El Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires detectó que en ambas empresas realizaron cobros de sumas adicionales sin comunicación previa. También habrían cometido infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires dio inicio a los expedientes de oficio al imputar a Rapipago y Mercado Libre por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. El organismo detectó irregularidades tales como prácticas abusivas y publicidad engañosa, así como cobros de sumas adicionales sin comunicación previa.
En el contexto de ASPO y DISPO la modalidad de compra a distancia por medios electrónicos se acrecentó fuertemente evidenciando un aumento de prácticas abusivas. Desde el ministerio provincial destacaron: “Nuestro objetivo es ser más rigurosos en el control de estas prácticas en la emergencia, ya que las contrataciones no presenciales profundizan la vulnerabilidad de los consumidores y el deber de información clara, precisa y suficiente por parte de los proveedores“.
A su vez se informó que la empresa Rapipago cobró sumas adicionales bajo conceptos tales como “cargo de servicio” y no informó los motivos por los cuales los usuarios debían abonar estos montos. Además, incrementó los porcentajes de cargos e hizo diferencias de precio según el medio de pago con el que se haga la compra, al distinguir operaciones al contado o con tarjeta de débito, y según la empresa proveedora del servicio que se está abonando.
En lo que respecta a Mercado Libre, desde el ministerio denunciaron que remitió en forma masiva correos electrónicos que inducen a confusión, hecho considerado como publicidad engañosa y una falta al deber de informar en forma cierta, clara y concreta. Desde el organismo se remarcó que “la empresa comunica la oferta y publicidad de determinados productos que se encuentran a la venta, indicando un supuesto porcentaje de descuento pero sin informar el precio de los mismos, ni el precio actual ni el anterior que toma base de descuento, como tampoco las condiciones de comercialización o financiación de los productos que exhibe“.
Las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor configuran prácticas abusivas que afectan de manera directa a los usuarios y consumidores. Las empresas fueron notificadas y poseen 5 días hábiles, improrrogables, para presentar su descargo.
En la Provincia de Buenos Aires, el artículo 73 de la ley Nº 13.133, regula las sanciones para este tipo de prácticas y parten desde apercibimientos hasta la pérdida de concesiones. Las multas económicas -que se encuentran desactualizadas- van desde los 100 hasta los 500.000 pesos, sin embargo, desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores cuenta con otros recursos para sancionar como decomisos, clausuras, apercibimientos, suspensiones y pérdidas de concesiones, permisos y habilitaciones, entre otras.
Ante posibles medidas pensadas para regular a este tipo de empresas en un futuro, dadas las múltiples denuncias sobre prácticas desleales, fuentes de la cartera productiva aseguraron que en el corto plazo desde se tratará de controlar, fiscalizar y verificar el cumplimiento de la normativa ya disponible. Lógicamente, la falta de control permitió que durante muchos años las empresas se acostumbraran a aplicar políticas y condiciones abusivas que -dicen- hay limitar. A largo plazo, el Gobierno trabaja para dar un salto cualitativo y adecuarse a un nuevo escenario comercial.
