ARBA intimó a propietarios y arrendatarios rurales

ARBA intimó a propietarios y arrendatarios rurales

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Se trata de aproximadamente 13 mil responsables de partidas rurales que presentaron faltas de inscripción y otras irregularidades.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) realizó un operativo de fiscalización integral en el sector agropecuario y encontró incumplimientos varios en el calendario impositivo. El hecho llevó a que fueran intimados 13.404 responsables de partidas rurales. Las causas se asocian a incumplimientos de impuestos sobre ingresos brutos.

Los datos triangulados fueron de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General Impositiva (DGI), la provista por el Régimen de Control Agropecuario, e las imágenes satelitales que utiliza ARBA como base para estimar la producción a través de su índice Verde y la Guía de Ganado, entre otros.

Cristian Girard, director de ARBA, explicó qué “del total de intimaciones, un 30% corresponde a titulares de campos que superan las 300 hectáreas, en tanto que el 70% restante abarca a dueños de partidas de entre 50 y 300 hectáreas”.

Además, el funcionario provincial remarcó que “mediante cruces de datos y herramientas de inteligencia fiscal detectamos que en esas superficies hay explotación agropecuaria que no está debidamente declarada ante el fisco. En algunos casos directamente no existe la inscripción en Ingresos Brutos, en otros faltan declaraciones juradas, se subdeclara o se ocultan arrendamientos, evadiendo parte o la totalidad del impuesto”.

Toda esta información fue confirmada por los propios contribuyentes quienes no estaban al tanto de las inscripciones o no estaban bien informados. Se detectaron 2500 propietarios de campos con más de 300 hectáreas que no estaban inscriptos.

En tal sentido Girard agregó: “Nuestro objetivo con la fiscalización es poner el foco en la evasión de quienes más tienen y, al mismo tiempo, ofrecerles simplificación tributaria a pequeños y medianos contribuyentes, así como beneficios y planes de pago para que todos los sectores puedan estar al día. De esa forma, atendemos la cuestión impositiva integralmente, para generar recursos que provengan de una matriz más justa”.

La fiscalización de ARBA se realiza en horarios diurnos y nocturnos, y comprende las localidades de Chivilcoy, General Villegas, Lobos, Pergamino, Rojas, Tres Arroyos y Bahía Blanca, así como en Estación Olivera, Ramallo, Vedia, Colón, Junín, Pehuajó, Tornquist, Zárate; y en los puertos de Quequén (Necochea) e Ingeniero White (Bahía Blanca).

Trabajadores de la TV Pública denuncian a Clarín y La Nación

Trabajadores de la TV Pública denuncian a Clarín y La Nación

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Visibilizaron un fallo individual que desconoce el Convenio Colectivo de Trabajo en el sector de prensa televisada que omite la existencia de otros siete fallos favorables y colectivos a los empleados que dispusieron la restitución del 40% del salario resuelto por Hernán Lombardi.

Trabajadores de la TV Pública consiguieron siete sentencias favorables y colectivas en la justicia laboral a partir de las presentaciones que realizaron contra la política salarial de Hernán Lombardi, cuando este estuvo a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, durante el gobierno de Cambiemos.

Los fallos establecieron la restitución de diferencias salariales luego de que, durante 2018 y 2019, el entonces funcionario hubiera impuesto una reducción del 40% de los haberes de forma unilateral bajo diversos conceptos. Uno de ellos fue la quita de horas extras, que la justicia juzgó legítimas para el normal funcionamiento de la emisora pública, que era parte del salario habitual de los trabajadores. 

La secretaría liderada en aquel entonces por Lombardi fue responsable de las casi 400 cesantías que pretendieron imponer en la Agencia Pública de Noticias Télam, que también fueron revertidas en instancia judicial luego de una huelga de varios meses. También dispuso la suspensión de las emisiones del noticiero durante los fines de semana. 

Sin embargo, los siete fallos, no fueron tenidos en cuenta por medios como La Nación y Clarín que recientemente dieron profusa difusión a un fallo adverso para los trabajadores de la tv pública. Este nuevo fallo -que contradice los anteriores-, a diferencia de los otros siete, tiene la particularidad de que fue una presentación individual realizada, por un empleado particular, por fuera de la representación judicial y gremial del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Mediante un comunicado, los trabajadores destacaron que la misma gestión de Hernán Lombardi se había visto obligada a retrotraer la medida de quite de horas extras ante la evidencia de que, al no estar presentes, fueron inviables las operaciones propias de la actividad periodística. También destacan que, en junio de 2020, la nueva presidenta de RTA, Rosario Lufrano, firmó un convenio “para la recuperación del artículo 71 que fue ratificado en abril de este año, conforme a lo que se aplica en toda la actividad, a partir del convenio colectivo de trabajo 124/75 y los derechos adquiridos”.

La denuncia dispone el pago de un plus salarial especial para aquellos trabajadores de prensa que desempeñaron tareas para producir materiales luego utilizados en programas que “no se ajusten al concepto de Noticiero de Televisión”. El artículo aplica para el conjunto de los canales sean públicos o privados. A su vez, los trabajadores organizados en el SiPreBA aseguran que “existe una campaña mediática en contra de los medios públicos, sus funcionarios y sus trabajadores, quienes defendimos los medios de bandera frente al vaciamiento durante el macrismo y sus políticas ilegales”.

Además denunciaron que “algunas empresas periodísticas, como Clarín y La Nación, y algunos dirigentes sólo ponderan fallos judiciales omitiendo información, cuando son los derechos de los trabajadores los que resultan vulnerados”.

Kicillof anunció aumento del 60% en las paritarias

Kicillof anunció aumento del 60% en las paritarias

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La actualización de salarios alcanzará a maestros, médicos y trabajadores de estatales y judiciales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este martes un acuerdo alcanzado con los gremios bonaerenses que estipula la suma de 10 puntos a todos los acuerdos cerrados previamente para alcanzar el 60% de aumento a fin de año. El mismo va en sintonía con el objetivo del ministerio de Economía para elevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El acuerdo fue alcanzado anunciado desde la Casa de Gobierno, en La Plata, por el gobernador Axel Kicillof y los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. 

Las organizaciones sindicales empezaron a manifestar preocupaciones, fundamentalmente, debido a la inflación acumulada en marzo del 16,1% (20,9% en alimentos). Debate que llegó a las máximas autoridades e insistía en que los acuerdos firmados por docentes, estatales y judiciales que contemplaban incrementos de entre el 40% y el 42% en tres tramos (marzo, julio y septiembre) fueron superados rápidamente por esta inflación.

En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo ha decidido actuar con premura agregando 10 puntos porcentuales a todas las etapas de los acuerdos concertados y adicionar asimismo un nuevo aumento en el mes de diciembre que asegure un piso de aumento salarial en línea con las proyecciones actuales aumentos salariales del 60%”, indicaron fuentes del gobierno.

Además sostuvieron que “de esta manera se busca dar una perspectiva para lo que queda del año, creemos que es importante que los trabajadores pueden tener certidumbre en un contexto volátil como el actual. Certeza, tranquilidad y recuperación del poder adquisitivo a los trabajadores, con las herramientas que disponemos desde el Gobierno provincial, es una muestra del valor que asignamos al Estado y al trabajo de diario de cada trabajador“.

La Oficina Anticorrupción denunció el remate macrista de propiedades del Estado

La Oficina Anticorrupción denunció el remate macrista de propiedades del Estado

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El documento revela que los negociados con la venta de terrenos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri en subastas armadas para favorecer a amigos, conocidos y aportantes a la campaña, fue todavía más grande de lo que se pensaba. 

La Oficina Anticorrupción (OA) detectó que los negociados con la venta de terrenos del Estado en subastas armadas incluso alcanzó al Tribunal de Tasaciones que bajó los precios hasta un 42% respecto del valor real. Sólo por ventas en Catalinas Norte la malversación sería de unos U$S 90 millones dólares.

Cabe destacar que en su momento el organismo denunció la venta de siete parcelas en Puerto Madero a precios un 30% inferiores a lo que establecía el Tribunal de Tasaciones. Ahora detectó los mismos mecanismos de subvaluación en otros dos casos que había denunciado: la transferencia de 12 inmuebles al Gobierno porteño que comanda Horacio Rodríguez Larreta como contraprestación por las obras del Paseo del Bajo y la de otros bienes estatales para realizar obras de urbanización y apertura de calles en las playas ferroviarias de Palermo y Caballito.

Asimismo, el eje de las denuncias estuvo enfocado en la actividad de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri: Ramón Lanús, ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); el ex jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ex ministro del interior, Rogelio Frigerio; encargados de poner a la venta o dar un destino a los inmuebles de propiedad estatal. A esta lista se sumaron el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de inmuebles en el caso del Paseo del Bajo.

Ahora, el organismo que encabeza Félix Crous, pidió ampliar las investigaciones que tramitan en Comodoro Py, en los juzgados de Julián Ercolini y María Eugenia Capuchetti. El fin es analizar el papel del arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de Tasaciones, que depende del Ministerio de Obras Públicas, ya que habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la administración pública. 

Las irregularidades sobre la tasación de las parcelas en Puerto Madero fueron reveladas por Raúl Kollmann. Siete terrenos en Catalinas, en la zona más costosa de la Ciudad, que fueron otorgados a empresarios y personas vinculadas a Macri en subastas en las que casualmente aparecía un único oferente o dos. Entre los beneficiarios figuran, por ejemplo, el Consultorio S.A., vinculado a Eduardo Constantini y Carlos Anibal Reyes Terrabusi, empresa que aportó $850.000 pesos a la campaña de Macri. 

En este sentido, Terrabusi figura como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas, tío de Macri, y también aportantes con $1,8 millones de pesos. Según los cálculos actualizados de la OA, a esa firma se le otorgaron tres terrenos por valores inferiores a los reales de entre un 20% y un 43%. A su vez, TGLT, el conglomerado que absorbió a la constructora de Nicky Caputo, amigo del expresidente, tuvo dos adquisiciones con precios inferiores al llamado valor venal de más del 40%. El fideicomiso llamado BAP, de Edmond Safra, obtuvo otras dos parcelas a con valores de entre el 15% y el 21% menos.

El organismo destacó otros dos casos, que también estaban bajo investigación, ya que se aplicó el mismo mecanismo: el primero es para las obras del Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que tomó un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento) a pagar a 30 años. Excusándose de solventar ese préstamo, como contraprestación, el Estado nacional le transfirió a la administración porteña 12 inmuebles.

El arreglo fue por adelantado, antes de que terminara el gobierno de Macri, lo que despertó sospechas sobre un posible negocio financiero. La valuación de esos bienes públicos sería por lo menos un 17% inferior al valor real. El Tribunal de Tasaciones hizo el cálculo el mismo día que se lo pidió la AABE, sin hacer una inspección de los inmuebles, algo elemental exigido por las normas en la materia, según denuncia la OA.

El segundo caso se da en la transacción de inmuebles al gobierno porteño como pago anticipado para realizar obras como apertura de calles, de urbanización y de siembra de árboles, entre otras, en las viejas playas ferroviarias de Palermo y Caballito. El Estado Nacional pagó a Playas Ferroviarias SA, incluso con cálculos desfavorables, el 100% de las obras, que tampoco se auditaron por adelantado. 

De esta manera la OA estableció que para valuar los inmuebles a precios inferiores a los reales, el Tribunal de Tasaciones aplicó normas tasadoras incorrectas o usó valores del dólar desactualizados. Sin embargo, el planteo y las huellas dejan al descubierto que hubo un esquema con participación de distintos órganos dispuestos a “rifar” parte del patrimonio del Estado.

La federación de cartoneros advirtió que su empleo está en riesgo por importaciones

La federación de cartoneros advirtió que su empleo está en riesgo por importaciones

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Las empresas compradoras dicen estar sobre-stockeadas y pretenden reducir el precio entre un 10% y un 30%.

Las cooperativas nucleadas en la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACCyR)  expresaron que el negocio del reciclaje peligra debido a que la habilitación de importación de residuos le dio a las empresas compradoras otra alternativa de materiales a un menor costo.

Los precios de compra del cartón y otros materiales de reciclaje están congelados desde hace 4 meses. Sumado a esto, la inflación no afloja y alrededor de 150.000 familias en el país podrían perder un 60% de sus ingresos, según lo señalado desde la federación.

En los últimos días, Juan Grabois, Referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se pronunció al respecto y señaló al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al presidente Alberto Fernández.

El genio de Kulfas habilitó la importación de basura norteamericana y ahora de bobinas y Alberto Fernández se comprometió a revisar la situación de la importación de basura y bobinas que destruyen la industria local del reciclado y, particularmente, golpean a los cartoneros en su magro bolsillo. Espero que no crea a libro cerrado el diario de Irigoyen que le venden porque es objetivamente falso”, enfatizó el dirigente.

Por su parte Kulfas respondió al señalamiento e insistió que no es la primera vez que se agrede sin fundamento, recurriendo a información completamente distorsionada. Las importaciones de residuos no son administradas por el Ministerio de Desarrollo Productivo sino por el Ministerio de Ambiente. No tengo conocimiento de que dicho Ministerio haya aprobado la importación de ‘basura norteamericana’”.

Cartocor y Smurfit Kappa son las dos principales empresas compradoras de cartón. Estas comenzaron a extender los plazos para el retiro de cartón en las cooperativas de reciclado. Esto afectó principalmente a los galponeros de las zonas urbanas donde la actividad se redujo o directamente se frenó junto a una disminución en el precio de entre el 30% y el 50%.

Guzmán le da la derecha a Máximo Kirchner y ya se planean aumentos del 60%

Guzmán le da la derecha a Máximo Kirchner y ya se planean aumentos del 60%

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El diputado del Frente De Todos había presentado un proyecto para adelantar los aumentos del salario mínimo y el Ministro de Economía aseguró que es necesario llevarlo a cabo.

El ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que es necesario llevar a cabo el proyecto de ley presentado por el diputado Máximo Kirchner, que propone adelantar las cuotas de aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil de enero de 2023 para agosto de este mismo año. 

El gabinete del Ministro de Economía prepara una convocatoria exprés del Consejo del Salario para, en conjunto con el adelanto de las cuotas, estirar el ajuste anual hasta un 60%. Todo esto estaba planificado, pero se adelantó tras la presentación del proyecto de ley de Kirchner.

Si el plan se concreta, impactará positivamente sobre unos 300 mil trabajadores informales que no poseen convenios colectivos. Además, el Salario Mínimo Vital y Móvil llegaría a los $53 mil a fin de año. Por el momento, con lo acordado en marzo, el salario llegaría a los $47 mil.

“Es una obviedad que tiene que haber cierto adelanto para asegurar que el salario mínimo crezca en términos reales. Lo mismo hicimos con el refuerzo de ingresos para los sectores informales, reaccionando inmediatamente a lo que fue el impacto inflacionario provocado por la guerra en Ucrania”, aseguró Guzmán en rueda de prensa.

El Ministro explicó que sabían que “marzo iba a ser el peor mes”. “El Gobierno tiene un problema en la Argentina con la inflación por eso hay que atacarla con firmeza. Se requiere de un programa económico consistente y creíble”, sostuvo.

En distintas áreas del gabinete económico aseguraron que las medidas están resueltas virtualmente y que solo restan los detalles y definir sus alcances.

Diputados: El oficialismo presentará un proyecto para formalizar un Salario Básico Universal

Diputados: El oficialismo presentará un proyecto para formalizar un Salario Básico Universal

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Diputados del Frente de Todos buscan ampliar el sistema de seguridad social y establecer un Salario Básico Universal (SBU) para garantizar la protección de todes les trabajadores y generar una respuesta a la realidad post pandemia.

Este martes, diputados del Frente de Todos (FdT) presentarán un proyecto para ampliar el sistema de seguridad social y establecer un Salario Básico Universal (SBU) con el fin de garantizar la protección social de todes les trabajadores y generar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina luego de la pandemia.

El proyecto se expondrá a las 11 en el Salón Delia Parodi ubicado en el primer piso del Palacio Legislativo, y participarán los legisladores del FdT Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. La iniciativa también llevará la firma de los legisladores Graciela Landriscini, Leonardo Grosso, Mara Brawer, Hugo Yasky, Mónica Macha, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva y Pablo Carro, entre otros.

El objetivo de la medida es “dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo”. A su vez, propone establecer un Salario Básico Universal “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.

De acuerdo con la propuesta, el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.

Nos encontramos en una situación a nivel mundial en la que las personas que trabajan no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida, como consecuencia de las transformaciones del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. En ese marco, el referente del Frente Patria Grande, Itai Hagman, destacó que “el Salario Básico Universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”.

Cabe destacar que en la actualidad las labores de millones de trabajadores de la economía popular y las tareas del cuidado no son reconocidas como correspondería. Sin dudas, esta medida podría reducir el número de indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día.

Nuevo plan de calidad para promover las exportaciones

Nuevo plan de calidad para promover las exportaciones

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El Ministerio de Desarrollo Productivo promoverá la instalación de laboratorios mediante Aportes No Reembolsables que permitan colocar productos con certificación internacional.

La industria como un actor central tiene el objetivo de ampliar la canasta exportable, pero la inserción internacional requiere de mejoras en la competitividad. La escasez de laboratorios para certificar la calidad de los productos manufacturados aparece como una dificultad que debe sortearse con políticas sectoriales. Para acelerar ese proceso, el Gobierno lanzó un plan específico para promover la instalación y el acceso a infraestructura mediante Aportes No Reembolsables.

En un informe, el Ministerio de Desarrollo Productivo destacó que actualmente Argentina tiene menos de 150 laboratorios de ensayo y calibración acreditados por el Organismo Nacional, mientras que otros países de la región como México y Colombia cuentan con 2.400 y 1.100 respectivamente. La diferencia parte de algunas limitaciones, como la escasa demanda en el mercado interno y el alto costo. Esto trae más complicaciones si se tiene en cuenta que Argentina es el octavo país del mundo en extensión territorial y tiene su industria localizada en distintas regiones.

Al respecto, el director de Desarrollo Regional y Sectorial a cargo del programa, Leandro Mora Alfonsín, destacó que “será una política con criterio federal, para que las empresas de las distintas provincias no tengan que irse lejos para certificar sus productos, o que no se tengan que ir a otros países limítrofes como sucede hoy”.

El Programa de Fortalecimiento de Calidad busca revertir la situación actual para que más cantidad de empresas puedan exportar al mundo. De esta manera se otorgarán Aportes No Reembolsables de hasta un 70% de los gastos vinculados a la acreditación o reacreditación de los laboratorios nacionales y a la extensión de alcances frente al Organismo Argentino de Acreditación. “Con esto se cuida a los consumidores y se pueden ganar mercados”, resaltó Mora Alfonsín.

Para acceder a este beneficio, los laboratorios solicitantes deberán estar dentro del Registro Nacional de Certificadoras y Laboratorios de Ensayo y Calibración, como también en el Registro Único de la Matriz Productiva. 

Desde la Secretaría de Industria, Comercio Exterior y Economía del Conocimiento informaron que “se priorizará aquellos proyectos que generen un impacto en la cadena de valor de los sectores productivos, que posean capacidad de exportación de servicios de ensayo y de calibración, que promuevan la federalización de la infraestructura de la calidad y que acrediten ensayos con potencial exportador o que generen un impacto en la sustentabilidad ambiental”.

El anuncio, que se realizó en Mar del Plata durante una recorrida de la división de análisis clínicos del laboratorio Fares Taie especializado en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades, fue encabezado por el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustause. También participaron del evento el director nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Leandro Mora Alfonsín; la directora de Desarrollo Sectorial, Mariángel Ghilardi Sierra, entre otros.

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