El ministerio de Educación de la Nación busca ampliar la jornada lectiva en todas las escuelas primarias del país. El objetivo es fortalecer los conocimientos en lengua y matemática y recuperar los contenidos que se vieron afectados por la pandemia.
El ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk, anunció propondrán que todas las escuelas primarias del país extiendan una hora diaria el dictado de clases, por lo que cada turno pasará de cuatro a cinco horas. Dicha iniciativa demandará una inversión de $18.000 millones de pesos.
En ese sentido, el próximo viernes el titular de la cartera de educación presentará el plan ante el Consejo Federal de Educación el cual se realizará en la provincia de Tierra del Fuego. Según Perczyk, este proyecto tiene como finalidad sumar horas de clases, lo que daría como resultado “más conocimiento y mejor educación“.
El ministro destacó en un comunicado que la propuesta requiere de la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y con los gremios. Asimismo, sostuvo que la suma de una hora diaria “significa tener 38 días más de clases por año“.
La modificación de la jornada escolar se realizaría de forma progresiva en las 24 jurisdicciones. De esa manera, desde el Ministerio de Educación de la Nación proponen que el turno mañana pase de 7:00 a 12:00 o de 7.30 a 12.30 hs. y el turno tarde lo haga de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15 hs.
En la misma línea, detallaron que el monto acordado para a su implementación estará destinado a aportar el 80% del aumento del sueldo de las y los maestros. Al respecto, Perczyk agregó que “tenemos que crear las condiciones, especialmente de infraestructura, para lograr la universalización de la jornada completa”.
La iniciativa de intensificar la carga horaria en las escuelas responde a la necesidad de fortalecer los conocimientos de les estudiantes en lengua y matemática, asignaturas que para la cartera educativa son la base del desarrollo del aprendizaje. La propuesta también busca recuperar los contenidos que se vieron afectados por la pandemia de Covid-19.
Perczyck subrayó que “para aprender a leer y escribir, para poder expresarse, hay que escribir y leer todos los días y algo similar ocurre con la matemática. Para aprenderla hay que ejercitarla todos los días en la escuela y en la casa”.
La medida alcanzará a las 10 mil primarias públicas que en la actualidad no tienen jornada completa ni extendida, lo que representa al 86% de la matrícula estatal.
Gremios docentes rechazaron el proyecto del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que modificaría la carrera de formación docente. Denunciaron que en los últimos años su gestión desfinanció la educación pública y que pretende eliminar el Estatuto Docente.
Parte de los anuncios planteados por Larreta en el inicio del período de sesiones en la Legislatura porteña contemplaron la propuesta para hacer cambios al Estatuto Docente argumentando que buscan “actualizar y a jerarquizar la formación y los contenidos” porque para formar a los estudiantes del futuro, se necesitan docentes del futuro.
Desde el Ministerio de Educación porteño se señaló que la propuesta llegará a la legislatura porteña e impulsa “una nueva carrera docente con incentivos salariales de hasta 20 por ciento para quienes más se formen”.
El Secretario General de la CTA de la Ciudad, Secretario Gremial de CTERA y Secretario General Adjunto de UTE, Eduardo López, rechazó el anuncio y consideró que la “intención es eliminar definitivamente” el Estatuto Docente como fue concebido y lamentó que se hable del futuro del sector cuando en la ciudad “hace 14 años que se desfinancia el presente“.
Por su parte Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, mencionó que “ya no es el Estatuto el que rige el acceso a los cargos y a la carrera docente sino la discrecionalidad del gobierno porteño; y eso piensan dejarlo de alguna manera establecido con esta reforma“.
El anuncio de Larreta choca con los datos de la realidad en materia educativa ya que un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indicó en 2020 que “la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el Gobierno de la Ciudad. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”.
En este ciclo de charlas, organizadas en conjunto por Corriente NuestraPatria, BASES La Plata y Movimiento Ciudadano La Capitana, la tercera invitación fue dedicada a la educación, como parte vital en la lucha por la soberanía.
En este tercer encuentro sobre “Pensamiento nacional, descolonización y política educativa”, abrió la charla la dirigente gremial Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), quien destacó la necesidad de “fortalecer la idea de una soberanía educativa y con una pedagogía distinta y basada en la empatía”. Resaltó el compromiso de la docencia nacional en estos tiempos de pandemia, que “sostuvo a la escuela y a todas las entidades educativas del país” en el año 2020 y en lo que va del 2021 vigente. También apuntó forjar una lucha por la educación latinoamericanista que tenga en cuenta la historia de lucha de los pueblos de la Patria Grande, frente a la ola neoliberal que ataca a los gobiernos populares y a los movimientos progresistas y revolucionarios en el continente. Destacó la gran lucha docente en Argentina contra las políticas neoliberales en los años del macrismo y cómo esa lucha también logró derrotarlo en 2019.
En segunda instancia, el profesor y ex Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (2007-2011), Mario Oporto, insistió en construir una educación soberana, popular y latinoamericana, despojada de las tradiciones historiográficas oligárquicas, blancas, europeístas y racistas. Hizo referencia notable a “seguir debatiendo sobre la pedagogía del sur” y establecer profundos lazos para que las historias olvidadas por la visión colonialista aún vigente sean resurgidas en los ámbitos educativos. Citando al gran Manuel Ugarte, Oporto invitó a los presentes en este encuentro a seguir sus firmes palabras: “El internacionalismo ciego y el nacionalismo cerrado no sirven”. Oporto hacía referencia a un artículo de Ugarte de 1923 en el que se pronunciaba por un nacionalismo democrático y por una democracia nacional como la única solución posible, justamente cuando en América algunos intelectuales propiciaban el advenimiento de “la hora de la espada” como el singular Leopoldo Lugones.
Luego disertó Claudia Bracchi, Profesora en Ciencias de la Educación (UNLP), magíster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación por la FLACSO, y actual Subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, quien hizo referencia a las nuevas situaciones que impuso la pandemia actual en la educación argentina. Destacó el gran esfuerzo de la docencia argentina, sobre todo en adaptarse a “nueva escuela” que implicó encarar en tiempos del coronavirus, con el uso de la virtualidad y las formas de establecer vínculos con los estudiantes.
Como en las dos actividades anteriores, la referida a educación invita a seguir pensando y debatiendo sobre ella, y por un sistema educativo más fortalecido y mejor preparado en tiempos de pospandemia. El objetivo siempre claro de construir una patria justa, libre y soberana, en el cual la educación tiene un rol fundamental.
En la provincia de Buenos Aires siempre hubo clases en el 2020 y en lo que va del 2021. Los medios derechistas han querido instalar de que “no hubo clases en Argentina” y que los docentes casi que ni trabajaron. Pero los docentes y los estudiantes de todos los niveles estuvieron de alguna forma clases, de la forma virtual, acudiendo a las redes sociales, a Google Classroom, al Zoom, y a los programas gratuitos que procedían del Ministerio de Educación de la Nación y de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Cierto es que la conectividad complejizó el panorama en muchas familias de los estudiantes, lo que puso en tensión a la lógica de la modalidad virtual de las clases “en casa”. Docentes y estudiantes no se pudieron conectar del todo, pero la situación epidemiológica ameritaba cuidarse y cumplir las medidas sanitarias correspondientes.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof había manifestado el pasado sábado 13 de junio a través de sus redes sociales que se sigue “trabajando entre todos los niveles del Estado para coordinar el regreso a la presencialidad segura”. Finalmente, este miércoles 16 de junio empezaron todos los niveles del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. En un clima muy fresco, se retornaron a las aulas, aunque con los protocolos sanitarios ya establecidos en febrero-marzo de este año, y con otras novedades al respecto.
Por supuesto, que todo será muy gradual y se regresará a una modalidad semipresencial, con el sistema de grupos de pocos estudiantes por aula y con protocolos sanitarios aún más seguros. La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia destacó que “con el esquema de presencialidad administrada que estaba vigente antes de la suspensión temporal de las clases presenciales, la semana que viene las escuelas ubicadas en los municipios bonaerenses que integran el AMBA empiezan a retomar la presencialidad”.
El regreso de las clases presenciales en el conurbano fue adelantado el viernes 12 de junio por el gobernador en una conferencia de prensa que ofreció para detallar cómo siguen las medidas de cuidado en ese distrito, en el marco de la segunda ola de coronavirus.
Desde el Poder Ejecutivo bonaerense se planteó que la vuelta a la “presencialidad cuidada” se dará “con el estricto cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan Jurisdiccional con el que se inició el presente año lectivo”. De esta manera, continuará siendo obligatorio “el uso correcto de tapaboca en todo momento, los agrupamientos de estudiantes para respetar el distanciamiento requerido, los ingresos y egresos escalonados para evitar la concentración de personas y la alternancia de clases presenciales y no presenciales”.
Inmediatamente los gremios docentes de la provincia enviaron sus comunicados. De hecho, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitaron el pasado 9 de junio a la Ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Malec, para que se convoque a la Comisión Técnica Salarial:
“Nuestra solicitud se debe a los altos índices de inflación registrados en este primer semestre del año y en particular en el segundo trimestre que generan un deterioro evidente del poder adquisitivo del salario. Ante el aumento del costo de vida, consideramos urgente la necesidad de recomponer el poder adquisitivo del salario de las/los trabajadoras/es de la educación de la Provincia de Buenos Aires”.
Frente al anuncio del gobierno provincial, del retorno a las clases presenciales en algunos distritos de la Provincia que pasan a fase 3 ó 4, desde el SUTEBA, el mayor gremio docente bonaerense, expresaron la imperiosa necesidad de que se planifique una presencialidad cuidada, organizada, que se retome gradualmente en el transcurso de la próxima semana, siempre en el marco del estricto cumplimiento de los protocolos.
SUTEBA valoró, no obstante, la Campaña de Vacunación en la provincia de Buenos Aires. A la espera de mayores precisiones respecto de la situación de cada Distrito, los gremios sostuvieron que los datos epidemiológicos son los que deberán seguir contemplándose a la hora de la toma de decisiones en relación a la presencialidad.
La docencia bonaerense siguió trabajando en todo el 2020 y en lo que va en el 2021, superando obstáculos de todo tipo, especialmente los digitales. El trabajo realizado desde las escuelas públicas, en contexto pandemia, desde el 2020, fue y es factible por el compromiso de docentes, estudiantes y comunidades educativas.
Es destacable que en la provincia el plan de vacunación es todo un tren para la docencia. Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense se informó que se están dando nuevos turnos para de vacunación para docentes y auxiliares y en tal sentido se pide revisar los correos electrónicos, la app y la web de Buenos Aires Vacunate.
Hasta este viernes 11 de junio pasado la provincia vacunó con la primera dosis a 4.801.152 bonaerenses y 1.073.515 fueron inmunizados con la segunda dosis.En ese sentido, precisó que ya fueron vacunadas: 1.249.503 personas mayores de 70 años, lo que representa el 91,69%; y 1.169.260 de entre 60 y 69 años, lo que significa el 90,77%. También fueron inoculados 1.294.814 de bonaerenses de entre 18 y 59 años con comorbilidades, lo que representa el 69,09%; 338.062 docentes, lo que llega al 65,51%; y 95.653 de trabajadores de las fuerzas de seguridad, que implica el 55,28%.
En líneas generales, el país pasó de un promedio diario de 150.000 aplicaciones a casi 300.000. En los últimos 15 días se aplicaron casi dos millones de dosis. Argentina se ubicó en el puesto 20° entre los países que más vacunas se aplican.
En relación a Latinoamérica, si se tiene en cuenta el porcentaje de población vacunada la página https://ourworldindata.org/, que contiene información de todo el mundo, ubica a la Argentina en tercer lugar, después de Chile (59,72 por ciento) y Uruguay (58,73 por ciento).
La provincia de Buenos Aires, para garantizar aún más el regreso a la presencialidad, tomará pasos más osados. se destacó la iniciativa “Buenos Aires en las escuelas”, a través de la cual -con una inversión de $622 millones- se distribuye en la actualidad 33.000 dispositivos medidores de dióxido de carbono (CO2) a las más de 11.000 escuelas de gestión estatal. El monitoreo de CO2 permite regular el nivel de apertura de las puertas y ventanas necesario para una adecuada ventilación que mitigue el riesgo de contagio y aporte la mayor comodidad térmica posible en el contexto de bajas temperaturas. Asimismo, se extenderá el Plan de vigilancia epidemiológica activa en las escuelas, con una inversión del estado provincial de $117,5 millones, a través del cual los equipos de salud realizarán testeos muestrales aleatorios a docentes y auxiliares para la detección de casos asintomáticos.
A estas medidas de refuerzo se suma la continuidad de las obras de mejoramiento de la infraestructura desarrolladas por el programa “Escuelas a la obra”, que lleva comprometida una inversión de $6.570 millones y las acciones de fortalecimiento de los planteles docentes a través de la cobertura de 34.123 desempeños auxiliares y docentes dispensados, se destacó en el comunicado.
En contra de lo que dicen los medios derechistas y Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires, pese a las dificultades pandémicas, la docencia se mantuvo firme y garantizó las clases presenciales y virtuales en sus distintas fases y regiones. La oposición macrista, mientras tanto, alentó la idea falaz de que en la provincia de Buenos Aires se detuvieron las clases, fomentando a un grupo de padres de escuelas privadas (muy High School, por cierto) protestando para “que abran las escuelas”, reclamando en las puertas de la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata.
También hubo ataques mediáticos de la dirigencia macrista hacia la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia para crear más un ambiente de tensión y difamación. La ultramacrista Florencia Arietto atacó por las redes a la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, quien fue expuesta por la abogada y dirigente de Juntos por el Cambio en momentos en el que estaba diciendo que es un año electoral y que tienen que “dar las discusiones necesaria para la campaña electoral del tiempo que viene”, en una reunión virtual estrictamente política y no oficial ni institucional. Pronto algunos medios sacaron de contexto una charla privada de Bracchi con su espacio político “Soles de Mayo”, típica de las campañas antikirchneristas y antigobierno de la derecha mediática.
Todo indica que la provincia de Buenos Aires ha tenido una política de sumo cuidado sanitario, sin arriesgar demasiado y sin caer en las presiones mediáticas y del macrismo. Todo será gradual también. El regreso a clases presenciales es un nuevo desafío y dependerá de lo que pase en el afuera también. Las escuelas están bien cuidadas con sus protocolos sanitarios y la mayoría de la docencia tiene al menos una primera dosis. Un capítulo más de esta historia pandémica. Pero hay que seguir cuidándose, porque no todo está concluido con la covid-19.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
En la portada del diario oficialista El País se publicó el día 8 de febrero el siguiente titular “Eduy21 se repliega y evalúa una «elegante» disolución”. Pero, ¿qué es Eduy 21? Es un think tank uruguayo fundado en 2016, que se especializa en temas de educación y uno de sus fines es lograr una reforma educativa. Las directrices son muy similares a las que viene llevando el Banco Mundial hace varios años en distintos países de la región.
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Esta organizacón se presenta como “multipartidaria” porque en ella convergen blancos, colorados y frenteamplistas. Aunque de este último provengan de filas moderadas y liberales bastante alejadas de la izquierda.
Sus socios académicos son la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo, ambas de carácter privado. Como socios contribuyentes tienen al banco Itaú, la Confederación de Cámaras Empresariales, Zona América y la Bolsa electrónica de Valores del Uruguay S.A. Como socios colaboradores figuran elosdiarios El País y El Observador y Visa.
Como referentes de Eduy21 se encuentran Renato Opertti decano de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica e hijo de Didier Opertti, ex Ministro del Interior en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990). El propio Renato Opertti duda que el gobierno actual logre una transformación en la educación. «Tal como todo está planteado, no veo que vaya a haber un cambio de fondo», dijo.
Juan Pablo Mir y Fernando Filgueira, ex integrantes de gobiernos frenteamplistas también integran filas de Eduy21. Esto demuestra más que un rasgo de apertura de este think tank, la integración de tecnócratas que llevan adelante políticas neoliberales en el seno de gobiernos progresistas. Se refleja, quizá, más la debilidad ideológica del Frente Amplio que la pluralidad de este think tank.
En los socios individuales figuran nombres de la oligarquía uruguaya, personajes asociados a otros think tanks y actores que hoy están en el gobierno derechista. Esto deja en claro la conexión de todos estos actores y organizaciones en la conjunción de un mismo proyecto de país y de nación.
Entre sus socios individuales destaca Horacio Hughes, el nuevo presidente del Banco de Previsión Social (BPS). En su momento se postergó su designación porque su curriculum vitae estaba en inglés. Fue gerente general de OCA, empresa perteneciente al grupo brasileño ITAÚ. También Luis Hierro López, ex vicepresidente de la República por el Partido Colorado.
Foto: Gastón Britos / FocoUy
A ellos se suma María Dolores Benavente quien integra el Consejo Académico de otro think tank: el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), fue Vicepresidenta de República AFAP S.A y es asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio.
También Pablo Da Silveira, actual Ministro de Educación y Cultura, y Liceo Impulso. Además de asesor de campaña del actual presidente Luis Lacalle Pou, fue recaudador de fondos de la misma. En febrero de 2020 detuvieron a su pareja, Maya Cikurel, investigada en Panamá por su presunta participación en la trama de sobornos de Odebrecht y requerida desde abril de 2019.
Da Silveira escribió un libro de 2009 titulado Padres, maestros y políticos. El desafío de gobernar la educación (Taurus). Esta es otra muestra del especial interés de la oligarquía uruguaya en la educación como un terreno en disputa, que a sus ojos, todavía tiene mucho espacio para mercantilizar. Luego, como ariete en la formación de los futuros ciudadanos como emprendedores, consumidores y liberales anti colectivistas. Como consta en su currículum, la Fundación Atlas* financió una de sus becas.
La lista se amplía con el Comité Honorario. Allí figura Cecilia Hughes, en cuyo curriculum figura haber sido voluntaria en Desem-Junior Achievement Uruguay, una ONG con vínculos con la Red Atlas., y Nicolás Herrera del Estudio Guyer y Regules, encargado de la negociación por las vacunas entre el Estado y el laboratorio Pfizer Biontech, e integrante de otro think tank Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres).
Muchos de sus miembros pasaron a formar parte de la administración actual. En el Partido Nacional, es el caso de Guillermo Fossati, miembro de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), y Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, de filas del hoy ministro del Interior Jorge Larrañaga. Asimismo, Sebastián Bauzá, actual secretario de Deporte, que llegó a la actividad política a instancias de Lacalle Pou.
Del Partido Colorado están Patricia Viera, presidenta del Consejo de Formación en Educación, y Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del Codicen, que incluso fue la referente en educación de la campaña de Ernesto Talvi, ex Minisro de Relaciones Exteriores.
La educación para la derecha liberal ha sido un punto neurálgico de sus políticas. A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno ha iniciado un proceso de mercantilización de la misma y ha decretado la extinción de los Consejos de Educación y la eliminación de la participación docente en la gobernanza.
Uno de los gremios más potentes de la educación, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ha recibido ataques constantes por parte del ministro Da Silveira y denunció que mientras se recortan gastos en la educación, se le otorgan más a Eduy21.
La madeja
Los cruces y puertas giratorias de think tanks a puestos de administración en el gobierno y viceversa se repiten una y otra vez. Se pueden rastrear incluso, actores en gobiernos de la década del 90 y se pueden seguir las huellas de sus padres en los 70 y 80. Si se hurga más allá, se pueden rastrear familias, clanes y vínculos que se remontan a la fundación del Uruguay mismo.
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Esto ha sido simplemente un pequeño tramo en la madeja de la oligarquía uruguaya, donde los mismos apellidos se repiten como un loop de dominación infinito en este capitalismo tardío, deforme y dependiente.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El pasado 30 de septiembre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la presentación del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de estudiantes (ATR), de la cual participaron junto al gobernador Axel Kicillof, la Directora General de Cultura y Educación de la provincia, Agustina Vila, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el Viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak.
El Programa ATR consiste en un dispositivo de acompañamiento a las trayectorias educativas que implica visitas domiciliarias a estudiantes de primaria y secundaria de todas las escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia de Buenos Aires. Tiene como objetivo el fortalecimiento de la continuidad pedagógica y la revinculación escolar de estudiantes que hayan tenido dificultades con la continuidad educativa.
Las visitas domiciliarias serán llevadas a cabo por docentes suplentes que integran el Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares (PIEDAS) y estudiantes avanzados, de 3° y 4° año, de educación superior de los profesorados de educación primaria y secundaria y tecnicaturas superiores de gestión estatal y privada. Podrán inscribirse aquelles estudiantes en formación que no pudieron realizar su práctica, teniendo la posibilidad de acreditarla como una práctica preprofesional.
Cada docente tendrá a cargo un grupo de 6 estudiantes, a les cuales visitará dos veces por semana, percibiendo una beca mensual de $8.000 ($7160+$840 de movilidad). Sobre la movilidad, Agustina Vila argumentó que esta será reducida siendo que les docentes trabajarán con las comunidades educativas de sus distritos, a modo de evitar la circulación en la vía pública. Les docentes recibirán formación ad hoc específica para realizar la tarea de acompañamiento a las trayectorias, y la planificación y el seguimiento de las tareas estará a cargo del docente de cada curso.
Entre les 11.000 docentes suplentes que integran el PIEDAS y les 35.000 en formación se conforma un total de 46.500 docentes que tendrán por objetivo acompañar a les 279.000 estudiantes, que según los números expuestos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), requieren de un mayor acompañamiento pedagógico. De ese total de niñes y adolescentes, 225.000 mantienen actualmente algún tipo de vínculo con las escuelas, pero requieren de un mayor acompañamiento para mantener la continuidad pedagógica. Les54.000 estudiantes restantes, actualmente no tienen vinculación cotidiana con las escuelas. En términos generales 9 de cada 10 estudiantes mantienen continuidad pedagógica.
Si bien los números son alentadores, no dejan de sorprender conociendo las preocupantes condiciones habitacionales y de nula conectividad de gran parte de los hogares de la provincia de Buenos Aires, y teniendo a nivel nacional más de un 56% de niñes y adolescentes pobres. Por lo cual se torna absolutamente necesario que el gobierno bonaerense dé a conocer los datos recabados en cada distrito, visibilizando detalles del relevamiento llevado a cabo, y apostando al acompañamiento que puede direccionarse desde las organizaciones sociales presentes en cada territorio.
Reconociendo la complejidad actual, es de suma importancia entender que la política pública, previo a su implementación, deba ser pensada estratégicamente, para anticiparse a la emergencia de posibles obstáculos.
Desde el programa ATR, pensando en la territorialidad de la política, sería necesario generar articulaciones con aquelles actores que posiblemente cuenten con las herramientas para aportar a la logística e implementación, como las organizaciones sociales y los sindicatos. En cuanto a estos últimos, la presentación del programa contó con la presencia de los gremios docentes, que se mostraron conformes con la medida. María Laura Torre, docente de SUTEBA, expresó al portal de Diputados Bonaerenses que “el programa ATR es muy interesante para revincular a las y los docentes con los alumnos, algo que vivimos con mucha preocupación”.
A pesar de algunos interrogantes que naturalmente puedan surgir sobre la implementación del programa, es preciso comprenderla como una política coyuntural y necesaria. Evidentemente existe una preocupación en el gobierno de la provincia, y específicamente en la DGCyE, por intervenir sobre la problemática de la continuidad educativa para contrarrestarla, en el marco de una pandemia tan prolongada. El gobernador bonaerense explicitó que se prevé una inversión de 300 millones de pesos para el Programa ATR, destinado a aquelles que han perdido la continuidad pedagógica debido a la falta de conectividad, evitando así el riesgo que implica que asistan nuevamente a las escuelas. Argumentó que “los niños y niñas son los más privilegiados, no nos podemos permitir someterlos a ellos a riesgo o experimento. No queremos que la escuela contribuya a aumentar los contagios, lo vamos a lamentar toda la vida.”
Sobre la vuelta a clases presenciales, manifestó que tomar una decisión prematura es poner en riesgo a les estudiantes y sus familias, y a les docentes. La propuesta desde el gobierno provincial, según expresó, es “para los lugares de más alta circulación y para toda la provincia ir a las casas a buscar una forma de revinculación y de continuidad de sus trayectorias y un acompañamiento”. Para los lugares de menor circulación aseguró que entregaron a Nación un protocolo para clases presenciales, que implicará de un entrenamiento previo garantizando las condiciones óptimas para evitar una exposición riesgosa.
Dimensionar las condiciones de desigualdad existentes en la provincia y en el país, en materia de educación, requiere del necesario y permanente ejercicio de revisar nuestra historia. Axel Kicillof recordó con énfasis que “venimos de una época en la que a la educación la tiraron al tacho, teniéndonos que dedicar a hacerle el service y activar 60.000 computadoras, que tenían chicos y chicas pero que no funcionaban porque ni el service le hicieron” y continuó aseverando que en el período anterior se discontinuó la política de estado de proporcionarle acceso, conectividad y tecnología a les que más lo necesitaban, haciendo que hoy el problema sea mayor.
En el mismo sentido, Trotta aseguró que desde el Ministerio de Educación Nacional “no renunciamos a garantizar todos los aprendizajes de nuestros niños/as y adolescentes, y tampoco la calidad educativa, por eso llevamos adelante la evaluación de la calidad educativa”, afirmando que desde el Ministerio se considera central el presupuesto educativo 2021, para “romper la inercia de la desinversión en el campo educativo que viene transitando la argentina desde los últimos cuatro años”. Que el ministro resalte que “más Estado es lo que necesita la sociedad”, posiblemente se deba al hecho de que venimos de cuatro años en los cuales el desfinanciamiento de la educación pública, y el intento por mercantilizarla generó no solo un aumento de la brecha social, sino también de la brecha digital, específicamente a partir de la decisión gubernamental de la Alianza Cambiemos de suspender el Programa Conectar Igualdad.
Basta con enforcarnos en lo que ocurre actualmente en Capital Federal, donde la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, solicitó la aprobación al ministerio de Educación Nacional de su propuesta oficial que consiste en clases presenciales al aire libre reabriendo determinadas escuelas para les 6.500 estudiantes que se quedaron sin conectividad. Desde el Ministerio, argumentando que “tenemos que lograr que la escuela vaya a los chicos, no exponer a los chicos a ir la escuela”, se propuso como contrapropuesta entregar hasta 6.500 dispositivos tecnológicos a aquelles niños, niñas y adolescente que quedaron fuera del ciclo lectivo virtual y proveer la conectividad necesaria para garantizar su inclusión.
El gobierno de la Ciudad porteña (ciudad con más presupuesto y recaudación del país) no sólo se niega a entregar por su cuenta las computadoras que garanticen un acceso igualitario a la educación virtual, sino que, a partir de la contrapropuesta efectuada por Nación, aún no presentaron los listados de la cantidad de niñes y adolescentes que precisan de los dispositivos y de la conectividad para garantizar la continuidad pedagógica.
La Multisectorial por la Escuela Pública, integrada por madres, padres, cooperadoras, organizaciones sociales, centros de estudiantes y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentó un recurso de amparo en la justicia para que la gestión de Horacio Rodriguez Larreta informe dicho listado en pos de que el Ministerio de Educación Nacional pueda avanzar en la entrega de los dispositivos.
No requiere de un ejercicio dificultoso imaginarnos en qué situación se encontraría el sistema educativo público si Juntos por el Cambio continuase gobernando la Nación y la provincia bonaerense. Se torna explícita la diferencia entre gestiones que conciben a la educación pública como un derecho y una responsabilidad prioritaria del Estado para garantizar la inclusión social, y aquellas que la conciben como un servicio, direccionando la responsabilidad en el individuo que debe esforzarse para acceder a la educación, profundizando así la exclusión. Claro está, que la desinversión en la educación pública, lejos de relacionarse con incapacidades e ingenuidades de gestión, se debe a la decisión política de desactivar la capacidad de aprendizaje y reflexión del pueblo.
Los esfuerzos que se han desplegado desde los gobiernos nacional y bonaerense, se reflejan en las diversas políticas públicas que apuntan a garantizar la continuidad pedagógica, disminuyendo el acceso desigual a la educación y al mismo tiempo la desigual permanencia existente en el sistema educativo.
Evidenciar todo lo que resta por hacer se debe corresponder con el ser conscientes de que los problemas estructurales en torno a la educación pública existen desde comienzos de siglo, reconociendo los importantes avances entre el 2003-2011, las dificultades y discontinuidades entre 2011-2015, y el escandaloso desprestigio y desfinanciamiento entre 2015-2019. Enfrentar las problemáticas implicará comprender dicho camino como un proceso a largo plazo, siendo menester entenderlo como una prioridad.
Asimismo, afrontar estratégicamente el ciclo lectivo 2021 implicará uno de los desafíos más complejos e importantes del Ministerio de Educación Nacional, desafío que las organizaciones sociales debemos comprometernos a asumir con responsabilidad y compromiso, entendiendo a la educación pública y a la educación popular como una herramienta fundamental para la construcción de una Patria más libre, justa y soberana.
Laura Herrera
Soy una militante popular en defensa de los derechos de lxs pibxs, con el compromiso inquebrantable de construir una patria grande, más justa, igualitaria, soberana y feminista. Estoy convencida de que otra realidad es posible.
“Escucho un fuerte NO A LA LEY, y la verdad es que no hay ley, hay un borrador”, se justificó José Thomas, minimizando la discusión que instaló en la comunidad educativa mendocina.
Para comenzar la profundización en el debate es necesario tener en cuenta el estado en el que se encuentra la educación en la provincia: una desidia con todas las letras.
Las paritarias están cerradas desde comienzos de año y en marzo se le sumó la emergencia sociosanitaria actual, la cual profundizó la desigualdad a la hora de dar clases virtualmente: la conectividad e insumos tecnológicos tuvieron que ser garantizados por les docentes y por les estudiantes y sus familias. El Estado ausente optó por dejar fuera del sistema educativo a les que no contaban con el sustento necesario para seguir conectades a la distancia.
La Dirección General de Escuelas (DGE) no garantizó recursos ni capacitaciones para que les docentes afronten la educación no presencial de forma adecuada.
Con esta situación escondida bajo la alfombra, el titular de la DGE, José Thomas, bajo el ojo del gobernador, Rodolfo Suarez, presentó el 17 de septiembre el proyecto para una nueva Ley de Educación.
¿De qué trata la ley?
29 de septiembre de 2020, Caravanazo docente Fuente: José Gutierrez
“Lo que hemos propuesto es una ley marco para que todos podamos debatir, para que nos acerquemos al ideal que tenemos y a lo que pensamos que tiene que ser la educación en Mendoza. Esto, bajo el concepto de que toda crisis, todo desorden es oportunidad para que haya un gran orden”, dijo el líder cambiemita, Rodolfo Suarez.
Es una declaración que dice mucho con palabras vacías, deja en claro que la ley responde a lo que elles piensan que debe ser la educación, lo cual nos adelanta bastante teniendo en cuenta el camino neoliberal que siguen las políticas de la provincia.
Algunos de los ejes que más se debatieron
La reforma pedagógica:
Se propuso trabajar de forma “bimodal” con el Sistema Educativo Digital (SED) que plantea la modalidad “presencial-virtual”. Si bien suenan cercanos estos términos por el contexto que nos sumerge a la virtualidad, la ley busca implantar esta modalidad para todo momento.
Sin embargo, no se garantizarían los recursos necesarios para trabajar de esta forma, por lo que el costo de la educación recaerá otra vez en los educadores y educandos. Solo el 33% de los hogares de Mendoza cuenta con acceso a internet, y la brecha educativa se ampliaría de forma descomunal.
Con respecto a las currículas y temáticas a abordar, se menciona la promoción de la Educación Sexual Integral, pero argumenta que no se impone su obligatoriedad. El proyecto de ley carece de perspectiva de género, supone un retroceso en derechos y afecta la calidad educativa.
La reforma laboral:
Explícitamente propone la reforma del Estatuto Docente y precariza los salarios por productividad. La meritocracia no podía faltar en esta pila de políticas.
En el artículo 142 se plantea que le directore de la DGE deberá “proponer la adecuación del Estatuto Docente al espíritu de esta ley”. Se vulnerarían los derechos de les docentes dando lugar a una modificación inconsulta por parte de una sola persona y que hoy justamente no es la favorita de les docentes.
El salario variaría de acuerdo al rendimiento académico de les estudiantes, según el artículo 24, inciso e. De esta forma se individualizan las situaciones y se las toma como casos aislados que no están atravesados por sus distintos contextos. Todo se reduce a lo que le docente enseña o deja de enseñar.
De la mano con lo mencionado previamente, se establecería un Instituto de la Calidad Educativa con fines de medición y control a docentes. Se juzgaría al docente en función de criterios mercantilistas y se lo culparía por falencias del sistema educativo.
La reforma represiva:
Junto con el Instituto de la Calidad Educativa, se incorporarían mordazas ideológicas y ciberpatrullaje en redes sociales a les docentes, según el artículo 11, inciso 1. A la censura y la persecución que atentaría contra el derecho a la libertad de expresión, la llaman “función policial”.
La reforma de las Escuelas Artísticas Vocacionales:
Se busca reducir a los colegios artísticos con el traspaso de su dependencia a la órbita municipal. Además, la educación artística es mencionada como de “mero entretenimiento”, sacándole al arte el sentido de importancia que merece.
La reforma presupuestaria:
Se propone mantener el aporte del 35% del presupuesto provincial a la educación, que nunca se cumplió, y tampoco establece los plazos para alcanzar esa meta. Además, se incentiva a la mercantilización de la educación: el artículo 3, inciso 1, incluye el financiamiento de empresas u organizaciones privadas. La educación deja de ser vista como derecho humano para entenderla como un bien de consumo.
El “diálogo”
Rodolfo Suarez y José Thomas en la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020. Fuente: MDZ
En el otro lado de la discusión, José Thomas y Rodolfo Suarez realizaron la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020, con el objetivo de abrir la discusión de la ley. Se pensaba una segunda instancia para el 18 de octubre, pero los planes se cayeron. Se rechazó la ley y la convocatoria -inconsulta- al congreso virtual, que no garantizaba una participación crítica y disidente.
Los distintos sindicatos, colegios, grupos de docentes y la mayoría de la comunidad han concordado en que no hay condiciones que garanticen su participación verdadera en la discusión. La emergencia sociosanitaria dificulta el intercambio de ideas y discusión. Además, les docentes han enfatizado que el educar desde casa sin el apoyo estatal es trabajar el doble. No hay condiciones materiales, físicas, ni psíquicas para afrontar el debate.
Se realizaron plenarios en los colegios de toda la provincia y se decidió rechazar el tratamiento de la ley mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El pueblo habló
El 29 y 30 de septiembre se convocó a caravanas en toda la provincia bajo la consigna #NoAEstaLeyDeEducación. Se recorrieron varios departamentos con una columna de cinco mil autos aproximadamente, que culminó en la Casa de Gobierno. La respuesta de Suarez fue retrasar el debate hasta el año que viene.
“Una vez más, nos enteramos por los medios, y no por los canales oficiales correspondientes, que se postergó para la segunda mitad del 2021 el debate sobre el proyecto de ley de educación provincial”, comunicó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza a través de un comunicado.
Se seguirá luchando hasta lograr la culminación de esta ley, el aumento salarial de emergencia del 40% y la tan requerida reapertura de paritarias.
Fuente: Los Andes
Tal como lo lograron a fines del año pasado con la Ley 7.722, la comunidad mendocina supo organizarse y encontrar las estrategias para manifestarse y detener los proyectos originados por un sector que sólo busca grandes beneficios para pocos a costa del pueblo.
“No he escuchado voces en contra”, comenta Thomas. Déjeme decirle señor director, si no escucha el grito del pueblo es porque no quiere.
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
El viernes 14 de agosto se realizó como todos los años la Marcha de los Mártires Estudiantiles. Se toma esta fecha a raíz de la muerte de Liber Arce de 29 años, estudiante de Odontología, asesinado por las fuerzas represoras del Estado cuando reclamaba por el boleto estudiantil. Las casualidades del destino quisieron que al decir el nombre y apellido juntos se transformaran en consigna, de Liber Arce a Liberarse.
Liber fue herido de bala un 12 de agosto de 1968 por la policía del gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), regimen sumamente autoritario que llevó adelante sus políticas al filo de la democracia y muchas veces sobrepasando y negándola. Para graficar con un ejemplo, gobernó 1.117 de 1.541 días con Medidas Prontas de Seguridad, que implican la suspensión de las garantías individuales.
En ese contexto no solo fue asesinado Liber Arce sino también varios estudiantes más en el gobierno de Juan María Bordaberry (1972-1973), que a la postre sería dictador, tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Entre ellos se encuentran: Hugo de los Santos, 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, y Susana Pintos 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción de la Universidad del Trabajo, asesinados el 20 de setiembre de 1968, en una manifestación frente a la Universidad de la República.
Heber Nieto, 16 años, estudiante de la Escuela de Industrias Navales de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), fue asesinado el 24 de julio de 1971 por un francotirador, mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto con la empresa Cicssa.
Julio Spósito, 19 años, estudiante del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA). Fue asesinado por un policía el 1º de setiembre de 1971 mientras integraba una movilización estudiantil en reclamo por la desaparición de Héctor Castagnetto y Abel Ayala y las muertes de Heber Nieto y Nelson Ramos Filippini. Íbero Gutiérrez, 22 años, estudiante de la Facultad de Derecho y Facultad de Humanidades y Ciencias. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después que lo secuestrara el Escuadrón de la Muerte.
Santiago Rodríguez Muela, 24 años, estudiante en el turno nocturno del liceo Nº 8 y trabajador de ANCAP, fue asesinado el 11 de agosto de 1972 en un asalto del grupo de extrema derecha Juventud Uruguaya de Pie (JUP) al liceo donde concurría. Joaquín Klüver, 22 años, estudiante de la Facultad de Agronomía.
Fue asesinado el 6 de diciembre de 1972 luego de ser detenido en una manifestación estudiantil contra la Ley de Enseñanza. Ramón Peré, 28 años, estudiante de la Facultad de Veterinaria, fue el primer estudiante asesinado por la dictadura, el 6 de julio de 1973 cuando estaba junto a sus compañeros ocupando la facultad durante la Huelga General.
Walter Medina, 16 años, estudiante del liceo Nº 17, fue asesinado el 8 de julio de 1973, durante la huelga general, mientras pintaba un muro que decía «consulta popular». Nibia Sabalsagaray, 24 años, profesora de Literatura en el Liceo Zorrilla. Fue detenida el 29 de junio de 1974, murió víctima de la tortura, en el Batallón N° 5, ese mismo día.
Este año la consigna de la marcha fue “Sin educación pública no hay futuro” debido a las proyecciones de recorte en el presupuesto a la educación y específicamente a la Universidad de la República donde se realiza el 80% de la investigación científica del país. Esta medida se da dentro de un marco de recortes presupuestales, ajustes y desinversión por parte del gobierno neoliberal de la Coalición Multicolor.
Casi al término de la movilización, en frente al Palacio Legislativo, un grupo de jóvenes actrices y actores realizaron una intervención donde escenificaban la represión a los mártires estudiantiles. La performance aglutinó a gran parte de la marcha, donde pareció que se detenía por un momento, emocionando a los que se agolparon a observar la obra.
De balas y navajas.
La semana pasada en el departamento de Salto, al litoral oeste, sucedió un hecho de extrema gravedad. Dos militantes frenteamplistas fueron agredidos brutalmente cuando estaban colgando pasacalles por la campaña de elecciones municipales. Sus carteles fueron pisados, los militantes insultados y luego golpeados con saña.
Una señora recibió varios puntos de sutura en el rostro debido a un golpe con un termo que le provocó fractura del tabique nasal. Su compañero fue apuñalado más de dos veces, se encuentra internado en el centro de tratamientos intensivos con dos perforaciones de pulmón.
El agresor, que ya fue detenido por la policía local, fue asociado al Frente Amplio por las redes sociales, pero fuentes departamentales aseveran que está asociado al Partido Colorado. Fiscalía iniciará acciones para formalizar al agresor por lesiones graves y homicidio en grado de tentativa.
El 31 de julio el exdiputado del Frente Amplio por Paysandú, Juan José Domínguez y su esposa fueron atacados por dos jóvenes. Según Domínguez, “en ningún momento, desde el comienzo de la agresión, hubo intención de robar algo, ni el bolso de mi esposa, ni el vehículo que estaba abierto, ni nada de supuesto valor que estaba a mano. Claramente, el objetivo era la golpiza y la hicieron con saña”, declaró a La Diaria.
Un tercer hecho de violencia política aconteció el jueves 13 de agosto a la noche. En el puente de las Américas (límite entre el departamento de Canelones y Montevideo) jóvenes frenteamplistas estaban realizando pintadas de cara a las elecciones municipales de setiembre. En más de tres ocasiones un vehículo pasó profiriendo insultos.
En la última circulación y al grito de “vamos los blancos” (como se les dice a los integrantes del Partido Nacional) se escucharon tres estruendos. Los militantes frenteamplistas se encontraron con tres casquillos de balas en la acera de enfrente a donde estaban realizando la pintada.
El cascabel
La escalada de violencia política viene en aumento. Sorprende a algunos, a otros le recuerda épocas como el pachecato, previo a la dictadura y otros más acá en el tiempo tienen el recuerdo vivo de lo que se conoce popularmente como la masacre del Filtro, por el Hospital del mismo nombre donde a manos de la policía fueron asesinados Roberto Facal y Fernando Morroni el 24 de agosto de 1994. El entonces presidente era Luis Alberto Lacalle, padre del actual mandatario Luis Lacalle Pou.
Existen violencias solapadas y algunas más visibles que otras. Desde el Ministerio del Interior se pregona una “guerra contra el narcotráfico” que de antemano ya está perdida. Una Ley de Urgente Consideración criminaliza la protesta. Salto tiene en su haber, haber sido la cuna de la JUP en 1970, cuando se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embaraza el cien por ciento de los médicos de ese departamento declararon objeción de conciencia y cualquier mujer que quisera realizarse un aborto en hospitales públicos tenía que trasladarse a otro departamento. En las elecciones del año pasado un candidato a diputado tenía como eslogan: “mano dura y plomo.”
Existen violencias solapadas y algunas más visibles que otras. Desde el Ministerio del Interior se pregona una “guerra contra el narcotráfico” que de antemano ya está perdida. Una Ley de Urgente Consideración criminaliza la protesta.
El departamento de Salto tiene en su haber haber sido la cuna de la bandas ultraderechista de la llamada Juventud Uruguaya de Pie (JUP) en 1970, cuando se promulgó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El cien por ciento de los médicos de ese departamento declararon objeción de conciencia y cualquier mujer que quisiera realizarse un aborto en hospitales públicos tenía que trasladarse a otro departamento.
En las elecciones del año pasado un candidato a diputado tenía como eslogan: “mano dura y plomo. ”Estas violencias son cosecha de la siembra de los discursos de odio que vienen germinando desde hace décadas. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
Como dice un rapero: «por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) es un pequeño país de casi 30 millones de habitantes, ubicado en la parte norte de la península coreana. Al sur está Surcorea, región convertida en colonia estadounidense de facto desde 1945. En la parte norte, las guerrillas comunistas, lideradas por Kim Il Sung, combatieron al invasor japonés (que invadió toda la península en 1895) y en 1945, con ayuda de la Unión Soviética, lograron instalar una república libre, que se efectuó en 1948, cuando se proclamó a la República Popular Democrática.
Kim il Sung se convirtió en el máximo jefe de la RPDC y rápidamente se adoptó al marxismo leninismo como sistema de ideas en el país. Pero los yanquis se quedaron en el sur, y decidieron boicotear a la RPDC. Los soviéticos siguieron respaldándola, pero se retiraron del país. En 1949 la República Popular China recién fundada también brindó ayuda a la RPDC y en 1950 estalló la guerra de Corea.
En 1953 se firmó un armisticio entre la RPDC y Surcorea, pero los yanquis dejaron estacionados unos 30.000 soldados en la frontera de Panmujón y en Seúl. La RPDC siguió su curso pese a los ataques imperialistas y socializó todos los medios de producción, decretó una reforma agraria, estatizó el comercio exterior, aplicó planes de desarrollo industrial y un programa muy ambicioso de alfabetización con ayuda de los soviéticos y los chinos.
Entre 1953 y 1970 el país logró tener un alto desarrollo social y económico, convirtiendo a la nación en un emporio industrial importante en Asia Oriental. Además, toda la población quedó alfabetizada. Hacia 1961-1966 la RPDC recibió ayuda educativa de la Cuba socialista (de hecho, hubo un viaje del Che Guevara a Pyongyang, capital de la RPDC, en 1960).
Uno de los aspectos de los que más se enorgullece el gobierno revolucionario de la RPDC es su sistema educativo, responsable de haber erradicado el analfabetismo en el seno de la población del país. La educación en la RPDC se basa en un sistema universal de enseñanza financiado en su totalidad por el Estado. Dicho de otro modo, la educación en cien por cien pública y la educación privada no existe e incluso está prohibida.
Antes de la Revolución de 1948, el sistema educativo en la parte norte de Corea era desastroso. En la parte norte la educación siempre estuvo más atrasada que en el Sur, que se encontraba más desarrollado social, económica y culturalmente. En 1945 no existían en el Norte escuelas de educación secundaria a partir de los doce años, ni instituciones de enseñanza superior: solo existían un millar de centros de Primaria y unas pocas escuelas de enseñanza vocacional o especializada.
En septiembre de ese año, fecha de la rendición japonesa, se calcula que dos tercios de los niños en edad escolar no atendían siquiera a la escuela primaria y que 2,3 millones de adultos eran analfabetos, esto es, la inmensa mayoría de la población. Eso sin contar con la escasa formación del profesorado y en especial su conocimiento del idioma coreano, muy perjudicado tras medio siglo de dominio japonés (1895-1945), periodo en el que la enseñanza se dio exclusivamente en lengua nipona.
Desde su llegada al poder en 1945-1948, los comunistas norcoreanos, primero liderados por Kim Il Sung (1948-1994), más tarde por su hijo Kim Jong Il (1994-2011) y finalmente por el hijo de este y nieto de aquel, Kim Jong Un (desde 2011), han otorgado una gran prioridad al ámbito de la educación por razones políticas y económicas.
En total, la RPDC ha llevado a cabo cinco grandes reformas educativas: 1946-1950, 1959, 1967, 1975 y 2012-2013. Estas reformas no solo han extendido la enseñanza a todo el país (infraestructuras, materiales, medios, etc.), sino que han afectado también al currículum del sistema escolar. Estas reformas de los últimos 60 años han culminado en un sistema educativo universal obligatorio y prácticamente casi la totalidad de los ciudadanos norcoreanos hoy tiene al menos estudios secundarios.
Para ello, una de las primeras decisiones en materia educativa fue decretar la enseñanza de la lengua coreana y eliminar los centenarios libros de texto que utilizaban todavía los caracteres chinos y su sustitución por el hangul, el alfabeto coreano, prohibido durante tiempo por ser considerado inferior culturalmente a la escritura china.
Una segunda decisión fue la de diseñar un sistema educativo obligatorio que abarcara al conjunto de la población. El primer paso era consolidar una educación primaria obligatoria lo antes posible y bajo control estricto del nuevo Estado, así como la creación de escuelas técnicas con el fin de formar a trabajadores especializados que contribuyeran a los objetivos de desarrollo económico.
No menos importante, fue la necesidad de crear un centro superior y en octubre de 1946 nacía oficialmente la Universidad Kim Il Sung, compuesta en ese momento de siete facultades (Ingeniería, Agricultura, Medicina, Ciencia, Literatura, Derecho e Ingeniería de Ferrocarriles) y 1610 estudiantes. Un tercer elemento fue la campaña de alfabetización de adultos, intensificada después de la fundación de la RPDC en septiembre de 1948. El éxito de esta última permitió que el analfabetismo quedara reducido en pocos años a la franja de edad más anciana.
La educación primaria universal, declarada obligatoria en 1950, no se alcanzó plenamente hasta 1958. Un año más tarde, una nueva reforma decretó que todas las escuelas del país pasaran a formar parte de una educación universal financiada por el Estado (por tanto, pública). El Estado se encargaría no solo de la enseñanza y de los recintos habilitados para ello, sino que también proveería los textos escolares, los uniformes y alojamiento y comidas escolares sin coste para el ciudadano.
Al mismo tiempo, se puso en marcha un sistema educativo de educación primaria y secundaria de siete años de duración. Según este último, el alumno ingresaba en Primaria a los siete años de edad tras su paso por guardería y cuatro años más tarde pasaba a Secundaria, de tres años de duración. A los catorce años de edad, una vez graduado, tenía la oportunidad de realizar dos cursos de dos años cada uno en una escuela técnica y podía optar a acceder, si era adecuado, a la universidad. Otro elemento de la reforma educativa fue el énfasis puesto en la formación técnica de los estudiantes.
Este modelo educativo no tardó en ser reformado y en 1967 se impulsó una educación obligatoria de nueve años, abarcando desde los siete años de edad hasta los dieciséis. Las autoridades norcoreanas habían percibido que los cambios de la reforma de 1959 eran todavía insuficientes a la hora de formar trabajadores especializados y personal cualificado para las demandas de modernización que requería el país. Sin embargo, este sistema pasó a ser considerado insuficiente al cabo de poco tiempo.
Ya en 1973 Kim Il Sung declaró la necesidad de extender la duración educativa y dos años más tarde se puso en marcha un sistema educativo obligatorio de once años. Entre 1975 y 2012 la enseñanza obligatoria comprendía un año de preescolar (entre los cinco y los seis años de edad), cuatro años de educación primaria (entre los seis y los diez, en la llamada Escuela del Pueblo) y seis de educación secundaria (entre los diez y los dieciséis), que incluye el bachillerato. Todo ello está recogido en los artículos 40 y 41 de la primera versión de la Constitución de 1972. Este modelo educativo ha sido el más duradero de todos pese a los diversos cambios en el currículum a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia.
El sistema educativo obligatorio de once años de duración estuvo en vigor hasta 2012. Ese año el líder norcoreano Kim Jong Un señaló la necesidad de extender la educación obligatoria un año más (hasta los diecisiete años de edad) y en septiembre se aprobó un proyecto de ley en este sentido. Una enmienda a la Constitución de 1972, de fecha 1 de abril de 2013, elevaba a rango de ley la educación obligatoria de doce años de duración, según consta en el Artículo 45 del texto constitucional.
Una vez finalizada la enseñanza obligatoria, los alumnos se gradúan y se examinan para acceder a la universidad o estudios superiores especializados. Aunque el Estado ofrece dos años de enseñanza preescolar (a partir de los cuatro años de edad), solo el segundo (llamado Nivel Superior de Preescolar) es obligatorio (Artículo 45).
La pedagogía socialista de la RPDC facilita al mismo tiempo la incorporación de los jóvenes estudiantes en organizaciones políticas como los Jóvenes Pioneros en el caso de Primaria y la Liga de Juventud Socialista Trabajadora en Secundaria. Dichas organizaciones, consideradas muy importantes a ojos de los dirigentes norcoreanos, refuerzan la labor ideológica de las escuelas organizando de manera regular (por ejemplo, los sábados) actividades como sesiones de crítica y autocrítica, reuniones de adoctrinamiento y lecturas sobre disciplina organizativa y pensamiento ideológico.
La pedagogía socialista trasciende incluso el espacio escolar propiamente pues incluye también lo que se conoce como ‘educación social’. Esta última comprende las actividades extracurriculares, la vida familiar y las relaciones humanas en el contexto de la sociedad. El objetivo es controlar la influencia del entorno social sobre el niño y determinar el desarrollo de su carácter. Dicho de otro modo, el objetivo de esta educación social es proveer al niño de ambiente social controlado donde el niño esté a salvo de influencias negativas o no planificadas, esto es, que se asocie a ideas o aspectos contrarios a la ideología oficial.
Las actividades extraescolares buscan organizar la vida del estudiante de manera colectiva mediante la participación en actividades deportivas, musicales, culturales, etc. Las visitas en grupos a museos, monumentos y emplazamientos históricos constituyen un ejemplo de ello. El objetivo final es acabar con todo tipo de pensamiento individualista que pueda llevar a mostrar deslealtad con el sistema político existente. Kim Il Sung dejó muy claro este aspecto al declarar que “debemos educar a los estudiantes en el espíritu del colectivismo”, considerado la base de la vida social socialista y comunista.
La educación superior se divide en dos ámbitos: las universidades y las escuelas profesionales o especializadas (técnicas) están bajo supervisión del Ministerio de Educación Superior, a diferencia de las guarderías y escuelas de primaria y secundaria que están tuteladas por el Ministerio de Educación Pública. La entrada en la universidad o en la escuela especializada viene determinada por los logros académicos en secundaria.
Algo queda claro. La RPDC es uno de los pocos países que tiene 100 % de educación pública total, inclusiva y realmente para todos. No hay escuelas y universidades privadas, están prohibidas. Los norcoreanos hablan de que los sistemas capitalistas tienen sistemas educativos que replican una especie de apartheid en las escuelas y universidades, al existir el sistema mixto estatal-privado dentro de sus tierras. Y tienen razón. La RPDC es un ejemplo de escuela pública estatal de verdad. Y eso no se lo perdonan los imperialistas.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
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