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El procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zaninni, ordenó la reapertura del sumario administrativo de la causa del Correo Argentino con el objetivo de investigar si hubo irregularidades de los funcionarios de Cambiemos. 

La Procuración del Tesoro Nacional, reabrió un sumario administrativo para revisar la Causa del Correo a pedido de su máxima autoridad, Carlos Zaninni. La medida busca esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el acuerdo por el pago de la deuda de parte del Correo Argentino -del que la familia Macri era accionista-, al Estado en el trámite de la quiebra de dicha empresa.

La medida impulsada por Zaninni revocó una resolución del 3 de mayo de 2018 que llevó a cabo la gestión del organismo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Funcionarios del ente lo habían clausurado porque concluyeron que no hubo irregularidades imputables de ningún funcionario de la entidad.

La reapertura del sumario se consolidó luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa que denunció que ante el cierre del mismo en 2018, se encontró vulnerado su derecho a aportar pruebas a la investigación.

De este modo, Cayssialis determinó que se reabra la investigación contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos que aceptaron la oferta de pago por la deuda que Correo Argentino SA mantiene con el Estado y que significaba la quita de más de $70.000 millones de pesos.

En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro se subrayó que el organismo coincide con lo señalado en la sentencia. Asimismo, se sostiene que dicho respaldo responda a que “los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva”.

Durante la administración de Cambiemos el sumario administrativo fue cerrado por la entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, dado que la familia Macri era accionista de la empresa. En ese sentido, el ex presidente debió delegar su firma al existir un conflicto de intereses.

En ese entonces, el Estado aceptó la oferta del grupo Socma para abonar la deuda en 15 cuotas. Sin embargo, ante la objeción de la fiscal Gabriela Boquín, el pago no prosperó producto de una orden judicial que lo dejo sin efecto por considerarlo ruinoso para el Estado.

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