Los datos hablan por sí solos. Estamos a inicios de la segunda mitad del año y la campaña de vacunación bonaerense sigue con curso positivo. En junio, se aplicaron 2.858.300 vacunas. Antes de la llegada del invierno se logró vacunar a la población más vulnerable para reducir su letalidad.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegó el plan de vacunación más grande de su historia que ya alcanzó un total de 7.694.753 vacunas aplicadas, a seis meses de su puesta en marcha. El mega operativo hasta el 30 de junio logró inmunizar a 6.318.916 personas con las primeras dosis y 1.375.837 del segundo componente.
De esta manera se cumple con la estrategia principal de proteger lo antes posible a la mayor cantidad de personas. Desde el inicio de la campaña, la provincia de Buenos Aires recibió del Ministerio de Salud de la Nación un total de 9.820.170 vacunas. De las cuales 3.964.555 corresponden a Sputnik V (3.244.245 del componente 1 y 720.310 del componente 2), 3.619.100 AstraZeneca y 2.236.515 Sinopharm.
Otra noticia interesante a destacar es la efectividad de la tan mencionada vacuna rusa Sputnik V. Un estudio a cargo del ministerio de Salud bonaerense para vigilar la seguridad de la vacuna en cuestión mostró que los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) fueron en su mayoría leves. Entre los más frecuentes aparece la fiebre (47%), cefaleas (45%), mialgias y artralgias (39,5%) y dolor (46,5%) e hinchazón (7,4%) en la zona donde se aplica la inyección.
La investigación bonaerense se propuso como objetivo describir la ocurrencia de ESAVI notificados al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) luego de la aplicación de la vacuna rusa contra la COVID-19 en la provincia de Buenos Aires desde el 29 de diciembre de 2020, día de inicio de la campaña, al 3 de junio de 2021. En ese periodo se aplicaron 2,8 millones de dosis de vacuna Sputnik V; 1,3 millones de Sinopharm y 0,9 millones de Covishield/AstraZeneca con una tasa de ESAVI grave (relacionada al producto) por millón de dosis aplicadas de 0,7; 0,8 y 3,2 respectivamente. La investigación de cada ESAVI implica clasificarlo según una serie de categorías dispuesta por la OMS y la OPS.
En conclusión, y en contra de lo que dicen los opositores rusófobos, y de acuerdo con el estudio a cargo del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se observa un perfil de baja cantidad de eventos graves y una buena seguridad en la vacuna Sputnik V en función de los ESAVI notificados.
Haciendo un repaso del plan de vacunación, como se sabe, en una primera etapa se priorizaron a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus, y al 30 de junio se logró vacunar de los 9.635.210 inscriptos totales en el Buenos Aires Vacunate: al 95,89% de los mayores de 60 años; 95% de personal de salud; 90,96% personal de docente y no docente; 83,90% de personas entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes; 77.66% personal de seguridad; 37,43% embarazadas; y 22,32% de personas de 18 a 59 sin comorbilidades.
Al estar cerca de la vacunación completa de los grupos priorizados, se avanzó con la vacuna libre el 5 de junio para grupos priorizados. Todos los mayores de 50 años y los grupos de riesgo, pueden acceder a vacunarse sin turnos. En junio un total de 95.248 personas de estos grupos recibieron su primera dosis. Y ahora se le suma que todos los bonaerenses mayores de 45 años accederán a la vacunación libre sin turno. También se anunció que para los próximos días esa posibilidad será ampliada para mayores de 40 años.
La provincia de Buenos Aires ha sido uno de los distritos más comprometidos por la COVID-19, lo que esta campaña de vacunación a todo tren representa un verdadero alivio para la población y todo el sistema sanitario bonaerense, que en su momento estuvo al borde del colapso. Sin embargo, el gobierno de Axel Kicillof alerta que seguirán los cuidados y que se tratará de evitar una tercera ola producida por nuevas cepas, como la Delta.
Por último, a nivel país, en el mes pasado se alcanzó un nuevo récord al totalizar 8.410.643 aplicaciones, con un promedio diario de 280.355 inmunizaciones y el arribo histórico de vacunas, con la llegada de 8.074.785 dosis. Hasta el momento la Argentina recibió 25.706.730 dosis.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
La historiografía liberal también se ha encargado de opacar los acontecimientos de las llamadas Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. El 6 de julio de 1807 el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, por entonces capital del Virreinato del Río de la Plata, derrotó a los invasores ingleses obligándolos a capitular al día siguiente.
Aquel día 6 de julio de 1807 las tropas inglesas comandadas por el general John Whitelocke son completamente derrotadas por las fuerzas al mando del francés filo-español Santiago de Liniers y Martín de Álzaga en el combate librado en las calles de Buenos Aires.
Fue el final de una cruzada colonialista que los ingleses intentaron imponer en tierras rioplatenses. Todo comienza en 1806. Por entonces. El alicaído imperio español, en manos del rey corrupto Carlos IV, de la Casa de Borbón, tenía una alianza con la expansiva Francia de Napoleón, en contra de los ingleses. El emperador francés tenía casi una guerra personal con Inglaterra, que poseía una de las armadas marinas más potentes de Europa y de la época. Napoleón era dueño de casi toda Europa, hasta tal punto que subordinó al papado romano y puso fin al histórico Sacro Imperio Romano Germánico (creado en tiempos de Otón II en el año 962). Inglaterra tenía un par de aliados, y uno de ellos era Portugal. España se había unido a las fuerzas napoleónicas. El emperador burgués decretó un bloqueo comercial naval en Europa para Inglaterra, que se lanzó al mar a conquistar nuevas tierras. Fue así que se dirigió hacia el sur de América.
Infografía sobre los acontecimientos.
En enero de 1806 se produjo la conquista del Cabo de Buena Esperanza por un ejército inglés al mando del teniente general David Baird. Por esos días Napoleón triunfaba en las batallas de Jena y Auerstaedt, lo que consolidaría a Francia como la potencia hegemónica en Europa. Inglaterra dominaba el acceso comercial entre el océano Atlántico y el océano Índico.
El 14 de abril de 1806, la flota británica cruzó el Atlántico en dirección al Río de la Plata. Se nombró general al coronel William Carr Beresford para que liderase el ataque a Buenos Aires.
La flota británica fue avistada frente a Montevideo el 8 de junio. El 24 de junio Beresford amagó un desembarco en Ensenada, realizando maniobras frente a Punta Lara y abriendo fuego contra las fortificaciones. El 25 de junio una fuerza de unos 1600 hombres al mando de Beresford, entre ellos el Regimiento 71 de Highlanders, desembarcó en las costas de Quilmes sin ser molestados. Recién al día siguiente se dispuso en Buenos Aires marchar hacia ellos, bajo el mando del nuevo subinspector del Ejército, coronel Pedro de Arce. Cuando se estuvo frente al enemigo, se rompió fuego, aunque la carga posterior de las tropas invasoras forzó a una retirada general de los defensores. Sobremonte intentó una estrategia de defensa, armando a la población y apostando a sus hombres en la ribera norte del Riachuelo, confiando en poder atacar a los británicos de flanco. Pero el reparto de armas fue un caos, y las tropas no pudieron detener el rápido avance inglés, de modo que el virrey quedó fuera de la ciudad, sin posibilidad de intentar nada.
El 27 de junio las autoridades virreinales aceptaron la intimación de Beresford y entregaron Buenos Aires a los británicos. En la tarde de ese mismo día, las tropas británicas desfilaron por la Plaza Mayor (la actual Plaza de Mayo) y enarbolaron la bandera del Reino Unido, que permanecería allí por 46 días.
Los invasores impusieron nuevas leyes comerciales que provocaron un gran descontento entre los pobladores.El conflicto se extendió por más de un mes, hasta que las milicias urbanas y las tropas al mando del francés Santiago de Liniers lograron expulsar a los ingleses, quienes se rindieron, pero no se dieron por vencido.
Recreación hecha en Ensenada sobre las invasiones inglesas.
La segunda invasión inglesa sucedió el 28 de junio de 1807, un año después de la primera invasión a Buenos Aires.En esta ocasión, las flotas estaban al mando del general Whitelocke, quién desembarcó junto con sus tropas en la ciudad de Ensenada.Victoriosos en la toma de Montevideo, las tropas inglesas habían desembarcado en Ensenada y se dirigieron hacia Quilmes, para luego avanzar hacia la ciudad capital y realizar la conquista. Las tropas criollas, por su parte, se organizaban y esperaban a los ingleses para combatir y defender su territorio.
Para esta ocasión, no solo las tropas militares y las milicias urbanas estaban preparadas para enfrentar a los invasores, sino también los vecinos que arrojaron agua hirviendo y piedras a los ingleses desde los balcones. Los cuerpos de voluntarios conformaron un grupo heterogéneo que abarcó distintos estratos sociales, incluyendo a ricos comerciantes, altos funcionarios, militares de carrera, como así también a integrantes de la plebe, y que la invasión también involucró a indios, esclavos y mujeres. También la participación femenina contra la invasión a la ciudad de Buenos Aires no escapa a la realidad de la época. La mujer colonial no se encontraba recluida a un papel secundario en el hogar, ni en la esfera pública. Las mujeres “decentes” recaudaban fondos y cocían uniformes probablemente dentro de su hogar o en su círculo más íntimo. Mientras que las mujeres de la plebe, que trabajaban a la par de los hombres en la Buenos Aires colonial, empuñaron las armas contra el invasor al lado de los soldados.
En cuanto a los esclavos, si bien su participación se debió a una “donación” a la causa por parte del amo y no a un enrolamiento voluntario, esto no impidió que se reconocieran sus méritos en la lucha y que muchos de ellos hayan obtenido luego su libertad. Por otra parte, a pesar de su espontánea voluntad de defender los territorios coloniales, los indios fueron relegados a una posición expectante. Los miedos de esta sociedad tradicional hacia el indígena también se manifestaron en la coyuntura del ataque evitando una participación activa de este sector. Diferente fue la situación de los criollos, para muchos de ellos la invasión significó una grieta por donde pudieron ingresar a posiciones de poder.
Gracias a la defensa de los pobladores y las tropas porteñas, y luego de unos días de conflictos armados, se logró reducir el ejército inglés a la mitad, consiguiendo de esta manera el retroceso del ejército británico e imposibilitando la segunda invasión.En los acuerdos de rendición se incluía la liberación de la ciudad de Montevideo, la cual Whitelocke se vio obligado a entregar.
Fuerte Barragán, en Ensenada, Bs As.
Las invasiones inglesas generalizaron la militarización de la sociedad colonial porteña y, como consecuencia, produjo un resquebrajamiento del orden vigente permitiendo el ingreso de nuevos actores al escenario político-social del Río de la Plata. Muchos de los criollos que anteriormente tenían vedado el acceso a ciertos puestos de la administración colonial consiguieron ingresar a la misma a través de la carrera de las armas. Si bien existió una apertura ésta no fue total sino que se limitó a la misma elite. Aunque en la coyuntura de la Invasión británica los milicianos pudieron ejercer el voto para elegir a la oficialidad, esta práctica no tuvo mucha duración en el tiempo y, además, su ejercicio fue limitado. Los elegidos siempre eran miembros de la “gente decente” y, en el caso de que no recayera en una de estas personas, muchas veces el resultado de las elecciones era manipulado con este fin. Pese a la composición heterogénea de las milicias, la estructura del ejército reproducía los estamentos de la sociedad colonial.En este mismo sentido, podemos afirmar que la plebe quedó excluida de los puestos de poder, pero empezó a participar del mismo a través de canales alternativos, con participación política, con el enrolamiento en las milicias y, posteriormente, en el ejército y su movilización, donde se integran desde un lugar nuevo.
La ineficacia del alicaído orden colonial español, y la necesidad de solventar las acuciantes circunstancias con tropas de vecinos voluntarios, colaboró en un desenlace fatal para la Corona Borbónica, aunque positivo para los sectores criollos que comenzarán a ocupar nuevos espacios de poder. Figuras como la del potosino Cornelio Saavedra, los porteños y primo Manuel Belgrano y Juan José Castelli, lograron cobrar importancia, mientras un jovencito Mariano Moreno, también oriundo de la ciudad, observaba como la sociedad colonial ya era una quimera pronto a caer.
De forma tal que el proceso de militarización de la sociedad rioplatense se vuelve un factor decisivo para entender la crisis del orden colonial y sus consecuencias: la Revolución de Mayo de 1810 y las luchas por la independencia.
En la provincia de Buenos Aires siempre hubo clases en el 2020 y en lo que va del 2021. Los medios derechistas han querido instalar de que “no hubo clases en Argentina” y que los docentes casi que ni trabajaron. Pero los docentes y los estudiantes de todos los niveles estuvieron de alguna forma clases, de la forma virtual, acudiendo a las redes sociales, a Google Classroom, al Zoom, y a los programas gratuitos que procedían del Ministerio de Educación de la Nación y de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Cierto es que la conectividad complejizó el panorama en muchas familias de los estudiantes, lo que puso en tensión a la lógica de la modalidad virtual de las clases “en casa”. Docentes y estudiantes no se pudieron conectar del todo, pero la situación epidemiológica ameritaba cuidarse y cumplir las medidas sanitarias correspondientes.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof había manifestado el pasado sábado 13 de junio a través de sus redes sociales que se sigue “trabajando entre todos los niveles del Estado para coordinar el regreso a la presencialidad segura”. Finalmente, este miércoles 16 de junio empezaron todos los niveles del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. En un clima muy fresco, se retornaron a las aulas, aunque con los protocolos sanitarios ya establecidos en febrero-marzo de este año, y con otras novedades al respecto.
Por supuesto, que todo será muy gradual y se regresará a una modalidad semipresencial, con el sistema de grupos de pocos estudiantes por aula y con protocolos sanitarios aún más seguros. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia destacó que “con el esquema de presencialidad administrada que estaba vigente antes de la suspensión temporal de las clases presenciales, la semana que viene las escuelas ubicadas en los municipios bonaerenses que integran el AMBA empiezan a retomar la presencialidad”.
El regreso de las clases presenciales en el conurbano fue adelantado el viernes 12 de junio por el gobernador en una conferencia de prensa que ofreció para detallar cómo siguen las medidas de cuidado en ese distrito, en el marco de la segunda ola de coronavirus.
Desde el Poder Ejecutivo bonaerense se planteó que la vuelta a la “presencialidad cuidada” se dará “con el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan Jurisdiccional con el que se inició el presente año lectivo”. De esta manera, continuará siendo obligatorio “el uso correcto de tapaboca en todo momento, los agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento requerido, los ingresos y egresos escalonados para evitar la concentración de personas y la alternancia de clases presenciales y no presenciales”.
Inmediatamente los gremios docentes de la provincia enviaron sus comunicados. De hecho, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitaron el pasado 9 de junio a la Ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Malec, para que se convoque a la Comisión Técnica Salarial:
“Nuestra solicitud se debe a los altos índices de inflación registrados en este primer semestre del año y en particular en el segundo trimestre que generan un deterioro evidente del poder adquisitivo del salario. Ante el aumento del costo de vida, consideramos urgente la necesidad de recomponer el poder adquisitivo del salario de las/los trabajadoras/es de la educación de la Provincia de Buenos Aires”.
Frente al anuncio del gobierno provincial, del retorno a las clases presenciales en algunos distritos de la Provincia que pasan a fase 3 ó 4, desde el SUTEBA, el mayor gremio docente bonaerense, expresaron la imperiosa necesidad de que se planifique una presencialidad cuidada, organizada, que se retome gradualmente en el transcurso de la próxima semana, siempre en el marco del estricto cumplimiento de los protocolos.
SUTEBA valoró, no obstante, la Campaña de Vacunación en la provincia de Buenos Aires. A la espera de mayores precisiones respecto de la situación de cada Distrito, los gremios sostuvieron que los datos epidemiológicos son los que deberán seguir contemplándose a la hora de la toma de decisiones en relación a la presencialidad.
La docencia bonaerense siguió trabajando en todo el 2020 y en lo que va en el 2021, superando obstáculos de todo tipo, especialmente los digitales. El trabajo realizado desde las escuelas públicas, en contexto pandemia, desde el 2020, fue y es factible por el compromiso de docentes, estudiantes y comunidades educativas.
Es destacable que en la provincia el plan de vacunación es todo un tren para la docencia. Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se informó que se están dando nuevos turnos para de vacunación para docentes y auxiliares y en tal sentido se pide revisar los correos electrónicos, la app y la web de Buenos Aires Vacunate.
Hasta este viernes 11 de junio pasado la provincia vacunó con la primera dosis a 4.801.152 bonaerenses y 1.073.515 fueron inmunizados con la segunda dosis.En ese sentido, precisó que ya fueron vacunadas: 1.249.503 personas mayores de 70 años, lo que representa el 91,69%; y 1.169.260 de entre 60 y 69 años, lo que significa el 90,77%. También fueron inoculados 1.294.814 de bonaerenses de entre 18 y 59 años con comorbilidades, lo que representa el 69,09%; 338.062 docentes, lo que llega al 65,51%; y 95.653 de trabajadores de las fuerzas de seguridad, que implica el 55,28%.
En líneas generales, el país pasó de un promedio diario de 150.000 aplicaciones a casi 300.000. En los últimos 15 días se aplicaron casi dos millones de dosis. Argentina se ubicó en el puesto 20° entre los países que más vacunas se aplican.
En relación a Latinoamérica, si se tiene en cuenta el porcentaje de población vacunada la página https://ourworldindata.org/, que contiene información de todo el mundo, ubica a la Argentina en tercer lugar, después de Chile (59,72 por ciento) y Uruguay (58,73 por ciento).
La provincia de Buenos Aires, para garantizar aún más el regreso a la presencialidad, tomará pasos más osados. se destacó la iniciativa “Buenos Aires en las escuelas”, a través de la cual -con una inversión de $622 millones- se distribuye en la actualidad 33.000 dispositivos medidores de dióxido de carbono (CO2) a las más de 11.000 escuelas de gestión estatal. El monitoreo de CO2 permite regular el nivel de apertura de las puertas y ventanas necesario para una adecuada ventilación que mitigue el riesgo de contagio y aporte la mayor comodidad térmica posible en el contexto de bajas temperaturas. Asimismo, se extenderá el Plan de vigilancia epidemiológica activa en las escuelas, con una inversión del estado provincial de $117,5 millones, a través del cual los equipos de salud realizarán testeos muestrales aleatorios a docentes y auxiliares para la detección de casos asintomáticos.
A estas medidas de refuerzo se suma la continuidad de las obras de mejoramiento de la infraestructura desarrolladas por el programa “Escuelas a la obra”, que lleva comprometida una inversión de $6.570 millones y las acciones de fortalecimiento de los planteles docentes a través de la cobertura de 34.123 desempeños auxiliares y docentes dispensados, se destacó en el comunicado.
En contra de lo que dicen los medios derechistas y Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, pese a las dificultades pandémicas, la docencia se mantuvo firme y garantizó las clases presenciales y virtuales en sus distintas fases y regiones. La oposición macrista, mientras tanto, alentó la idea falaz de que en la provincia de Buenos Aires se detuvieron las clases, fomentando a un grupo de padres de escuelas privadas (muy High School, por cierto) protestando para “que abran las escuelas”, reclamando en las puertas de la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata.
También hubo ataques mediáticos de la dirigencia macrista hacia la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para crear más un ambiente de tensión y difamación. La ultramacrista Florencia Arietto atacó por las redes a la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quien fue expuesta por la abogada y dirigente de Juntos por el Cambio en momentos en el que estaba diciendo que es un año electoral y que tienen que “dar las discusiones necesaria para la campaña electoral del tiempo que viene”, en una reunión virtual estrictamente política y no oficial ni institucional. Pronto algunos medios sacaron de contexto una charla privada de Bracchi con su espacio político “Soles de Mayo”, típica de las campañas antikirchneristas y antigobierno de la derecha mediática.
Todo indica que la provincia de Buenos Aires ha tenido una política de sumo cuidado sanitario, sin arriesgar demasiado y sin caer en las presiones mediáticas y del macrismo. Todo será gradual también. El regreso a clases presenciales es un nuevo desafío y dependerá de lo que pase en el afuera también. Las escuelas están bien cuidadas con sus protocolos sanitarios y la mayoría de la docencia tiene al menos una primera dosis. Un capítulo más de esta historia pandémica. Pero hay que seguir cuidándose, porque no todo está concluido con la covid-19.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No es únicamente el mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.
El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todes, poder aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada.
Dos mujeres en la toma de Guernica
En determinados casos, sin embargo, el Estado deba proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por desastres naturales o a los grupos más vulnerables de la sociedad que son los que más dificultades presentan a la hora de acceder a una vivienda.
Debe haber también un acceso sostenible -y no discriminatorio- a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Todas las personas deben tener acceso al agua potable, a la energía para la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a las cloacas y a los servicios de emergencia.
El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Estos son: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28).
En Argentina, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios populares, y la dificultad que se presenta a la hora de acceder a una propiedad. A su vez, la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes que tienden a ser para personas de medio o alto poder adquisitivo acrecientan año a año los problemas habitacionales. En los últimos años el creciente desempleo, la devaluación, la inflación, la caída del salario y sumado este contexto de pandemia han provocado una profundización de la crisis en el país.
Tomas de Guernica
Lo explicado anteriormente encuentra su consecuencia en lo que ha sido, por ejemplo, la toma de un predio de unas 100 hectáreas en Guernica, partido Presidente Perón. Alrededor de 2500 familias sobreviven en un descampado hace un mes y medio. Empujados por la falta de un hogar donde vivir y para evitar estar en situación de calle, estas familias decidieron ocupar el terreno ubicado al sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio.
Ana Rolón es una de las miles de personas que tomaron un pedazo de tierra en Guernica. Llegó al predio hace un mes junto a su marido y sus tres hijos, luego de que los echasen de la casa que alquilaban porque su pareja se quedó sin trabajo en el contexto de la cuarentena. “Necesitamos un pedacito de tierra para hacer crecer a nuestros hijos de manera digna. Para no estar en la vereda de la calle, con los hijos cartoneando, muriéndonos de frío con temperaturas de bajo cero. Nos echaron del alquiler y nos arrinconamos donde encontramos un lugar”, contó Ana en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que su historia es la del 80 por ciento de las personas que se encuentran con ella en aquel predio de 100 hectáreas. “No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación”
La Justicia penal de La Plata ordenó el pasado 8 de septiembre el desalojo de las tierras tomadas. El operativo sería en una fecha a definir y en horario diurno. La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que el procedimiento se deberá realizar “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio”, pero también establece que se recurrirá “al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”. La policía está habilitada a usar la fuerza en caso de que no quieran abandonar el terreno, y si no hay un acuerdo previamente, esto es muy factible que suceda.
Las familias que ocupan el predio emitieron un comunicado repudiando este fallo de la justicia. “Nos desalojarán ¿y qué harán con las decenas de miles de familias que están en situación de calle. Somos laburantes, changarines, desocupades, familias y niñes que necesitamos un cambio social para vivir una vida digna”, afirman.
Según denuncian los delegados de la toma, el terreno abandonado durante años es pretendido para ampliar el “Country&Club San Cirano”. Por eso, las familias expresaron el “total repudio” a la orden de desalojo de “la llamada Justicia” y denunciaron que “cumple su papel defendiendo los intereses de los countries”.
“Pocos días tardaron los jueces de la Cámara en afirmarse en su concepción de ‘justicia’ injusta. Estaban entre defender la concreción de un par de canchas de rugby para el country con dudosos papeles o defender el interés de millones que tienen problemas habitacionales”, apuntaron los delegados de las diferentes organizaciones que acompañan la toma.
Derribando mitos
La ocupación de un bien inmueble en contra de la voluntad de su está penado, según el Código Penal, dependiendo de si hay violencia o intimidación. Si hay violencia, es un delito penal. Sin embargo, cuando no la hay, es un problema del derecho civil como sucede en las ocupaciones de tierras como consecuencia de la crisis habitacional crónica que sufre la Argentina.
– En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que abarca la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la rodean, incluyendo la capital provincial, desde antes de 1970 hasta la década del 2010 existieron 1297 barrios populares nacidos de la ocupación de tierras según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
– Estos barrios forman parte de los 4400 asentamientos precarios relevados también por este registro a partir del cual en 2018 se sancionó la Ley de Barrios Populares con el objetivo, entre otros, de promover la integración socio urbana de estos lugares y declarar de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones las tierras en las que se asientan villas de emergencia.
– De acuerdo a este relevamiento, el 93,81% de estos asentamientos no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
El pasado 15 de agosto se encontró un cuerpo esqueletizado en un cangrejal de Villarino Viejo, a pocos kilómetros de Bahía Blanca. Luego de la autopsia, que presenciaron Cristina Castro y la jueza federal María Gabriela Marrón, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -que es perito oficial de la causa- dijo que el cuerpo pertenece a un joven de entre 22 y 24 años, que mide cerca de 1,60 metros.
A pesar de que no está confirmado que se trate de Facundo, los datos cuadran con los del joven desaparecido el 30 de abril. Otro dato que le brindaron a Cristina es que se trató de una muerte por asfixia, quedando descartada la hipótesis del suicidio que agentes de la policía quisieron instalar. De todas maneras, desde el EAAF afirmaron que nada de lo que se vio es definitivo, y hasta que no se terminen todos los estudios no se puede saber científicamente cuál fue la causa de la muerte. Los abogados estimaron que el 5 de septiembre se podría confirmar la identidad del cuerpo encontrado
“Me dijeron que ese cuerpo murió por asfixia, Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, lo mataron y la Bonaerense tiene que dar respuesta de eso”
Cristina Castro
Un patrullero con recorrido sospechoso en el lugar donde encontraron el cuerpo
El pasado 8 de mayo, un móvil de la policía bonaerense Toyota Etios patente OMP 782 estuvo deambulando a pocos metros de los restos óseos hallados en Villarino Viejo. El vehículo fue secuestrado por la justicia federal, afirmando que se trataba de un recorrido ‘inusual y sospechoso’, y que además se detuvo durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el 15 de agosto se encontró el esqueleto.
Patrullero secuestrado por “recorrido sospechoso”
La querella de la causa, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), solicitó la ubicación de todos los patrulleros de la Policía Bonaerense desde el día 30 de abril hasta el 15 de agosto -cuando apareció el cuerpo esqueletizado- en un radio entre ese sitio, la ruta 3, Teniente Origone y General Cerri. “Cuando se encontró el cuerpo era necesario verificar los movimientos, y ahí aparece ese ingreso”, dijo la abogada Margarita Jarque, de la CPM.
Otra medida solicitada fue dirigida al Ministerio de Seguridad bonaerense para que aporte las comunicaciones del patrullero “sospechoso”, individualice cuáles son los móviles asignados a esa Unidad Policial de Prevención Local de Bahía Blanca y finalmente realice la geolocalización de la totalidad de los vehículos de esa repartición que se hubieran posicionado sobre la zona comprendida entre las localidades mencionadas y sus adyacencias. De esta manera, se tendría más información sobre qué hacía ese móvil allí y si hay otros involucrados.
Cristina Castro fue recibida por Alberto Fernández y Axel Kicillof
“Lo miré a los ojos y me ha dejado conforme. El señor presidente ha sido muy amable y muy sincero, pero eso no quiere decir que vaya a dejar de exigir respuestas”
Cristina Castro sobre la reunión con Alberto Fernández
La reunión que llevó adelante Cristina Castro junto con el presidente de la Nación en la residencia de Olivos tomó alrededor de dos horas. Por iniciativa del propio Alberto Fernández se reunieron en un primer momento de manera privada y hablaron un tiempo a solas. Luego se sumaron la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los abogados de la madre de Facundo, Leandro Aparicio y Luciano Peretto. Al finalizar el encuentro, se realizó una conferencia de prensa.
“El Presidente se ha comprometido desde lo institucional en la búsqueda de la verdad, ha puesto a disposición todas las garantías que nuestra querella pidió para que la investigación se de en un marco de transparencia, independencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento que representan los mecanismos que dispuso, acordes a los imperativos que se piden al Estado argentino en esta causa a nivel internacional, y que para nosotros son esenciales para llegar a la verdad”, afirmó Peretto.
Cuando al abogado le consultaron sobre el fiscal federal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, dijo: “No hay mejor defensor de la policía bonaerense que el fiscal Martínez, evaluaremos los pasos a seguir con todos los elementos irregulares que estamos recogiendo sobre la policía descontrolada en medio de la pandemia, y lo vamos a denunciar también penalmente”.
“El fiscal no fue a ningún procedimiento, no dialoga ni respeta a la víctima, no avisa cuando pide detenciones, no participó de las testimoniales, el Estado debe cambiar esta situación, la Procuración de la Nación debe escuchar a Cristina para terminar con este funcionario nefasto que no quiere llegar a la verdad”, continuó.
Ante las presuntas irregularidades del fiscal Martínez, Cristina Castro, junto con la CPM y su abogada -Margarita Jerque- lo denunciaron ante la Procuración General de la Nación. El miércoles por la tarde Cristina fue recibida y declaró por el fallido accionar del fiscal federal.
Por su parte, el encuentro con el gobernador de Buenos Aires en la ciudad de La Plata se concretó tres días después de la reunión con el presidente. Esta vez, tras la conversación con Kicillof en la Casa de Gobierno provincial, de la que también participaron los secretarios de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragalla; y el de la provincia, Matías Moreno, Cristina Castro dijo estar “conforme” y llevarse “transparencia” de parte del mandatario a quien, según dijo, le dejó “muchas preguntas” que “me va a ir respondiendo con el tiempo”.
Cristina luego de la reunión con Kicillof
Uno de los pedidos más resonantes de Cristina a Kicillof fue la renuncia del ministro de Seguridad, Sergio Berni. En la posterior conferencia de prensa, afirmó: “Le pedí que (Berni) deje de mentir porque está diciendo cosas que no son”, dijo e insistió: “Le dije ‘usted tiene un ministro que es un bocón’ y que por respeto al otro, debería haberse callado la boca”. Según informa Página/12, la respuesta del gobernador fue: “Le voy a decir que no hable más”.
Cristina Castro estuvo presente en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil convocada en Plaza de Mayo. La cita fue hecha a partir de las 14 y el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizó un acto por Facundo. “Vine por respuestas y para pedir justicia”, señaló Cristina en el cierre de la lectura del documento y pidió la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
El ex cuñado de Facundo, hostigado por la policía
Marcelo González, hermano de la ex novia de Facundo, habló en una entrevista y afirmó que es hostigado y que fue amenazado por la policía bonaerense.
“Empezaron los hostigamientos, me vinieron a buscar a mi casa, le dijeron a mi señora que me tenía que presentar en la comisaría. Cuando llegué de trabajar fui, a pesar de que no recibí ninguna notificación”, relató Marcelo.
“Fue a mediados de junio cuando ya estaba la denuncia por desaparición forzada, me hicieron esperar y al rato me llevaron a una sala con dos policías de civil y uno uniformado. Me empezaron a apretar, que yo tenía que decir dónde estaba Facundo, ‘ya sabemos que está en Bahía Blanca, vos tenés que decir que está en Bahía Blanca’. También me querían involucrar en temas relacionados con la droga, ‘sabemos que consumís cocaína’, me dijeron. En ese momento me quedé helado, no sabía cómo responder, estaba asustado, en todo el tiempo me sentí amenazado. ‘Ya sabemos que Facundo también consumía, vos tenés que hablar, y si no querés hablar te voy a tener que pegar unos sopapos para que hables’, me dijo el que estaba de uniforme”, continuó.
Trabajador de la construcción, de 37 años y con hijos a cargo, cuenta que por el hostigamiento tuvo que mudarse. También relató que a su hermana le dieron vuelta la casa y que perdió su trabajo cuando la convirtieron en blanco de la “otra” hipótesis de la causa por la desaparición forzada de su ex pareja.
La policía bonaerense, junto con algunos miembros de la justicia que defienden su accionar, quisieron garantizar la impunidad en un caso de desaparición forzada. A cuatro meses de la ausencia de Facundo, todos los caminos conducen a que fue la policía de la provincia de Buenos Aires que cometió esta violación a los Derechos Humanos. La reunión de Cristina Castro con Alberto Fernández y Axel Kicillof marca que hay una intención por parte del Estado en que se sepa qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables. Según las palabras del propio gobernador, “no se va a encubrir a nadie”.
Una vez restaurada la democracia dijimos ‘Nunca Más’ a la dictadura cívico-militar. Hoy, volvemos a levantar las mismas banderas, por ningún desaparecido más.
Podría hablar de cómo bajó su visera; de los ojos de Facundo, que brillaban como la luna cuando se reflejaban en los techos de chapa de la Provincia de Buenos Aires; o de su mirada y sus palabras juveniles, que iluminaban habitaciones oscuras. También sumaría que cuando mostraba los dientes sonriendo, la sensación era parecida a la que te agarra cuando se cuelgan las filas de foquitos de luz y se empieza a escuchar el retumbar del primer bombo, que da comienzo a los corsos en todos los barrios. Pero sería mentira, porque la verdad es que no lo conozco.
No voy a hablar de Facundo, porque lo único que sé es que era un pibe normal de 22 años y hacía lo mismo que todes. Pero como justo tengo su edad, tal vez pueda tomarme el atrevimiento y contar lo que hacemos y creo que sentimos les jóvenes.
Cuando nos despertamos antes de pensar que hace frío y que hay que ir a laburar o a estudiar o lo que sea, nos gusta poner música. Después abrimos Whatsapp y ahí retomamos alguna charla diciendo: “Uh disculpa, me quedé re dormido”. Con la compu medio apagada, vamos pensando en unos mates y en meterle el diente a lo que haya en la heladera.
Muchas veces nos quedamos colgades mirando los azulejos de la cocina mientras la pava se va calentando, hasta que alguien nos saluda haciéndonos una caricia en el hombro, y ahí no más metemos la primera charla del día diciendo: “No sabés lo que soñé”.
A esta edad sentimos como nunca, y nuestro cuerpo es una montaña rusa de sensaciones. Estamos de acá para allá, no paramos, vamos a recitales, a fiestas, ranchamos en alguna esquina, jugamos al fútbol y mientras picamos alguna flor, tiramos rimas entre risas. También changueamos, porque el laburo digno escasea y si tenemos suerte soñamos con recibirnos. Pero además nos preocupamos por el de al lado y nos involucramos; cada tanto, se nos escapa una sonrisa cuando miramos el celular por algún mensaje nuevo. Nos enamoramos, se nos pone la piel de gallina, nos corren escalofríos, y por la espalda pasan distintas sensaciones térmicas en una milésima de segundo; no hay reloj que tome la velocidad de nuestra frecuencia cardíaca, nos comemos el mundo. Y después nos la ponemos contra una pared dura y sin revocar.
A Facundo le pasó esto, eso sí lo puedo afirmar. Venía de una relación larga, con idas y vueltas, y en el medio pandemia quiso ir a la casa de su ex novia, arreglar las cosas y pasar un par de días juntes.
Sí. Salió durante la cuarentena, pero quién soy yo para juzgarlo, si al pibe seguro se le cerraba el pecho de angustia y para irse tuvo que pelearse con su vieja, que seguro temía por su hijo y por la posibilidad de que se contagie de Covid-19.
Pero en la tarde helada de Pedro Luro a Facundo no le subió la fiebre, no perdió el olfato, ni le dio dolor de garganta. A Facundo lo agarró una Hilux de la Policía Bonaerense y hace más de noventa días que no sabe nada de él.
Desde la vuelta a la democracia, en Argentina la verdadera pandemia viste de azul y tiene chapa y gorra.
¿Dónde carajo está Facundo?
Felipe Bertola
Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba «Significado de Patria» para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder «ser la revancha de todxs aquellxs». Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.
El pasado 9 de julio, Lucas Nahuel Verón cumplió 18 años y lo festejó, junto con su familia y algunos amigos, en su casa ubicada en González Catán, partido de La Matanza. Alrededor de la una de la mañana, se dirigió en moto junto con un amigo, a comprar una gaseosa en algún quiosco del barrio. Al no encontrar ninguno abierto, decidieron volver a la casa de Lucas. Allí fue donde un móvil policial -aparentemente con las luces apagadas y sin patente- comenzó a perseguirlos y los efectivos dispararon contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y murió a los pocos minutos. La autopsia confirmó que la bala que lo impactó provino de un arma policial.
En vez de notificar y denunciar lo sucedido, los policías se fugaron y no brindaron la ayuda correspondiente a los jóvenes. Por el hecho, fueron detenidos los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, cuya pena máxima puede ser cadena perpetua por tratarse de un agente de las fuerzas de seguridad. Los vecinos de la zona reconocen a estos policías porque han protagonizado, según cuentan, distintos hechos de violencia institucional contra jóvenes del barrio.
Imagen: CORREPI
La representación legal de la familia de Lucas pidió que se aparte de la causa al fiscal Juan Pablo Tahtagian por haber permitido aprietes y extorciones por parte del comisario responsable para desvirtuar y desligar de responsabilidad a los policías detenidos. La familia afirma que al amigo de Lucas -de 17 años- que iba con él en la moto al momento del hecho, “lo tuvieron detenido en la comisaría, igual que a un pariente suyo, para obligarlo a firmar una declaración en la que le hicieron decir que estaban escapando de los policías porque habían robado un celular”. El fiscal Tahtagian estaba presente en la comisaría y permitió esta conducta, cuyo objetivo era garantizar la impunidad.
La familia y amigos de Lucas concurrieron a la sede de la Fiscalía General en modo de protesta para reclamar justicia. Cuando se encontraban allí, denunciaron que fueron hostigados por parte de la policía que custodiaba el lugar. “Se burlaban, se reían de nosotros y nos hacían fuck you”, dijo Cinthia, una de las hermanas de Lucas. En consecuencia, se produjeron unos incidentes y la policía reprimió con algunos disparos de balas de goma. Un sector de los manifestantes se encargó de calmar a los más enojados por la provocación de los policías y remarcó: “Esto no nos representa, no es lo que vinimos a hacer, que es pedir justicia”.
“Lo llevaron a declarar -al amigo de Lucas- y le dijeron que diga que ellos fueron a robar, que fueron a robar a una señora que estaba en la parada de colectivo a la una de la mañana. Lo apretaron los policías de la comisaría. La única verdad es que lo fusilaron y lo dejaron tirado en el piso”.
Cinthia Verón, hermana de Lucas.
Imagen: Comisión Provincial por la Memoria
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querellante en representación de la familia-, señaló que el joven fue “fusilado” por los policías. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”. A su vez intervino de manera inmediata la agrupación HIJOS La Matanza, que hizo posible la identificación y detención de los dos policías responsables de lo sucedido. Los militantes de HIJOS se reunieron con la familia de la víctima y tomaron contacto con varios testigos. La primera medida tomada por la CPM fue evitar que la policía les tomara declaración a los testigos en la sede de la comisaría interviniente.
Otro caso que se conoció en los últimos días fue el de Raúl Dávila, un joven de 22 años que estaba detenido en una comisaría de la ciudad bonaerense de Chascomús acusado de resistencia contra la autoridad. Murió el viernes pasado luego de un incendio en el calabozo en el que se encontraba alojado por mala conducta. Según la autopsia que se llevó a cabo, Dávila falleció a raíz de las quemaduras que sufrió en más del 50% del cuerpo.
El delito por el que Raúl estaba en la comisaria se lo considera “delito leve” cuya sanción no puede superar las 48 horas de prisión. A pesar de eso, le dictaron prisión preventiva de manera injustificada. La CPM afirmó: “este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En este caso fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas”.
Los efectivos de la comisaría indican que fue el propio joven el que generó el incendio, pero todavía queda por probar cómo fue que se inició el fuego y por qué las llamas llegaron a quemar el 50 por ciento del cuerpo de Dávila antes de ser apagadas por los propios agentes. El hecho fue denunciado por la CPM, que también aseguró que “la policía bonaerense y la justicia provincial deberán responder ante esta nueva muerte evitable”.
Raúl Dávila
El organismo pidió que “la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”, y remarcó que, tanto la muerte del joven como el asesinato de Lucas Nahuel Verón, se enmarcan “en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace poco más de 70 días, donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal”.
Desde que comenzó la pandemia se ha producido un agravamiento en los casos de violencia institucional que se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, en su mayoría pobres. Revista Sudestada publicó los nombres de las personas asesinadas en Argentina por partes de efectivos policiales desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En total, son 15: Luis Armando Espinoza, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, José Antonio Ávila, Facundo Escalso, Diego Arzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana, Ruber Sarso, Gastón Mirabal, Walter Ceferino Nadal y Brandon Romero.
De esta lista, casi la mitad -siete- fueron asesinados por la policía bonaerense, lo que evidencia una responsabilidad por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las políticas de seguridad de “mano dura” tienen resultados conocidos: persecución, hostigamiento y pibes pobres asesinados en manos de las fuerzas policiales. En un momento de gran tensión por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, es necesario un giro en las políticas de seguridad para que no siga habiendo muertes por gatillo fácil. Mientras tanto, Berni se pasea por los canales de televisión exhibiendo sus credenciales mientras la policía que tiene a su cargo acumula muertes y desapariciones.
Sobre la violencia policial en el mes de junio, la CPM precisó que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. A su vez denunció que las cifras van “en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.
Desde Revista Trinchera exigimos justicia por Lucas y Raúl, y por todos los que murieron a manos de las fuerzas represivas.
¡Basta de pibes asesinados por la policía! ¡Basta de Gatillo Fácil!
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro el pasado 30 de abril. Su idea era ir “a dedo” hacia Bahía Blanca, donde vive su ex pareja, a quien quería ver, aunque no contara con el permiso para circular debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Al recorrer los primeros 30 kilómetros, un retén policial lo detuvo y le elaboró un acta por romper la cuarentena. Según la versión de los efectivos, lo dejaron seguir rumbo a Bahía Blanca. Desde ese día, no se supo más nada de Facundo.
Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero”. La investigación está plagada de irregularidades en las que los propios efectivos policiales declaran de manera contradictoria. En un primer momento, los policías declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta “lo levantó” y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, el mismo efectivo cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando. Esto generó la sospecha de la madre de Facundo, Cristina Castro, que empezó a dudar sobre qué había pasado con su hijo y si la policía era responsable de su desaparición.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se mostró con ánimos de aceptar el apartamiento de la Bonaerense de la investigación “si es lo que desea la familia”. “Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece que es una obligación nuestra acompañar esa decisión”, afirmó el funcionario a radio FM Brújula, de Bahía Blanca.
Finalmente, el fiscal Rodolfo De Lucía ordenó que la Policía Bonaerense quedara afuera de la investigación, tal como venían exigiendo los abogados de la familia e incluso la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Un hecho fundamental para determinar el curso de la investigación, fue la aparición de tres testigos que se pusieron en contacto con la familia del joven. Los tres sostienen haber visto a la Policía subir a Facundo a un patrullero a tres kilómetros del lugar que indicaron los efectivos que lo habían demorado aquel 30 de abril. Anteriormente se habían presentado a declarar en la comisaría, pero nunca fueron convocados por la policía. Esta declaración de los tres testigos deja en evidencia y profundiza las irregularidades de los testimonios y de las actuaciones policiales, y además identifica otro tiempo y lugar de su desaparición. De esta manera, el testimonio aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
En consecuencia, el pasado jueves 2 de julio la familia presentó, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria -querellante en la causa- y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, una denuncia por “desaparición forzada” ante el juzgado federal 2 de Bahía Blanca, en la que incorporan las declaraciones de tres testigos que dicen haber visto al personal policial subir a Facundo a un patrullero policial.
La jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich “con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el 30 de abril, el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia”.
Nora Cortiñas reclamando por la aparición de Facundo Astudillo Castro
Los organismos de Derechos Humanos reclamaron, mediante un comunicado, por la aparición con vida de Facundo Castro.
“Queremos manifestar nuestra preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y hacemos llegar nuestra solidaridad a la familia y amigos de Facundo, quien se encuentra desaparecido desde hace más de dos meses cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro, cerca de la ciudad de Bahía Blanca.
A la vez destacamos que el reclamo de la familia y de organismos gubernamentales y de derechos humanos hizo posible la decisión, que se conoció en el día de hoy, de separar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la causa y que permitirá a la Justicia avanzar con la celeridad que requiere el caso.
Es indispensable que se realice con la mayor urgencia posible una búsqueda e investigación seria y sin presiones y que la Justicia Federal de Bahía Blanca avance rápidamente en la denuncia por desaparición forzada presentada por la familia de Facundo.
Sabemos del difícil momento que la familia y amigos de Facundo están atravesando por lo que queremos que les llegue nuestro más fraternal abrazo y nuestro compromiso inclaudicable para reclamar que la justicia esté a la altura de dar las respuestas que nuestra democracia exige.”
8 de julio de 2020
Firman: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros.
Tuit publicado por Cristina Castro, madre de Facundo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos) envió una solicitud de información al ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina que comanda Felipe Solá, sobre la denuncia por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, en la que se le solicitaron medidas cautelares para dar con el joven. De acuerdo al reglamento de la CIDH y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la respuesta debe ser entregada en un plazo de 72 horas.
En la denuncia presentada por parte de la familia, también señala que Facundo era constantemente hostigado por los efectivos policiales de la zona. La madre afirmó que cuando era menor de edad había sido golpeado por la policía y que, en otra ocasión, “le habían roto de manera intencional un ciclomotor”. Al momento de realizar el rastrillaje para dar con el paradero de Facundo, Cristina vio participar del operativo a uno de los policías que lo había golpeado en los hechos mencionados.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que fue aceptado en la causa como querellante de la causa, dijo: “La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad”.
A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en la que se sigue reclamando justicia, hoy fue el turno de un joven de 22 años que le gustaba el rap y tocar en la batucada. Un pibe más al que el aparato represivo del Estado se lleva puestos todos sus sueños. El foco de la discusión vuelve a estar sobre el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en tiempos de democracia. Una deuda que necesita ser saldada con urgencia, ya que jamás va a haber democracia si la policía sigue persiguiendo, hostigando y matando a les pibes. Como afirma el comunicado de la CPM, se trata de un delito de lesa humanidad y de una gravedad institucional muy importante. Desde Revista Trinchera nos sumamos al reclamo de los organismos de Derechos Humanos y la familia y pedimos por la aparición con vida de Facundo Castro.
Imagen tomada del perfil de Facebook de Facundo
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
Seis meses después del 19 y 20 de diciembre en el que murieron 39 personas a manos de las fuerzas represivas, la policía bonaerense asesinó a Darío Santillán (25) y a Maximiliano Kosteki (21), luego de una movilización en la que reclamaban, entre otras cosas, aumento general del salario y del monto de los subsidios para les trabajadores desocupades.
Las políticas neoliberales implementadas en la década del 90 y la continuidad por parte del gobierno de Fernando De La Rúa, tenían como resultado a más de la mitad del país en situación de pobreza (51,4%), cierre constante de fábricas y aumento de la desocupación, que en el año 2002 ya alcanzaba el 22,5%.
En este contexto, el 26 de junio de 2002, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) organizaron una jornada de lucha que cortaría todos los accesos a la Cuidad de Buenos Aires como medida de protesta. El MTD Aníbal Verón, junto a otras organizaciones, se dirigían a protestar en el Puente Pueyrredón y se encontraron con un fuerte operativo policial. Días atrás, el Gobierno había mencionado que no iban a permitir los cortes de los ingresos a la Capital Federal e hicieron referencia a que “tenemos que ir poniendo orden”, por lo que la tensión entre piqueteros y la policía estuvo presente desde el primer momento.
Ante cualquier suceso, la policía iba a empezar con la represión. Y así fue. Una mujer discutió con un efectivo de la policía y la reprimieron. Ante esto, la columna piquetera avanzó hacia los efectivos y empezó la violenta persecución. En un principio, disparaban balas de goma y bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Luego de varias horas, el conflicto se situó en Avellaneda a metros de la estación de tren y allí seguieron los disparos. Ya no eran balas de goma, sino que disparaban con balas de plomo, desatando una cacería contra los manifestantes.
La represión por parte de la policía se extendió en todos los puntos de la protesta, pero en el Puente Pueyrredón del partido de Avellaneda, fue donde estuvo el foco de la violencia. En este operativo estuvieron involucrados, además de la Policía Bonaerense, la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
En la estación de tren, Maxi había sido baleado en el pecho y se encontraba en el piso. Darío lo vio y decidió volver para socorrerlo porque sabía que la policía estaba por entrar. La estación estaba casi vacía cuando llegaron el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, y Santillán les decía que no dispararan. Le ordenaron que se vaya, y cuando corrió, le dispararon por la espalda. Cayó sobre una columna y los efectivos policiales no le brindaron ningún tipo de ayuda. Minutos después, lo arrastraron hasta la camioneta que lo llevaría al hospital. Al cuerpo de Kosteki, que yacía en el medio del hall de la estación, lo acomodaron y movieron con total liviandad, como si nada ocurriera, hasta que lo subieron a otra camioneta y lo llevaron al hospital. Ya era demasiado tarde.
En la brutal represión, fueron heridas alrededor de 90 personas -33 de ellas por disparos con balas de plomo-, y hubo además 160 detenidos. La cantidad de muertos pudo haber ascendido a 15, si se tiene en cuenta los manifestantes que recibieron impactos en zonas vitales como el pecho o la cabeza. La conmoción social que generó el hecho, obligó al entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, a adelantar las elecciones generales.
“Él también podría haber salido corriendo como hicieron los amigos, porque era una situación límite y uno preserva la vida, pero llegó hasta la última instancia en lo que creía que era no dejar a un compañero herido, caído. Él se quedó. Levantó la mano diciendo ‘paren que el pibe se está muriendo’”.
Alberto Santillán, padre de Darío
Ilustración de Santillán pidiéndole a la policía que no dispare, mientras asiste a Kosteki – Revista Sudestada
El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua al excomisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.
Tapa del diario Clarín del día siguiente
Darío y Maxi no fueron ni los primeros ni los últimos muertos a manos del Estado, pero el hecho marcó un paradigma en términos de tratamiento mediático. La masacre de ese 26 de junio fue precedida por la violencia simbólica de gran parte de los medios hegemónicos. La criminalización de la protesta social y de la figura del militante, la descontextualización de los reclamos, la carga de culpa sobre los actores violentados y asesinados fueron algunos de los mecanismos que se utilizaron para tratar la noticia.
El diario Clarín, que tituló “La crisis causó 2 nuevas muertes”, desligaba a los responsables de la masacre y encubría el accionar de las fuerzas en las manifestaciones. El material fotográfico que realizó Pepe Mateos (ex fotógrafo del diario Clarín que capturó la secuencia del hecho) también fue manipulado: se decidió utilizar una imagen poco clara y en movimiento, desestimando las capturas donde se ve con certeza a los que dispararon contra Darío y Maximiliano. La falta a la verdad del diario Clarín se convirtió en el hito para hablar de las relaciones entre el poder y los medios.
La volanta aseguraba que “no se sabe aún quienes dispararon contra los piqueteros”, cuando el mismo día el propio fotógrafo llevó toda la secuencia que evidenciaba el momento en el que los policías disparaban con balas de plomo. Hubo una decisión del diario de no publicar esas fotos. Esto queda demostrado al día siguiente, cuando no cabía otra versión que a Darío y Maxi los había matado la policía y el diario decide publicar todas las imágenes.
Tráiler del documental “La crisis causó dos nuevas muertes”
En un primer momento, intentaron instalar la versión de que se trató de un enfrentamiento entre piqueteros, y luego un enfrentamiento con la policía.
“No existe el enfrentamiento entre las columnas de los movimientos sociales y la policía, es mentira. La guardia de infantería tiene chaleco antibalas, casco antibalas, un bastón, pistola 9mm y munición de plomo y están entrenados durante años para utilizarlo. Del otro lado tenes un desocupado con un palo, por lo que el enfrentamiento es imposible”.
Claudio Pandolfi – Abogado de Movimientos Sociales
A 18 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la lucha sigue en pie. En conmemoración al hecho y pese a la pandemia, algunas organizaciones decidieron movilizar hasta el puente Pueyrredón como todos los años, aunque también preparan distintas actividades a través de plataformas virtuales para pedir que se juzgue a los responsables políticos de la masacre.
¡Darío y Maxi, presentes!
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
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