El sistema educativo estatal e inclusivo de la República Popular Democrática de Corea

El sistema educativo estatal e inclusivo de la República Popular Democrática de Corea

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La República Popular Democrática de Corea (RPDC) es un pequeño país de casi 30 millones de habitantes, ubicado en la parte norte de la península coreana. Al sur está Surcorea, región convertida en colonia estadounidense de facto desde 1945. En la parte norte, las guerrillas comunistas, lideradas por Kim Il Sung, combatieron al invasor japonés (que invadió toda la península en 1895) y en 1945, con ayuda de la Unión Soviética, lograron instalar una república libre, que se efectuó en 1948, cuando se proclamó a la República Popular Democrática.

Kim il Sung se convirtió en el máximo jefe de la RPDC y rápidamente se adoptó al marxismo leninismo como sistema de ideas en el país. Pero los yanquis se quedaron en el sur, y decidieron boicotear a la RPDC. Los soviéticos siguieron respaldándola, pero se retiraron del país. En 1949 la República Popular China recién fundada también brindó ayuda a la RPDC y en 1950 estalló la guerra de Corea.

En 1953 se firmó un armisticio entre la RPDC y Surcorea, pero los yanquis dejaron estacionados unos 30.000 soldados en la frontera de Panmujón y en Seúl.  La RPDC siguió su curso pese a los ataques imperialistas y socializó todos los medios de producción, decretó una reforma agraria, estatizó el comercio exterior, aplicó planes de desarrollo industrial y un programa muy ambicioso de alfabetización con ayuda de los soviéticos y los chinos.

Entre 1953 y 1970 el país logró tener un alto desarrollo social y económico, convirtiendo a la nación en un emporio industrial importante en Asia Oriental. Además, toda la población quedó alfabetizada. Hacia 1961-1966 la RPDC recibió ayuda educativa de la Cuba socialista (de hecho, hubo un viaje del Che Guevara a Pyongyang, capital de la RPDC, en 1960). 

Uno de los aspectos de los que más se enorgullece el gobierno revolucionario de la RPDC es su sistema educativo, responsable de haber erradicado el analfabetismo en el seno de la población del país. La educación en la RPDC se basa en un sistema universal de enseñanza financiado en su totalidad por el Estado. Dicho de otro modo, la educación en cien por cien pública y la educación privada no existe e incluso está prohibida.

Antes de la Revolución de 1948, el sistema educativo en la parte norte de Corea era desastroso. En la parte norte la educación siempre estuvo más atrasada que en el Sur, que se encontraba más desarrollado social, económica y culturalmente. En 1945 no existían en el Norte escuelas de educación secundaria a partir de los doce años, ni instituciones de enseñanza superior: solo existían un millar de centros de Primaria y unas pocas escuelas de enseñanza vocacional o especializada.

En septiembre de ese año, fecha de la rendición japonesa, se calcula que dos tercios de los niños en edad escolar no atendían siquiera a la escuela primaria y que 2,3 millones de adultos eran analfabetos, esto es, la inmensa mayoría de la población. Eso sin contar con la escasa formación del profesorado y en especial su conocimiento del idioma coreano, muy perjudicado tras medio siglo de dominio japonés (1895-1945), periodo en el que la enseñanza se dio exclusivamente en lengua nipona.

Desde su llegada al poder en 1945-1948, los comunistas norcoreanos, primero liderados por Kim Il Sung (1948-1994), más tarde por su hijo Kim Jong Il (1994-2011) y finalmente por el hijo de este y nieto de aquel, Kim Jong Un (desde 2011), han otorgado una gran prioridad al ámbito de la educación por razones políticas y económicas.

En total, la RPDC ha llevado a cabo cinco grandes reformas educativas: 1946-1950, 1959, 1967, 1975 y 2012-2013. Estas reformas no solo han extendido la enseñanza a todo el país (infraestructuras, materiales, medios, etc.), sino que han afectado también al currículum del sistema escolar. Estas reformas de los últimos 60 años han culminado en un sistema educativo universal obligatorio y prácticamente casi la totalidad de los ciudadanos norcoreanos hoy tiene al menos estudios secundarios.

Para ello, una de las primeras decisiones en materia educativa fue decretar la enseñanza de la lengua coreana y eliminar los centenarios libros de texto que utilizaban todavía los caracteres chinos y su sustitución por el hangul, el alfabeto coreano, prohibido durante tiempo por ser considerado inferior culturalmente a la escritura china.

Una segunda decisión fue la de diseñar un sistema educativo obligatorio que abarcara al conjunto de la población. El primer paso era consolidar una educación primaria obligatoria lo antes posible y bajo control estricto del nuevo Estado, así como la creación de escuelas técnicas con el fin de formar a trabajadores especializados que contribuyeran a los objetivos de desarrollo económico.

No menos importante, fue la necesidad de crear un centro superior y en octubre de 1946 nacía oficialmente la Universidad Kim Il Sung, compuesta en ese momento de siete facultades (Ingeniería, Agricultura, Medicina, Ciencia, Literatura, Derecho e Ingeniería de Ferrocarriles) y 1610 estudiantes. Un tercer elemento fue la campaña de alfabetización de adultos, intensificada después de la fundación de la RPDC en septiembre de 1948. El éxito de esta última permitió que el analfabetismo quedara reducido en pocos años a la franja de edad más anciana.

La educación primaria universal, declarada obligatoria en 1950, no se alcanzó plenamente hasta 1958. Un año más tarde, una nueva reforma decretó que todas las escuelas del país pasaran a formar parte de una educación universal financiada por el Estado (por tanto, pública). El Estado se encargaría no solo de la enseñanza y de los recintos habilitados para ello, sino que también proveería los textos escolares, los uniformes y alojamiento y comidas escolares sin coste para el ciudadano.

Al mismo tiempo, se puso en marcha un sistema educativo de educación primaria y secundaria de siete años de duración. Según este último, el alumno ingresaba en Primaria a los siete años de edad tras su paso por guardería y cuatro años más tarde pasaba a Secundaria, de tres años de duración. A los catorce años de edad, una vez graduado, tenía la oportunidad de realizar dos cursos de dos años cada uno en una escuela técnica y podía optar a acceder, si era adecuado, a la universidad. Otro elemento de la reforma educativa fue el énfasis puesto en la formación técnica de los estudiantes.

Este modelo educativo no tardó en ser reformado y en 1967 se impulsó una educación obligatoria de nueve años, abarcando desde los siete años de edad hasta los dieciséis. Las autoridades norcoreanas habían percibido que los cambios de la reforma de 1959 eran todavía insuficientes a la hora de formar trabajadores especializados y personal cualificado para las demandas de modernización que requería el país. Sin embargo, este sistema pasó a ser considerado insuficiente al cabo de poco tiempo.

Ya en 1973 Kim Il Sung declaró la necesidad de extender la duración educativa y dos años más tarde se puso en marcha un sistema educativo obligatorio de once años. Entre 1975 y 2012 la enseñanza obligatoria comprendía un año de preescolar (entre los cinco y los seis años de edad), cuatro años de educación primaria (entre los seis y los diez, en la llamada Escuela del Pueblo) y seis de educación secundaria (entre los diez y los dieciséis), que incluye el bachillerato. Todo ello está recogido en los artículos 40 y 41 de la primera versión de la Constitución de 1972. Este modelo educativo ha sido el más duradero de todos pese a los diversos cambios en el currículum a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia.

El sistema educativo obligatorio de once años de duración estuvo en vigor hasta 2012. Ese año el líder norcoreano Kim Jong Un señaló la necesidad de extender la educación obligatoria un año más (hasta los diecisiete años de edad) y en septiembre se aprobó un proyecto de ley en este sentido. Una enmienda a la Constitución de 1972, de fecha 1 de abril de 2013, elevaba a rango de ley la educación obligatoria de doce años de duración, según consta en el Artículo 45 del texto constitucional.

Una vez finalizada la enseñanza obligatoria, los alumnos se gradúan y se examinan para acceder a la universidad o estudios superiores especializados. Aunque el Estado ofrece dos años de enseñanza preescolar (a partir de los cuatro años de edad), solo el segundo (llamado Nivel Superior de Preescolar) es obligatorio (Artículo 45).

La pedagogía socialista de la RPDC facilita al mismo tiempo la incorporación de los jóvenes estudiantes en organizaciones políticas como los Jóvenes Pioneros en el caso de Primaria y la Liga de Juventud Socialista Trabajadora en Secundaria. Dichas organizaciones, consideradas muy importantes a ojos de los dirigentes norcoreanos, refuerzan la labor ideológica de las escuelas organizando de manera regular (por ejemplo, los sábados) actividades como sesiones de crítica y autocrítica, reuniones de adoctrinamiento y lecturas sobre disciplina organizativa y pensamiento ideológico.

La pedagogía socialista trasciende incluso el espacio escolar propiamente pues incluye también lo que se conoce como ‘educación social’. Esta última comprende las actividades extracurriculares, la vida familiar y las relaciones humanas en el contexto de la sociedad. El objetivo es controlar la influencia del entorno social sobre el niño y determinar el desarrollo de su carácter. Dicho de otro modo, el objetivo de esta educación social es proveer al niño de ambiente social controlado donde el niño esté a salvo de influencias negativas o no planificadas, esto es, que se asocie a ideas o aspectos contrarios a la ideología oficial.

Las actividades extraescolares buscan organizar la vida del estudiante de manera colectiva mediante la participación en actividades deportivas, musicales, culturales, etc. Las visitas en grupos a museos, monumentos y emplazamientos históricos constituyen un ejemplo de ello. El objetivo final es acabar con todo tipo de pensamiento individualista que pueda llevar a mostrar deslealtad con el sistema político existente. Kim Il Sung dejó muy claro este aspecto al declarar que “debemos educar a los estudiantes en el espíritu del colectivismo”, considerado la base de la vida social socialista y comunista.

La educación superior se divide en dos ámbitos: las universidades y las escuelas profesionales o especializadas (técnicas) están bajo supervisión del Ministerio de Educación Superior, a diferencia de las guarderías y escuelas de primaria y secundaria que están tuteladas por el Ministerio de Educación Pública. La entrada en la universidad o en la escuela especializada viene determinada por los logros académicos en secundaria.

Algo queda claro. La RPDC es uno de los pocos países que tiene 100 % de educación pública total, inclusiva y realmente para todos. No hay escuelas y universidades privadas, están prohibidas. Los norcoreanos hablan de que los sistemas capitalistas tienen sistemas educativos que replican una especie de apartheid en las escuelas y universidades, al existir el sistema mixto estatal-privado dentro de sus tierras. Y tienen razón. La RPDC es un ejemplo de escuela pública estatal de verdad. Y eso no se lo perdonan los imperialistas.

Mauricio Piñero
Mauricio Piñero

Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.

Martín Pena: “Creemos que el camino es con todos adentro, sin dejar a nadie afuera”

Martín Pena: “Creemos que el camino es con todos adentro, sin dejar a nadie afuera”

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EN EL CICLO DE CHARLAS “HACIENDO ESCUELA EN LA PANDEMIA”

-La palabra de les trabajadores de la educación- Un ciclo de conversaciones con trabajadores de la educación para pensar colectivamente de donde venimos, cómo estamos y cómo salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país y el mundo.

Martín Pena es Maestro, Secretario Gral. Regional Oeste de ATECH, Miembro de la junta ejecutiva de Ctera y Sec Gral Reg de la CTA de los Trabajadores de Chubut.

Entrevistan: Los compañeros de la Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre Mauro Martino (Docente de nivel inicial en Ensenada) y Agustín Rosón (Docente de nivel secundario y superior en Ensenada).MOSTRAR MENOS

Duhalde: “Siempre promovimos el uso crítico de las tecnologías: como herramienta, no como modalidad”

Duhalde: “Siempre promovimos el uso crítico de las tecnologías: como herramienta, no como modalidad”

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CICLO DE CHARLAS: “HACIENDO ESCUELA EN LA PANDEMIA”
-La palabra de les trabajadores de la educación-

Un ciclo de conversaciones con trabajadores de la educación para pensar colectivamente de donde venimos, cómo estamos y cómo salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país y el mundo.

En esta oportunidad, los compañeros Guillermo Doffo (Secretario de Educación y Cultura del SUTEBA La Plata) y Mauro Martino (Docente de nivel secundario de Ensenada), charlaron con Miguel Duhalde.

Miguel Duhalde es Secretario de Cultura de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), y Coordinador de la RED DHIE de la escuela de formación política Marina Vilte.

No se pierdan las interesantes reflexiones que arrojó acerca del rol docente, del uso crítico de las tecnologías, de los desafíos que se presentan ante la pandemia y de otros debates que están abiertos.

Tiempos de pandemia: “Valores del Cooperatismo en Educación”

Tiempos de pandemia: “Valores del Cooperatismo en Educación”

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POR JUSTO SEBASTIÁN ACEVEDO*

En la actualidad, la pandemia del Covid-19, pone en debate las posturas morales, políticas, filosóficas del Individualismo. Hoy, el contexto hace que sea difícil la concreción de aquello que dicha corriente pregona; pues es dificultoso el ejercicio por parte de los individuos de la independencia y la autosuficiencia que tanto reclaman y difunden como modo de vida. En el presente, la realidad nos ha demostrado que la intervención del Estado ante esta contingencia, a través de distintas políticas públicas de índole sanitario, securitario, y económico, entre otros, pudo atemperar la situación epidemiológica y las consecuencias de las mismas, en otras tantas esferas.

Todo ello nos lleva a reflexionar que aquellos sujetos que viven en sociedad, ante determinadas circunstancias, consideren asociarse para afrontar las vicisitudes de la vida social, de la realidad que se les impone.

Observamos en la situación mundial, en la proliferación del coronavirus, la oportunidad en la que los sujetos ven necesario, como estrategia, el tener que coligarse, interconectarse en forma cooperativa, es decir, bregar en conjunto para poder encontrar soluciones a problemas que son comunes a todos los individuos.

Por ello, en los distintos grupos humanos se hace necesario que consideren y rescaten ciertos valores y principios rectores relativos a lo que llamamos cooperativismo, ya que los mismos sientan las bases para poner en práctica la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad y la solidaridad.

Por lo tanto, en una sociedad donde las comunidades pongan en acto “formas cooperativistas de relación”, requerirán de las siguientes características:

La ayuda mutua entre los miembros del grupo. Esto lleva consigo actuar en conjunto para buscar resoluciones a las problemáticas que se les presentan comunes.

La responsabilidad de cada uno en el nivel de entrega y rendimiento, que permita arribar a las metas comunes; un compromiso moral  inquebrantable de los unos con los otros.

La democracia expresada en la toma de decisiones colectivas en las gestiones realizadas o a realizar; para ello, es vital el pleno protagonismo y la participación directa de todos los miembros.

La igualdad: se expresa en que todo derecho y toda obligación son para todos los integrantes por igual.

La solidaridad se presenta al momento que el conjunto va al rescate o a la asistencia de aquel miembro que presenta una dificultad o inconveniente.

En la Argentina, al menos en los aspectos formales de la Educación, nos encontramos con que la legislación contempla al cooperativismo en su dimensión formativa. Basta con rastrear aspectos normativos del pasado para poder encontrar la Ley 16583, sancionada por el Congreso de la Nación en octubre de 1964 y aprobada por el Ejecutivo a cargo del Presidente Arturo Umberto Illia en noviembre de ese mismo año. En esta Ley, se declara de alto interés nacional la enseñanza de los principios del cooperativismo y se establece a través del Ministerio de Educación la inclusión de planes y programas en los establecimientos educativos dependientes de Nación, sobre la enseñanza teórico-práctica del cooperativismo. En el tiempo, hubo otras normativas que se dictaron, que fueron complementando a esta Ley.

En la actualidad está en vigencia la Ley de Educación 26.206, sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2006 y aprobada a los días siguientes por el Ejecutivo a cargo del Presidente Néstor Kirchner. En el artículo 90, establece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá, a través del Consejo Federal de Educación, la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583. Es decir, se renueva con fuerza de Ley la incorporación de los principios y valores del cooperativismo en la educación.

Al año siguiente, la provincia de Buenos Aires adaptaría su marco educativo a partir de la Ley Nacional de Educación de 2006, y entraría en vigencia la Ley Provincial de Educación registrada con el número 13.688. En ella se recupera, dentro de los fines y objetivos de la política educativa de la provincia, la importancia en la incorporación de los principios y valores del cooperativismo.

Ahora bien, ¿esta relación entre cooperativismo y educación, queda en simples enunciados o hay una fuerte presencia en lo curricular? Este interrogante, seguramente, pueda ser el inicio de una investigación más profunda sobre el tema, pero de lo que sí estamos seguros, es que la actualidad nos lleva a interpelar a la educación, sobre qué tipos de valores y principios son los necesarios reforzar ante contingencias como las que nos toca vivir hoy.

¿No será que necesitamos una política educativa que fortalezca los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente, en concordancia con la promoción de los principios y valores del cooperativismo en el trabajo áulico?


* Docente e integrante de la mesa de conducción del Encuentro Provincial de Educación.

Fuentes:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-16583-194870/texto
https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456#:~:text=Las%20cooperativas%20se%20basan%20en,y%20preocupaci%C3%B3n%20por%20los%20dem%C3%A1s.
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2007/13688/3181#

Pañitos de agua tibia en el aislamiento educativo

Pañitos de agua tibia en el aislamiento educativo

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POR KEVIN ALEJANDRO VIVAS AYALA*

Desde que se anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio como medida de prevención frente a la pandemia mundial, el sector educativo ha buscado distintas herramientas para disminuir la brecha que separa a su comunidad del mundo digital. Aunque la tecnología ya ocupaba un lugar indispensable en la sociedad, ahora la necesidad de verse inmersa en ella -y utilizarla como única forma de suplir procesos que se llevaban a cabo en la vida cotidiana- es de tal magnitud, que es imposible no ver los vacíos materiales e intelectuales que en ella subyacen.

Estos imprevistos son comunes cuando se implementa un nuevo modelo de cualquier tipo. Pero la cantidad de estos imprevistos se incrementa en un proyecto que debe ejecutarse en tan poco tiempo, y es aún más evidente cuando es la primera vez en la historia que el sector educativo a nivel nacional se ve obligado a utilizar una herramienta que era complementaria para su desarrollo, como única forma de llevar a cabo esta labor pedagógica.

La comunidad estudiantil tuvo que crearse virtualmente; en este proceso se encontró con barreras que impiden la realización de instancias que se llevaban de manera natural en las aulas. En esta prisa de implementar un plan de contingencia para hacer esta transición a poco tiempo de empezar con este año lectivo, el primer obstáculo y el más evidente por su carácter excluyente, es qué hacer para que todes puedan tener acceso a esta modalidad de la manera menos desigual posible, teniendo en cuenta que ya de por sí, les estudiantes han tenido siempre ventajas o desventajas según su contexto social, de clase, de género, laboral o familiar.

Esta modalidad demanda no solo el acceso a un dispositivo, sino también la conectividad a internet, que debe contar también con una velocidad que permita descargar archivos, ver videos pre grabados o en vivo, incluso películas, y mantener conferencias en plataformas o aplicaciones que exigen cierta cantidad de megas para su buen funcionamiento. Además de esto, se requieren conocimientos varios que parten desde manejo básico de los dispositivos, hasta el uso de plataformas educativas y redes sociales; esto acompañado de un contenido académico sofocante que exige a su vez conocimientos previos y generan preguntas que, en vez de ser respondidas en un minuto en el aula de clase, se deben redactar y su respuesta puede tardar días, semanas o incluso no llegar nunca por la carga laboral que tienen les docentes, que también se ven afectades por la complejidad de este nuevo sistema y la dificultad para dar un asesoramiento individual a quien lo necesite.

Actualmente se utilizan distintas plataformas para el desarrollo interactivo de las clases, como lo son jitsi, zoom, meet, entre otras. Estas opciones permiten tener un contacto más personal entre el/la docente, les asistentes y les estudiantes. Sin embargo, su versión gratuita no permite tener encuentros masivos, es decir, conferencias de decenas o cientos de personas, así que la UNLP compró un conjunto de licencias pagas de la herramienta Webex, que son administradas y distribuídas por la Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías dependiente de la UNLP a través del representante de la Comisión de Educación a Distancia de cada Unidad Académica[1].

Webex es una herramienta de video que integra todos estos elementos de interconexión y trabajo compartido, que además protege la información del usuario sin poner en riesgo las características imprescindibles, como la búsqueda segura y el cumplimiento del contenido compartido y almacenado[2]. Esta plataforma pertenece a Cisco Systems, una empresa tecnológica multinacional que tiene productos para routing (redes), seguridad, colaboración (telefonía IP y sistemas de videoconferencia), data center, cloud y movilidad (wireless)[3]. Esta capacidad tecnológica es necesaria para que las cátedras que cuentan con más de 100 estudiantes puedan efectuarse de manera fluida, sin interrupciones o fallas técnicas que afecten su calidad y buen desarrollo.

Las aulas virtuales que se crean a través de Webex fueron distribuidas para las diferentes facultades, pero su implementación no fue general debido al alcance administrativo y práctico del que disponen les docentes, ayudantes, tutores y estudiantes para su uso. Aquí radica otra gran barrera para el aprovechamiento de las tecnologías a las que podemos tener acceso y con ella una necesidad emergente: la capacitación, el acompañamiento y el fortalecimiento de un equipo de educación a distancia.

Con la finalidad de disminuir la desigualdad en el plano estudiantil, se han desplegado distintas estrategias, como la creación de la beca “Tu PC para estudiar”, en la que la UNLP otorga a sus estudiantes, en calidad de préstamo, una computadora, notebooks o una tablet, para todes aquelles que dependan de su adquisición para continuar con el ciclo académico durante la pandemia. O como la medida tomada por la UNNE, en la que se becará a 781 estudiantes con la entrega de 700 pesos mensuales mientras dure la modalidad de clases no presenciales, para que quienes no tienen acceso a internet puedan comprar un plan de datos cada mes.

Todas las ayudas de este tipo son bien recibidas como planes de contingencia ante un fenómeno tan difícil de resolver como lo es el acceso a redes y dispositivos, pero teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la duración del aislamiento y la permanencia de esta modalidad de clases virtuales, es menester pensar en soluciones a gran escala. La dotación material y la conexión parcial a redes son “pañitos de agua tibia”, que si bien contribuyen, no alcanzan a cubrir la totalidad de demandas y necesidades de un proceso de aprendizaje óptimo y equitativo.

El delegado de la FULP (Federación Universitaria de La Plata) Fabián Ferro, nos propone una nueva estrategia acerca de cómo atacar esta problemática desde un origen más profundo.

Fabián es estudiante de tercer año de la Licenciatura en Informática en la UNLP, tiene una trayectoria política dentro de la agrupación estudiantil La Fuente y como ex presidente del centro de estudiantes de la facultad. También milita en la organización Calle 4 y en la Juventud Peronista de la ciudad de La Plata; y actualmente es responsable técnico en el área de educación a distancia de la Facultad de Psicología de la UNLP,

Ferro se pregunta si la mejor opción es seguir comprando licencias de programas que no se pueden aprovechar completamente por su nivel de complejidad: “Desde el área técnica notamos que aunque Webex sea una herramienta avanzada y de largo alcance, su manejo y administración son realmente complicados”. También pone en tela de juicio si basta con dotar a les estudiantes con computadores o de pagar indefinidamente a cientos de elles planes de datos, siendo esta una solución que puede estar condicionada por factores como la ubicación geográfica, que influye en el acceso a una señal capaz de soportar todos los procesos que se llevan en las cursadas virtuales.

El alcance de estos datos también depende del estado físico o lo actualizado del teléfono móvil, si es que se dispone de uno: la pregunta entonces es ¿a cuántos estudiantes se les puede garantizar la adquisición de un dispositivo o el acceso óptimo a la red? . Puede que una mejor opción sea comprar nuevos servidores, o adaptar los que ya existen, volviéndolos aptos para soportar plataformas de software libre que permitan hacer videoconferencias e interacciones masivas, como lo es Big Blue Button (BBB), una herramienta gratuita para el aprendizaje que permite la realización de videoconferencias , aunque el CeSPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información), que es el área encargada de la administración de recursos tecnológicos y del desarrollo informático de la UNLP, está llevando adelante una configuración de esta herramienta de manera centralizada y general, lo cual limita su aprovechamiento.

Si desde hace más de un mes se anunció la liberación de datos para acceder a las plataformas educativas de las universidades nacionales, ¿no sería mejor implementar estos softwares gratuitos a los servidores donde apuntan los dominios educativos (.edu.ar) o gubernamentales (.gob.ar) y así no tener que depender del acceso a internet para realizar acciones que demandan un consumo alto de datos o una velocidad específica de internet?

¿No sería mejor invertir en una infraestructura de servidores y plataformas que se formen y desarrollen dentro del área de informática y educación a distancia de cada facultad? Todo esto también con el fin de crear independencia, porque las interacciones que se requieren para los procesos de formación dependen del saber que se enseña. En otras palabras, no es lo mismo desarrollar herramientas dentro de una plataforma educativa en la Facultad de Periodismo, a las que necesito para transmitir conocimientos científicos, o artísticos, como es el caso de otras facultades; cada una debe apropiarse de ellas y atender los requerimientos del equipo docente para llevar todos los componentes que hacen su clase especial al entorno virtual.

Sin embargo, si se satisfacen estas carencias tecnológicas, ¿está la comunidad educativa preparada para usarlas y llevar a cabo eso que se hacía presencialmente en una clase a lo digital? Aunque se prestara atención a esta propuesta ¿podrían los servidores de la universidad aguantar clases de cientos de personas en simultáneo o se deberían organizar las clases estableciendo un horario como en el ciclo académico presencial? Si esto sucede ¿a cuántos dejaría por fuera la exigencia del cumplimiento de esta asistencia sincrónica? Son estas solo algunas de las discusiones que se dan en torno a esta búsqueda de soluciones alternativas en la lucha por la inclusión educativa.

“Es difícil cuando los cuadros políticos no entienden de tecnología y de la importancia de generar políticas que fomenten la autonomía y la emancipación informática en un mundo cada día más acelerado en cuanto a digitalización” afirma Fabián. “Está muy bien querer equipar de dispositivos y acceso a la red, pero esas opciones no suplen las demandas existentes; se necesita inversión no solo en el estudiantado sino en las áreas informáticas. Recuerdo que mi abuela decía que en su tiempo, quien no tenía educación primaria, no tenía acceso a un buen trabajo; después mi viejo afirmaba que quien no se graduara de secundaria también tendría una clara desventaja en el sector laboral. La primera generación de mis primos sabía que se necesitaba de un estudio profesional para poder competir en este sector, y hoy en día yo podría decir que si no se tiene una formación informática, las oportunidades se ven seriamente acotadas”.

Retomando lo dicho anteriormente, es práctico que se tomen medidas rápidas cuando de una semana para otra se debe mudar la estructura pedagógica de 17 facultades a las aulas virtuales. Es un proyecto que requiere de mucho acompañamiento profesional y trabajo interdisciplinario entre profesores, informátiques, administradores del SIU, secretaría académica y agrupaciones estudiantiles. No es un tema que solo se deba resolver desde gestión.  Sin embargo, la compra de licencias y financiación para el acceso a internet son medidas que si bien permiten mayor inclusión, no benefician sólo al sector popular sino también a los grandes intereses corporativos de las empresas de telefonía o del mercado extranjero de softwares, que una vez más sacan una buena tajada del pastel de la crisis nacional.

Se requiere de manera urgente una alfabetización digital para combatir esta brecha; hay que descentralizar esta responsabilidad que se deja en manos de la Presidencia, que no da abasto (por la demanda que esta implica) en la creación de modelos específicos y en la resolución de demandas explícitas de cada unidad académica. Cada facultad debe trabajar en el fortalecimiento de su autonomía tecnológica y entender el problema social que atraviesa el contexto educativo en cuanto a la resistencia hacia la tecnología ejercida por la comunidad que lo conforma.

Al mismo tiempo, es necesario dejar de ver estas políticas sociales como políticas de emergencia; es incierto el tiempo durante el cual tendremos que acudir a la virtualidad como único medio de formación académica, y aún cuando esto termine, es incierta también la necesidad de volver a implementarlas en un futuro. Por ende, es de carácter urgente buscar soluciones que ataquen de raíz esta problemática, teniendo presente la diversidad de contextos y necesidades de la comunidad que las requiere.


* Ecléctico. Le causan repulsión las cajas, los límites, lo estático, lo predecible 
y determinado. Por eso nunca puede describirse, porque le repugnan las palabras que le obligan
a cumplir con un papel que aunque hoy le defina, mañana tal vez, no quiera interpretar.

Referencias:

La educación pública a distancia: ¿una educación para todxs?

La educación pública a distancia: ¿una educación para todxs?

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El actual estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia mundial del COVID-19, trae aparejado la profundización de la existente crisis estructural de la educación pública argentina. A casi dos meses de la definición del Ministerio de Educación de la Nación del cese temporal de las actividades presenciales de enseñanza, alineada al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, es oportuno reflexionar sobre las implicancias que estas medidas conllevan. Medidas preventivas por de más necesarias y acertadas ante la adversidad de la coyuntura signada por una situación epidemiológica que genera numerosas muertes, e infecciones en aumento. Sin embargo, es relevante analizarla persistente brecha digital y social en materia de educación, siendo que la desigualdad de condiciones materiales, económicas, pedagógicas, tecnológicas y de conectividad,  hacen que el derecho al acceso a la educación a distancia, no sea igualitario.

Al hablar de brecha digital y social, debemos partir de analizar que la misma deviene del desfinanciamiento de la educación pública promovido por la Alianza Cambiemos durante los cuatro años de gestión, que conllevó a la profundización de la desigualdad de las condiciones educativas, en relación a la educación privada. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el presupuesto educativo bajó del 6,1 al 4,8%. Según los datos aportados por el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) entre los años 2016 y 2018 la inversión educativa nacional cayó un 9% en términos reales y la inversión provincial un 8% entre 2015 y 2016. A su vez, la Ley de Educación Nacional (2006) establece que la inversión en educación debe alcanzar el 6% del PBI. Sin embargo, el gasto educativo en 2016 fue de 5,80% y en 2017 de 5,65% del PBI.

Evolución de la inversión educativa nacional, en millones de $ constantes de 2018 (2012-2019)

Fuente: CIPPEC, sobre la base de información del Ministerio de Hacienda de la Nación, serie de Índice de Precios al Consumidor IPC- INDEC y ECOLATINA.

El desfinanciamiento implicó la suspensión de programas de inclusión como el Conectar Igualdad, dejando en estado de abandono los dispositivos que debían repartirse (actualmente recuperados por el Ministerio de Educación de la Nación). La Alianza Cambiemos ha implementado durante sus cuatro años de gestión un proyecto de corte neoliberal, en términos políticos, económicos, sociales y culturales. Promovió, mediante sus políticas de miseria y ajuste, la idea de una educación entendida como mercancía, deslegitimando a la educación pública frente a la educación privada.

Viene a la memoria la exposición de Esteban Bullrich -siendo Ministro de Educación de la Nación (2015-2017)- en el Foro de Inversión y Negocios de Argentina, en la cual propuso “crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, de entender que no saber lo que viene es un valor.” Esta expresión que denota los lineamientos de un proyecto social y cultural que insta, desde las instituciones educativas, a la “creación” de sujetxs pasivxs, a los cuales ese disfrute (cínico) los convierta en incapaces de querer revertir el orden desigual.

El gobierno actual del Frente de Todxs representa un cambio de paradigma con respecto a la educación. En el marco de la pandemia, el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, promueve la implementación de políticas educativas inclusivas, con el objetivo de contener la desigualdad. Entre éstas se encuentran la creación de la plataforma “Seguimos Educando”, articulando contenidos de TV, cuadernillos y materiales digitales, en los cuales la navegación no consume datos; y la reciente reanudación del Programa Conectar Igualdad, a partir de la readecuación y distribución de las netbooks abandonadas por la gestión saliente. Según expresó el actual Ministro, el objetivo es facilitar el acceso a la tecnología a estudiantes y trabajar para reducir la brecha digital en Argentina.

Sin embargo, es sabido, hasta por el propio Trotta, que dichas políticas, por demás inclusivas que sean, no modifican las preocupantes condiciones de desigualdad social. En diálogo con Página 12 sostuvo, muy acertadamente, que: “En este tiempo en el que no se está yendo físicamente a la escuela se va a profundizar la desigualdad. Aprender y enseñar es un acto colectivo; cuando lo llevamos al hogar, se transforma en una instancia muy condicionada por la realidad social del niño. Eso se vincula a la evaluación y a la acreditación de saberes: no estamos en condiciones a la distancia, como norma general, de acreditar saberes. Si lo hiciéramos estaríamos evaluando al entorno familiar y a sus condiciones socioeconómicas más que al niño”.

Acertadamente porque es menester reflexionar y problematizar las condiciones de vulnerabilidad en las que transitan numerosas familias la educación a distancia, incluso para muchxs inaccesible. No menos necesario, es reivindicar el esfuerzo y compromiso puesto en práctica por aquellxs docentes que asumen, por un lado, la responsabilidad pedagógica de diseñar (para más de un curso) tareas que se adapten a la modalidad virtual, y por otro, la responsabilidad social al formar parte de la distribución de alimentos desde las escuelas cada quince días.

El pasaje momentáneo de la situación educativa del aula a la casa genera dificultades que implican obstáculos para la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función de enseñanza y el acompañamiento para la realización de las actividades recae en las familias (generalmente en las mujeres), que se enfrentan al conflicto de no contar con las herramientas pedagógicas necesarias, y en muchos casos tampoco con los dispositivos tecnológicos y con la conectividad para llevar adelante semejante desafío.

Si a eso le sumamos condiciones habitacionales de hacinamiento y  escasos recursos para solventar las necesidades alimenticias, la situación educativa se torna por de más dificultosa, incluso hasta imposible, siendo relegada en el orden de prioridades. Esto justamente es lo que, como sociedad, no podemos permitir. El derecho a la educación pública debe ser garantizado para todxs lxs pibxs, en lo extenso y ancho del país, desde Jujuy a Tierra del Fuego (y hasta las Islas Malvinas, si contáramos con la justa y soberana jurisdicción).

No caben dudas que desde el actual Ministerio de Educación se continuará priorizando a los sectores que atraviesan la coyuntura en condiciones de extrema vulnerabilidad social y económica, pero sería un error descansar a la espera de que esas políticas alcancen a la totalidad de la población. Es urgente fortalecer los lazos sociales entre la comunidad educativa y la comunidad barrial:entre directivos, docentes, EOE, inspectores, gremios docentes, las familias y las organizaciones sociales, en pos de repensar estrategias y nuevas modalidades para abonar al aprendizaje de lxs pibxs; desde una perspectiva de emancipación, fomentando la creatividad y la participación activa, evitando posibles frustraciones.

De generarse un vacío en el deseo de aprender, este espacio será cooptado por la cultura dominante, por la construcción de subjetividades neoliberales -como deseaba Esteban Bullrich- que disfruten de la incertidumbre. Si hay algo que lxs pibxs deben disfrutar, es de sus derechos. Tenemos el compromiso de abonar a que se garantice el acceso a la educación pública, aún a la distancia; a una educación que desde su sentido político eduque para la emancipación de sujetxs con capacidad crítica y reflexiva, protagonistas de su propia formación, conscientes de que otra realidad es posible.


Laura Herrera
Laura Herrera

Soy una militante popular en defensa de los derechos de lxs pibxs, con el compromiso inquebrantable de construir una patria grande, más justa, igualitaria, soberana y feminista. Estoy convencida de que otra realidad es posible.

* Estudiante de Trabajo Social de la UNLP y militante popular.
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