Lula propuso la creación de Sur, una moneda digital única para América Latina

Lula propuso la creación de Sur, una moneda digital única para América Latina

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La moneda digital se llamaría Sur y sería emitida por un Banco Central Sudamericano, que obtendría una capitalización inicial sustentada por los países miembros.

Luiz Inacio Lula Da Silva se perfila como el principal candidato para derrotar en las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre a Jair Bolsonaro en Brasil. Si bien se espera que el dos veces presidente entre 2003 y 2010, lance oficialmente su candidatura el próximo sábado 7 de mayo, Lula ya está en plena campaña y sigue buscando la adhesión de todos los sectores del arco progresista.

En este marco durante el último fin de semana participó del Congreso Electoral del partido Socialismo y Libertad, y ahí hizo mención dentro de otros puntos programáticos de su plan de gobierno, acerca de la intención de crear una moneda digital única para los países de América Latina. Esta propuesta además contó con el apoyo explícito de los economistas Gabriel Galípolo (ex presidente del Banco Fator y asesor de Lula), y de Fernando Haddad, ex primer mandatario de Sao Paulo. Galípolo y Haddad publicaron un artículo en el diario Folha el pasado fin de semana, mostrando su apoyo al proyecto de crear una nueva moneda unificada y donde mencionaron la necesidad de incrementar la integración regional y fortalecer la soberanía monetaria de la región.

Si bien no es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de crear una moneda unificada para la región, esta vez aparece dentro de los objetivos de gobierno en caso de que el líder del Partido de los Trabajadores gané las próximas elecciones. De hecho, esta vez, algunos referentes hasta se animaron a esbozar algunas ideas, y opiniones acerca de los lineamientos que se deberían tomar en caso de encarar un proyecto tan ambicioso como este.

La moneda digital se llamaría Sur y sería emitida por un Banco Central Sudamericano, que obtendría una capitalización inicial sustentada por los países miembros. Este aporte inicial que cada país debería realizar sería proporcional a sus respectivas participaciones en el comercio regional, y se afrontaría con las reservas disponibles, o bien con un impuesto sobre las exportaciones de los países miembros al exterior, lo que según Haddad y Galípolo a su vez facilitaría el flujo financiero entre los países del cono sur.

Por otra parte, también detallaron en su artículo que cada uno de los países miembros recibiría un monto de capital inicial, y que tendrán la libertad de decidir si desean mantener las monedas locales vigentes hasta el momento, o si bien se decide adoptar a Sur como moneda de curso legal dentro de las fronteras del país. Además, en cuanto a la cotización de la nueva moneda, se encargaron de detallar que el tipo de cambio entre las divisas locales y Sur, sería flotante, lo que entre otras cosas posibilitaría tener una moneda fuerte que no esté sujeta a las limitaciones y vulnerabilidades que sufren los países en vías de desarrollo como se evidenció, una vez más, a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania donde el impacto de la guerra golpeó a las economías de los países latinoamericanos.

Finalmente, el argumento de mayor peso por parte de los economistas brasileros fue que en caso de poder concretar este proyecto, dado al tamaño de las economías de la región sur de nuestra América, la nueva moneda podría ocupar el sexto puesto a nivel mundial dentro de las cotizaciones detrás de monedas tales como el euro, el dólar, el yuan chino, el yen japonés o la libra esterlina británica.

Lógicamente detrás de un proyecto tan ambicioso hace falta planificación, coordinación y decisión política conjunta, además de tomar en cuenta las experiencias de casos anteriores. Experiencias, que en todo caso deberían ayudar para no repetir errores, y siempre y cuando se entiendan a estas experiencias previas en su contexto propio, tomando en cuenta todas las particularidades.

Hago mención a esto, porque en esta línea varios medios que ya conocemos, se refirieron al tema titulando, por ejemplo: “el euro latinoamericano que quiere lanzar Lula” o “En plena campaña Lula Da Silva lanza un euro latinoamericano”. Otra vez Latinoamérica importando recetas europeas para problemas criollos, nada podría ser más errado.

Sería errado pensar que el mecanismo y los procesos que siguieron los distintos países europeos hacia la oficialización del euro como moneda nacional, sería algo que en esta América Latina pudiera darse de la misma manera y con las mismas lógicas.

La adopción del euro por parte de los países europeos miembros, se dió en un contexto político marcado fuertemente por una impronta neoliberal (1990-200), y a raíz de esto se tendió a priorizar la estabilidad de los precios por sobre otras variables como el crecimiento económico o el sostenimiento del empleo.

Son contextos distintos, realidades diversas, e historias desiguales

Otro de los fundamentos sobre los cuales se realizó la conversión al euro, fue sobre la idea de que la inflación se originaba principalmente por causas monetarias y que por lo tanto para combatirla era necesario aplicar restricciones a la emisión de moneda además de recortes para reducir los déficits fiscales. Algunos ejemplos de las metas económicas que se fijaron en aquel entonces fueron que:

  • La inflación no debía sobrepasar el 1,5% del promedio de los tres estados más estables.
  • El déficit fiscal no podía superar más del 3% del PBI.
  • La deuda pública debería tener como tope el 60% del PBI
  • Las tasas de interés de largo plazo no debían superar en más de dos puntos a las tres “mejores” del bloque.
  • El tipo de cambio debía permanecer estable en los dos años previos a la entrada en vigencia de la UME. -Unidad Monetaria Europea o ECU (European Currency Unit) que fue la unidad de cuenta usada en la Comunidad Europea posteriormente Unión Europea con propósitos monetarios antes de ser reemplazado por el euro el 1 de enero de 1999.

Sin duda si nos detenemos a analizar las distintas realidades que atraviesan los países latinoamericanos en materia económica, resultaría al menos de necio afirmar que debemos seguir soluciones de molde a problemas propios. Sin duda el desafío en estas tierras es aún mayor, y la tarea es aún más complicada. El economista e investigador del CONICET Andrés Musacchio plantea que “dos de los puntos débiles del MERCOSUR que se destacan recurrentemente son la falta de coordinación de políticas y la ausencia de instituciones regionales supranacionales que impidan que los intereses nacionales frustren la estrategia de integración”. A esto le sumo yo la presencia en Argentina nuevamente del FMI y el acuerdo cerrado en marzo, el cual establecía en uno de sus puntos que se desalentaría el uso de monedas virtuales para evitar los flujos de divisas e intercambio de capitales por fuera del control del Banco Central.

Pero al mismo tiempo se plantean dos conjuntos de ventajas, por un lado, la reducción de costos por los tipos de cambio y la reducción de la incertidumbre acerca del tipo de cambio a futuro, lo que resolvería el problema de la rentabilidad de la inversión externa, y la eliminación de las devaluaciones para generar ventajas competitivas entre los integrantes de la región. Pero por otro lado también se destaca que una moneda con las características de Sur, permitiría consolidar el plano institucional, ese plano institucional en donde los estados nacionales tuvieron dificultades para sostener un equilibrio, por esto la creación de una nueva moneda unificada podría servir de sustento para relanzar una integración latinoamericana con una base más sólida.

Se conocieron los cincos sectores con mayores niveles de trabajo en negro del pais

Se conocieron los cincos sectores con mayores niveles de trabajo en negro del pais

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A nivel nacional, el 35% de la población económicamente activa vive precarizada. Los sectores con mayores niveles de informalidad son los de la maicera y el maní; la apícola; el cuero, la marroquinería y el calzado; y las legumbres.

La economía a nivel informal afecta al 35% de la población económicamente activa. Frente a la escalada inflacionaria, una política de ingresos basada en la reapertura de paritarias puede parar la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos para las y los trabajadores formalizades. El problema está en aquellos sectores que, pese a evidenciar elevados márgenes de rentabilidad, detentan los mayores niveles de trabajadores no registrados. 

El informe sobre Cadenas Productivas Argentinas, que elaboró la Secretaría de Política Económica, dirigida por Fernando Morra, se destaca que el grueso del trabajo “en negro” se enfoca en las cadenas agropecuarias, la marroquinería y la construcción. En este sentido, el documento señala que “las cinco cadenas más informales son apícola; cuero, marroquinería y calzado; legumbres; maicera y maní, las cuales emplean a más de un 60% de sus trabajadores de manera informal“.

En paralelo, la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) destaca que extrapolado a la totalidad de la población del país, actualmente existen 21 millones de personas en condiciones de trabajar entre los 18 y 65 años. De ese total, alrededor de 19 millones tienen algún empleo y más de seis millones y medio lo hacen en la informalidad.

Pese a que en las últimas semanas varios sectores reabrieron sus paritarias, con aumentos para el período 2021/2022 de entre 55% y 60%, estos aumentos no llegan a compensar la pérdida del 20% que registraron los ingresos en los últimos cinco años, disparado a casi el 40% en el caso de los empleos informales. La pérdida salarial se dio incluso en sectores en los que los convenios colectivos lograron importantes mejoras.

En Argentina, las cadenas productivas ocupan el 74,8% de los puestos de trabajos totales y el 80,5% de los asalariados registrados. El informe antes citado señala que “como resultado, se tiene que la tasa de informalidad de los asalariados en las cadenas identificadas es del 28,6%, inferior a la informalidad de asalariados del total de la economía (34,5%)“.

Con respecto a las cadenas que emplean la mayor cantidad de trabajadores asalariados (registrados y no registrados), sobresalen: Educación (11,3% del total de los puestos), Construcción (10,2%), Comercio (8,4%), Salud (6,8%), y Transporte y logística (5,4%). Además, destacan las actividades que evidencian un alto grado de informalidad dentro de sus cadenas productivas.

Por último, el informe señala que las cadenas que muestran un mayor porcentaje de empleo informal, luego de las cinco mencionadas, son: sorgo (60,6%), sojera (59,2%), ovina (58,6%), girasol (57%), avícola (56,8%), frutas finas (53,5%), láctea (53,4%), bovina (52,5%), cítricos dulces (52,1%), tealera (51,6%), hortícola (50,7%), construcción (50%), triguera (49,8%), arrocera (49,6%) y porcina (48,1%). Además, detalla que “todas estas cadenas se caracterizan porque gran parte de su valor agregado bruto total es aportado por actividades primarias, tales como ‘cultivos agrícolas’, que, además, de ser trabajo-intensivas, muestran altas tasas de informalidad“.

Se reanuda el debate para ampliar la Corte Suprema

Se reanuda el debate para ampliar la Corte Suprema

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El Senado trabaja varios proyectos presentados por el oficialismo para reformar la composición de la Corte Suprema. El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañarán una reforma en este momento por considerarla “inoportuna”.

El Senado reanudará este miércoles el debate en comisión sobre una posible reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La discusión comenzará con una ronda de expositores que incluirá a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial.

A partir del mediodía las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales pondrán sobre las mesa los cuatro proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos (FdT) que buscan ampliar el número de jueces de la Corte además de proponer paridad de género y un mayor federalismo.

Entre los invitados a la Cámara Alta figuran el constitucionalista Eduardo Barcesat, el titular de Ajus (Abogados por la Justicia Social), Emanuel Desojo y el exjuez federal Carlos Rozanski. También estarán presentes el presidente de Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), Joaquín Da Rocha, y los especialistas Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera y Luis Arias.

Desde Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento, ya que consideran que “es inoportuna” y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura. La oposición, nuevamente, se niega al debate y muestra su nulo interés en que avance la paridad de género y el carácter federal del máximo tribunal.

Son cuatro las iniciativas para modificar el número de integrantes del máximo tribunal, dado que en el último plenario de comisiones de esta semana, se presentó un nueva propuesta. De esta manera los proyectos son el de la neuquina Silvia Sapag, el del puntano Adolfo Rodríguez Saá (ambos del FdT), el del rionegrino Alberto Weretilneck y el de la riojana Clara Vega, dos aliados del oficialismo.

Por último, la conformación plena del Consejo de la Magistratura, que cuenta con 20 miembros, quedó supeditada a dos pronunciamientos de la Corte Suprema que debe decidir si acepta un recurso de per saltum presentado por JxC y si fija la fecha de la jura de los dos nuevos representantes parlamentarios en ese cuerpo.

Rapipago y Mercado Libre imputados por publicidad engañosa y prácticas abusivas

Rapipago y Mercado Libre imputados por publicidad engañosa y prácticas abusivas

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El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires detectó que en ambas empresas realizaron cobros de sumas adicionales sin comunicación previa. También habrían cometido infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires dio inicio a los expedientes de oficio al imputar a Rapipago y Mercado Libre por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. El organismo detectó irregularidades tales como prácticas abusivas y publicidad engañosa, así como cobros de sumas adicionales sin comunicación previa.

En el contexto de ASPO y DISPO la modalidad de compra a distancia por medios electrónicos  se acrecentó fuertemente evidenciando un aumento de prácticas abusivas. Desde el ministerio provincial destacaron: “Nuestro objetivo es ser más rigurosos en el control de estas prácticas en la emergencia, ya que las contrataciones no presenciales profundizan la vulnerabilidad de los consumidores y el deber de información clara, precisa y suficiente por parte de los proveedores“.

A su vez se informó que la empresa Rapipago cobró sumas adicionales bajo conceptos tales como “cargo de servicio” y no informó los motivos por los cuales los usuarios debían abonar estos montos. Además, incrementó los porcentajes de cargos e hizo diferencias de precio según el medio de pago con el que se haga la compra, al distinguir operaciones al contado o con tarjeta de débito, y según la empresa proveedora del servicio que se está abonando.

En lo que respecta a Mercado Libre, desde el ministerio denunciaron que remitió en forma masiva correos electrónicos que inducen a confusión, hecho considerado como publicidad engañosa y una falta al deber de informar en forma cierta, clara y concreta. Desde el organismo se remarcó que “la empresa comunica la oferta y publicidad de determinados productos que se encuentran a la venta, indicando un supuesto porcentaje de descuento pero sin informar el precio de los mismos, ni el precio actual ni el anterior que toma base de descuento, como tampoco las condiciones de comercialización o financiación de los productos que exhibe“.

Las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor configuran prácticas abusivas que afectan de manera directa a los usuarios y consumidores. Las empresas fueron notificadas y poseen 5 días hábiles, improrrogables, para presentar su descargo.

En la Provincia de Buenos Aires, el artículo 73 de la ley Nº 13.133, regula las sanciones para este tipo de prácticas y parten desde apercibimientos hasta la pérdida de concesiones. Las multas económicas -que se encuentran desactualizadas- van desde los 100 hasta los 500.000 pesos, sin embargo, desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores cuenta con otros recursos para sancionar como decomisos, clausuras, apercibimientos, suspensiones y pérdidas de concesiones, permisos y habilitaciones, entre otras.

Ante posibles medidas pensadas para regular a este tipo de empresas en un futuro, dadas las múltiples denuncias sobre prácticas desleales, fuentes de la cartera productiva aseguraron que en el corto plazo desde se tratará de controlar, fiscalizar y verificar el cumplimiento de la normativa ya disponible. Lógicamente, la falta de control permitió que durante muchos años las empresas se acostumbraran a aplicar políticas y condiciones abusivas que -dicen- hay limitar. A largo plazo, el Gobierno trabaja para dar un salto cualitativo y adecuarse a un nuevo escenario comercial.

Paritarias: gremios de la alimentación reclaman 60% de aumento y amenazan con paro

Paritarias: gremios de la alimentación reclaman 60% de aumento y amenazan con paro

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Luego de la marca de inflación de abril (5,3%) se tensiona la discusión por el último tramo de paritario. De no alcanzar un acuerdo habrá medidas de fuerza.

La escalada de precios genera tensión en el último tramo de las paritarias entre las patronales y el gremio de Alimentación y de no existir acuerdo, el sindicato amaga con impulsar un Paro Nacional. Exigen un aumento salarial anual de 60% dado el reciente índice inflacionario de abril que se ubicó por encima del 5%. Este miércoles el sindicato y las cámaras empresarias (encabezadas por el abogado Daniel Funes de Rioja) tendrán una reunión clave y de no alcanzar un acuerdo pueden existir medidas de fuerza.

El sindicato de Alimentación, que cuenta con cerca de 80 mil operarios distribuidos en industrias de todo el país, es el último sindicato de peso que aún no acordó subas salariales. Reclama un aumento del 60% con un primer tramo porcentual alto que impacte fundamentalmente en las categorías más bajas de su convenio colectivo de trabajo: salarios de arranque de $87 mil pesos en bruto.

La paritaria del año pasado cerró en 52,7% y en base a la inflación de abril, les trabajadores de esta actividad podrían perder hasta dos puntos porcentuales. El sindicato busca emular el acuerdo que hubo ayer en las paritarias de Gastronómicos que tuvo una suba de 60% en cuatro etapas y que incluye una revisión acuerdo del año pasado para llevarlo a 55%. 

Cabe destacar que tanto Gastronómicos (encabezada por Luis Barrionuevo) como Alimentación (con Héctor Morcillo a nivel nacional y Rodolfo Daer en Buenos Aires), unifican a 17 gremios de la alimentación. Ayer la Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA), reveló que según sus estimaciones abril tendrá una inflación de 5,3%, algo por debajo del 6,7% de marzo según cifras del INDEC. Sin embargo, todavía está en niveles que amenazan con derribar cualquier pauta salarial acordada hasta ahora.

El informe de la CASIA confirmó que el rubro de “alimentos y bebidas” fue el principal factor de tracción del número general al crecer 6,13%. Cabe destacar que se trata de un estudio interno que también utilizan sindicatos (como el de Peones Rurales (Uatre), el de Pasteleros y el de Aguas Gaseosas, entre otros) para definir sus planteos paritarios. La federación que encabeza Morcillo, también elabora un documento que da cuenta de la concentración creciente en la producción de alimentos.

Las negociaciones con la cámara patronal FIPA, la Unión Industrial (UIA) y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se encuentran en un punto muerto, dado que la última oferta de aumento salarial osciló el 48%. Dependiendo del resultado de la audiencia de hoy los sindicatos que componen FTIA, se reunirán para definir eventuales medidas de fuerza. Desde el entorno de Daer advirtieron que por la noche podrían empezar los paros en Capital Federal y provincia de Buenos Aires.

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