Según un informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la lista de muertos y heridos de bala consta de 102 nombres y con el transcurso de los días se siguen sumando. Estos hechos fueron catalogados como gatillo fácil: todos fueron efectuados por efectivos de distintas fuerzas policiales, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del resto del país.
Domingo 20 de septiembre
La comisaría responsable que está en el centro de la escena por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro recibió otra denuncia por violencia policial. Esta vez una joven de 20 años sufrió una golpiza en horas de la madrugada. Su madre, Luciana Giménez, publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que su hija salió el domingo con amigues y al regresar a su casa se asustó al ver uniformados; intentó pedir ayuda en otra casa, pero sus ocupantes al sentir golpes en la puerta también tuvieron temor y llamaron a la policía. En ese momento, la acusaron de querer entrar a esa vivienda para robar, la detuvieron y la sometieron a una brutal golpiza.
Su madre realizó un repudio enérgico contra la policía de ese pueblo. “Ahí están los policías que detuvieron a Facundo Castro, eso ya te quema en la cabeza”, denunció. “¿Quiénes se creen que son para golpearla así? No les tengo miedo, los voy a enfrentar como hizo Cristina Castro. Si me la mataban, no me la iban a devolver. Golpean a los pibes con problemas de drogas, no hay dónde denunciar, esto es tierra de nadie”, agregó.
La secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está interviniendo en el caso, al igual que integrantes del Ministerio de Seguridad, que iniciaron de oficio una investigación en Asuntos Internos. Según pudo trascender, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la subsecretaría de Derechos Humanos pidió desafectar al policía identificado, algo que aún no se concretó. A su vez, fuentes de esa dependencia provincial explicaron que le “están ofreciendo contención psicosocial desde la Dirección de Programas para el Desarrollo Sociocomunitario en articulación con los equipos de control de adicciones de Salud de Bahía Blanca”, pero indicaron que la familia no respondió
Sin embargo, la familia aseguró que están solos en su lucha. “Si los pibes hacen cosas que no deben es porque necesitan ayuda, no golpes, las instituciones no se hacen cargo, nadie nos ofreció algo para internar a mi hija”, explicó Luciana Giménez. Y se dirigió a un policía que es de Pedro Luro pero trabaja en Buratovich y a su compañera, a quien acusó de pegarle un puñetazo en la cara a su hija: “Los quiero presos”.
El accionar violento por parte de la policía bonaerense es una constante desde hace ya muchos años. Es necesario entender que estos hechos cobran mayor legitimidad a partir de la doctrina Chocobar, uno de los rostros más represivos del gobierno de Macri. Ideas que hoy lamentablemente perduran, tanto en el imaginario social como a lo interno de la policía bonaerense y los diferentes cuerpos de seguridad del país.
La ola de violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos de seguridad deja en evidencia que se necesita de manera urgente una reforma integral de las fuerzas de seguridad, para que cese la violencia y la criminalización de la pobreza.
El hostigamiento, la persecución, las golpizas, los asesinatos y las desapariciones forzadas -en muchos casos seguidas de muerte- tales como la de Jorge Julio López hace 14 años y la de Facundo Astudillo Castro en abril, muestran la urgente necesidad de una reforma al servicio de la democracia, y principalmente para que no tengamos que lamentar ningune pibe menos asesinade por la policía.
Domingo 27 de septiembre
Pasada la medianoche del sábado Leandro Matías Sánchez de 21 años iba en el asiento acompañante de un Renault 9 rojo. Con él iban tres personas más, todes militantes de la CTD Aníbal Verón y la Corriente Nuestra Patria. Se dirigían en dirección a San Vicente por Ruta 210. A corta distancia los seguía un Fiat Palio blanco, integrado por cuatro personas que resultaron ser efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires, en carácter de civil. En la parada de un semáforo el Palio frenó, descendieron dos policías y abrieron fuego sin ninguna explicación.
“Nicolás, que es el chico que venía manejando, ve esa situación y trata de dar marcha atrás y maniobrar para escapar. Ahí se dan cuenta que Leandro estaba herido”, aseguró Fernanda Pereyra, abogada militante de la CNP.
Todo esto ocurrió a metros de una garita policial por lo que las cámaras grabaron el hecho y así pudieron corroborar que se trataba de cuatro policías de la bonaerense. A Leandro lo llevaron hasta el hospital de Guernica con una herida grave debajo del brazo. Más tarde sabrían, por medio de testigos, que el Palio los había seguido hasta el hospital. El joven fue trasladado al nosocomio de San Martín ya que la operación era de alta complejidad. Lograron salvarle el brazo y se encuentra estable en terapia intensiva.
Sus compañeros fueron trasladados al destacamento policial de Guernica, donde les tomaron declaración, y luego de varias horas, entre golpes y verdugueos -alrededor de las 6 am- los liberaron. Intentaron confundirlos al decirles que estaban dando declaraciones contradictorias cuando no fue así. Los cuatro policías fueron detenidos y llevados a indagatoria para tomarles declaración. Están a la espera de que se proceda con la correspondiente detención. La carátula con la que se les imputa es homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios públicos.
Espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales
Durante los últimos días salió a la luz la investigación que lleva adelante el periodista Ari Lijalad (El Destape), en torno al espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se llevó adelante bajo el ala de Mauricio Macri. En el informe aparecen datos personales e información sobre la orientación política y el despliegue territorial de decenas de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.
El Proyecto AMBA, que consta de 9 bases de la AFI desplegadas por toda la provincia y con Pablo Pinamonti a la cabeza, se encargó, a partir de 2017, de investigar y proporcionar información sensible -a los altos mandos del gobierno- sobre dirigentes políticos, referentes sociales y hasta manifestantes de diferentes organizaciones. Se trata de un espionaje político que incluye hasta comedores comunitarios o familiares de militantes políticos y sociales.
El juez federal Alejo Ramos Padilla es quien encabeza la investigación y hace pocos días motorizó el procesamiento a Pablo Pinamonti, que será llevado a indagatoria la semana próxima junto a los máximos responsables de la AFI y el Proyecto AMBA. Estas bases fueron creadas con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y la trata de personas. Hoy podemos afirmar que los recursos del Estado fueron utilizados para espiar a la oposición durante las elecciones de 2017. ¿Es errado suponer que la información recolectada durante ese periodo hoy se esté utilizando para la persecución y hostigamiento de militantes sociales y políticos? ¿Cómo se explican si no los diversos ataques a organizaciones sociales por parte de la policía bonaerense?
Días previos al ataque perpetrado contra Leandro, en la zona de Guernica, donde funciona uno de los comedores de la CTD Anibal Verón -organización que aparece en la listas de espiados por el macrismo-, uniformados irrumpieron y golpearon a tres compañeras militantes de esa organización. Sabemos que la situación en Guernica es grave debido a las tomas que se están realizando, y que se planea el desalojo de las 2500 familias que actualmente se encuentran en el predio en reclamo de una vivienda digna. Desde la CTD Aníbal Verón aseguran que no son partícipes de la toma, al contrario del discurso que muchos medios intentan instalar.
Asimismo, las demandas por viviendas dignas son un política que muchas organizaciones sociales y partidos políticos llevan adelante: la situación habitacional es grave ya que miles de familias se encuentran en situación de calle por los designios de la pandemia y la respuesta no puede ser la represión. El Estado debe facilitar políticas públicas que tengan como objetivo la articulación y el trabajo conjunto con los diferentes espacios políticos que hoy se encuentran en lucha.
A diferencia de la idea que construyen muchos medios opositores, no se trata de una usurpación con el objetivo de tomar posesión y vender lotes, sino de suplir derechos básicos que han sido arrebatados por las políticas del macrismo. Seamos realistas ¿Quién tiene ganas de vivir en una “casa” de cuatro palos, unas chapas y nylon? Es inhumano. Hoy a nivel nacional existe un gobierno que pretende construir un Estado responsable, pero hay funcionarios opositores que desde sus cargos intentan revertir esta situación, y existen intereses particulares que están interfiriendo en las demandas sociales urgentes. ¿Como explican sino la concesión de terrenos en la zona de constitución al Grupo Clarín, bajo cifras irrisorias? Se trata nada más y nada menos que del referente cambiemita Horacio Rodríguez Larreta. Para los ricos y poderosos los lotes aparecen, pero a los pobres los desaparecen.
