígenes.
Ante la abundante disponibilidad de declaraciones de quienes están al frente de los operativos y forman en gran parte a la opinión pública, dígase el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, o la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Revista Trinchera decidió comunicarse con socios del club tripero, que vivieron en carne propia el infierno del pasado jueves, y la reivindicación policial durante la jornada del miércoles 13. Los mismos darán sus testimonios líneas adentro.
Las más de 400 balas de goma disparadas, junto con la indefinida cantidad de gases lacrimógenos desbloqueados la última noche de jueves en el bosque platense, dieron como resultado –en un ambiente de angustia, caos y desesperación- la muerte de “Lolo” Regueiro, hincha de Gimnasia, a raíz de un paro cardiorrespiratorio.
Cumplidos los 9 minutos de juego del partido, una nube blanca cubrió el cielo bajo los bancos de suplentes, donde, los propios jugadores, en una sorpresiva maniobra, comenzaron a cruzar el campo de juego dirigiéndose a los vestuarios. Los cánticos podían aseverar que el equipo xeneize abandonaba el partido, pero los motivos eran desconocidos.
Solo uno o dos minutos fueron necesarios para que esta nube se presente como el motivo de suspensión, y penetre a toda la hinchada del “Lobo”, que había asistido a uno de los partidos más importantes y definitorios del torneo con una gran expectativa.
La gran asistencia -que apenas superaba la capacidad instalada en el predio, si es que la superaba- podría definirse como un hecho que conspiró a favor de la tragedia pero, sin dudas, quedarse en este punto sería acortar a gran escala la discusión.
De repente el aire se hizo irrespirable, la movilización imposible y la desesperación creció en escala. La popular más popular, la llamada “centenario”, que recibe a los hinchas más enérgicos y festivos, se convirtió en un verdadero escenario de terror. Con las puertas cerradas, la capacidad colmada y el aire cubierto de toxinas, un desenlace de desgracia tenía los minutos contados.
Es imposible afirmar que la noche del jueves 6 de octubre, en el estadio Juan Carmelo Zerillo no fue una tragedia, contextualizando el accionar policial, las horribles sensaciones que los hinchas transmitieron a través de sus rostros, y por sobre todas las situaciones, con el resultado de un fallecido.
No obstante, es importante remarcar que podríamos estar en la narración de un hecho mayormente catastrófico, si no fuese por el comportamiento de la multitud Tripera, que procuró ayudarse entre sí, y logró, por ejemplo, tirar abajo las puertas que la policía creía necesarias dejar cerradas. Justo a tiempo, ya que el aire se acotaba. Otros grupos decidieron abrir paso en algunos alambrados del predio para poder encontrar una nueva salida que no sea hacia el oscuro bosque, donde existía otra problemática: los ruidos de disparos no cesaban, minutos a minuto.
Una verdadera trampa mortal, adentro gas que imposibilitaba la respiración, afuera balas y más balas. Pero, ¿contra quién?
Uno de los ejes más importantes de este análisis sin dudas es este ilógico e incongruente accionar policial, que disparó a diestra y siniestra balas de goma durante aproximadamente una hora, a la altura de tener un enemigo formidable en frente. Sin embargo, no existía tal enemigo. Es difícil imaginar un grupo rebelde que se enfrente durante una hora a un cuerpo policial, y en desventaja.
A la altura de estas ejecuciones también están las decisiones de arrojar gas lacrimógeno bajo las tribunas, como si no alcanzara con el que se usó para reprimir afuera, cuando comenzaron los incidentes a raíz de la insatisfacción de algunos socios que quedaron en el exterior del espectáculo deportivo.
La consigna sigue sin ser resuelta: ¿Qué puede haber justificado tal represión? De base, ninguna situación. Sin embargo, tampoco se desprende un hecho concreto que haya tentado a los oficiales. Se indica desde los grandes medios de comunicación, como una de las posibles causas, que alrededor de 10 mil personas quedaron fuera del predio y que, en este sentido, su origen se debería a una sobreventa de entradas en base a la capacidad del estadio.
“La tragedia se debió exclusivamente a una represión policial, están circulando distintos videos e imágenes en redes, y demuestran que no había 10 mil personas que Aparicio (Eduardo, titular de APreViDe) denunció al principio. No existían y no existe que en una cancha para 30 mil personas entren 10 mil mas, no hay forma de disimular eso, ni en las canchas más grandes del país. Está claro que había lugar, que no hubo sobreventa, y que salieron a reprimir sin ninguna mediación ni acción concreta”, contó a Revista Trinchera Nazareno Santucho Re, socio de Gimnasia y miembro de la Agrupación Compromiso Gimnasista.
El socio se refirió fuertemente a la seguridad, y lamentó que Gimnasia deba afrontar ahora el gasto de alrededor de 1 millón de pesos para arreglar la infraestructura dañada por los incidentes: “Esto fue un daño muy concreto al club, que ahora tiene un palo de gastos para reparar las instalaciones, además del daño a los socios e hinchas, sin mencionar al fallecido y su familia. Yo desde la agrupación no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de la gestión, pero no se le puede hacer cargo en este caso al club de la locura del otro día, sino a la seguridad, única responsable de esto, y que no se hace cargo”.
“Por otro lado, las declaraciones de Berni son una locura, salió a justificar la represión, mintió sobre que no había un muerto cuando todos los medios locales ya estaban dando nombre y apellido. A la mañana siguiente sostenía que no había alguien con el ojo comprometido, y al otro día salió la nota de TyC sobre el hincha, que además fue apretado por el ministerio de Seguridad, algo sumamente grave”, aseveró Santucho, quien además no se olvidó de mencionar a Aprevide: “para colmo está ApreVide que, en su lógica, los operativos de seguridad están armados para perseguir al hincha, que para ellos todo hincha es conflicto, y así te militarizan el bosque un día como hoy, una provocación total al hincha y demostración de poder”.
En esa línea, el socio tripero se refirió a la excesiva contratación de cuerpo policial para los controles, el cual fue entendido por los hinchas como una “mojada de oreja total”, y que además complejizó el ingreso al estadio.
La lógica de control se refuerza con más firmeza a tan solo semanas de esta profunda herida al hincha de Gimnasia, que se mantiene fresca, en lo que fue una noche traumática para muchos socios que pretendían disfrutar del partido.
“El ambiente era el de siempre, la popular repleta. Nosotros entramos un poco antes, pero el protocolo fue el mismo, juntada con amigos en el monumento y adentro. A partir de las 21 empezamos a escuchar balas de goma, y a los 10 minutos de partido, empezó a llegar el gas que tiraron desde afuera para adentro. El ambiente se hizo imposible de transitar, sin aire y espacio, la gente se desesperaba por salir. Finalmente logramos avanzar luego de que los hinchas tiraron las puertas, y tuvimos que romper el alambrado de la cancha de tenis para evacuar gente; chicos asmáticos, gente grande y nenes, para poder salir por otro lado que no sea la entrada, donde estaban tiroteando”, relató para este medio Irineo Estefanell Pradás, socio de Gimnasia desde 2014, y concurrente del estadio Juan Carmelo Zerillo desde hace 15 años, sobre las vivencias de la noche del jueves.
“Volvimos a entrar porque quedaron varios amigos adentro, y la policía seguía reprimiendo afuera. Fueron casi dos horas de represión en la que se tiraron balas de goma y gas lacrimógeno, no sé si fue bajada de línea de Berni, querer bajar a Berni y a Kicillof, o una interna a raíz del cambio de jefe de la departamental, no importa, fueron a matar gente. A mi entender fue todo premeditado”, aclaró el socio tripero, que además puso en dimensión la anomalía de lo vivido: “Hace muchos años voy a la cancha, movilizaciones y otros contextos donde se puede reprimir, y nunca vi una represión de esta índole, la gente nunca hizo ningún tipo de disturbio y los policías nunca pararon de tirar”.
Según Pradás, otra intención de fondo que manejan las autoridades es incrementar los motivos que lleven a Gimnasia a jugar en el Estadio Provincial, que fue construido en proyección del modelo europeo, que consta de un estadio para los dos equipos más grandes de la ciudad, como puede ser el “Giuseppe Mezza” o “San Siro”, estadio único en el que juegan el Milán y el Inter de Italia.
“Otra causa tapada acá es la intención de sacarnos del bosque y llevarnos al estadio provincial de 25 y 32. Fue una inversión muy grande de la provincia y está prácticamente inutilizado, sacando la vacunación y algunos conciertos. Cada municipio que pasó en estos años quiso que Estudiantes y Gimnasia jueguen ahí, y buscan motivos constantemente para llevar al club, pero el grueso común de hincha no quiere irse del bosque”, explayó el socio de Gimnasia.
Las declaraciones de ambos hinchas coinciden en la necesidad de los medios de desviar el foco de la tragedia, lo que recala un accionar de las fuerza policiales a la altura casi de un conflicto bélico, en un contexto festivo y familiar, que derivó en la trágica muerte de César “Lolo” Regueiro, de 57 años de edad. La impunidad con la que el cuerpo policial bonaerense actuó durante la noche del jueves 6 de octubre representa un accionar asesino. Desde este medio, exigimos que los culpables no permanezcan impunes, y que se ejerza justicia por Lolo Regueiro y por el pueblo tripero.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
El gobierno provincial de Jujuy presentó una iniciativa de reforma constitucional, mediante la cual pretende penalizar las protestas sociales. La medida obtuvo 32 votos a favor de 48, con lo cual será posible tratar el proyecto.
Luego de la aprobación de la Reforma Constitucional en la provincia de Jujuy (por la diferencia de un voto), organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaron en las calles para expresar su repudio y descontento con la medida. Además, reclamaron de la anulación de las causas contra de dirigentes sociales como es el caso de Milagro Sala.
Entre las reformas aprobadas se encuentran la imposibilidad de reelección de gobernador, la ejecución de la ley lemas, o la prohibición de eximir los delitos de corrupción. Esta última, una medida en la cual Gerardo Morales reforzaría sus instrumentos judiciales para mantener presa de manera ilegal a Milagro Sala, mediante el uso de la causa “bombachas”, de 2018.
Milagro Sala fue puesta en prisión preventiva el 12 de enero de 2016, y continuó en este estado durante dos años hasta el dictamen de su sentencia. Estos años no fueron reconocidos aun como parte del cumplimiento de su condena.
Organizaciones como Movimiento CUBa MTR, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán, el Bloque Piquetero Nacional, militantes del Frente de Izquierda Unidad y afiliados al Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, marcharon desde el centro hacia la casa de gobierno, con consignas como “Basta de persecución y no a las listas negras”, y “basta de amenazas en lugares de trabajo”. La medida fue en respuesta a la permanente represión contra las organizaciones que exigen mejoras salariales y sociales.
“En Jujuy hay una criminalización de la protesta, cuando salimos a manifestar por la situación que está pasando en la provincia por el tarifazo y por otros reclamos sociales ahí sí nos ponen contravenciones“, indicó la referente de la agrupación MTR CUBa, Cecilia Corregidor.
La iniciativa impulsada por el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, obtuvo 32 de los 48 votos posibles, y con ello la posibilidad de tratar el proyecto de reforma constitucional, a través del cual se pretende avanzar en la penalización de las protestas sociales.
En tanto, la Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy y el Colectivo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, rechazaron públicamente este avance que busca reprimir los reclamos del pueblo jujeño: “Esta cuestión de paz, orden y justicia no puede ser posible si no hay participación popular, de organizaciones sociales y pueblos originarios que representan realmente a la comunidad“.
Desde las organizaciones se comprende a la iniciativa de Morales como la búsqueda de instalar un régimen extorsivo y coercitivo, que anule la capacidad de expresión de les trabajadores. “Esta cuestión de paz, orden y justicia no puede ser posible si no hay participación popular, de organizaciones sociales y pueblos originarios que representan realmente a la comunidad“, expresaron desde las asociaciones.
Esta misma lógica utilizó su correligionario mendocino, Alfredo Cornejo, ex gobernador de esa provincia y actual Senador de la Nación, quien durante su gestión entre 2015 y 2019 estableció el Ítem Aula, el cual le quita el 10% de su salario a les profesionales de la educación cada vez que se ausentan de su trabajo en forma de protesta.
Las políticas antisindicales y antireclamo no son excepción sólo de la UCR, distintas referencias del PRO y de otras fuerzas que componen Juntos por el Cambio se han manifestado en contra de las movilizaciones y de otras formas de reclamo. Está claro que en un nuevo gobierno amarillo prevalecerían los intereses empresariales y abundarían la quita de derechos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los cambios en los regímenes de trabajo. Lo peor del caso es que ahora ni siquiera tienen que ocultar sus verdaderas intenciones de cara a las elecciones de 2023.
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