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La ampliación declaratoria de un ex delegado municipal volvió a evidenciar la complicidad del gobierno local en la muerte de Emilia Uscamayta Curi. En la séptima jornada también declararon testigos que quisieron desligar sin éxito a uno de los imputados de la organización de la fiesta. Quiebres y tensiones entre los acusados por la coartada.
Este martes comenzó la séptima y anteúltima jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.
Declaró Adrián Zamudio, quien había testificado durante el segundo día, volvió a demostrar la responsabilidad del municipio en el evento y la complicidad para garantizar el silencio. El ex delegado municipal de Melchor Romero protagonizó una de las declaraciones más impactantes, al exponer las consecuencias de haber denunciado por primera vez. Zamudio detalló que fue amenazado por no querer cambiar su declaración sobre los hechos. También declararon siete testigos propuestos por el defensor de Santiago Piedrabuena, que dieron cuenta de una coartada para despegar al acusado de haber organizado la fiesta en la que murió Emilia. Por último, pero no menor, entre medio de uno de los cuartos intermedios, Haramboure protagonizó una efervescente pelea con sus abogados.
La jornada comenzó a las 09:30 horas, cuando los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali se hicieron presentes en la sala, y dieron a conocer algunas resoluciones que tomó el Tribunal: consideraron innecesaria la prohibición para que los imputados salgan del país, aceptaron incorporar por lectura una pericia toxicológica y finalmente dieron el visto bueno para que se agregue el perito de parte reclamado por la defensa de la familia de Emilia, que estaría presente el jueves. Ultimado esto se procedió a dar paso a los testigos.
Amenazas y aprietes que complican al gobierno municipal
El primer testigo fue el ex delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Daniel Zamudio, quien había intentado suspender la fiesta por saberla fuera de condiciones legales. Zamudio había testificado durante la segunda jornada y quedó a disposición del proceso por pedido de la fiscalía. En su nueva declaración afirmó que fue “amenazado” por funcionarios públicos para que “cambie su denuncia” y arrojó más pruebas para demostrar la complicidad del municipio en la continuidad de la fiesta ilegal aquella noche.
El testigo declaró que cuando pidió la suspensión de la fiesta, “hubo un hermetismo, nadie atendía el teléfono. Después de la denuncia, todos querían hablar conmigo”. “Yo con esta declaración por la muerte de Emilia la pasé mal, me armaron causas y me tiraron dos tiros en la puerta de mi casa”, sentenció Zamudio, y señaló a Nelson Marino y a Juan Martínez Garmendia como los principales funcionarios que querían su silencio.
“Tenés que ir a hablar a la Torre porque si no vas a tener consecuencias, me dijeron. En la Torre 1 está el grupo de abogados de ellos”, detalló en su ampliación declaratoria. “Les dije que mi declaración ya estaba en la causa. Ellos tenían una copia y me reclamaban que estaba involucrando a Garmendia”, agregó. “Me dijeron que tenían órdenes de que modificara algunas cosas de la declaración, sino ya iba a saber lo que me iba a pasar con el trabajo”, alertó el testigo ante una sala atenta. “Cuando me estoy yendo para la delegación me llaman de la Municipalidad insistiendo en que cambie la denuncia, les dije que no, de ahí en más empezó el problema con la Municipalidad”.
Según las palabras del ex delegado, Nelson Marino, secretario de Gobierno de Julio Garro en ese momento, le dijo: “Lo que hiciste mal fue la denuncia, no hacía falta que la hagas, esto lo vas a tener que hablar con los abogados”. El testigo contó que respondió que “sí es necesario (denunciar), soy el delegado municipal y alguien se tiene que hacer cargo” y que “no pensaba cambiar la declaración”. Zamudio advirtió que fue el mismo Marino quien lo “intimó para que cambie la denuncia, amenazándome con que me iban a empezar a hacer la vida imposible en el trabajo, pero yo me negué”.
También volvió a nombrar al entonces subsecretario de Gobierno de la gestión de Juntos por el Cambio y actual concejal, Juan Martínez Garmendia. “Me llamó ni bien había terminado de hacer la denuncia, me preguntó qué declaré, que le diga qué dije y qué no. Le dije que estaba todo en la denuncia”, destacó el ex delegado municipal.
“A partir de acá me empezaron a boicotear, y me hicieron quedar mal con los vecinos de Melchor Romero”, sinceró el testigo. “Ahí caí yo como un tonto”, expresó, y comezó a relatar los sucesos que llevaron a que lo cesanteen como delegado. Zamudio explicó que “en la delegación había una caja chica que manejaba Ogawa (subdelegado de Romero)” y que desde allí hubo movimientos de dinero sospechosos de los cuales lo responsabilizaron. “Cuando me involucré por la denuncia, me armaron una causa”, dijo.
Kevin Ogawa declaró en el juicio oral el segundo día, cuando cambió rotundamente su testimonio de 2016: negó haber participado en reuniones previas con Control Urbano para desarticular la fiesta y alegó que había “un error de testimonio”. Tras la nueva declaración de Zamudio, esto toma mayor claridad y pone en jaque la legitimidad del discurso de Ogawa. “Ogawa estuvo en las reuniones previas conmigo. Él estaba en el escritorio al lado mío”, ratificó.
“A Ogawa lo llamaron de la Torre 1, donde están los abogados del municipio, y cambió la declaración”, aseguró el ex delegado, y agregó: “Él me dijo ‘yo no quiero saber nada, me dijeron que me abra’”, y se abrió. A cambio, según explicó Zamudio, Ogawa “trabaja en el área de Desarrollo de la Municipalidad, con el hermano de Nelson Marino. Y la hermana de Ogawa era secretaria de Marino y ahora trabaja en una colchonería de él”.
También expresó que le “inventaron una denuncia por acoso sexual” cuando habían pasado unos meses de la muerte de Emilia y que por eso “me dijeron que me iban a dejar cesante, que me vaya, que me iba a reemplazar un tal ‘Pichu’”. Pero al querer corroborar el hecho, “me fui a las comisarias y no tenía ninguna denuncia”. “Me sacaron porque ellos me quisieron remover”, sentenció el testigo.
Por último, Zamudio reiteró que durante la fiesta no hubo más que un solo móvil policial y que “a través de los MEMOS nosotros habíamos pedido la suspensión de la fiesta y colaboración de la patrulla urbana, pero esos MEMOS desaparecieron de la Municipalidad y de Control Urbano”.
A partir de aquí, finalizó la ronda de testigos por parte de la defensa de la familia Uscamayta, y comenzó la de quienes acudieron por parte de la defensa de los imputados.
Una coartada que no cierra
Fabricio, Sebastián, Álvaro, y Federico fueron los siguientes testigos en presentarse en la sala en ese orden, todos parte del grupo de amigos “NPM” que organizaba fiestas electrónicas y que a su vez habían organizado un evento junto a Santiago Piedrabuena aquel 31 de diciembre de 2015. Luego, les sucedieron Javier y Nicolás, DJ’s del evento, y por último, Lucas, dueño de la casa-quinta donde se organizó la fiesta (esquina de las calles 518 y 17) donde asistieron alrededor de 600 personas.
Durante sus pasos por la sala, se pudo observar que los relatos de los testigos coincidían de manera exacta. Entre las declaraciones se repitió que la fiesta la habían organizado con Piedrabuena y se intentó asegurar que el imputado había estado ocupado toda la noche en ese evento. Pero, al mismo tiempo, Lucas aseguró que el imputado “salió solo un rato, a las 3 o 4 de la mañana, después volvió”. En repetidas ocasiones, mencionaron que la pileta de su evento estaba vacía sin siquiera esperar a que los abogados les realizaran preguntas.
El primero de los testigos, Fabricio, mencionó que no tenían habilitación para realizar la fiesta y que por ello no querían que “se corra la voz”. De hecho, bajo recomendaciones del profesional en eventos nocturnos Piedrabuena, o como lo nombraron los imputados “Santi”, no pusieron la dirección del evento en la difusión “para que no la clausure Control Urbano”.
La memoria de los testigos resultó estar intacta cuando se los llamó a identificar personas en una foto de la fiesta, como así también recordar nombres, apellidos, direcciones, cantidad de personas que asistieron al evento, entre otros detalles. Si bien pasaron siete años y medio de ambos eventos, excusa que fue utilizada por testigos de audiencias anteriores, el recuerdo sobre una fiesta que se desarrolló sin demasiados inconvenientes fue fácil de recordar; la fiesta que le costó la vida a una joven, no.
Llegando al segundo cuarto intermedio, un tenso cruce entre Haramboure y su abogado llamó la atención en la sala. El imputado estaba visiblemente alterado con las declaraciones de la defensa de Piedrabuena y habría buscado respuestas rápidas en su abogado, quien terminó la discusión con un tono elevado diciéndole que se quede donde está y que “no se mande al frente solo”. Luego de esto, Piedrabuena y Haramboure, que desde el inicio de la sesión estaban sentados juntos, se separaron por más de dos lugares de diferencia.
Luego de esto, el abogado de Piedrabuena levantó la voz y dijo, en tono burlesco, que “para alegría del tribunal y las otras partes voy a desistir de los demás testigos”, dando por finalizada la ronda de testigos y entrando en la recta final del juicio.
Coartadas entre testigos, conflictos entre imputados
La audiencia se dividió en dos partes. Comenzó con declaraciones contundentes de Zamudio que expusieron el entramado político empresarial y resaltaron la voluntad del gobierno municipal de no clausurar la fiesta, a pesar de no estar habilitada y con alertas previas. También la complicidad para protegerse luego de la muerte de Emilia, con la intención de modificar declaraciones y presionar a testigos para alejar al municipio de toda responsabilidad.
Por otra parte, la defensa de Piedrabuena expuso su estrategia: una coartada explícita en un relato en común a través de sus testigos. En una de las jornadas más extensas, el relato repetitivo agotó las energías hasta de los imputados: se hizo visible un desgaste en sus relaciones internas cuando se acerca cada vez más el final de las audiencias de debate.
Las audiencias se retomarán el jueves 13 de julio a las 9 de la mañana para la última sesión de cara a la recta final. Queda pendiente la declaración de un perito ofrecido por los defensores de la familia Uscamayta Curi y se espera el momento en que los imputados definan si declararán o dirán sus últimas palabras. Los alegatos y el veredicto sucederán tras la feria judicial.
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