Alberto Fernández, encabezó un acto en la provincia de Tucumán donde se firmaron importantes convenios en materia de Seguridad. El presidente de la Nación analizó los desafíos que enfrenta el país en esta materia y remarcó la importancia del trabajo conjunto con las provincias.
Esta mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un acto en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán en el marco del convenio que firmaron el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a partir del cual se otorgaron 100 patrulleros a la policía provincial.
Del evento también participaron el Jefe de Gabiete, Juan Manzur; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; ministres, concejales, intendentes, miembres del Poder Judicial y otres integrantes del Frente de Todos.
Luego de una invocación religiosa en la que se bendijeron las camionetas, el gobernador Jaldo agradeció el acompañamiento y la presencia del mandatario. “Nos acompaña quien nos da la posibilidad, quien nos ayuda, quien esta permanentemente a la par de nosotros para que los tucumanos/as, en un área tan importante como la seguridad, podamos cumplir nuestras metas“, enfatizó.
Finalmente, el gobernador enumeró las inversiones y los avances que se hicieron para mejorar el trabajo de la fuerza policial a quienes expresamente les pidió un mayor sacrificio. “Desde los generales hasta el último policía, necesitamos más policías en las calles cuidando la vida y los bienes de los tucumanos, sigamos dando la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el narcomenudeo, vamos hasta donde tengamos que ir,todo dentro de la ley y nada fuera de la ley“, concluyó.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández -recientemente designado presidente del Comité latinoamericano de Seguridad Interior- celebró el acuerdo y destacó que “hay que dejar de pensar en el delito como una sustancia que perseguimos. Lo que tenemos que perseguir es el dinero que le importa a este sector de la sociedad que queremos erradicar. Para eso tenemos que tener en cuenta otras expresiones delictuales como la trata, y que debemos acotarlas“.
Fernández también agradeció el acompañamiento del presidente y en muestra apoyo afirmó: “No es fácil su tarea, son 600 mil problemas que tiene que resolverlos en un minuto, y al minuto siguiente empiezan otros 600 mil problemas“, a lo cual agregó que “son muchas las cosas para hacer, pero esto no es para cagones“.
Luego de la firma de este convenio interjurisdiccional de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y el gobierno Tucumano (contemplado en el decreto 1177/2013) y que además establece la construcción de dos alcaldías, el presidente Alberto Fernández se dirigió a los presentes: “Vinimos a resolver un problema que en la Argentina existe, el delito es un fenómeno social complejo porque ante las respuestas que el Estado propone el delito trata de perfeccionarse“.
En esa línea, sostuvo que como sociedad “debemos reconocer a hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad el empeño que hacen por cuidarnos“. Además, sostuvo que “la seguridad es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo, debemos resolver el crimen que se organiza a modo de una empresa para conseguir sus resultados“.
De igual forma, se refirió a la tarea de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad: “Debemos inaugurar en la Argentina el tiempo de trabajar unidos, ya tuvimos demasiados años para distanciarnos, hay cuestiones donde ya no tiene sentido que marquemos diferencias porque el problema ciudadano tiene otra magnitud y nos está reclamando que cada uno ceda lo que tiene que ceder para poder lograr los resultados que hacen falta que alcancemos“.
“Hemos dejado todo de nosotros para ir sorteando problemas que la Argentina tenía, y problemas que aparecieron como la pandemia, hemos resuelto la deuda con los acreedores privados, ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI que nosotros no tomamos.”
Alberto Fernández
El presidente Fernández afirmó que “ante cada dificultad que se presenta, nosotros que nacimos peronistas, cuando aparece un problema le ponemos el pecho y lo enfrentamos“. Finalmente concluyó señalando que “tenemos un pueblo que mil veces ha podido levantarse de tragedias increíbles, como la Guerra de Malvinas, vamos a levantarnos una vez más, estamos comenzando un nuevo tiempo“.
Según un informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la lista de muertos y heridos de bala consta de 102 nombres y con el transcurso de los días se siguen sumando. Estos hechos fueron catalogados como gatillo fácil: todos fueron efectuados por efectivos de distintas fuerzas policiales, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del resto del país.
Domingo 20 de septiembre
La comisaría responsable que está en el centro de la escena por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro recibió otra denuncia por violencia policial. Esta vez una joven de 20 años sufrió una golpiza en horas de la madrugada. Su madre, Luciana Giménez, publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que su hija salió el domingo con amigues y al regresar a su casa se asustó al ver uniformados; intentó pedir ayuda en otra casa, pero sus ocupantes al sentir golpes en la puerta también tuvieron temor y llamaron a la policía. En ese momento, la acusaron de querer entrar a esa vivienda para robar, la detuvieron y la sometieron a una brutal golpiza.
Su madre realizó un repudio enérgico contra la policía de ese pueblo. “Ahí están los policías que detuvieron a Facundo Castro, eso ya te quema en la cabeza”, denunció. “¿Quiénes se creen que son para golpearla así? No les tengo miedo, los voy a enfrentar como hizo Cristina Castro. Si me la mataban, no me la iban a devolver. Golpean a los pibes con problemas de drogas, no hay dónde denunciar, esto es tierra de nadie”, agregó.
La secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está interviniendo en el caso, al igual que integrantes del Ministerio de Seguridad, que iniciaron de oficio una investigación en Asuntos Internos. Según pudo trascender, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la subsecretaría de Derechos Humanos pidió desafectar al policía identificado, algo que aún no se concretó. A su vez, fuentes de esa dependencia provincial explicaron que le “están ofreciendo contención psicosocial desde la Dirección de Programas para el Desarrollo Sociocomunitario en articulación con los equipos de control de adicciones de Salud de Bahía Blanca”, pero indicaron que la familia no respondió
Sin embargo, la familia aseguró que están solos en su lucha. “Si los pibes hacen cosas que no deben es porque necesitan ayuda, no golpes, las instituciones no se hacen cargo, nadie nos ofreció algo para internar a mi hija”, explicó Luciana Giménez. Y se dirigió a un policía que es de Pedro Luro pero trabaja en Buratovich y a su compañera, a quien acusó de pegarle un puñetazo en la cara a su hija: “Los quiero presos”.
El accionar violento por parte de la policía bonaerense es una constante desde hace ya muchos años. Es necesario entender que estos hechos cobran mayor legitimidad a partir de la doctrina Chocobar, uno de los rostros más represivos del gobierno de Macri. Ideas que hoy lamentablemente perduran, tanto en el imaginario social como a lo interno de la policía bonaerense y los diferentes cuerpos de seguridad del país.
La ola de violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos de seguridad deja en evidencia que se necesita de manera urgente una reforma integral de las fuerzas de seguridad, para que cese la violencia y la criminalización de la pobreza.
El hostigamiento, la persecución, las golpizas, los asesinatos y las desapariciones forzadas -en muchos casos seguidas de muerte- tales como la de Jorge Julio López hace 14 años y la de Facundo Astudillo Castro en abril, muestran la urgente necesidad de una reforma al servicio de la democracia, y principalmente para que no tengamos que lamentar ningune pibe menos asesinade por la policía.
Domingo 27 de septiembre
Pasada la medianoche del sábado Leandro Matías Sánchez de 21 años iba en el asiento acompañante de un Renault 9 rojo. Con él iban tres personas más, todes militantes de la CTD Aníbal Verón y la Corriente Nuestra Patria. Se dirigían en dirección a San Vicente por Ruta 210. A corta distancia los seguía un Fiat Palio blanco, integrado por cuatro personas que resultaron ser efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires, en carácter de civil. En la parada de un semáforo el Palio frenó, descendieron dos policías y abrieron fuego sin ninguna explicación.
“Nicolás, que es el chico que venía manejando, ve esa situación y trata de dar marcha atrás y maniobrar para escapar. Ahí se dan cuenta que Leandro estaba herido”,aseguró Fernanda Pereyra, abogada militante de la CNP.
Todo esto ocurrió a metros de una garita policial por lo que las cámaras grabaron el hecho y así pudieron corroborar que se trataba de cuatro policías de la bonaerense. A Leandro lo llevaron hasta el hospital de Guernica con una herida grave debajo del brazo. Más tarde sabrían, por medio de testigos, que el Palio los había seguido hasta el hospital. El joven fue trasladado al nosocomio de San Martín ya que la operación era de alta complejidad. Lograron salvarle el brazo y se encuentra estable en terapia intensiva.
Sus compañeros fueron trasladados al destacamento policial de Guernica, donde les tomaron declaración, y luego de varias horas, entre golpes y verdugueos -alrededor de las 6 am- los liberaron. Intentaron confundirlos al decirles que estaban dando declaraciones contradictorias cuando no fue así. Los cuatro policías fueron detenidos y llevados a indagatoria para tomarles declaración. Están a la espera de que se proceda con la correspondiente detención. La carátula con la que se les imputa es homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios públicos.
Espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales
Durante los últimos días salió a la luz la investigación que lleva adelante el periodista Ari Lijalad (El Destape), en torno al espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se llevó adelante bajo el ala de Mauricio Macri. En el informe aparecen datos personales e información sobre la orientación política y el despliegue territorial de decenas de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.
El Proyecto AMBA, que consta de 9 bases de la AFI desplegadas por toda la provincia y con Pablo Pinamonti a la cabeza, se encargó, a partir de 2017, de investigar y proporcionar información sensible -a los altos mandos del gobierno- sobre dirigentes políticos, referentes sociales y hasta manifestantes de diferentes organizaciones. Se trata de un espionaje político que incluye hasta comedores comunitarios o familiares de militantes políticos y sociales.
El juez federal Alejo Ramos Padilla es quien encabeza la investigación y hace pocos días motorizó el procesamiento a Pablo Pinamonti, que será llevado a indagatoria la semana próxima junto a los máximos responsables de la AFI y el Proyecto AMBA. Estas bases fueron creadas con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y la trata de personas. Hoy podemos afirmar que los recursos del Estado fueron utilizados para espiar a la oposición durante las elecciones de 2017. ¿Es errado suponer que la información recolectada durante ese periodo hoy se esté utilizando para la persecución y hostigamiento de militantes sociales y políticos? ¿Cómo se explican si no los diversos ataques a organizaciones sociales por parte de la policía bonaerense?
Días previos al ataque perpetrado contra Leandro, en la zona de Guernica, donde funciona uno de los comedores de la CTD Anibal Verón -organización que aparece en la listas de espiados por el macrismo-, uniformados irrumpieron y golpearon a tres compañeras militantes de esa organización. Sabemos que la situación en Guernica es grave debido a las tomas que se están realizando, y que se planea el desalojo de las 2500 familias que actualmente se encuentran en el predio en reclamo de una vivienda digna. Desde la CTD Aníbal Verón aseguran que no son partícipes de la toma, al contrario del discurso que muchos medios intentan instalar.
Asimismo, las demandas por viviendas dignas son un política que muchas organizaciones sociales y partidos políticos llevan adelante: la situación habitacional es grave ya que miles de familias se encuentran en situación de calle por los designios de la pandemia y la respuesta no puede ser la represión. El Estado debe facilitar políticas públicas que tengan como objetivo la articulación y el trabajo conjunto con los diferentes espacios políticos que hoy se encuentran en lucha.
A diferencia de la idea que construyen muchos medios opositores, no se trata de una usurpación con el objetivo de tomar posesión y vender lotes, sino de suplir derechos básicos que han sido arrebatados por las políticas del macrismo. Seamos realistas ¿Quién tiene ganas de vivir en una “casa” de cuatro palos, unas chapas y nylon? Es inhumano. Hoy a nivel nacional existe un gobierno que pretende construir un Estado responsable, pero hay funcionarios opositores que desde sus cargos intentan revertir esta situación, y existen intereses particulares que están interfiriendo en las demandas sociales urgentes. ¿Como explican sino la concesión de terrenos en la zona de constitución al Grupo Clarín, bajo cifras irrisorias? Se trata nada más y nada menos que del referente cambiemita Horacio Rodríguez Larreta. Para los ricos y poderosos los lotes aparecen, pero a los pobres los desaparecen.
Juan Martín Palermo
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
Para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiero hablar desde un léxico más revolucionarie.
Una de las flexibilizaciones de la cuarentena en la ciudad de Córdoba permite a los jóvenes concurrir a bares hasta un horario determinado. Eso fue lo que hizo Valentino Blas Correas junto con sus amigos, que luego de tomar unas cervezas, volvían a sus casas. Lo mismo que hace cualquier persona de su misma edad que después de meses de confinamiento quiere distenderse y pasar un buen rato con sus compañeros.
Al momento de volver, sufrieron un intento de robo y en evidente estado de nerviosismo, los jóvenes intentaron escapar. El conductor del auto tomó velocidad y se cruzaron con un control policial, en pleno centro de la ciudad cordobesa. Decidieron no parar, por miedo a la represalia por superar el límite de velocidad. En ese momento, y sin justificación para usar el arma reglamentaria, la policía empezó a disparar contra el auto. Una de las balas impactó en la espalda de Valentino, que murió a los pocos minutos.
Según declaraciones a medios locales del abogado de la familia, Cristian Boez, cuando llegó a la escena donde muere el joven, la policía ya había limpiado todo y no se encontraba el cuerpo, declarando de que “no se hizo nada para aclarar la situación”. A su vez, se estaba instalando la versión de que Valentino venía de una fiesta clandestina y que no había respetado la cuarentena, pero se encontraron fotos que muestran que estaba con sus amigos en un bar, por lo que quedó descartado por completo esta versión, que intentaba ensuciar su nombre, como si eso alcanzara de justificativo para balear a unos pibes que no paran en un control policial.
El padre de uno de los amigos de Valentino, que apenas se enteró del hecho fue hasta el lugar donde se encontraba su hijo, relató en una entrevista que los policías empezaron a disparar apenas pasaron el control. También declaró que hubo más de 20 tiros, aunque oficialmente declararon 12. Como generalmente ocurre en estos casos, según cuenta el padre del joven, les quisieron plantar un arma en el auto, para simular que se trató de un “enfrentamiento”. “Estos chicos en su vida vieron un arma. Es una cosa de locos”, concluyó.
La familia y amigues del joven están atravesando horas de inexplicable dolor y desconsuelo. El caso tuvo una gran repercusión en Córdoba, y horas después que se conociera lo que pasó, se creó un grupo de WhatsApp para convocar a una marcha el mismo día que ocurrió el hecho. La convocatoria se viralizó en redes sociales, aunque minutos después informaron que la movilización por justicia se postergaba. La familia cercana a Valentino pidió expresamente que los cordobeses respetaran el duelo, que estaban de acuerdo con la marcha, pero que “necesitan tiempo y espacio”.
“Les agradezco lo que han organizado, la verdad que mi hermano se merece justicia, que se sepa la verdad y que los policías estén presos, pero mi familia no está lista, por eso pido que respeten el hoy y el mañana”, explicó a través de un audio el hermanastro del chico de 17 años.
Y agregó: “En caso de hacer una marcha, esperemos a que lo convoque la familia. Si pueden respetar el silencio de la familia por el momento se los agradecería”. “Mil gracias por hacer esto pero la familia no está lista para afrontarlo, igualmente seremos parte de este pedido de justicia”, cerró el familiar.
Su docente de biología, lo recordó con un posteo en las redes sociales. Pidió justicia y apuntó contra la Policía de Córdoba.
Puso en palabras lo que el rapero Wos expresa en su canción “Canguro” para cuestionar el accionar policial: “Fuera la yuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños”. “A Blas y a su familia, la policía le mató sus sueños. Justicia por Blas”, cerró.
Por el crimen, el fiscal José Mana dispuso la detención e imputación de dos efectivos de la fuerza policial, bajo la acusación de “homicidio calificado agravado”. A su vez, informaron que por el momento “la fiscalía entiende que hubo un exceso del personal policial” y por tal motivo se ordenó la detención inmediata de los dos policías acusados.
“A mi hijo lo acribillaron. En dos horas limpiaron toda la zona. Mi hijo y sus amigos no eran delincuentes y tampoco se trasladaban armados. Solo fueron a un bar. No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo porque sé a quién crié. No quiero más muertos en mi familia. Somos una familia de bien. No voy a permitir que lo ensucien. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida”
Madre de Valentino Blas Correas
Por su parte, el abogado de la familia de Valentino, afirmó que lo sucedido es más grave de lo que se piensa. “No existió ningún tipo de motivo o de justificativo para que la policía haya actuado así. Era un chico que tenía toda su vida por delante, no tenía antecedentes, que salió a divertirse de acuerdo a lo autorizado de acuerdo a las disposiciones por el Covid, y recibió un disparo de arma de fuego, por la espalda”, manifestó.
Valentino jugaba al fútbol, era hincha de Belgrano y su abuelo fue una gloria del equipo cordobés. Practicaba karate y estaba transcurriendo el último año del colegio. Por evadir un control policial, le arrebataron sus sueños y dejaron a su familia destruida. Para los efectivos involucrados, fue más importante castigar a los jóvenes por no respetar el control, que la vida que tenía adelante Valentino. No hubo un enfrentamiento, no estaban armados, ni mucho menos había un riesgo para los agentes policiales. No había justificación alguna para utilizar el arma reglamentaria y disparar contra el auto.
Según CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), esta es la cuarta persona asesinada en Córdoba por gatillo fácil desde que comenzó la cuarentena. Nuevamente tenemos que hablar de un joven asesinado por las fuerzas represivas.
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
Podría hablar de cómo bajó su visera; de los ojos de Facundo, que brillaban como la luna cuando se reflejaban en los techos de chapa de la Provincia de Buenos Aires; o de su mirada y sus palabras juveniles, que iluminaban habitaciones oscuras. También sumaría que cuando mostraba los dientes sonriendo, la sensación era parecida a la que te agarra cuando se cuelgan las filas de foquitos de luz y se empieza a escuchar el retumbar del primer bombo, que da comienzo a los corsos en todos los barrios. Pero sería mentira, porque la verdad es que no lo conozco.
No voy a hablar de Facundo, porque lo único que sé es que era un pibe normal de 22 años y hacía lo mismo que todes. Pero como justo tengo su edad, tal vez pueda tomarme el atrevimiento y contar lo que hacemos y creo que sentimos les jóvenes.
Cuando nos despertamos antes de pensar que hace frío y que hay que ir a laburar o a estudiar o lo que sea, nos gusta poner música. Después abrimos Whatsapp y ahí retomamos alguna charla diciendo: “Uh disculpa, me quedé re dormido”. Con la compu medio apagada, vamos pensando en unos mates y en meterle el diente a lo que haya en la heladera.
Muchas veces nos quedamos colgades mirando los azulejos de la cocina mientras la pava se va calentando, hasta que alguien nos saluda haciéndonos una caricia en el hombro, y ahí no más metemos la primera charla del día diciendo: “No sabés lo que soñé”.
A esta edad sentimos como nunca, y nuestro cuerpo es una montaña rusa de sensaciones. Estamos de acá para allá, no paramos, vamos a recitales, a fiestas, ranchamos en alguna esquina, jugamos al fútbol y mientras picamos alguna flor, tiramos rimas entre risas. También changueamos, porque el laburo digno escasea y si tenemos suerte soñamos con recibirnos. Pero además nos preocupamos por el de al lado y nos involucramos; cada tanto, se nos escapa una sonrisa cuando miramos el celular por algún mensaje nuevo. Nos enamoramos, se nos pone la piel de gallina, nos corren escalofríos, y por la espalda pasan distintas sensaciones térmicas en una milésima de segundo; no hay reloj que tome la velocidad de nuestra frecuencia cardíaca, nos comemos el mundo. Y después nos la ponemos contra una pared dura y sin revocar.
A Facundo le pasó esto, eso sí lo puedo afirmar. Venía de una relación larga, con idas y vueltas, y en el medio pandemia quiso ir a la casa de su ex novia, arreglar las cosas y pasar un par de días juntes.
Sí. Salió durante la cuarentena, pero quién soy yo para juzgarlo, si al pibe seguro se le cerraba el pecho de angustia y para irse tuvo que pelearse con su vieja, que seguro temía por su hijo y por la posibilidad de que se contagie de Covid-19.
Pero en la tarde helada de Pedro Luro a Facundo no le subió la fiebre, no perdió el olfato, ni le dio dolor de garganta. A Facundo lo agarró una Hilux de la Policía Bonaerense y hace más de noventa días que no sabe nada de él.
Desde la vuelta a la democracia, en Argentina la verdadera pandemia viste de azul y tiene chapa y gorra.
¿Dónde carajo está Facundo?
Felipe Bertola
Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba «Significado de Patria» para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder «ser la revancha de todxs aquellxs». Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.
En la madrugada del sábado 25 de julio, durante un operativo policial en el barrio de Tolosa, miembros de la policía bonaerense detuvieron a un joven de 17 años por un robo en la zona. Lo golpearon a culatazos con el arma reglamentaria y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, ubicada a pocos metros de las vías del Tren Roca. En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices. Este hecho quedó filmado por uno de los efectivos policiales que subió el video a sus redes sociales. El material ya es parte de la causa que se lleva adelante en contra de los uniformados.
Además de torturarlo, el interrogatorio se realizó sin la presencia de une abogade y sin la de de su madre, yendo en contra de lo que dice nuestra constitución y los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. Otra irregularidad que merece su debida investigación es que el cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas, cuando en las imágenes se ven las marcas de los golpes que recibió en el rostro y en todo el cuerpo.
Uno de los videos publicados por los mismos policías en redes sociales
Al momento de encontrarse en la comisaría, lo alojaron en un calabozo y lo obligaron a permanecer de pie durante más de nueve horas. A su vez, tres policías le aplicaban descargas eléctricas con una picana para sacarle información.
La Defensoría del Fuero de responsabilidad juvenil afirma que cualquier menor de 18 años que sea detenido acusado de cometer un delito tiene derecho a ser asistido por un defensor gratuito. Como se menciona anteriormente, esto no ocurrió. Les defensores oficiales también pueden hacer presentaciones colectivas para la promoción y protección de la libertad de los jóvenes.
Según una resolución del Juzgado de Garantías del Joven, que es la autoridad que tiene que garantizar que se cumplan todas las reglas y los derechos cuando una persona menor de 18 años es detenida o aprehendida por un supuesto delito, la policía no puede detener a personas menores de 18 años: ni por averiguación de identidad (es inconstitucional), ni por faltas o contravenciones, ni utilizando la figura de entrega de menor (no existe legalmente esta figura). La policía no puede trasladar a menores de 18 años a comisarias. Aunque están prohibidas por la Constitución y las leyes, estas prácticas siguen siendo cosa de todos los días.
En este caso, casi que se violan todos los puntos de la resolución del Juzgado de Garantías del Joven. Lo llevaron detenido a una comisaría, le negaron una defensa legal gratuita, no le comunicaron a la madre, lo golpearon y torturaron para sacarle información sobre quién había estado con él a la hora del robo.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por torturas en la fiscalía general en defensa del joven. Mientras tanto, la Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) 3 de La Plata abrió una investigación de oficio y Asuntos Internos de la Bonaerense ordenó desafectar a uno de los agentes.
A su vez, Asuntos Internos allanó la Comisaría 6 de Tolosa, identificó el calabozo por las marcas de revoque que se podían ver en el video e informó a la fiscalía los nombres de los agentes que estaban presentes.
No obstante, en cuanto a la intervención de la UFI 3 de La Plata, a pesar de la ilegalidad del operativo y según la CPM, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La detención de menores de edad en comisarías es otra violación a los protocolos de derechos.
La CPM afirmó que el interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declare contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. “Las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño”, sostuvieron.
En la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico. Durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Esto fue constatado por un médico y ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Según informa la CPM, al momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.
El director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Ignacio Álvarez, señaló que se acompañará a la familia del joven, se pedirá el apartamiento de la Policía en la investigación y la identificación de todos los responsables, tanto de los efectivos de la patrulla que detuvieron al joven, lo torturaron y amenazaron, como de los policías que estaban presentes en la Comisaría Sexta, por encubrimiento.
Álvarez, que también tomó intervención en casos como el de Facundo Castro y Lucas Verón, a su vez sostuvo: “Tenemos la decisión política de intervenir para finalizar con estos hechos. La solución es multiagencial y multipoder. Necesitamos que exista un repudio inmediato por parte del Poder Ejecutivo, pero también que el Poder Judicial impulse investigaciones eficaces sin la intervención de agentes policiales”.
“Lo que sucedió es gravísimo. Que los propios agentes filmen la escena y la circulen en las redes sociales… y esto ocurre cuando se habilita a la Policía con un discurso como el que se escucha del Ministerio de Seguridad provincial. Son elementos de prueba para ordenar la detención”
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
En cuanto al incremento de la violencia policial desde el inicio de la pandemia, la desaparición de Facundo Astudillo Castro y los asesinatos en manos de la policía bonaerense, la CPM mostró su preocupación y concluyó: “Reclamamos el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense”.
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
El pasado 9 de julio, Lucas Nahuel Verón cumplió 18 años y lo festejó, junto con su familia y algunos amigos, en su casa ubicada en González Catán, partido de La Matanza. Alrededor de la una de la mañana, se dirigió en moto junto con un amigo, a comprar una gaseosa en algún quiosco del barrio. Al no encontrar ninguno abierto, decidieron volver a la casa de Lucas. Allí fue donde un móvil policial -aparentemente con las luces apagadas y sin patente- comenzó a perseguirlos y los efectivos dispararon contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y murió a los pocos minutos. La autopsia confirmó que la bala que lo impactó provino de un arma policial.
En vez de notificar y denunciar lo sucedido, los policías se fugaron y no brindaron la ayuda correspondiente a los jóvenes. Por el hecho, fueron detenidos los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, cuya pena máxima puede ser cadena perpetua por tratarse de un agente de las fuerzas de seguridad. Los vecinos de la zona reconocen a estos policías porque han protagonizado, según cuentan, distintos hechos de violencia institucional contra jóvenes del barrio.
Imagen: CORREPI
La representación legal de la familia de Lucas pidió que se aparte de la causa al fiscal Juan Pablo Tahtagian por haber permitido aprietes y extorciones por parte del comisario responsable para desvirtuar y desligar de responsabilidad a los policías detenidos. La familia afirma que al amigo de Lucas -de 17 años- que iba con él en la moto al momento del hecho, “lo tuvieron detenido en la comisaría, igual que a un pariente suyo, para obligarlo a firmar una declaración en la que le hicieron decir que estaban escapando de los policías porque habían robado un celular”. El fiscal Tahtagian estaba presente en la comisaría y permitió esta conducta, cuyo objetivo era garantizar la impunidad.
La familia y amigos de Lucas concurrieron a la sede de la Fiscalía General en modo de protesta para reclamar justicia. Cuando se encontraban allí, denunciaron que fueron hostigados por parte de la policía que custodiaba el lugar. “Se burlaban, se reían de nosotros y nos hacían fuck you”, dijo Cinthia, una de las hermanas de Lucas. En consecuencia, se produjeron unos incidentes y la policía reprimió con algunos disparos de balas de goma. Un sector de los manifestantes se encargó de calmar a los más enojados por la provocación de los policías y remarcó: “Esto no nos representa, no es lo que vinimos a hacer, que es pedir justicia”.
“Lo llevaron a declarar -al amigo de Lucas- y le dijeron que diga que ellos fueron a robar, que fueron a robar a una señora que estaba en la parada de colectivo a la una de la mañana. Lo apretaron los policías de la comisaría. La única verdad es que lo fusilaron y lo dejaron tirado en el piso”.
Cinthia Verón, hermana de Lucas.
Imagen: Comisión Provincial por la Memoria
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querellante en representación de la familia-, señaló que el joven fue “fusilado” por los policías. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”. A su vez intervino de manera inmediata la agrupación HIJOS La Matanza, que hizo posible la identificación y detención de los dos policías responsables de lo sucedido. Los militantes de HIJOS se reunieron con la familia de la víctima y tomaron contacto con varios testigos. La primera medida tomada por la CPM fue evitar que la policía les tomara declaración a los testigos en la sede de la comisaría interviniente.
Otro caso que se conoció en los últimos días fue el de Raúl Dávila, un joven de 22 años que estaba detenido en una comisaría de la ciudad bonaerense de Chascomús acusado de resistencia contra la autoridad. Murió el viernes pasado luego de un incendio en el calabozo en el que se encontraba alojado por mala conducta. Según la autopsia que se llevó a cabo, Dávila falleció a raíz de las quemaduras que sufrió en más del 50% del cuerpo.
El delito por el que Raúl estaba en la comisaria se lo considera “delito leve” cuya sanción no puede superar las 48 horas de prisión. A pesar de eso, le dictaron prisión preventiva de manera injustificada. La CPM afirmó: “este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En este caso fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas”.
Los efectivos de la comisaría indican que fue el propio joven el que generó el incendio, pero todavía queda por probar cómo fue que se inició el fuego y por qué las llamas llegaron a quemar el 50 por ciento del cuerpo de Dávila antes de ser apagadas por los propios agentes. El hecho fue denunciado por la CPM, que también aseguró que “la policía bonaerense y la justicia provincial deberán responder ante esta nueva muerte evitable”.
Raúl Dávila
El organismo pidió que “la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”, y remarcó que, tanto la muerte del joven como el asesinato de Lucas Nahuel Verón, se enmarcan “en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace poco más de 70 días, donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal”.
Desde que comenzó la pandemia se ha producido un agravamiento en los casos de violencia institucional que se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, en su mayoría pobres. Revista Sudestada publicó los nombres de las personas asesinadas en Argentina por partes de efectivos policiales desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En total, son 15: Luis Armando Espinoza, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, José Antonio Ávila, Facundo Escalso, Diego Arzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana, Ruber Sarso, Gastón Mirabal, Walter Ceferino Nadal y Brandon Romero.
De esta lista, casi la mitad -siete- fueron asesinados por la policía bonaerense, lo que evidencia una responsabilidad por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las políticas de seguridad de “mano dura” tienen resultados conocidos: persecución, hostigamiento y pibes pobres asesinados en manos de las fuerzas policiales. En un momento de gran tensión por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, es necesario un giro en las políticas de seguridad para que no siga habiendo muertes por gatillo fácil. Mientras tanto, Berni se pasea por los canales de televisión exhibiendo sus credenciales mientras la policía que tiene a su cargo acumula muertes y desapariciones.
Sobre la violencia policial en el mes de junio, la CPM precisó que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. A su vez denunció que las cifras van “en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.
Desde Revista Trinchera exigimos justicia por Lucas y Raúl, y por todos los que murieron a manos de las fuerzas represivas.
¡Basta de pibes asesinados por la policía! ¡Basta de Gatillo Fácil!
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, salió de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro el pasado 30 de abril. Su idea era ir “a dedo” hacia Bahía Blanca, donde vive su ex pareja, a quien quería ver, aunque no contara con el permiso para circular debido al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Al recorrer los primeros 30 kilómetros, un retén policial lo detuvo y le elaboró un acta por romper la cuarentena. Según la versión de los efectivos, lo dejaron seguir rumbo a Bahía Blanca. Desde ese día, no se supo más nada de Facundo.
Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero”. La investigación está plagada de irregularidades en las que los propios efectivos policiales declaran de manera contradictoria. En un primer momento, los policías declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta “lo levantó” y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, el mismo efectivo cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando. Esto generó la sospecha de la madre de Facundo, Cristina Castro, que empezó a dudar sobre qué había pasado con su hijo y si la policía era responsable de su desaparición.
El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se mostró con ánimos de aceptar el apartamiento de la Bonaerense de la investigación “si es lo que desea la familia”. “Si ello le lleva tranquilidad a una madre que está buscando a su hijo, me parece que es una obligación nuestra acompañar esa decisión”, afirmó el funcionario a radio FM Brújula, de Bahía Blanca.
Finalmente, el fiscal Rodolfo De Lucía ordenó que la Policía Bonaerense quedara afuera de la investigación, tal como venían exigiendo los abogados de la familia e incluso la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Un hecho fundamental para determinar el curso de la investigación, fue la aparición de tres testigos que se pusieron en contacto con la familia del joven. Los tres sostienen haber visto a la Policía subir a Facundo a un patrullero a tres kilómetros del lugar que indicaron los efectivos que lo habían demorado aquel 30 de abril. Anteriormente se habían presentado a declarar en la comisaría, pero nunca fueron convocados por la policía. Esta declaración de los tres testigos deja en evidencia y profundiza las irregularidades de los testimonios y de las actuaciones policiales, y además identifica otro tiempo y lugar de su desaparición. De esta manera, el testimonio aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
En consecuencia, el pasado jueves 2 de julio la familia presentó, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria -querellante en la causa- y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, una denuncia por “desaparición forzada” ante el juzgado federal 2 de Bahía Blanca, en la que incorporan las declaraciones de tres testigos que dicen haber visto al personal policial subir a Facundo a un patrullero policial.
La jueza federal María Gabriela Marrón ordenó el allanamiento de la subestación de la Policía Comunal Mayor Buratovich “con el objeto de secuestrar los libros de guardia registros y novedades de la dependencia, los handies utilizados por el personal policial, la camioneta Hilux doble cabina señalada por testigos como el rodado al que el personal policial hizo subir a Facundo Astudillo Castro el 30 de abril, el Móvil 23360 perteneciente a esa repartición, y todo otro vehículo vinculado a dicha dependencia”.
Nora Cortiñas reclamando por la aparición de Facundo Astudillo Castro
Los organismos de Derechos Humanos reclamaron, mediante un comunicado, por la aparición con vida de Facundo Castro.
“Queremos manifestar nuestra preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y hacemos llegar nuestra solidaridad a la familia y amigos de Facundo, quien se encuentra desaparecido desde hace más de dos meses cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro, cerca de la ciudad de Bahía Blanca.
A la vez destacamos que el reclamo de la familia y de organismos gubernamentales y de derechos humanos hizo posible la decisión, que se conoció en el día de hoy, de separar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la causa y que permitirá a la Justicia avanzar con la celeridad que requiere el caso.
Es indispensable que se realice con la mayor urgencia posible una búsqueda e investigación seria y sin presiones y que la Justicia Federal de Bahía Blanca avance rápidamente en la denuncia por desaparición forzada presentada por la familia de Facundo.
Sabemos del difícil momento que la familia y amigos de Facundo están atravesando por lo que queremos que les llegue nuestro más fraternal abrazo y nuestro compromiso inclaudicable para reclamar que la justicia esté a la altura de dar las respuestas que nuestra democracia exige.”
8 de julio de 2020
Firman: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros.
Tuit publicado por Cristina Castro, madre de Facundo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de Estados Americanos) envió una solicitud de información al ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina que comanda Felipe Solá, sobre la denuncia por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, en la que se le solicitaron medidas cautelares para dar con el joven. De acuerdo al reglamento de la CIDH y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la respuesta debe ser entregada en un plazo de 72 horas.
En la denuncia presentada por parte de la familia, también señala que Facundo era constantemente hostigado por los efectivos policiales de la zona. La madre afirmó que cuando era menor de edad había sido golpeado por la policía y que, en otra ocasión, “le habían roto de manera intencional un ciclomotor”. Al momento de realizar el rastrillaje para dar con el paradero de Facundo, Cristina vio participar del operativo a uno de los policías que lo había golpeado en los hechos mencionados.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que fue aceptado en la causa como querellante de la causa, dijo: “La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad”.
A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en la que se sigue reclamando justicia, hoy fue el turno de un joven de 22 años que le gustaba el rap y tocar en la batucada. Un pibe más al que el aparato represivo del Estado se lleva puestos todos sus sueños. El foco de la discusión vuelve a estar sobre el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en tiempos de democracia. Una deuda que necesita ser saldada con urgencia, ya que jamás va a haber democracia si la policía sigue persiguiendo, hostigando y matando a les pibes. Como afirma el comunicado de la CPM, se trata de un delito de lesa humanidad y de una gravedad institucional muy importante. Desde Revista Trinchera nos sumamos al reclamo de los organismos de Derechos Humanos y la familia y pedimos por la aparición con vida de Facundo Castro.
Imagen tomada del perfil de Facebook de Facundo
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
Seis meses después del 19 y 20 de diciembre en el que murieron 39 personas a manos de las fuerzas represivas, la policía bonaerense asesinó a Darío Santillán (25) y a Maximiliano Kosteki (21), luego de una movilización en la que reclamaban, entre otras cosas, aumento general del salario y del monto de los subsidios para les trabajadores desocupades.
Las políticas neoliberales implementadas en la década del 90 y la continuidad por parte del gobierno de Fernando De La Rúa, tenían como resultado a más de la mitad del país en situación de pobreza (51,4%), cierre constante de fábricas y aumento de la desocupación, que en el año 2002 ya alcanzaba el 22,5%.
En este contexto, el 26 de junio de 2002, los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) organizaron una jornada de lucha que cortaría todos los accesos a la Cuidad de Buenos Aires como medida de protesta. El MTD Aníbal Verón, junto a otras organizaciones, se dirigían a protestar en el Puente Pueyrredón y se encontraron con un fuerte operativo policial. Días atrás, el Gobierno había mencionado que no iban a permitir los cortes de los ingresos a la Capital Federal e hicieron referencia a que “tenemos que ir poniendo orden”, por lo que la tensión entre piqueteros y la policía estuvo presente desde el primer momento.
Ante cualquier suceso, la policía iba a empezar con la represión. Y así fue. Una mujer discutió con un efectivo de la policía y la reprimieron. Ante esto, la columna piquetera avanzó hacia los efectivos y empezó la violenta persecución. En un principio, disparaban balas de goma y bombas de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Luego de varias horas, el conflicto se situó en Avellaneda a metros de la estación de tren y allí seguieron los disparos. Ya no eran balas de goma, sino que disparaban con balas de plomo, desatando una cacería contra los manifestantes.
La represión por parte de la policía se extendió en todos los puntos de la protesta, pero en el Puente Pueyrredón del partido de Avellaneda, fue donde estuvo el foco de la violencia. En este operativo estuvieron involucrados, además de la Policía Bonaerense, la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
En la estación de tren, Maxi había sido baleado en el pecho y se encontraba en el piso. Darío lo vio y decidió volver para socorrerlo porque sabía que la policía estaba por entrar. La estación estaba casi vacía cuando llegaron el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, y Santillán les decía que no dispararan. Le ordenaron que se vaya, y cuando corrió, le dispararon por la espalda. Cayó sobre una columna y los efectivos policiales no le brindaron ningún tipo de ayuda. Minutos después, lo arrastraron hasta la camioneta que lo llevaría al hospital. Al cuerpo de Kosteki, que yacía en el medio del hall de la estación, lo acomodaron y movieron con total liviandad, como si nada ocurriera, hasta que lo subieron a otra camioneta y lo llevaron al hospital. Ya era demasiado tarde.
En la brutal represión, fueron heridas alrededor de 90 personas -33 de ellas por disparos con balas de plomo-, y hubo además 160 detenidos. La cantidad de muertos pudo haber ascendido a 15, si se tiene en cuenta los manifestantes que recibieron impactos en zonas vitales como el pecho o la cabeza. La conmoción social que generó el hecho, obligó al entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, a adelantar las elecciones generales.
“Él también podría haber salido corriendo como hicieron los amigos, porque era una situación límite y uno preserva la vida, pero llegó hasta la última instancia en lo que creía que era no dejar a un compañero herido, caído. Él se quedó. Levantó la mano diciendo ‘paren que el pibe se está muriendo’”.
Alberto Santillán, padre de Darío
Ilustración de Santillán pidiéndole a la policía que no dispare, mientras asiste a Kosteki – Revista Sudestada
El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua al excomisario inspector Alfredo Fanchiotti y al ex cabo primero Alejandro Acosta. También dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado.
Tapa del diario Clarín del día siguiente
Darío y Maxi no fueron ni los primeros ni los últimos muertos a manos del Estado, pero el hecho marcó un paradigma en términos de tratamiento mediático. La masacre de ese 26 de junio fue precedida por la violencia simbólica de gran parte de los medios hegemónicos. La criminalización de la protesta social y de la figura del militante, la descontextualización de los reclamos, la carga de culpa sobre los actores violentados y asesinados fueron algunos de los mecanismos que se utilizaron para tratar la noticia.
El diario Clarín, que tituló “La crisis causó 2 nuevas muertes”, desligaba a los responsables de la masacre y encubría el accionar de las fuerzas en las manifestaciones. El material fotográfico que realizó Pepe Mateos (ex fotógrafo del diario Clarín que capturó la secuencia del hecho) también fue manipulado: se decidió utilizar una imagen poco clara y en movimiento, desestimando las capturas donde se ve con certeza a los que dispararon contra Darío y Maximiliano. La falta a la verdad del diario Clarín se convirtió en el hito para hablar de las relaciones entre el poder y los medios.
La volanta aseguraba que “no se sabe aún quienes dispararon contra los piqueteros”, cuando el mismo día el propio fotógrafo llevó toda la secuencia que evidenciaba el momento en el que los policías disparaban con balas de plomo. Hubo una decisión del diario de no publicar esas fotos. Esto queda demostrado al día siguiente, cuando no cabía otra versión que a Darío y Maxi los había matado la policía y el diario decide publicar todas las imágenes.
Tráiler del documental “La crisis causó dos nuevas muertes”
En un primer momento, intentaron instalar la versión de que se trató de un enfrentamiento entre piqueteros, y luego un enfrentamiento con la policía.
“No existe el enfrentamiento entre las columnas de los movimientos sociales y la policía, es mentira. La guardia de infantería tiene chaleco antibalas, casco antibalas, un bastón, pistola 9mm y munición de plomo y están entrenados durante años para utilizarlo. Del otro lado tenes un desocupado con un palo, por lo que el enfrentamiento es imposible”.
Claudio Pandolfi – Abogado de Movimientos Sociales
A 18 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, la lucha sigue en pie. En conmemoración al hecho y pese a la pandemia, algunas organizaciones decidieron movilizar hasta el puente Pueyrredón como todos los años, aunque también preparan distintas actividades a través de plataformas virtuales para pedir que se juzgue a los responsables políticos de la masacre.
¡Darío y Maxi, presentes!
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
Golpes brutales, amenazas, humillaciones y hasta balas de goma utilizadas con la excusa de controlar que la población se quede en sus casas. El hecho de que las personas estén obligadas a permanecer en sus hogares por decreto nacional y que se permita circular para satisfacer necesidades básicas de alimentación, previsión y trabajo, significa para algunos sectores un esfuerzo aún mayor y de supervivencia: tienen que salir muchas veces, por ejemplo, en busca de agua potable.
A pocos días del 44° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, se han conocido innumerables casos donde las fuerzas de seguridad, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, han ejercido abusos de autoridad aprovechándose del control exhaustivo que deben realizar para que la mayor cantidad de personas cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En los barrios populares, la situación es un tanto más complicada. La policía penetra las calles, golpea a las personas que circulan, demora a quienes van a buscar comida al comedor del barrio, cuando es esta la única posibilidad de poder comer, entre otras situaciones de esta naturaleza.
En este marco, el pasado 23 de marzo en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata, un joven fue detenido por policías de la Comisaría 8va del municipio cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa. Golpearon a él y a su familia, le dieron con balas de goma y entraron a su casa sin orden de allanamiento. No conformes, le iniciaron una causa por “robo, resistencia a la autoridad y violación del aislamiento”. La familia realizó la denuncia acompañada por organizaciones de Derechos Humanos.
Otro caso que tomó relevancia, fue el ocurrido en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Tres gendarmes hicieron “bailar” a dos jóvenes haciéndolos caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por varios metros. Los efectivos fueron identificados y apartados de sus cargos.
El 23 de marzo pasado en Villa Lugano, un menor de edad fue brutalmente golpeado por efectivos policiales que le dejaron moretones en todo el cuerpo, y al momento de encontrarse con su madre, los policías le dijeron que si volvía a salir “le iban a pegar un tiro en la pierna”. La madre del menor en un testimonio desgarrador, sostuvo que “la dictadura sigue existiendo”. “Si me cagaron a piñas al pibe las cosas no cambiaron”.
Estos son sólo algunos hechos de los que se conocen, pero no ocurren de manera aislada en nuestro país. Existen sectores que son más golpeados frente a las decisiones gubernamentales, desde las económicas, pasando por las securitarias, las sociales, llegando a las educativas y las sanitarias. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una especie de “luz verde” a las fuerzas de seguridad para actuar abusivamente sobre las clases populares.
Ahora tenemos a un Alberto Fernández, que se suma a las filas de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que controla más de cerca a los efectivos policiales, y que defiende los intereses nacionales y populares. En contexto de cuarentena obligatoria, las fuerzas de seguridad cuentan con el aval del gobierno para realizar controles para que se cumpla la misma. Así debe ser, pero esta cuota de poder que se les ha otorgado, se traduce muchas veces en excesos que cometen, en los que las personas son golpeadas y humilladas. Las fuerzas represivas deben tener un control estricto sobre cómo realizan sus operativos, impidiendo así la violación de los Derechos Humanos. Queda en manos del gobierno y del Ministerio de Seguridad, ser igual de rigurosos con los efectivos policiales, como lo son para controlar que las personas estén en sus casas, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La cartera que conduce Sabina Frederic ya tomó notas sobre el asunto y publicó un tuit en el que informa que “la línea 134 recibe denuncias tanto por incumplimiento de la cuarentena obligatoria como por hechos de violencia institucional” y además agrega que “denunciar cualquier abuso de (y en) las fuerzas policiales y de Seguridad, también es cuidarnos entre todos y todas”.
El Estado se encuentra presente para prevenir este tipo de casos, pero hay que controlar de cerca el accionar de la policía ya que cuando se les da poder para ejercer control sobre la ciudadanía, se cometen excesos. Esta violencia es aplicada como siempre a los sectores populares que son los más perjudicados en este sentido. Se encuentran expuestos al accionar policial y amenazados por los mismos que si los denuncian les van a iniciar causas en su contra. Queda en manos de nosotres también, si vemos o conocemos alguna situación de violencia policial, hacer la denuncia correspondiente a la línea 134 para que las autoridades estén notificadas de este problema. Que este contexto no sea la excusa perfecta para que la policía reprima con más dureza.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
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