Indignación selectiva y tierras mapuches en disputa

Indignación selectiva y tierras mapuches en disputa

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Villa Mascardi es zona de disputa, otra vez -si alguna vez lo dejó de ser-. El conflicto entre la Comunidad Lafken Winkul Mapu y les vecines de la zona tiene precedentes, pero esta vez se recurrió a la herramienta más utilizada por la derecha -y los diferentes sectores que se aglomeran allí- en los últimos meses de confinamiento: las marchas.

Historia de un conflicto sin fin

Hace años, la Lof Lafken Winkul Mapu se instaló en tierras fiscales en el marco de la recuperación de su territorio, en la zona de Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, al costado de la Ruta Nacional 40. Desde ese momento, el conflicto no cesó.

Tal vez el episodio más recordado fue el que se dio en noviembre de 2017, cuando el juez federal subrogante en Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó el desalojo de la comunidad de las tierras por una denuncia de usurpación emitida desde el organismo de Parques Nacionales. Una patrulla de Prefectura Naval se acercó al lugar, reprimieron a la comunidad y se llevaron una vida con ellos, la de Rafael Nahuel.

Es necesario mencionar que solo el departamento de Bariloche concentra el 43% de las denuncias recibidas entre 2012 y 2015 por conflictos de este tipo, según informa el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, en la documentación sobre la zona andina.

Durante este año, en el marco que presenta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la comunidad se siente más desprotegida que nunca. La invisibilización de sus reclamos y, principalmente, el hecho de no poder hacer frente públicamente y de forma pacífica a las denuncias de les vecines, dejan a la Lof desamparada y marginada.

Estos episodios comenzaron en mayo, cuando efectivos de la policía provincial de la Comisaría 42 se acercaron a la zona y cortaron la ruta para asentarse al lado de la comunidad. Acto seguido comenzaron a disparar sin motivo alguno. Luego se retiraron del lugar para ingresar al territorio desde otro sector con bidones de nafta, y prendieron fuego una casa abandonada cercana.

Nuevo episodio del conflicto

Desde hace semanas comenzó una campaña de criminalización en contra de la comunidad por parte de les vecines y por supuesto, con el apoyo de los medios locales y nacionales que tienen intereses por detrás, que se pueden constatar con tan solo leer los apellidos y relaciones de las cabezas que comandan el negocio.

Es así que les vecines de Bariloche se convocaron el 29 de agosto en una marcha en la ruta, “ante el atropello de un puñado de delincuentes que van por reservas naturales y por la propiedad privada”. Si no fuera por la palabra “privada”, esta caracterización quedaría más adecuada para los grandes empresarios del lugar.

Fuente: Cosecha Roja

Se manifestaron a orillas del Lago Mascardi “en defensa de la propiedad privada y para que todos podamos disfrutar del lago”, sin embargo, no le reclaman a Lewis que ocupó las orillas del Lago Escondido por un precio vil, según lo que comentaron organizaciones.

Desde el gobierno nacional se tomaron cartas en el asunto. Se abrió una mesa de diálogo integrada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la de Justicia, Marcela Losardo, y que además está a cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A nivel local, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, no está totalmente de acuerdo con el funcionamiento de este espacio, denuncia que el INAI no distingue entre las comunidades mapuches y los grupos violentos.

Además, Frederic, impulsó una denuncia ante la fiscal federal de Bariloche, Silvia Litle, para que investigue si en este banderazo se cometieron delitos de apología al crimen y asociación ilícita.

Este reclamo de la Ministra de Seguridad de la Nación no surge de la nada. De la mano de la marcha, se denunció a un grupo de personas no identificadas que dispararon desde un móvil, entre otras situaciones que ponen en constante peligro a las comunidades.

A los funcionarios que denuncian el accionar del Ministerio de Seguridad de Nación se le suma la ex ministra del mencionado ministerio, Patricia Bullrich.

Vale la pena recordar, que “Pato” estuvo involucrada en diferentes operativos que violentaron más de una vez a comunidades. El más recordado: el asesinato de Santiago Maldonado.

Quienes sí y quienes no

Fuente: ANRED

Cuando se trata de la repartición de tierras entre un par de apellidos con renombre, luego del genocidio ejecutado por la campaña militar de 1879, la indiferencia inunda a las ciudades. Pero cuando estamos hablando de la recuperación de tierras enmarcada en una ley nacional que reivindica a las comunidades que habitaron el lugar ancestralmente hasta que fueron expulsadas y violentadas, se dice que no es “correcto” y que se atenta contra la propiedad privada.

No fue hasta 1994 que el Estado reconoció la preexistencia y los derechos de estos pueblos. Pasaron 26 años y nos damos cuenta de que no es -ni por cerca- una discusión saldada.

Los discursos que se generan no tendrían tanto peso si no fuera por el aval de los medios y de los funcionarios que permiten la difamación de los pueblos mapuches. Se ha dicho que incendian casas, que tiran piedras a personas y autos que transitan por la ruta 40, que son violentos y anarquistas. Sin embargo, las comunidades denuncian hace tiempo que se acercan a ellos personas o autos con la intención de dispararles o herirles de alguna forma. Se escuchan las voces y los adjetivos que convienen.

Otro punto es que siempre que se habla de estos conflictos nunca se escuchan realmente los reclamos legítimos de las comunidades; existen documentos enmarcados en la Ley de Ordenamiento Territorial a la que pueden recurrir. Pero la discusión se enfoca en el aspecto informal en donde los papeles no constatan los hechos: los mal llamados “enfrentamientos” que alegan al “algo habrán hecho” son puramente confirmados por las palabras, y en este escenario sabemos que algunos voceros tienen más credibilidad que otros. Si un mapuche habla, oídos sordos; si un funcionario habla, todos los micrófonos apuntan a él.

La indignación selectiva es otro factor que entra en juego: ¿Por qué contra los mapuches sí y con las apropiaciones corporativas no? Al parecer un magnate extranjero es más digno de ocupar una tierra que quienes fueron expulsades de ellas y hoy reclaman su reivindicación.

Fuente: LM Neuquén

También entra en la discusión mediática si los mapuches son “realmente mapuches” o no. Se los juzga con el “argumento” de que algunes de elles no viven en el campo, sino que se asentaron en las ciudades. Con su expulsión de las tierras ya mencionada ¿dónde más se espera que vivan? Las trayectorias históricas y las experiencias de vida de las diferentes familias son distintas, pero eso no hacen a algunas más mapuches que otras.

La discusión se debe orientar a los intereses que existen sobre esas tierras y quiénes son los verdaderos enemigos. La distribución equitativa de tierras es una necesidad que involucra a muchas familias. Ese es el reclamo que se debería escuchar en los medios, no los que son funcionales a los negocios inmobiliarios, turísticos y los relacionados al aprovechamiento desmedido de bienes comunes.

Solo cuesta aprender sobre nuestra historia bañada en sangre para entender los reclamos y darles el lugar que se merecen.


Fuentes:
https://headtopics.com/ar/conflicto-por-la-tierra-racismo-contra-los-mapuches-la-indignaci-n-selectiva-contra-los-ind-genas-15465838
https://rnma.org.ar/2020/09/05/lof-lafken-winkul-mapu-orgullo-de-ser-mapuche/?fbclid=IwAR1fxaX7CjawXx8p6kRYtGHFMFZRes3oHuJg5EHrtHtzdMyLle8S2eb8cLU
http://cosecharoja.org/el-conflicto-mascardi-y-la-mirada-racista-sobre-el-pueblo-mapuche/

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Nadie se puede quedar sin techo

Nadie se puede quedar sin techo

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El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No es únicamente el mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.

El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todes, poder aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada.

Dos mujeres en la toma de Guernica

En determinados casos, sin embargo, el Estado deba proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por desastres naturales o a los grupos más vulnerables de la sociedad que son los que más dificultades presentan a la hora de acceder a una vivienda.

Debe haber también un acceso sostenible -y no discriminatorio- a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Todas las personas deben tener acceso al agua potable, a la energía para la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a las cloacas y a los servicios de emergencia.

El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Estos son: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28).

En Argentina, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios populares, y la dificultad que se presenta a la hora de acceder a una propiedad. A su vez, la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes que tienden a ser para personas de medio o alto poder adquisitivo acrecientan año a año los problemas habitacionales. En los últimos años el creciente desempleo, la devaluación, la inflación, la caída del salario y sumado este contexto de pandemia han provocado una profundización de la crisis en el país.

Tomas de Guernica

Lo explicado anteriormente encuentra su consecuencia en lo que ha sido, por ejemplo, la toma de un predio de unas 100 hectáreas en Guernica, partido Presidente Perón. Alrededor de 2500 familias sobreviven en un descampado hace un mes y medio. Empujados por la falta de un hogar donde vivir y para evitar estar en situación de calle, estas familias decidieron ocupar el terreno ubicado al sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio.

Ana Rolón es una de las miles de personas que tomaron un pedazo de tierra en Guernica. Llegó al predio hace un mes junto a su marido y sus tres hijos, luego de que los echasen de la casa que alquilaban porque su pareja se quedó sin trabajo en el contexto de la cuarentena. “Necesitamos un pedacito de tierra para hacer crecer a nuestros hijos de manera digna. Para no estar en la vereda de la calle, con los hijos cartoneando, muriéndonos de frío con temperaturas de bajo cero. Nos echaron del alquiler y nos arrinconamos donde encontramos un lugar”, contó Ana en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que su historia es la del 80 por ciento de las personas que se encuentran con ella en aquel predio de 100 hectáreas. “No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación”

La Justicia penal de La Plata ordenó el pasado 8 de septiembre el desalojo de las tierras tomadas. El operativo sería en una fecha a definir y en horario diurno. La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que el procedimiento se deberá realizar “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio”, pero también establece que se recurrirá “al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”. La policía está habilitada a usar la fuerza en caso de que no quieran abandonar el terreno, y si no hay un acuerdo previamente, esto es muy factible que suceda.

Las familias que ocupan el predio emitieron un comunicado repudiando este fallo de la justicia. “Nos desalojarán ¿y qué harán con las decenas de miles de familias que están en situación de calle. Somos laburantes, changarines, desocupades, familias y niñes que necesitamos un cambio social para vivir una vida digna”, afirman.  

Según denuncian los delegados de la toma, el terreno abandonado durante años es pretendido para ampliar el “Country&Club San Cirano”. Por eso, las familias expresaron el “total repudio” a la orden de desalojo de “la llamada Justicia” y denunciaron que “cumple su papel defendiendo los intereses de los countries”.

“Pocos días tardaron los jueces de la Cámara en afirmarse en su concepción de ‘justicia’ injusta. Estaban entre defender la concreción de un par de canchas de rugby para el country con dudosos papeles o defender el interés de millones que tienen problemas habitacionales”, apuntaron los delegados de las diferentes organizaciones que acompañan la toma.

Derribando mitos

La ocupación de un bien inmueble en contra de la voluntad de su está penado, según el Código Penal, dependiendo de si hay violencia o intimidación. Si hay violencia, es un delito penal. Sin embargo, cuando no la hay, es un problema del derecho civil como sucede en las ocupaciones de tierras como consecuencia de la crisis habitacional crónica que sufre la Argentina.

– En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que abarca la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la rodean, incluyendo la capital provincial, desde antes de 1970 hasta la década del 2010 existieron 1297 barrios populares nacidos de la ocupación de tierras según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

– Estos barrios forman parte de los 4400 asentamientos precarios relevados también por este registro a partir del cual en 2018 se sancionó la Ley de Barrios Populares con el objetivo, entre otros, de promover la integración socio urbana de estos lugares y declarar de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones las tierras en las que se asientan villas de emergencia.

– De acuerdo a este relevamiento, el 93,81% de estos asentamientos no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.


Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/290737-la-justicia-ordeno-el-desalojo-de-las-tierras-de-guernica
https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica
https://amnistia.org.ar/derechosenjuego/vivienda-propia

Juan Martín Palermo
Juan Martín Palermo

Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.

De la “política militar” a la “política de defensa”

De la “política militar” a la “política de defensa”

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En 1988, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se aprobó la Ley de Defensa Nacional. El proyecto fue redactado en conjunto por peronistas y radicales y obtuvo amplia mayoría en el Congreso. Sin embargo, durante los siguientes 18 años, la agenda de la defensa se vio dominada por la necesidad de subordinar y limitar el comportamiento político de las Fuerzas Armadas.

El capítulo de cierre de la agenda centrada exclusivamente en el control civil llegó finalmente en 2006. El gobierno de Néstor Kirchner impulsó la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional a través del Decreto N° 727/06, mediante el cual se aclaraban algunos puntos que habían sido objeto de interpretaciones diversas. En este sentido, se dejaba explícito que las FFAA iban a ser empleadas en agresiones de origen externo y estatal. Cabe destacar -y es importante prestar atención a este punto- que durante los 90 y a principios de los 2000, hubo presiones yanquis para incorporar a las FFAA de la región a la lucha contra “las nuevas amenazas”, identificadas en el terrorismo y el narcotráfico.

Contexto regional

A lo largo de la historia hemos visto que la política de Defensa Nacional ha ido cambiando de acuerdo a los intereses estratégicos en el contexto internacional y especialmente regional. En este sentido, las Fuerzas Armadas han desarrollado diversas tareas: en algunos casos enmarcadas en la promoción del desarrollo institucional, económico y social; y en otros, como parte de un instrumento de represión y disciplinamiento social.

La última dictadura cívico-eclesiástico-militar en Argentina no fue la única de la región. Por el contrario, hubo procesos militares en varios países del continente, y como afirma la periodista y escritora Telma Luzzani, “durante los 60 y 70, Estados Unidos hizo esfuerzos por comunicar las Fuerzas Armadas de la región con el Pentágono”.

Los objetivos quedaron claros un tiempo después. Había un fin político-económico, que implicaba la consolidación del neoliberalismo como sistema; y una meta militar (que encontró en la Escuela de las Américas su vehículo): ejercer un control sobre las fuerzas armadas de la región (así podrían saber qué iban a hacer nuestros militares, recolectar información, conocer con qué tecnología contaba cada ejército y por lo tanto, cuáles eran las capacidades militares de cada uno de ellos).

A comienzos del siglo XXI, Nuestra América vivió procesos transformadores, liderados por gobiernos progresistas en la región, que impulsaron organismos de cooperación económica y militar sin la participación de Estados Unidos, como Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), la UNASUR y la Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS), entre otras.

Ante semejante “descaro” de los pueblos nuestroamericanos, Estados Unidos ha respondido, como analiza Luzzani, con una creciente militarización, el desconocimiento explícito de las leyes internacionales, y durante los últimos 10 años, apoyando el avance de derechas antidemocráticas (el caso más explícito es el del golpe a Evo Morales en Bolivia), y promoviendo el caos, principalmente, a través de nuevas técnicas (ataques informáticos, pulsos electromagnéticos dirigidos, terrorismo mediático, lawfare).

12 años de avances hacia una “política de defensa”

Durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Defensa de la Nación (2005-2010) se registraron los avances más significativos en materia de conducción efectiva de la política de defensa. A la profundización de la política de “revisión del pasado”, se sumó el avance en la materialización de los desafíos que afectan la conducción estratégica del sector.

En 2006, por primera vez, se convocó al Consejo de Defensa Nacional, con el objetivo de elaborar un diagnóstico sobre la situación estratégica nacional, y se firmó el Decreto 1691/2006, que aprobó la Directiva sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas, que establecía las pautas para el diseño, empleo y selección de equipamiento para el Instrumento Militar. Esto, sumado a la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional (Decreto 727/06), que vino a saldar una deuda de 18 años, trazó un corte fundacional en la política de defensa.

Nilda Garré y Néstor Kirchner

Otra medida de relevancia fue la sanción del Decreto 1729/2007, que instauró un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) -basado en el método de capacidades militares en reemplazo del de hipótesis de conflicto-, conducido en su totalidad por el nivel político. La normativa establecía que cada Ciclo debía iniciarse con el dictado de una Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) concebida por el Ejecutivo.

Los Decretos 1714/09 y 2645/14 establecieron las DPDN de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en las que se asentaron las apreciaciones estratégicas de la Argentina en torno al escenario global y regional, e instruyeron al Ministerio de Defensa y a sus dependientes Fuerzas Armadas, a adecuar su estructura, funcionamiento y previsiones en virtud de las exigencias allí contempladas.

Las DPDN de 2009 y 2014 describían a Sudamérica como una “zona de paz”  atravesada por diferentes instancias de cooperación y confianza en materia de defensa, seguridad internacional y ayuda humanitaria. En efecto, mutaron las percepciones de amenaza y desconfianza entre los países de la región, lo que derivó en una modificación conceptual sobre el papel de las Fuerzas Armadas.

En síntesis, el escenario regional se caracterizaba por ser una región libre de armas de destrucción masiva, por la resolución de conflictos a través de canales diplomáticos u organismos regionales (con especial hincapié en la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano), medidas de cooperación y transparencia en materia militar, y apoyo a los esquemas de seguridad colectiva, sin que ello implique la renuncia a la defensa autónoma.

2015-2019: Un gobierno PRO retrocesos

Durante el gobierno de Mauricio Macri se experimentaron una serie de retrocesos incrementales en el diseño del planeamiento estratégico de la defensa. A través del Decreto 683/2018 se modificó la Reglamentación de la Ley de Defensa Nacional del 2006, alterando la voluntad de les legisladores en lo relativo a la misión principal del Instrumento Militar (repeler agresiones de origen externo).

Asimismo, a través del Decreto 703/3018 se dictó una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que implicó un alineamiento irrestricto con la mirada que impulsa el Comando Sur de los Estados Unidos hacia los países nuestroamericanos (pero que obviamente Washington no comparte fronteras adentro).

¿Qué implicaba la nueva DPDN (que casualmente se dictó después del préstamo más grande que haya hecho el FMI en su historia)? Que nuestras FFAA hicieran exactamente lo que se proponía desde la Casa Blanca. Si une presta atención al documento que daba inicio al nuevo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, el escenario regional caracterizado por el gobierno de Macri no hace ni una referencia a la UNASUR y se privilegia a la OEA en la resolución de controversias (tras la convocatoria del TIAR contra Venezuela y las elecciones de 2019 en Bolivia, no hay mucho más que agregar).

Durante su gestión, Oscar Aguad recibió al jefe del Pentágono

Como si todavía no quedaran muy explícitas las intenciones, el documento identifica a Venezuela como una amenaza a la consolidación de la paz sudamericana; asigna, pese a la claridad de la normativa vigente (Ley de Defensa Nacional, Ley de Seguridad Interior y Ley de Inteligencia Nacional), un rol a las FFAA en misiones de seguridad; busca forzar una relación entre la región sudamericana y el “terrorismo” islámico, a partir de una caracterización de la Triple Frontera; y describe cuestiones de seguridad como el “tráfico de armas ligeras y pequeñas”, el “crimen organizado” y el “narcotráfico”.

Además de derogar las anteriores DPDN, el Decreto 703/18 también culminó la vigencia del Decreto 1691/2006, buscando herir el corazón de la integración regional en materia de defensa (quedarán para otro capítulo las implicancias de la direccionada destrucción de la UNASUR).

Desafíos

Con el retorno de Agustín Rossi al Ministerio de Defensa, en junio de este año, se retomó la conducción política del planeamiento estratégico de la defensa, lo que supuso dejar atrás el “modelo delegativo” de Mauricio Macri.

A través del Decreto 571/2020 se derogaron los Decretos 683/18 y 703/18, con un decidido impacto sobre los lineamientos estratégicos que deben conducir la política de defensa nacional. La norma emitida implica el retorno de la Reglamentación original de la Ley de Defensa Nacional y el restablecimiento del Decreto 1691/06, lo que constituye una decisión fundamental con vistas a un nuevo Ciclo de Planeamiento.

Además de recuperar la voluntad original del legislador al sancionar el entramado normativo de la Defensa Nacional, la decisión instruye al ministro de Defensa a que eleve en el plazo de seis meses una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.

En este marco, es fundamental desarrollar una política de defensa autónoma, cooperativa y defensiva; una política propia que no esté anclada en los intereses de grandes potencias que dirimirán sus conflictos a través de territorios terceros. La construcción de una política de defensa debe tener en cuenta la consolidación de una zona de paz en la cual puedan desarrollarse plenamente los intereses nacionales.


Fuentes:
– Luciano ANZELINI, Iván POCZYNOK (2014). “El planeamiento estratégico militar en la Argentina (2003-2013): Reflexiones en torno al Gobierno Político de la Defensa” en Austral: Revista Brasileira de Estratégia & Relações Internacionais, v.3, n.6 (p. 143-167).
– Luciano ANZELINI (2017). “El gobierno de Macri y la (re)militarización de la seguridad pública (2015-2017): algunos apuntes para la discusión” en Colección Gobierno y Seguridad, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.
– Jorge BATTAGLINO (2011), “Política de defensa y política militar durante el kirchnerismo” en De Luca, M. y A. Malamud, (comps.) La política en tiempos del kirchnerismo. Eudeba, Buenos Aires.
https://www.zona-militar.com/2020/07/03/politica-de-defensa-argentina-una-reflexion-acerca-del-decreto-no-571-2020/
https://www.pagina12.com.ar/275553-agustin-rossi-en-seis-meses-tendremos-que-elaborar-una-nueva
https://www.elcohetealaluna.com/volver-a-lo-propio/
https://www.pagina12.com.ar/276304-un-enorme-avance-en-defensa-nacional

Miranda Cerdá Campano
Miranda Cerdá Campano

Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta. 

Paridad salarial: un paso enorme hacia la igualdad en el fútbol

Paridad salarial: un paso enorme hacia la igualdad en el fútbol

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El fútbol femenino mundial celebra el paso gigante que dieron Brasil e Inglaterra al anunciar la equidad de condiciones para sus selecciones masculinas y femeninas.

Para comprender el tamaño del logro histórico en igualdad de ingresos para hombres y mujeres que se logró en estas dos selecciones hace unos días atrás, se debe entender que ese fruto es de la lucha que se viene gestando ya hace varios años en cada uno de los países; que se suman al selecto grupo de Australia y Nueva Zelanda como los pocos países en contar con este avance.

Para ponerlo en claro, tanto la selecciones femeninas como las masculinas, de Inglaterra y de Brasil, recibirán el mismo ingreso económico y de viáticos cada vez que disputen un torneo o una copa, es decir que la remuneración por jugar será igualitaria.

La Verdeamarela es la primera en el continente americano en garantizar la igualdad salarial. Las diferencias salariales que percibía cada selección de Brasil eran inmensas; según las cifras de hace tres años, que Folha de S.Paulo mostró, cuando el partido era en el extranjero, las jugadoras recibían un salario sustancialmente menor, y en reales, y los varones cobraban montos mayores en dólares. Las mujeres que representaban a Brasil en el fútbol cobraban 250 reales por partido, mientras que sus colegas masculinos percibían 34 veces más: 1.600 dólares por partido. Además, por cada jornada de entrenamiento en Brasil, ellos cobraban -hace tres años- 500 reales (95 dólares) y las jugadoras, menos de la mitad. 

La primer competencia en la que percibirán la misma ganancia en todos los aspectos será en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y luego seguirán los mundiales. Así lo expresó Rogerio Caboclo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la sede de Rio de Janeiro.

Ya hace varios años que Brasil es el estandarte en materia futbolística en Nuestra América, pues es de las pocas selecciones que posee inferiores con una preparación avanzada: hay 36 clubes profesionales en los 27 estados del país, con campeonatos de fútbol base en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18. En 2019, el Brasileirão otorgó por primera vez los mismos premios a hombres y a mujeres. Sin dudas esta es una de las razones por la cual las jugadoras llegan con una gran trayectoria a la Selección Mayor.

Sin embargo está decisión no se impulso por sí sola; detrás de ella hay una lucha gigante por parte de jugadoras, directoras técnicas, dirigentas y coordinadoras que han protestado y visibilizado la causa de igualdad de condiciones en varias oportunidades.

Marta Vieira da Silva es la mejor jugadora en la historia de Brasil y además fue seis veces galardonada como la mejor del mundo, pero también es un símbolo de lucha en conjunto ya que en el último Mundial de Francia 2019 se negó a jugar con una marca en su botines y protestó: “Necesitamos apoyo. Pero más que apoyo, necesitamos respeto. Y dar valor es la mejor forma de mostrar respeto a alguien. En el deporte. En la vida. Por eso la equidad es algo por lo que todas y todos todavía debemos luchar. Y la hora de actuar es ahora”. 

Algo que también se destaca es el rol de las dirigencias y en este punto en específico es necesario nombrar a las dos coordinadoras de fútbol femenino, Duda Luizelli y Aline Pellegrino, que ayudaron desde la parte dirigencial en el acuerdo de este proyecto en Brasil, y serán quienes lo motoricen y hagan cumplir de ahora en más.

Sectores en disputa

Sin dudas este avance se toma como positivo en el ambiente pero todavía hay terrenos a disputar: los medios de comunicación hegemónicos, los premios otorgados por la FIFA y la misma sanción en las selecciones faltantes y clubes, por solo mencionar algunas.

Los medios de comunicación hegemónicos fueron los que a pocas horas de salir el anuncio sobre la paridad salarial, comunicaron rápidamente y de manera despectiva que jugadores millonarios como Neymar, Gabriel Jesus o Firmino tendrían que percibir lo mismo que jugadoras como Marta o Leticia Santos en la Selección.

Por otra parte, luego de Francia 2019, la FIFA decidió empezar a fomentar enormemente el fútbol femenino y destinar sumas millonarias a cada delegación que las representa; vio lo que generaba el fútbol femenino a nivel mundial y los récords televisivos que se habían dado. 

Sin embargo, el premio que se les entregó a las campeonas estadounidenses en Francia 2019 era 8 veces inferior al percibido que su los franceses en Rusia 2018 (34 millones).

Siguiendo con los puntos descritos, hay varias selecciones femeninas que han tratado de implementar esto en sus países en casos en los que incluso son mejores representantes a nivel futbolístico que sus pares masculinos. La selección femenina de Estados Unidos, tetracampeona del mundo, y la mejor selección de Francia de 2019 vio frustrada la posibilidad de percibir el mismo salario que sus pares masculinos. Pese a esto, la demanda de 30 jugadoras sigue en pie.

El último punto de está lista, pero el espacio más complejo de disputar, son los clubes: las variables son muy diferentes porque se deben tener en cuenta los salarios, a qué apuntan los sponsors y las directivas para incentivar el acompañamiento de hinchas o socios en las gradas. Acá la diferencia es muy grande: en el femenino se mueven entre 3 mil a 7 mil espectadores, un número muy por debajo de la cantidad que asisten en el masculino.

Sin embargo, el feminismo y los espacios que empujan para que se de la igualdad en el deporte trabajan sin descanso para ir paso a paso cumpliendo esta meta y gracias a ellas es que se pone en cuestión el machismo en el fútbol; desde el derecho de jugar en condiciones dignas, pasando porque la remuneración sea la misma, hasta poder ocupar espacios directivos para discutir la toma de decisiones dentro de un club e incluso poner en discusión cosas que pasan por fuera del deporte como los protocolos de violencia de género.

Todo lo que se está logrando es gracias a la lucha, la disputa y la visibilización de aquello invisibilizado dentro del deporte más grande y consumido del planeta. Como indicó la CBF, “esto es parte del viaje de transformación hacia la equidad de género en el fútbol, el deporte más popular en el gigante latinoamericano”.


Eduard Paz
Eduard Paz

Proveniente del sur, me instalé en la ciudad. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.


Fantasía y realidad: dos dimensiones con límites cada vez más difusos

Fantasía y realidad: dos dimensiones con límites cada vez más difusos

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El cine anda diciendo

 “Los hechos y personajes retratados en esta película son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia”. Esta frase, muy utilizada en el séptimo arte, nos deja en claro que la continua seguidilla de hechos que veremos a continuación nunca tuvieron un lugar en la historia, pero al contrario del efecto buscado, nos abre el espacio a lxs espectadores de encontrar paralelismos por todas partes.

 “Avatar es una película estadounidense estrenada en el año 2009 escrita, producida y dirigida por James Cameron”, nos comenta Wikipedia. La historia se sitúa en el año 2154, en Pandora, una luna del planeta Polifemo habitada por una raza humanoide llamada Na’vi, con la que los humanos se encuentran en conflicto ya que uno de sus clanes está asentado alrededor de un gigantesco árbol que cubre un inmenso yacimiento de un mineral muy cotizado y que su posesión supondría la solución a los problemas energéticos de la Tierra: el unobtainium.8​9.

“Ahora quién manda imbécil”, es la frase que pronuncia el protagonista de la película a la hora de enfrentarse con una criatura desconocida en sus primeras escenas habitando tierra extraña. Esta particular narrativa no solo nos habilita para encontrar claras similitudes a lo largo de nuestra historia ante el “encuentro” con un otrx cultural, sino además ilustra sintéticamente el arquetipo perfecto del sujeto burgués. 

El antropocentrismo es la doctrina que sitúa al hombre como medida y centro de todas las cosas, fundamento teórico necesario para el ascenso del modelo de acumulación capitalista y, por ende, condición necesaria para el proceso de conformación de la identidad del hombre blanco occidental. La naturaleza en tal ordenamiento se constituye como un medio, proporcionando al esquema una simple función instrumental.

Tal como nos anticipo Marx con la incorporación del concepto de acumulación originaria, el proceso ininterrumpido en el cual se despoja de los medios de producción a gran parte de la humanidad no solo sigue su curso en la actualidad, al parecer el futuro vaticina un pronóstico similar. Si nos detenemos por unos segundos y hacemos el ejercicio de transportamos a la temporalidad que nos propone la película, esta lógica abominable logra ser exportada a otro planeta.

“Si quieres algo, construye una guerra”, es la frase con la cual el Coronel Miles, uno de los villanos, explicita su estrategia. Al parecer la violencia planificada por medio de la utilización de un aparato tecnológico y armamentístico continuaría constituyéndose como el método más efectivo a la hora de conseguir el beneficio de unos pocos a cambio de la miseria de muchos.

Un dato interesante de la película, por fuera de su realización, es la exitosa recepción que cosechó: la misma logró hacerse con el título de la más taquillera de la historia del cine ostentando dichos honores hasta la actualidad. Estos resultados claramente son atribuibles a los medios con los que cuenta la gran industria de Hollywood, que a la hora de invertir en estos tanques cinematográficos no califican los presupuestos modestos.

Pero aventurándonos en una lectura más sociológica, podríamos traducir el éxito, entre sus tantos factores, por el claro mensaje político que esboza el contenido audiovisual. Lo cierto es que Avatar vino a inaugurar una década caracterizada por el triunfo de las historias distópicas: Black Mirror (2011), Los juegos del hambre (2012) o Divergente (2014) son algunas de las tantas tramas que lograron transportarnos por unas horas hacia un futuro desolador.

Catástrofes nucleares, tecnologización de la vida o el agotamiento de recursos naturales, ya no son narrativas exclusivas para catalogar una película bajo el género de ciencia ficción: semejantes escenarios no logran escaparse al juicio a posteriori encarnado en el típico pronóstico “esto va a pasar”, que vociferamos al culminar algunos de sus relatos.  

Película anglosajona leída en clave latinoamericana

El recorrido cronológico que nos regala el cine buscando rastros olvidados en el pasado o practicando algún tipo de futurología nos sirve además para rastrear antecedentes en el presente. En la Argentina de los últimos días, la difusión de las fuertes imágenes que ilustran los incendios forestales en las sierras cordobesas mantuvo en vilo a gran parte de la sociedad. 

Por otra parte, tuvieron lugar varias manifestaciones populares con consignas muy heterogéneas pero atravesadas por un mismo significante: denunciar procesos de Ecocidio. Entre los reclamos podemos encontrar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires el pedido por la aprobación inmediata de la Ley de Humedales que se está debatiendo en el Congreso y el rechazo al acuerdo porcino con China para producir carne de cerdo. En otras latitudes como lo son las provincias de Chubut y Mendoza ya son habitúes las concentraciones para frenar el avance de proyectos mineros.

Teniendo en cuenta estas claras manifestaciones podríamos plantear la siguiente pregunta: ¿Se inaugura una nueva coyuntura política en donde el ecologismo se constituya como una consigna articuladora de las diferentes demandas sociales? Maristella Svampa es una mujer que logró convertirse en una voz disonante dentro del campo intelectual y una clara referencia para guiarnos en la interrogación que nos acabamos de hacer.

En su perfil de Twitter figura la siguiente descripción: “Socióloga, escritora, investigadora anfibia del sistema público argentino. Sempiterna patagónica que piensa en clave latinoamericana y de crisis civilizatoria”. En su larga carrera académica podemos rastrear sus fuertes críticas al proyecto neoliberal puesto en marcha en el último periodo del siglo XX en Latinoamérica, pero además plantea una reactualización de las relaciones de dependencia bajo el signo del extractivismo en los distintos gobiernos progresistas.

En los años 2000, Latinoamérica tomó un nuevo giro con la emergencia de diferentes gobiernos que, apoyándose en políticas económicas heterodoxas, se propusieron articular las demandas promovidas «desde abajo», al tiempo que valorizaron la construcción de un espacio regional latinoamericano (Svampa, 2017).

El escenario desolador que construyeron las políticas del Consenso de Washington supo delegar en las dirigencias del nuevo siglo una pesada responsabilidad. Los altos índices de pobreza y desempleo habilitaron los debates en torno a la distribución del ingreso, logrando traducirse con posterioridad, en políticas públicas ocupadas en atenuar los efectos de la desigualdad.

La decisión política de gestionar de manera más igualitaria el bien público no solo estuvo acompañada por elementos ideológicos propuestos por los diversos movimientos de corte nacional y popular, sino además fue signado por un elemento fundamental: el boom de las commodities.

Las economías latinoamericanas fueron enormemente favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios, lo que se pudo ver reflejado en las balanzas comerciales hasta los años 2011-2013. Esta serie de elementos habilitaron el retorno de una visión productivista del desarrollo, generando del mismo modo la manifestación de las propias contradicciones al interior del propio paradigma, como los daños ambientales y sus impactos sociosanitarios.

Ahora bien, teniendo en cuenta el actual contexto histórico en términos económicos y sanitarios por la presente pandemia que golpea al mundo y sin olvidarnos como elemento sustantivo el viraje hacia la derecha en gran parte de la región latinoamericana, ¿es pertinente incorporar consignas en clave ecológica que pongan en jaque al modelo de producción extractivista?

La respuesta es claramente afirmativa, no solo construida en una dimensión moral abstracta, sino que dichas iniciativas son claras manifestaciones de la realidad. La «ambientalización de las luchas» se ve reflejada en la emergencia de diferentes movimientos socio-eco-territoriales, rurales y urbanos, indígenas y de carácter multiétnico, orientados contra sectores privados como corporaciones -en gran parte transnacionales- así como contra el Estado, en sus diferentes escalas y niveles (Svampa, 2017)

Es necesario no parar de reconocer en tal recorrido el papel que jugaron los pueblos originarios ante el triunfo de la globalización en la década de los 90’. A través de su lucha por la diferenciación y la reivindicación de las diferencias de orden racial, también denunciaron con mucha fuerza los modelos de desarrollo hegemónicos por su visión instrumental y antropocéntrica de la naturaleza.

El licenciado en ciencias ambientales Inti Bonomo, en una entrevista para el programa radial Últimos Cartuchos, comentaba sobre la falsa dicotomía que se plantea alrededor de los conceptos de medio ambiente y producción. Lo cierto es que tal discusión suscita hasta el día de hoy grandes debates.

Uno de los pilares centrales de los espacios políticos más progresistas concentra sus esfuerzos en la producción como principal herramienta que genere empleo digno. Esta perspectiva es esencial para erradicar la pobreza estructural en la región, pero el presente contexto demanda de manera urgente articular dentro de la lógica productivista mecanismos que ayuden a enfrentar de una vez por todas las contradicciones ecológicas de los propios sistemas productivos.

¿Salud integral?

A lo largo de la historia reciente, se pueden detectar ciertas constantes en relación a las grandes crisis del sistema capitalista. Teniendo en cuenta tales referencias y permitiéndonos hacer un recorte en el análisis que solo incluya al territorio nacional, el advenimiento del Covid-19 logró habilitar el debate sobre el rol del Estado en un escenario de emergencia sanitaria. Siguiendo con la línea de interrogantes ¿la política del cuidado, en ese sentido, no debería incorporar una perspectiva ecológica?

La pandemia nos encontró con un escenario más esperanzador: el actual presidente en función Alberto Fernández puso a disposición de la sociedad todo el aparato estatal para cuidar en términos sanitarios y económicos a todos los sectores, poniendo particular acento en los más postergados. Si bien esta serie de medidas se celebran con gran entusiasmo, nos habilita el espacio para seguir corriendo los márgenes e instalar en el debate público las demandas que la democracia sigue postergando.

En una de las escenas de la película, una de sus protagonistas pronuncia: “El vinculo afectivo es el principal lazo en toda relación. Si este se pierde, no se puede hablar de unión y para que sobreviva tiene que prevalecer el respeto”. Neytiri en estas palabras busca sintetizar el vínculo que ella y su raza humanoide tiene con el espacio natural.

Esta última cita nos invita a seguir preguntándonos: si queremos construir un territorio más justo e igualitario y no seguir reproduciendo los patrones de nuestra propia autodestrucción, ¿no es tiempo ya de incorporar en esa lógica del cuidado elementos que incluyan en el arquetipo propio del Estado de bienestar una perspectiva integral, en donde la naturaleza sea también considerada sujetx de derecho?

La batería de preguntas que recorrieron el texto seguramente no van a devenir en respuestas claras ni sencillas, pero hacerlas nos permite fijar una agenda y allanar el camino para poder construir un horizonte en donde las narrativas distópicas sigan teniendo como único canal de reproducción la literatura y el cine. 


Bibliografia  
Svampa Maristella, (2017) “Cuatro claves para leer América Latina”

Sergio Vaca
Sergio Vaca

Nací en la provincia de Córdoba pero residí la mayor parte de mi vida en Puerto Madryn. Me encanta charlar conmigo mismo cada vez que termino una película y tengo el don de memorizar datos triviales. Pensar una disociación entre erudición y escritura me parece un buen ejercicio para disputar espacios.

Francisco Verbic: “El FMI es responsable, lo que estamos investigando es donde podemos hacer efectivas esas responsabilidades”

Francisco Verbic: “El FMI es responsable, lo que estamos investigando es donde podemos hacer efectivas esas responsabilidades”

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Teniendo en cuenta el trabajo conjunto que vienen realizando con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro de Estudios para la Integración Financiera ¿Cuál es el camino que se viene transitando desde que Mauricio Macri firmo este acuerdo con el FMI?

El trabajo comenzó a mediados del año 2018 justamente cuando se anuncio públicamente que íbamos a volver al FMI, después de la farra de endeudamiento privado que hubo y que nos puso en la situación que se sabe hoy, por eso se sospechaba lisa y llanamente con el default.

Nos empezamos a hacer algunas preguntas sobre todo ¿porque Dujovne viajó a Washington y porque no había nada de información pública? En unos pocos días, fue a negociar y volvió con el acuerdo firmado. Nosotros trabajamos mucho con temas de derecho administrativo y sabemos que es imposible negociar y firmar un acuerdo, sobre todo por la magnitud (no nos olvidemos que es el acuerdo más grande de la historia del FMI), sabíamos que era imposible hacerlo en tan pocos días. Entonces empezamos a investigar.

Nos encontramos con que no había nada de información pública disponible, y ahí iniciamos el primer amparo judicial acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para hacernos de los expedientes y de los dictámenes previos que exigen distintas leyes de nuestro sistema jurídico como para poder tomar decisiones en este tipo de cosas y en cualquier otras, pero específicamente en materia de deuda externa.

Ese caso fue rechazado por la justicia porque no habíamos ido a sede administrativa como exige la ley de acceso a la información pública. No lo hicimos porque considerábamos que el tema era urgente y que era inútil ir a sede administrativa, justamente porque no había absolutamente nada de información disponible.

En el medio de ese proceso, justo antes del rechazo final, el Ministerio de Hacienda se presentó en el expediente y manifestó que todo lo que nosotros estábamos pidiendo estaba ya publicado en su sitio web. Cuando fuimos al sitio web nos encontramos con que lo único que había era la carta de intención y los memorándum adjuntos al pedido original del crédito y desde ya que eso no reunía los requisitos. No era la información que estábamos pidiendo. Pero por lo menos era algo.

Cuando conseguimos esa información hicimos un segundo pedido, esta vez sí en sede administrativa, acompañando al Centro de Estudios para la Integración Financiera que es parte del CEPAS (Centro de Estudios para las Políticas Públicas al Socialismo). Pedimos administrativamente los expedientes y los dictámenes. Fue un pedido mucho más específico y más extenso porque teníamos las cartas de intención y los memorándum que hasta entonces no estaban.

El 28 de diciembre del 2018, el Estado Nacional nos contestó que no necesitaba estudios técnicos para tomar el crédito. Como no respondió a nuestro pedido de información y eso en la ley significa una delegatoria tacita, fuimos de vuelta a sede judicial y finalmente logramos que en septiembre del año 2019, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, condenara al Estado Nacional a entregarnos la información que estábamos pidiendo.

En el medio del proceso el Estado Nacional hizo varias cosas para intentar que el tema no fuera resuelto por el poder judicial. Una de ellas fue comunicarse extrajudicialmente con nosotros y ofrecernos los expedientes que estábamos pidiendo. Los fuimos a buscar, y lo que nos encontramos realmente fue sorprendente, mucho peor de lo que imaginábamos.

Uno se puede imaginar algún trámite desprolijo por la celeridad, por la velocidad con que se hizo esa negociación, pero nos encontramos con que directamente el expediente, que es un requisito de forma para tomar cualquier tipo de decisión estatal (incluso para comprar lapiceras en una repartición -salvo que vaya por “caja chica“- si es una compra más o menos importante, tiene que tener un expediente), fue iniciado 9 días después de ser firmada la carta de intención y exactamente una semana después de que promovimos el primer amparo con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

Además de ser iniciado una semana después, con lo cual no hubo decisión administrativa real para tomar el crédito sino a sola firma por el ministro de Hacienda, nos encontramos con que esa toma de deuda no solo no tenía expediente sino que no tenía dictámenes jurídicos previos (que exige la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo), no tenía -y esto es clave- un dictamen del Banco Central (que impone el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera) para ver cómo iba a impactar en la Balanza de Pagos ese crédito que estábamos tomando.

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Estrategias contra el asedio imperialista

Estrategias contra el asedio imperialista

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De cara al proceso electoral que tendrá lugar el 6 de diciembre en Venezuela, en los últimos meses comenzaron a olfatearse algunas rupturas en el Gran Polo Patriótico como frente de unidad. Sin ir más lejos, hace algunas semanas, el presidente Nicolás Maduro, durante una videoconferencia ante el Congreso Bolivariano de los Pueblos, utilizó el concepto de bloque histórico (acuñado por Antonio Gramsci), como línea central de su discurso, para referirse a la encrucijada nacional entre las presiones internacionales, la lucha contra la pandemia del Covid-19 y el escenario electoral venidero.

La evocación de Maduro al concepto de Gramsci no es casual por el momento político que atraviesa el chavismo en relación a lo comentado con anterioridad. Y, a priori, la referencia no parece solamente indicar la necesidad de mantener el bloque político para ganar las elecciones, sino que también parece hacer referencia a la necesidad de relanzar, de alguna manera, los principios fundacionales del chavismo: ir a la disputa por el modelo, por la construcción de hegemonía.

El costado B del frente de unidad

Tanto el Partido Comunista de Venezuela como facciones de Patria Para Todos decidieron no participar del proceso electoral como aliados del Gran Polo Patriótico. En este sentido, observamos a un sector de la izquierda ofertando candidatos independientes e ignorando los llamados que el gobierno venezolano ha realizado para mantener la unidad y recuperar la Asamblea Nacional que perdió en 2015. 

Cabe resaltar que durante cinco años, ese lugar le ha servido al antichavismo para conjurar el bloqueo contra venezuela, deslegitimar el resto de los poderes del estado y conspirar a favor de operaciones golpistas. Todo, obviamente, bajo la expresa tutela de Estados Unidos.

De cualquier manera, las posturas divisionistas con respecto al chavismo no son inéditas. En 2017, cuando Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente -el mismo año en el que también se celebraban elecciones para elegir gobernadores y alcaldes- el PCV, PPT y el Movimiento Electoral del Pueblo apoyaron, en las elecciones para la alcaldía de Caracas, la candidatura del ex ministro de Comercio Eduardio Samán en oposición a la candidata que proponía el Partido Socialista Unido de Venezuela, Erika Farías. Como en aquel entonces, un sector de la izquierda no supo estar a la altura y reconocer las complejidades del momento histórico.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inscribió sus candidaturas, entre las cuales figuran las de les dirigentes Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela, entre otres. La lista incluyó a candidates de 9 partidos aliados, y en ese sentido, pese a las incertidumbres, el mapa interno ha quedado en gran parte aclarado. Esto no quiere decir que se calmen las aguas porque de seguro vendrán más sanciones y operaciones encubiertas. 

La llave maestra

Con miras a estas pequeñas fracturas, y pensando en otras estrategias de cara a las elecciones del 6 de diciembre, el presidente Maduro firmó la semana pasada un decreto de indulto presidencial a 110 polítiques de la oposición. De esta manera el gobierno venezolano busca la reconciliación nacional y que se reencaucen todas las acciones de todos los actores por las vías constitucionales. La idea es que la situación pueda aprovecharse como oportunidad para que el próximo 6 de diciembre Venezuela pueda demostrar la solidez de su democracia. 

La decisión no fue difícil de digerir para algunos sectores del chavismo, pero la jugada también es parte del cuadro de excepcionalidad política con el que lidia Venezuela. Y un dato no menor es que la Unión Europea aplaudió los indultos.

¿Y la oposición?

El decreto presidencial llegó en un momento donde se han multiplicado los desencuentros opositores respecto a qué hacer de cara al 6 de diciembre. Desde la casa blanca se estaba promoviendo una estrategia abstencionista, algo que a nivel nacional defendía y encarnaba Juan Guaidó, que cuelga de unos hilitos a punto de cortarse, pero que sigue siendo el hombre elegido por Washington.

Fuente: Agencia EFE

Esta estrategia tuvo un lindo revés cuando el dirigente opositor Henrique Capriles (quien peleó elecciones presidenciales frente a Chávez y a Maduro) anunció de manera pública que apostaría a las parlamentarias. Algunos se fueron sumando a sus intenciones, como Stalin Gonzalez, quien era parte del núcleo cercano a Guaidó y anunció su alejamiento del partido Un Nuevo Tiempo para apostar a la contienda electoral. Esos cambios de posición, insinuados con cierta anterioridad, vinieron a confirmar que una parte creciente de la oposición venezolana no solamente descree de la opción abstencionista, sino que ha tomado distancia de la estrategia diseñada desde Estados Unidos.

Esto no quiere decir que Estados Unidos ya no tenga estrategia. Hace algunos días, James Story, quien está a cargo de la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela, realizó una transmisión en vivo con Guaidó para subrayar que lo van a seguir apoyando, aún después de las legislativas. En esta misma transmisión fue anunciado que Estados Unidos podría declarar a las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela como una organización terrorista y pactar un acuerdo entre la DEA y Guaidó.

Aunque pareciera que el camino del asedio se va agotando, la postura de Estados Unidos se mantiene: Washington no va a reconocer las elecciones del 6 de diciembre, llama a mantenerse detrás de Guaidó y amenaza con nuevas sanciones económicas. Y pese a que habrá elecciones en noviembre para ver quién ocupará el sillón presidencial del Despacho Oval, la política de agresión constante no sufrirá demasiadas modificaciones.

En este sentido, el diálogo que comenzó a entablarse con la Unión Europea, organismo invitado por el gobierno a observar las elecciones del 6D, también representa estrategia del chavismo en la lucha por el rescate de la institucionalidad y la estabilidad política. Europa quería alejarse de la visión yanqui, intenta recuperar peso y quizás pueda aportar algo en la estabilización del camino democrático, para dejar con menos espacio a cualquier factor golpista.

Miranda Cerdá Campano
Miranda Cerdá Campano

Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo. Lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta. 

¿Dictaduras de nuevo tipo o el surgimiento de democracias participativas?

¿Dictaduras de nuevo tipo o el surgimiento de democracias participativas?

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Desde que en 2009 las oligarquías hondureñas, en complicidad con el imperio norteamericano y sus lacayos, derrocaran a Mel Zelaya en Honduras, poco a poco se comenzaron a ver tipos de Golpes de Estado similares. La excusa era el descontento de unas anquilosadas estructuras de poder que ante el mínimo atisbo de cambio mostraban sus dientes.

Lo que a Zelaya le ocurrió por acordar cooperación en materia sanitaria con Cuba, a Lugo le pasó bajo la acusación de ser responsable de la masacre de Curuguaty en 2012. Algo parecido sucedería con Dilma Roussef, a quien se acusaría de algo habitual: cambiar recursos de un ministerio a otro para resolver determinadas situaciones según la consideración política del gobierno de turno.

En Argentina no estuvimos ajenos a tal tipo de operaciones. Aquí fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que desencadenaría el 18F: la acusación ferviente de que había sido asesinado por el kirchnerismo y la posterior conformación de la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

A ese escenario se sumaron las persecuciones y la utilización del Lawfare para perseguir a les líderes progresistas que habían sido gobierno hasta ese momento: Cristina Kirchner, Lula Da Silva, Fernando Lugo, Mel Zelaya, Rafael Correa y desde el año pasado Evo Morales.

En el último tiempo, previo a la aparición de la pandemia, los gobiernos neoliberales de Chile, Colombia, Ecuador y la dictadura en Bolivia, enfrentaban fuertes movilizaciones que reclamaban el fin de las políticas neoliberales. A estos gobiernos la pandemia les vino como anillo al dedo para “calmar” las aguas y sortear el mal momento. También les sirvió de excusa para pisar el acelerador e incrementar las políticas de saqueo, dado que “la calle” dejaba de ser un factor de preocupación, y de darse tenían la excusa perfecta para reprimirlas sin tapujos.

Ecuador y su (des)gobierno

En esta oportunidad interesaba analizar la situación de Ecuador. Un (des)gobierno encabezado por Lenín Moreno, supuesto sucesor de Rafael Correa y quien daría continuidad a la Revolución Ciudadana, pero que cual Caballo de Troya se recostó sobre los sectores concentrados de poder y replicó las políticas neoliberales que dictaban desde Washington.

Vuelta del FMI, despidos masivos en el sector público y en el privado, reducción de los presupuestos en salud y educación, privatizaciones de empresas del Estado, persecución política a quienes hasta antes de asumir habían sido sus compañeros de partido, destrucción de muchas áreas del Estado y ahora intentos de proscripción política a Correa.

Según afirman desde la Comunidad Eclesiástica de Base, “unos 800 millones de dólares se fugaron a los paraísos fiscales, unos 4.000 millones de dólares se perdonaron a los grandes deudores del SRI (Servicio de Rentas Internas). Por la liquidación de unos 330.000 puestos de trabajo y la rebaja del salario de los empleados y trabajadores, el desempleo llega a un 13% y el trabajo informal, a un 50%”.[1]

Precisamente, el ex presidente ecuatoriano es quien recientemente alertó sobre la ausencia del estado de derecho en su país. El ex mandatario señaló “en Ecuador se está destrozando el Estado de derecho mientras el mundo mira hacia otro lado[2]. La denuncia viene a colación de que a último momento el CNE Ecuatoriano (que controla en su totalidad el gobierno de Moreno) se inventó unos cambios en el reglamento de inscripción para las fórmulas presidenciales.

Pero pese a que Correa cumplió con esas demandas de último momento, el sobrino del presidente Moreno (que es quien controla la inscripción de candidatos) recurrió a imitar a Forrest Gump y salió corriendo con tal de no dejar que el binomio de Centro Democrático pueda inscribirse.

Todo indica que de presentarse el binomio Arauz-Correa, podrían arrebatar el control del Estado, hoy en manos de banqueros y del poder concentrado. Grupos de poder que durante el gobierno de Moreno -fundamentalmente durante la pandemia- se han enriquecido sustancialmente.

Números duros…

De acuerdo con el analista Jonathan Báez -utilizando un estudio comparativo viciado con muchos datos ausentes que agravarían la situación-, la apropiación del ingreso del decil más alto durante el 2020 ascendió al 48,41%, superando incluso la debacle financiera causada por los banqueros en el 2000. De igual manera la diferencia de apropiación de la renta entre el 10% más rico del país en comparación con el 40% más pobre, se elevó a 7 veces, casi duplicando la escandalosa cifra de 4 veces de comienzos de siglo[3].

Según una encuesta del CELAG publicada recientemente, la desaprobación del gobierno de Lenin Moreno alcanza un 83,4%, en tanto 9 de cada 10 ecuatorianes vio reducidos sus ingresos desde la llegada de la pandemia. A esto debe sumarse que casi el 50% afirmó haber tenido que endeudarse para afrontar sus gastos y 6 de cada 10 afirmó haber perdido su fuente laboral[4].

La situación de Ecuador, se puede describir de similar manera en Brasil, en Bolivia, en Chile, incluso en los EEUU. En todos estos casos, entre lo que queda de este año y el que viene, se vivirán procesos electorales de diversa índole.

Los desafíos electorales que se vienen

Se vienen las presidenciales en Bolivia (Octubre 2020), el plebiscito en Chile (Octubre 2020), las presidenciales en EEUU (noviembre 2020), municipales en Brasil (noviembre 2020), presidenciales en Ecuador (2021).

A este combo electoral hay que sumar las parlamentarias venezolanas en diciembre de este año y las argentinas en 2021. Momentos que sin dudas pueden profundizar las conducciones autoritarias actuales o revivir una región bajo la lógica de “La diplomacia de los pueblos“.

Coincidiendo con las afirmaciones de Javier Tolcachier -y como lo demuestra la experiencia Argentina- “más allá de la coyuntura presente, que presenta obstáculos a las aspiraciones comunes de felicidad, justicia, coherencia y unidad, entre otras, existen, como en cada bifurcación de la historia, opciones que recogen lo mejor del momento anterior y lo proyectan de manera renovada a la próxima fase de la evolución social”.

La situación es por demás compleja y como afirma el ex canciller Guillermo Long “la democracia triunfará o perecerá a plena luz del día a manos de un gobierno cada vez más autoritario”.


[1] https://rebelion.org/el-pais-saqueado-nos-lo-exige/
[2] https://actualidad.rt.com/actualidad/365241-rafael-correa-cne-ecuador-candidatura-presidencia
[3] https://rebelion.org/la-mayor-concentracion-del-ingreso-de-los-ricos-en-toda-la-historia-de-la-dolarizacion/
[4] https://www.celag.org/encuesta-ecuador-agosto-2020/

Nicolás Sampedro
Nicolás Sampedro

Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.

Elecciones municipales en Uruguay: El combate principal será Montevideo

Elecciones municipales en Uruguay: El combate principal será Montevideo

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Las elecciones municipales en Uruguay, que eligen las máximas autoridades de los 19 departamentos (Intendentes y Juntas departamentales), se realizarán el 27 de setiembre. Serán los primeros comicios con protocolo contra el Covid-19. El centroizquierdista Frente Amplio va por el triunfo en Montevideo y Canelones departamento que, juntos, representan más de la mitad de la población del país.

Elecciones_Departamentales_2020_

La mayoría de las intendencias ya están prácticamente definidas (14 de 19). El Partido Nacional (líder de la coalición gobernante) obtendrá una gran votación en el interior del país, su bastión, donde el peso del ruralismo conservador es preponderante. Cabildo Abierto, el novel partido de ultraderecha puede dar sorpresa nuevamente en estos comicios e ir acumulando un caudal electoral que le dé cimientos de cara a las elecciones nacionales de 2024.

El Partido Colorado por su parte, pretende retener la intendencia de Rivera, al noreste de Uruguay, fronterizo con Brasil. Este partido que otrora fue nombrado “Partido-Estado” por haber logrado la mayoría de los gobiernos en la historia uruguaya, hoy avanza a paso lento  pero firme hacia la que parece ser una existencia testimonial.

Luego de la debacle del 2002, en las elecciones donde resultó triunfante el Frente Amplio, el Partido Colorado obtuvo su peor votación histórica con apenas un 7%. Con los emergentes liderazgos de Pedro Bordaberry y posteriormente Ernesto Talvi, parecía que esta conformación política resurgía de las cenizas. Pero Talvi, su líder carismático, renunció a su cargo como Canciller y a toda actividad política.

¿Cuál es el futuro que le depara al Partido Colorado? Es incierto, no asoma la cabeza de nadie para su renovación y su actual Secretario General es el dos veces presidente, Julio María Sanguinetti, de 84 años.

Las intendencias que están en disputa son Rocha, Paysandú, Colonia, Río Negro y Florida. Según las encuestas de la consultora Opción, a pesar del final reñido, los intendentes oficialistas renovarán sus cargos por otro período. El caso más destacado es el de Yamandú Orsi en Canelones, el segundo departamento con mayor población. El frenteamplista en la última encuesta obtuvo un 65% de intención de voto frente al candidato del Partido Nacional con tan solo un 10%.

El oficialismo, compuesto por los cinco partidos que conforman la coalición multicolor que gobierna el país (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto), presentará en la mayoría de los departamentos distintos candidatos, según la correlación de fuerzas que tengan en cada territorio. El mapa departamental quedaría de la siguiente forma: Partido Nacional catorce intendencias, Frente Amplio cuatro  y Partido Colorado una.

Laura Raffo on Twitter: "La violencia contra las mujeres también es una  pandemia. Crece con el confinamiento y nos pone en riesgo a todas. Hoy más  que nunca que nada nos calle.

En el caso de Montevideo, la coalición derechista presentará candidatura única para tratar de desbancar al Frente Amplio, con 30 años consecutivos de victorias. Su candidata es Laura Raffo, economista, conferencista y panelista de televisión. Por muchos años fue analista en los medios de comunicación donde anunciaba inminentes crisis en la economía uruguaya que nunca sucedieron.

En los últimos días circuló en las redes un video de hace algunos años, donde a la salida de una conferencia analizaba el devenir de Argentina en tiempos del gopbiernjo neoliberal de Mauricio Macri. Una frase quedó resonando, auspiciando “el crecimiento que viene sosteniendo el gobierno de Macri”.

Laura Raffo es hija de Juan Carlos Raffo, quien fuera senador por el Partido Nacional y ministro de Transporte y Obras Públicas, quien estuvo involucrado en casos de coimas (sobernos) en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (padre del actual presidente).en los años 90, Laura Raffo, que ha propuesto en más de una ocasión políticas que ya se vienen aplicando, presentándolas como novedad, persigue muy de lejos a los candidatos del Frente Amplio. Todas las encuestas dan entre 15 y 20% de diferencia.

A pesar de ello, el oficialismo pretende instalar la sensación de que la elección será renida. Uno de sus caballitos de batalla, es el argumento que el Frente Amplio gobierna hace treinta años y es hora de una renovación. Una actualización del eslogan de campaña presidencial ‘está bueno cambiar’. Dirigentes frenteamplistas rápidamente señalaron la contradicción de esta premisa, ya que en intendencias de otros departamentos el Partido Nacional gobierna hace más de treinta años.

¿Otra vez?

El Frente Amplio no logró los consensos necesarios para una candidatura única y vuelve a demostrar el paulatino deterioro de su unidad. Presentará tres candidatos a la Intendencia de Montevideo donde se expresan las tres corrientes que lo componen: Daniel Martinez, Álvaro Villar y Carolina Cosse.

Daniel Martínez y Álvaro Villar dispuestos a reunión con Lacalle; Carolina  Cosse duda - Información - 09/08/2020 - EL PAÍS Uruguay

Según las últimas encuestas, existe un empate técnico en 17 puntos para cada candidato. De igual manera, algunas encuestas han dado a Carolina Cosse encabezando la intención de voto y como posible vencedora de la interna frenteamplista.

Daniel Martinez, ex intendente y ex candidato a presidente es la cara de la derrota de las últimas elecciones, donde el Frente Amplio pretendía obtener su cuarto mandato consecutivo. Con un debate presidencial endeble y falta de carisma, Martínez fue el timonel de la pérdida del gobierno, junto con otros de la tripulación que aún no han hecho autocrítica.

Martínez había declarado que de perder se retiraría “a descansar con sus nietos”. Faltando a su palabra, volvió al ruedo con aprobación de su gestión por parte de los montevideanos pero con signo negativo de los trabajadores municipales de su propia intendencia. Representa la línea socialdemócrata del Frente Amplio, cuenta con el apoyo de los grupos Magnolia, Par, Plataforma, Liga Federal, Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano.

Álvaro Villar es neurocirujano y fue director del Hospital Maciel. Una especie de outsider de la política, ya que como declaró “hace treinta años que no militaba, pero siempre fui frenteamplista.” Es el único de los tres candidatos que no hizo campaña en las elecciones del año pasado. Es el candidato con menos intención de voto aunque en las últimas encuestas se ha acercado a los otros dos.

En las últimas semanas ha sido blanco de ataques por denuncias de acoso sexual y laboral dentro de su gestión en el hospital. El stress de la campania y las acusaciones devinieron en un accidente cardíaco y ha suspendido momentáneamente su agenda.

Antel Arena: Manipulan cifras para campaña, Cosse | Caras y Caretas

Cuenta con el apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP, el sector de José Pepe Mujica), Fuerza Renovadora del ex presidente del Banco Central y senador Mario Bergara; y UNIR un grupo escindido del Partido Colorado que no integra la orgánica del Frente Amplio. 

Carolina Cosse, ingeniera, actual senadora, exministra de Industria y expresidenta de la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, ha desbancado en las últimas semanas a Daniel Martínez del primer puesto de intención de votos en las encuestas. Se perfila como la futura intendenta, pero nada está dicho.

Uno de esos síntomas es la virulencia con la que la derecha ataca a esta candidata y la necesidad de confrontar a Laura Raffo contra ella en cada ocasión que se le presente. Cosse salió segunda en la interna del Frente Amplio a las presidenciales. Martínez no la tuvo en cuenta como vicepresidenta y eligió, salteándose la línea orgánica, a otra candidata.

Hoy es el blanco predilecto de la derecha para lanzar sus dardos y se la cuestiona por sus gestiones en entes estatales. Cosse cuenta con el apoyo de los sectores del polo de izquierda dentro del Frente Amplio: Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande.

Donde se pisa

Estas elecciones se dan en un contexto de caída del PBI, mayor desempleo y pobreza. El presupuesto proyectado por el gobierno nacional ya promete un ajuste feroz a las clases populares, mientras se le duplica el salario a director y gerentes de entes estatales. Cero presupuesto para la Universidad de la República y para la ley de combate a la violencia de género.

El partido de ultraderecha Cabildo Abierto negocia los votos del presupuesto nacional en el Parlamento, especulando con el desafuero de su líder, Guido Manini Ríos, por temas asociados a crímenes de lesa humanidad del pasado reciente. La calidad democrática empieza a deteriorarse en un país donde la impunidad del terrorismo de Estado hoy tiene un partido que la defiende en el parlamento..

Atravesamos una coyuntura de avance de las derechas en todo el continente, un reflujo de las izquierdas, sumado brújulas que no marcan el norte. Las intendencias de corte progresista, donde el Frente Amplio es el único que tiene chances de acceder, serán el escudo para paliar este embate neoliberal que apenas cumple un semestre de los diez que va a gobernar. La articulación con organizaciones sociales y referentes locales será fundamental para que los políticos no se distancien de la realidad.

Artículo publicado originalmente en estrategia.la

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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