La recuperación económica que se logró en 2021 y los datos de la actividad en lo que va de este año gestan las condiciones para que los salarios suban en línea con la inflación e incluso por encima, según fuentes del Ejecutivo.
De acuerdo a la perspectiva que defienden fuentes del Gobierno Nacional, la recuperación económica alcanzada en 2021 y los datos de la actividad en lo que va del corriente año generan las condiciones en todos los sectores productivos para que los salarios suban en línea con la inflación e incluso por encima, porque entienden que “no hay margen para atrasar la capacidad de compra de los trabajadores”.
Tal como reflejó el crecimiento del 5,4% de enero, desde Nación aseguran que “con todas las dificultades que se puedan identificar en los últimos dos años, la actividad económica se mantiene en firme recuperación” y reafirmó que “los salarios deben seguir al menos la línea de la inflación y si es posible estar por encima” en este 2022.
Luego de que la capacidad de compra de los trabajadores se redujera un 20% durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), desde el Gobierno estiman que “no hay margen para retrasar salarios, por el contrario, hay margen para subir salarios en todos los sectores productivos” .
Asimismo la situación inflacionaria es la principal preocupación que se tiene desde Nación en este momento, según confió el vocero al señalar que el incremento de la producción y del empleo se viene consolidando pero el comportamiento de precios afecta la distribución en perjuicio de los sectores de menores recursos.
Una fuente que participa del denominado gabinete económico explicó en Télam que apuestan “al diálogo y el acuerdo con los distintos sectores para evitar saltos inflacionarios para que cuando se logre sobrepasar esta coyuntura de volatilidad de los commodities por el conflicto en Ucrania, podamos retomar una tendencia a la baja” de la inflación.
Al gobierno también le preocupa el comportamiento de los alimentos, en particular de los productos frescos: según la fuente gubernamental, este sector “no tiene un problema de falta de competencia porque tanto en la producción como en la comercialización está muy atomizado, pero sí se advierte que la pandemia dejó cambios de hábitos con un mayor consumo con una oferta que no creció”.
En este sentido, se reconoce, a raíz de las últimas reuniones, que “el sector empresario expresó buena disposición a la idea de acordar medidas que permitan evitar un salto inflacionario”, algo que ya empieza a reflejarse en las góndolas con la retracción de precios al 10 de marzo. Sin embargo, la fuente destacó que esa presión de los precios “por el momento no viene actuando como un impedimento para la llegada de inversiones y el desarrollo de la producción”.
La reunión, que se desarrollará en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, fue solicitada por los mandatarios provinciales con el fin de discutir la situación por la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno convocó para este miércoles, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.
La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y estarán presentes los gobernadores. Hasta el momento, confirmaron su presencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Del encuentro, además, participarán el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. En el caso de algunas provincias cuyos gobernadores no podrán decir presente, asistirán funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no asistirán a la convocatoria solicitada por sus pares.
El Gobierno de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de llegar a un acuerdo sobre los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para una negociación política entre ambas partes. En caso de no haber arreglo, dictará una medida cautelar. En la Casa Rosada hay preocupación de que se ratifique “semejante arbitrariedad” porque “es un número que va a impactar presupuesto 2022”, dijeron fuentes oficiales.
Asimismo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto anticonstitucional y lo que se discute es “una mediación sobre montos”. En ese sentido, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, “dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”, que podría alcanzar más de 130 mil millones de pesos este año, algo que afecta de manera directa el presupuesto nacional.
Desde la Casa Rosada mantienen que “esos $130 mil millones de pesos van a la Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación” ya que “no es un fallo menor” y en caso de ser desfavorable, causará un “desbalance en el sistema presupuestario y político”.
La reunión fue pedida por los gobernadores en tanto las provincias “son parte del tema, por tratarse de una discusión del sistema federal”, señalaron, y destacaron que “ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras” en todo el país.
El Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, anunció un programa que busca centralizar los lineamientos del buen uso de las redes sociales para contrarrestar los efectos negativos que surgen de las mismas.
En el marco de la presentación de la Agenda Productiva Federal que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner, el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, anunció el programa “Redes para el bien común”.
Beliz anticipó que desde el organismo del que es titular, junto a 40 universidades, trabajan en un estudio al que considera “pionero”. El mismo pretende establecer un pacto que centralice el lineamiento del buen uso de las redes sociales “para que dejen de intoxicar nuestra democracia”.
El programa surge a partir de la adhesión de la Argentina al Pacto por la Información y la Democracia, impulsado por Francia y Alemania. Tiene por objetivo promover la visibilización de las necesidades de los gobiernos para brindar un marco regulatorio actualizado, acorde a los últimos avances tecnológicos e informáticos. y fomentar un entorno que propicie que los ciudadanos dispongan de información confiable.
De esa manera, “Redes para el bien común” organizará, entre octubre y noviembre de este año, foros abiertos para la ciudadanía en las regiones Norte, Cuyo, Sur, Centro y la región bonaerense. En los mismos abordarán el análisis del fenómeno de las redes sociales y la sobreinformación que existe en la era digital.
Los encuentros serán fundamentales para la formulación, a partir de las recomendaciones que surjan de los mismos, de políticas publicas que se adapten a la realidad en pos de construir entornos digitales respetuosos y desarrollar investigaciones sobre el fenómeno comunicacional.
Según detalló Beliz, en el contexto de los efectos negativos y los discursos de odio que afloran en las redes sociales, el programa tiene por finalidad “aprovechar al máximo el potencial democrático que ofrecen las plataformas virtuales, avanzando hacia la construcción de entornos digitales plurales y respetuosos que favorezcan la amistad social”.
La iniciativa despertó el rechazo de la oposición que acusó al gobierno nacional de querer regular el uso de las redes social y de vulnerar la libertad de expresión. Por ese motivo, el Secretario de Asuntos Estratégicos emitió un comunicado en el que subrayó: “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”.
Entre los principales objetivos del Plan de Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológicoque presentó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encuentran la creación de dos millones de puestos de trabajo asalariados formales y la creación de 100.000 empresas.
En el marco del encuentro del Consejo Económico y Social, llevado a cabo en el Centro Cultural Néstor Kirchner en CABA, el Gobierno presentó la unidad ejecutora Argentina Productiva 2030, con el fin de elaborar y monitorear la implementación de un plan de desarrollo cuyos principales objetivos son generar dos millones de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado, crear 100.000 empresas formales y reducir en nueve millones la cantidad de pobres.
El Plan de Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico de Argentina se creó a través de la resolución 236/2022 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada este martes en el Boletín Oficial y el titular de la unidad ejecutora especial temporaria será el actual director del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), Daniel Schteingart.
El programa se pondrá en marcha en 15 días y su tarea trasciende la tradicional planificación sectorial: pasará a ser algo coordinado y participativo junto a actores productivos, del trabajo, la sociedad civil, provincias y municipios. En ese sentido, Kulfas resaltó que “el sistema productivo se está poniendo nuevamente de pie” y explicó que “este auspicioso panorama no nos debe confundir”, en alusión a sucesos pasados cuando se formularon planes que no produjeron el resultado esperado.
Según los lineamientos del plan, “sin políticas de desarrollo productivo es imposible crecer sostenidamente y sin crecimiento es imposible reducir sosteniblemente el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la precarización laboral; en otros términos, sin crecimiento del PIB per cápita es imposible lograr el objetivo último: el bienestar del pueblo argentino”.
Entre los objetivos principales de la iniciativa se destacan la creación de dos millones de puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado para 2030 (aproximadamente 220.000 por año), la reducción de la pobreza para el período 2022-2030 (se pretende sacar de la probeza a un millón de personas por año) y la creación de más de 100.000 empresas formales para 2030 (alrededor de 12.000 por año).
Asimismo, se planteó “incrementar la participación de mujeres en el empleo formal, con un mínimo de 50% de participación en los nuevos puestos de trabajo generados” y “aumentar la participación del Interior en el PBI y el empleo formal, con un 70% de los nuevos empleos formales radicados fuera del AMBA”.
La unidad ejecutora tiene el deber de “elaborar el marco metodológico, técnico y conceptual para la formulación del Plan”, así como “los lineamientos teóricos metodológicos para la realización del monitoreo y evaluación” de su implementación.
Finalmente se mencionan diez misiones productivas para resolver una serie de “desafíos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales” y el Ministro remarcó que esas misiones “no serán meramente declarativas, sino que se ajustarán a metas mensurables, cuantitativas”.
El centroizquierdista Frente Amplio, la central unitaria de trabajadores PIT-CNT, organizaciones y movimientos sociales, fracasaron en el intento de revocar 135 artículos de la represiva Ley de Urgente Consideración (LUC): la victoria fue por el NO por una diferencia de poco más del uno por ciento de los votos.
Con el 100% de los circuitos escrutados, el «SÍ» obtuvo 48,82% de los votos y el «NO» 49,86%. Por otra parte, el acumulado del voto del «NO» + voto en blanco es de 51,18%. Y hay 36.071 votos observados. La victoria fue para el No por 50.800 votos de ventaja sobre el Sí.
El presidente derechista Luis Lacalle Pou calificó a la jornada del domingo como “una etapa superada” y ahora, con una victoria ajustada, prepara al gobierno para que, reformas mediante, sigan ajustando al pueblo trabajador.
Se cierra y se abre
Se terminó una etapa que se inició hace más de años y finalizó en la madrugada del 28 de marzo. El 23 de enero de 2020 Luis Lacalle Pou antes de asumir como presidente, publicó el borrador de la Ley de Urgente Consideración.
Desde esa fecha se sucedieron las distintas modificaciones a la LUC, una campaña de recolección de firma para derogar los 135 artículos más regresivos de una ley de casi 500. La pandemia, la negativa del gobierno a la cadena nacional, el ocultamiento del oficialismo y los medios de comunicación sobre este tema, la prórroga del límite de presentación de las firmas. Así y todo se alcanzaron las 800 mil.
El gobierno no tuvo remedio que prestar atención, pero le siguió rehuyendo al debate. Siguió escapando a la confrontación argumental y de ideas. Se desarrolló una campaña mentirosa, ramplona. De las campañas posdictadura, la peor sin dudas.
El oficialismo con los medios de comunicación a favor (duplicaron sus minutos de difusión frente al SI), el aparato del Estado al servicio de la campaña, el presidente interviniendo en el último tramo y millones de dólares en publicidad que aún no se sabe de dónde salieron, tuvo que esperar a último momento para poder celebrar una diferencia similar a la que le dio el triunfo en el 2019, pero esta vez ayudado por los votos en blanco.
Los resultados arrojan una tendencia que se viene repitiendo desde que se fundó el Frente Amplio: su fuerte es Montevideo y Canelones, zona metropolitana y en el interior no hace pie. Se hace fuerte en las grandes urbes y ello explica su nivel alto de votación. Así fue la votación y se agrega en el interior la victoria en Paysandú. El resto del país se tiñó de celeste por el NO. En Artigas y Rivera, dos departamentos al norte y fronterizos con Brasil, el NO alcanzó el 67,8% y el 74.5% respectivamente.
Empate técnico
Lunes 28 de marzo. La vida corre igual por las calles de Montevideo. Parece que anoche no pasó nada. Del bullicio y el barullo de la Torre Ejecutiva presidencial en Plaza Independencia de Montevideo, con autos descapotables y de alta gama festejando, hasta las murgas y el pueblerío también festejando y resistiendo a pesar de la derrota en la Explanada de la Intendencia Municipal.
La fiesta impredecible: así vivieron los frenteamplistas la noche de balotaje en 18 de Julio
El comando del SÍ primero se concentró en la sede de la central única de trabajadores del PIT-CNT. Allí se encontraba la comisión por el voto si y José Olivera, dirigente sindical, aseguró que “no se puede seguir gobernando dándole la espalda a la mitad de la población” y que “una buena parte de la ciudadanía no está dispuesta a que se gobierne de cualquier forma”. Y luego llamó a trasladarse frente a la Intendencia de Montevideo a unas pocas cuadras de allí.
El clima en la explanada municipal no era de festejo pero tampoco de derrota. La noche la abrió Kobba, rapero contestatario que con sus líricas empezó a levantar la temperatura en la celebración del SÍ. A pesar de que el resultado daba empate técnico, no auguraba buenas proyecciones ya que el NO sumaba a su favor los votos en blanco.
Siguió la banda Pa´entrar en calor cantando el jingle de la campaña. Luego la oratoria de dirigentes de toda el arco de la comisión Voto SI. Cerró la misma el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira. “Espero que el gobierno tome nota” del resultado obtenido en el referéndum y agregó que “Nunca jamás un resultado favorable o desfavorable va a ser el final de nuestra lucha porque luchamos todos los días por una sociedad diferente y por la justicia social”, remató Pereira
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Luego subieron al escenario la murga Metele que son pasteles y entonaron su ya clásico y combativo tema “Vamos a la plaza”. El público explotó en aplausos y gritos, destacando el final de la canción y entonando los últimos versos en un solo coro: “vendrán tiempos de mierda, habrá que juntar a toda la izquierda.”
La diferencia entre ambos festejos era de menos de diez cuadras. Los militantes del NO pasaron en decenas de autos por delante de los festejos del SI, bucandoa provocarlos. Si uno observaba el tono del festejo, podría aventurar que fue un resultado aplastante. La única explicación de este encono es que, a pesar de contar con el voto en blanco a favor, nunca estuvo clara la victoria y su forma de descomprimir fue la provocación.
Podría haber terminado en una tragedia y en desmanes varios, pero la calma chicha uruguaya logró que solo fueran roces e insultos al aire. La policía arribó al lugar tarde, desviando a los provocadores del NO hacia otra avenida. Cerró la noche la murga Mi vieja mula con el espectáculo revelación del carnaval 2022.
Versión oficial
En Torre Ejecutiva, el presidente brindó declaraciones. Expresó su “apoyo personal” a todos los “hombres y mujeres policías del país que fueron utilizados injustamente estos días de campaña, cuando nos cuidan a todos los uruguayos”. Casi una ironía cuando la policía fue utilizado en campaña a través de volantes, balconeras y carteles.
Los militantes del “No” se reunieron frente a la Torre Ejecutiva en Plaza Independencia, la plaza más importante de Montevideo, para esperar los resultados y festejar la victoria
Dijo que para 2023 están pensando en la “oportunidad, la necesidad, si es que se dan las condiciones, de aflojarles el cinturón a los uruguayos en lo que hace a los impuestos, sobre todo a esa clase media baja que la pelea todos los días para llegar a fin de mes”. Promesa casi calcada de la de 2019 y que la realidad demostró todo lo contrario. Esta semana se espera el anuncio de una nueva suba de combustibles.
Lacalle Pou respondió a una pregunta sobre el rol central que pasó a ocupar sobre el fin de la campaña previa al referéndum. “Tengo la buena costumbre de hacerme cargo, no sé ir a media máquina. Creo en este proyecto de ley, creo en la LUC y sus contenidos para Uruguay”.
“Sentí la necesidad de ponerme al frente, no mido consecuencias. Después la gente juzga, pero no sirvo para borrarme”, dijo el presidente que hasta el momento no visitó una olla popular y que en Navidad fue a pasear al Congo cuando el día anterior una mutualista había cerrado y dejado a cientos de uruguayos sin trabajo en plenas fiestas de fin de año.
Lacalle Pou sortea un obstáculo importante en su gestión presidencial, a contrapelo de su padre que sufrió un duro revés en los 90 cuando el pueblo lo llevó a plebiscito su decisión de vender las empresas públicas, con un contundente 72 a 28 por ciento.
El saldo que deja esta elección es una militancia activa, que movilizó mucho desde abajo pero que no repitió los puntos positivos de la recolección de firmas. Se confirma que Uruguay tiene dos grandes bloques antagónicos y que no le sobra nada a ninguno de los dos. Se vive en un escenario casi idéntico al del 2019 pero con una izquierda movilizada y que debe mantener el ritmo y aprovechar este envión para realizar los revulsivos en sus filas que son de urgente consideración.
Con muchas dificultades en contra para llevar adelante la campaña pero también con saldos pendientes que se repiten: la falta de capacidad de comunicar de manera efectiva. Y aunque ello funcione de manera excelente, no alcanza. No alcanza con comunicar bien, hay que involucrar y hacer que el pueblo participe y no ser interprete de.
Como tituló el diario oficialista El País, “arrancó la carrera rumbo a 2024”.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Luego del repunte de 2021, se estima que el crecimiento en 2022 será en torno al 3% y mientras que en 2023 rodará el 2,5%. En buena parte se debe a un “arrastre estadístico” y se advierten posibles “amenazas”.
Luego del impacto que supuso la pandemia, la economía argentina vivió un repunte del 10,3% en 2021. Tanto el Gobierno Nacional como consultoras privadas pronostican un crecimiento sostenido para 2022 y 2023 en base a distintas proyecciones. De concretarse estas estimaciones, el PBI argentino crecería durante tres años seguidos por primera vez en 15 años.
La consultora Sarandí destacó en un informe que la última vez que la actividad creció durante tres años seguidos fue en 2008. Desde entonces, luego del bienio 2010-2011 -en el que hubo crecimiento- comenzó “la maldición de los años pares”, dicho que responde -según diferentes economistas- a los vaivenes de subas en 2013, 2015 y 2017, y caídas en 2012, 2014, 2016 y 2018. La crisis financiera de este último se extendió hasta 2019 y pandemia profundizó la caída de la actividad económica en 2020. Se completan así tres años consecutivos de caída por primera vez desde 2002.
En ese marco, los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), señalaron que el PBI crecerá 3% en 2022 y 2,2% el año próximo. En tanto, en el acuerdo del Gobierno con el FMI se prevé una expansión de entre el 3,5% y 4,5% para 2022 y de entre 2,5% y 3,5% para 2023. Por su parte el FMI pronostica un crecimiento de la economía argentina del 3% para este año y del 2,5% para el 2023.
El informe de Sarandí, advierte que “la posibilidad de sostener el crecimiento los dos próximos años se puede ver amenazada por diferentes avatares macro que rompan el proceso a la mitad”. Según detalla el documento puede darse “tanto un deterioro de los términos de intercambio, como un tipo de cambio poco apropiado para la competitividad de nuestra economía, puede reducir de manera sensible la disponibilidad de dólares, y de esa forma afectar la velocidad del crecimiento”.
Asimismo el informe remarcó que “otra rigidez tiene que ver con los aspectos financieros, dado que un incremento en el costo de fondeo para las empresas terminaría ralentizando la inversión productiva. En este punto hay una manta corta, producto de que un subsidio excesivo de tasa abarata el fondeo para la dolarización de activos y puede ser contraproducente”.
En tanto el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, señaló que “un escenario más optimista puede darse si los precios de los commodities mantienen y/o aumentan los términos de intercambio récord que hoy tiene nuestro comercio con el resto del mundo”, a lo cual agregó que “el desafío es que Argentina pueda aprovechar al máximo las nuevas condiciones de demanda de alimentos del mundo sin que se dificulte aún más el acceso a los sectores más desfavorecidos de nuestro país a la canasta básica alimentaria”.
El procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zaninni, ordenó la reapertura del sumario administrativo de la causa del Correo Argentino con el objetivo de investigar si hubo irregularidades de los funcionarios de Cambiemos.
La Procuración del Tesoro Nacional, reabrió un sumario administrativo para revisar la Causa del Correo a pedido de su máxima autoridad, Carlos Zaninni. La medida busca esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el acuerdo por el pago de la deuda de parte del Correo Argentino -del que la familia Macri era accionista-, al Estado en el trámite de la quiebra de dicha empresa.
La medida impulsada por Zaninni revocó una resolución del 3 de mayo de 2018 que llevó a cabo la gestión del organismo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Funcionarios del ente lo habían clausurado porque concluyeron que no hubo irregularidades imputables de ningún funcionario de la entidad.
La reapertura del sumario se consolidó luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo FederalPablo Cayssialis dictara un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa que denunció que ante el cierre del mismo en 2018, se encontró vulnerado su derecho a aportar pruebas a la investigación.
De este modo, Cayssialis determinó que se reabra la investigación contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos que aceptaron la oferta de pago por la deuda que Correo Argentino SA mantiene con el Estado y que significaba la quita de más de $70.000 millones de pesos.
En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro se subrayó que el organismo coincide con lo señalado en la sentencia. Asimismo, se sostiene que dicho respaldo responda a que “los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva”.
Durante la administración de Cambiemos el sumario administrativo fue cerrado por la entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, dado que la familia Macri era accionista de la empresa. En ese sentido, el ex presidente debió delegar su firma al existir un conflicto de intereses.
En ese entonces, el Estado aceptó la oferta del grupo Socma para abonar la deuda en 15 cuotas. Sin embargo, ante la objeción de la fiscal Gabriela Boquín, el pago no prosperó producto de una orden judicial que lo dejo sin efecto por considerarlo ruinoso para el Estado.
La Secretaría de Comercio Interior tomó la decisión hasta que concluya la investigación por “abuso de posición dominante” de la aplicación de mensajería instantánea ya que de cambiar de aplicación el usuario perdería comunicación con muchos de sus contactos.
La Secretaría de Comercio Interior, mediante la Resolución 224/2022 publicada en el Boletín Oficial, extendió la vigencia de la Resolución 492 del 14 de mayo de 2021, dictada por la ex secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que determina la prohibición de implementar las actualizaciones de “políticas de privacidad” a WhatsApp hasta que concluya una investigación en curso, que inició en mayo del año pasado, por presunto “abuso de posición dominante”.
La norma abarca a Whatsapp LLC, Meta Platforms Inc y “toda otra empresa controlada por esta última, que directa o indirectamente participen del negocio de la aplicación de mensajería Whatsapp Messenger“. Además se consideró que la plataforma incurría en “una situación de abuso de posición dominante“, ya que hubo evidencia empírica de que la demanda a nivel mundial de la aplicación, con más de dos mil millones de usuarios, supera ampliamente a plataformas alternativas como la de Telegram.
La resolución señala que las firmas deberán abstenerse de implementar o suspender “la actualización de las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad de Whatsapp Messenger, cuya entrada en vigencia se previó para el 15 de mayo de 2021“. Tampoco podrán “degradar la calidad del servicio y las funcionalidades de WhatsApp Messenger a los usuarios de la aplicación que no hubieran aceptado las Condiciones de Servicio y Política de Privacidad en cuestión“.
Asimismo, deberán abstenerse de “intercambiar los datos, metadatos y todo otro tipo de información proporcionados por los usuarios de WhatsApp Messenger o recopilados automáticamente por Whatsapp LLC, con otras empresas y plataformas controladas por Meta Platforms INC, incluso en los casos de usuarios que hubieran aceptado la actualización“. Las empresas deberán comunicar a sus usuarios la adhesión de la medida, ya sea a través de la misma aplicación o mediante el sitio web oficial.
Una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) comprobó que “WhatsApp tiene una penetración que supera el 76% de los teléfonos móviles en nuestro país“, en tanto “las demás aplicaciones de mensajería todavía tienen baja penetración“, es por esto que el usuario “no puede sustituirla sin perder este medio de comunicación con muchos de sus contactos“.
Hay una asimetría en el poder de negociación entre el usuario y WhatsApp, por lo que aquellos que tengan la aplicación “se verán obligados mayoritariamente a aceptar las nuevas Condiciones del Servicio, habilitando de ese modo a WhatsApp a que recopile datos personales excesivos y comparta la información personal de manera indebida con otras aplicaciones del grupo“, añadió la CNDC.
Finalmente, se advirtió sobre la explotación de los usuarios, ya que la actualización “formaría parte de una práctica sistemática que también tendría como objetivo la generación de metadatos para perfilar usuarios/compradores, es decir, para generar un activo difícilmente replicable por competidores potenciales o, en otras palabras, para generar barreras de entrada en el mercado de publicidad online“.
El 70% de lxs varones trans y personas no binaries dejaron de asistir al médico por temor a ser discrminadxs.
Un informe que llevó a cabo la Fundación Huésped junto a la Asociación de Travestis, Transexuales, y Transgéneros de Argentina reveló que el 70% de lxs varones trans dejaron de asistir a consultas médicas por miedo a sufrir hechos de discriminación.
De la investigación participaron 415 varones trans y personas no binaries. Siete de cada 10 manifestó haber dejado de hacer consultas por su salud sexual y reproductiva ante el temor de ser discrminadxs, rechazadxs, o estigmatizadxs por su identidad de género autopercibida.
El estudio titulado: “Estado de salud y factores asociados en masculinidades trans y personas no binarias de Argentina (ESTHAR)”, también evidencio que el 66% de las masculinidades trans estuvo expuesta a situaciones de maltrato en las consultas. En este sentido, advirtieron sentirse más cómodxs en el sistema público por ser más inclusivo que los centros privados, pese a contar con cobertura médica.
En relación a la vulnerabilidad social y familiar que atraviesa el colectivo, el 53,5% de quienes participaron de la investigación admitió que abandonó su hogar durante la adolescencia: mientras que el 48,5% lo hizo empujadx por hechos de discriminación, el 36% dejó su casa por cómo se sentía con su identidad.
La coordinadora del área de Investigación Social y Participación Comunitaria de la Fundación Huésped, Inés Aristegui, informó que la situación de los varones trans es incluso peor que la de las mujeres trans. En esa línea, sostuvo: “Sabíamos que 4 de cada 10 mujeres trans evitaban asistir por miedo a ser discriminadas, pero ahora nos encontramos que en el grupo de masculinidades trans e identidades no binaries son 6 de cada 10. Es decir que estamos frente a una población que tiene aún menos contacto con el sistema de salud”.
Asimismo, varones trans denuncian que, en gran parte, el personal de salud no está capacitado en diversidad sexual, lo que conlleva a malos tratos. La situación causa la segregación de este sector de la población que ante las agresiones no vuelven a las consultas.
El acceso al derecho de la salud se ve obstaculizado por la falta de conocimiento y el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, no solo en lo que compete al respeto por parte del personal médico de la identidad autopercibida de lx paciente, sino también respecto a la gratuidad en la cobertura de los diferentes tratamientos, que van desde hormonas hasta cirugías de modificación corporal como lo son las mastectomías y las faloplastías.
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