El pasado 9 de julio, Lucas Nahuel Verón cumplió 18 años y lo festejó, junto con su familia y algunos amigos, en su casa ubicada en González Catán, partido de La Matanza. Alrededor de la una de la mañana, se dirigió en moto junto con un amigo, a comprar una gaseosa en algún quiosco del barrio. Al no encontrar ninguno abierto, decidieron volver a la casa de Lucas. Allí fue donde un móvil policial -aparentemente con las luces apagadas y sin patente- comenzó a perseguirlos y los efectivos dispararon contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y murió a los pocos minutos. La autopsia confirmó que la bala que lo impactó provino de un arma policial.
En vez de notificar y denunciar lo sucedido, los policías se fugaron y no brindaron la ayuda correspondiente a los jóvenes. Por el hecho, fueron detenidos los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, cuya pena máxima puede ser cadena perpetua por tratarse de un agente de las fuerzas de seguridad. Los vecinos de la zona reconocen a estos policías porque han protagonizado, según cuentan, distintos hechos de violencia institucional contra jóvenes del barrio.
La representación legal de la familia de Lucas pidió que se aparte de la causa al fiscal Juan Pablo Tahtagian por haber permitido aprietes y extorciones por parte del comisario responsable para desvirtuar y desligar de responsabilidad a los policías detenidos. La familia afirma que al amigo de Lucas -de 17 años- que iba con él en la moto al momento del hecho, “lo tuvieron detenido en la comisaría, igual que a un pariente suyo, para obligarlo a firmar una declaración en la que le hicieron decir que estaban escapando de los policías porque habían robado un celular”. El fiscal Tahtagian estaba presente en la comisaría y permitió esta conducta, cuyo objetivo era garantizar la impunidad.
La familia y amigos de Lucas concurrieron a la sede de la Fiscalía General en modo de protesta para reclamar justicia. Cuando se encontraban allí, denunciaron que fueron hostigados por parte de la policía que custodiaba el lugar. “Se burlaban, se reían de nosotros y nos hacían fuck you”, dijo Cinthia, una de las hermanas de Lucas. En consecuencia, se produjeron unos incidentes y la policía reprimió con algunos disparos de balas de goma. Un sector de los manifestantes se encargó de calmar a los más enojados por la provocación de los policías y remarcó: “Esto no nos representa, no es lo que vinimos a hacer, que es pedir justicia”.
“Lo llevaron a declarar -al amigo de Lucas- y le dijeron que diga que ellos fueron a robar, que fueron a robar a una señora que estaba en la parada de colectivo a la una de la mañana. Lo apretaron los policías de la comisaría. La única verdad es que lo fusilaron y lo dejaron tirado en el piso”.
Cinthia Verón, hermana de Lucas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querellante en representación de la familia-, señaló que el joven fue “fusilado” por los policías. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”. A su vez intervino de manera inmediata la agrupación HIJOS La Matanza, que hizo posible la identificación y detención de los dos policías responsables de lo sucedido. Los militantes de HIJOS se reunieron con la familia de la víctima y tomaron contacto con varios testigos. La primera medida tomada por la CPM fue evitar que la policía les tomara declaración a los testigos en la sede de la comisaría interviniente.
Otro caso que se conoció en los últimos días fue el de Raúl Dávila, un joven de 22 años que estaba detenido en una comisaría de la ciudad bonaerense de Chascomús acusado de resistencia contra la autoridad. Murió el viernes pasado luego de un incendio en el calabozo en el que se encontraba alojado por mala conducta. Según la autopsia que se llevó a cabo, Dávila falleció a raíz de las quemaduras que sufrió en más del 50% del cuerpo.
El delito por el que Raúl estaba en la comisaria se lo considera “delito leve” cuya sanción no puede superar las 48 horas de prisión. A pesar de eso, le dictaron prisión preventiva de manera injustificada. La CPM afirmó: “este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En este caso fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas”.
Los efectivos de la comisaría indican que fue el propio joven el que generó el incendio, pero todavía queda por probar cómo fue que se inició el fuego y por qué las llamas llegaron a quemar el 50 por ciento del cuerpo de Dávila antes de ser apagadas por los propios agentes. El hecho fue denunciado por la CPM, que también aseguró que “la policía bonaerense y la justicia provincial deberán responder ante esta nueva muerte evitable”.
El organismo pidió que “la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”, y remarcó que, tanto la muerte del joven como el asesinato de Lucas Nahuel Verón, se enmarcan “en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace poco más de 70 días, donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal”.
Desde que comenzó la pandemia se ha producido un agravamiento en los casos de violencia institucional que se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, en su mayoría pobres. Revista Sudestada publicó los nombres de las personas asesinadas en Argentina por partes de efectivos policiales desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En total, son 15: Luis Armando Espinoza, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, José Antonio Ávila, Facundo Escalso, Diego Arzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana, Ruber Sarso, Gastón Mirabal, Walter Ceferino Nadal y Brandon Romero.
De esta lista, casi la mitad -siete- fueron asesinados por la policía bonaerense, lo que evidencia una responsabilidad por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las políticas de seguridad de “mano dura” tienen resultados conocidos: persecución, hostigamiento y pibes pobres asesinados en manos de las fuerzas policiales. En un momento de gran tensión por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, es necesario un giro en las políticas de seguridad para que no siga habiendo muertes por gatillo fácil. Mientras tanto, Berni se pasea por los canales de televisión exhibiendo sus credenciales mientras la policía que tiene a su cargo acumula muertes y desapariciones.
Sobre la violencia policial en el mes de junio, la CPM precisó que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. A su vez denunció que las cifras van “en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.
Desde Revista Trinchera exigimos justicia por Lucas y Raúl, y por todos los que murieron a manos de las fuerzas represivas.
¡Basta de pibes asesinados por la policía! ¡Basta de Gatillo Fácil!
Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/277884-mataron-a-un-joven-de-18-anos-en-la-matanza
https://www.pagina12.com.ar/278338-caso-lucas-veron-la-familia-pide-que-se-aparte-el-fiscal
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/07/13/un-joven-detenido-en-la-comisaria-de-chascomus-murio-tras-un-incendio-en-el-calabozo/
