El actual estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia mundial del COVID-19, trae aparejado la profundización de la existente crisis estructural de la educación pública argentina. A casi dos meses de la definición del Ministerio de Educación de la Nación del cese temporal de las actividades presenciales de enseñanza, alineada al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, es oportuno reflexionar sobre las implicancias que estas medidas conllevan. Medidas preventivas por de más necesarias y acertadas ante la adversidad de la coyuntura signada por una situación epidemiológica que genera numerosas muertes, e infecciones en aumento. Sin embargo, es relevante analizarla persistente brecha digital y social en materia de educación, siendo que la desigualdad de condiciones materiales, económicas, pedagógicas, tecnológicas y de conectividad, hacen que el derecho al acceso a la educación a distancia, no sea igualitario.
Al hablar de brecha digital y social, debemos partir de analizar que la misma deviene del desfinanciamiento de la educación pública promovido por la Alianza Cambiemos durante los cuatro años de gestión, que conllevó a la profundización de la desigualdad de las condiciones educativas, en relación a la educación privada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto educativo bajó del 6,1 al 4,8%. Según los datos aportados por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) entre los años 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales y la inversión provincial un 8% entre 2015 y 2016. A su vez, la Ley de Educación Nacional (2006) establece que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Sin embargo, el gasto educativo en 2016 fue de 5,80% y en 2017 de 5,65% del PBI.
Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de $ constantes de 2018 (2012-2019)
El desfinanciamiento implicó la suspensión de programas de inclusión como el Conectar Igualdad, dejando en estado de abandono los dispositivos que debían repartirse (actualmente recuperados por el Ministerio de Educación de la Nación). La Alianza Cambiemos ha implementado durante sus cuatro años de gestión un proyecto de corte neoliberal, en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Promovió, mediante sus políticas de miseria y ajuste, la idea de una educación entendida como mercancía, deslegitimando a la educación pública frente a la educación privada.
Viene a la memoria la exposición de Esteban Bullrich -siendo Ministro de Educación de la Nación (2015-2017)- en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina, en la cual propuso “crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que no saber lo que viene es un valor.” Esta expresión que denota los lineamientos de un proyecto social y cultural que insta, desde las instituciones educativas, a la “creación” de sujetxs pasivxs, a los cuales ese disfrute (cínico) los convierta en incapaces de querer revertir el orden desigual.
El gobierno actual del Frente de Todxs representa un cambio de paradigma con respecto a la educación. En el marco de la pandemia, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, promueve la implementación de políticas educativas inclusivas, con el objetivo de contener la desigualdad. Entre éstas se encuentran la creación de la plataforma “Seguimos Educando”, articulando contenidos de TV, cuadernillos y materiales digitales, en los cuales la navegación no consume datos; y la reciente reanudación del Programa Conectar Igualdad, a partir de la readecuación y distribución de las netbooks abandonadas por la gestión saliente. Según expresó el actual Ministro, el objetivo es facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y trabajar para reducir la brecha digital en Argentina.
Sin embargo, es sabido, hasta por el propio Trotta, que dichas políticas, por demás inclusivas que sean, no modifican las preocupantes condiciones de desigualdad social. En diálogo con Página 12 sostuvo, muy acertadamente, que: “En este tiempo en el que no se está yendo físicamente a la escuela se va a profundizar la desigualdad. Aprender y enseñar es un acto colectivo; cuando lo llevamos al hogar, se transforma en una instancia muy condicionada por la realidad social del niño. Eso se vincula a la evaluación y a la acreditación de saberes: no estamos en condiciones a la distancia, como norma general, de acreditar saberes. Si lo hiciéramos estaríamos evaluando al entorno familiar y a sus condiciones socioeconómicas más que al niño”.
Acertadamente porque es menester reflexionar y problematizar las condiciones de vulnerabilidad en las que transitan numerosas familias la educación a distancia, incluso para muchxs inaccesible. No menos necesario, es reivindicar el esfuerzo y compromiso puesto en práctica por aquellxs docentes que asumen, por un lado, la responsabilidad pedagógica de diseñar (para más de un curso) tareas que se adapten a la modalidad virtual, y por otro, la responsabilidad social al formar parte de la distribución de alimentos desde las escuelas cada quince días.
El pasaje momentáneo de la situación educativa del aula a la casa genera dificultades que implican obstáculos para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función de enseñanza y el acompañamiento para la realización de las actividades recae en las familias (generalmente en las mujeres), que se enfrentan al conflicto de no contar con las herramientas pedagógicas necesarias, y en muchos casos tampoco con los dispositivos tecnológicos y con la conectividad para llevar adelante semejante desafío.
Si a eso le sumamos condiciones habitacionales de hacinamiento y escasos recursos para solventar las necesidades alimenticias, la situación educativa se torna por de más dificultosa, incluso hasta imposible, siendo relegada en el orden de prioridades. Esto justamente es lo que, como sociedad, no podemos permitir. El derecho a la educación pública debe ser garantizado para todxs lxs pibxs, en lo extenso y ancho del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego (y hasta las Islas Malvinas, si contáramos con la justa y soberana jurisdicción).
No caben dudas que desde el actual Ministerio de Educación se continuará priorizando a los sectores que atraviesan la coyuntura en condiciones de extrema vulnerabilidad social y económica, pero sería un error descansar a la espera de que esas políticas alcancen a la totalidad de la población. Es urgente fortalecer los lazos sociales entre la comunidad educativa y la comunidad barrial:entre directivos, docentes, EOE, inspectores, gremios docentes, las familias y las organizaciones sociales, en pos de repensar estrategias y nuevas modalidades para abonar al aprendizaje de lxs pibxs; desde una perspectiva de emancipación, fomentando la creatividad y la participación activa, evitando posibles frustraciones.
De generarse un vacío en el deseo de aprender, este espacio será cooptado por la cultura dominante, por la construcción de subjetividades neoliberales -como deseaba Esteban Bullrich- que disfruten de la incertidumbre. Si hay algo que lxs pibxs deben disfrutar, es de sus derechos. Tenemos el compromiso de abonar a que se garantice el acceso a la educación pública, aún a la distancia; a una educación que desde su sentido político eduque para la emancipación de sujetxs con capacidad crítica y reflexiva, protagonistas de su propia formación, conscientes de que otra realidad es posible.
* Estudiante de Trabajo Social de la UNLP y militante popular.
