Congreso: Presentaron un proyecto de ley para el reconocimiento de cocineras comunitarias

Congreso: Presentaron un proyecto de ley para el reconocimiento de cocineras comunitarias

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La Poderosa junto a otras organizaciones presentó el proyecto de “Ley de Cocineras” con el objetivo de que se reconozca “como trabajo remunerado y con derechos sociales” a las actividades realizadas en los comedores y merenderos de barrios populares.

La Poderosa junto a otras organizaciones presentó el proyecto de “Ley de Cocineras” en el Congreso de la Nación a principios de esta semana. El objetivo principal de la iniciativa es que se reconozca “como trabajo remunerado y con derechos sociales” a las actividades realizadas en los comedores y merenderos de barrios populares.

En este sentido proponen crear un Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores y Merenderos Comunitarios bajo el área del Ministerio de Trabajo. Así, se genera una relación de empleabilidad entre el Estado y los comedores enmarcados en el Programa. El proyecto, presentado de la mano de la diputada nacional Natalia Zaracho del Frente Patria Grande, exige el acceso a los aportes correspondientes para la jubilación, licencias por maternidad y por estudio para continuar formándose.

Actualmente en Argentina hay más de 17 millones de personas en situación de pobreza y la inseguridad alimentaria se elevó al 23,3%. En los barrios, los comedores comunitarios, los merenderos y las ollas populares buscan mermar la realidad hostil.

Desde La Poderosa expresaron: “Queremos que toda trabajadora de comedor comunitario pueda cobrar, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil”. “Estamos convencidos de que el trabajo comunitario salva vidas, construye redes, sostiene las barriadas populares, eso también es trabajo”, manifestaron.

Cabe resaltar que el proyecto fue pensado e impulsado desde una perspectiva feminista y de género, puesto que la mayoría de quienes trabajan en espacios comunitarios son mujeres. Asimismo, estas personas muchas veces realizan una triple jornada laboral entre los trabajos por fuera de los barrios de pertenencia, las tareas del hogar y las labores en los centros comunitarios.

Además, las organizaciones buscaron el apoyo de la gente mediante la junta de firmas, ya que son fundamentales para expresar la voluntad popular y para que la iniciativa sea aprobada.

El documento señala: “En un contexto de crisis social, con un 40% de personas en situación de pobreza y 2,4 millones de personas en la indigencia, son las cocineras quienes dan batalla a esta problemática. El carácter de urgencia de la situación se debe a que su labor es indispensable para que los grupos más vulnerados accedan a una alimentación digna”.

La medida, entre otros derechos básicos, busca reconocer y otorgar el Salario Mínimo, Vital y Móvil a quienes desempeñen su trabajo en comedores y merenderos populares. A su vez, esta iniciativa es el puntapié para luchar por el reconocimiento de la importancia de todos los trabajos comunitarios.

Por su parte, la referente de La Poderosa, María Claudia “La Negra” Albornoz, indicó: “Estamos hablando de 10 millones de personas asistidas por comedores y merenderos comunitarios en Argentina”. De esa manera, remarcó: “No es un número ficticio, no es un número que inventamos, es un número real, que crece día a día porque en nuestros comedores y merenderos todos los días hay un vecino o una vecina más que viene a solicitar esa vianda porque la necesita”.

Radio Trinchera dialogó con la integrante de La Poderosa en Altos de San Lorenzo, Vanesa, y al respecto remarcó: “El poder estar ahí en el Congreso y ser escuchados de la forma en que queremos y que nosotras mismas seamos las que lleven adelante la iniciativa, sin dudas marca una época trascendental de nuestro país. No es que alguien viene a contar por nosotros nuestra necesidad sino que mediante esta necesidad creamos este proyecto para las cocineras”.

“No fue impulsado para cualquier persona, este proyecto nace de la necesidad histórica del reconocimiento laboral de las trabajadoras y trabajadores de los comedores comunitarios, que no solo trabajan a diario sino que alimentan a millones a lo largo de todo el país. Entonces decimos que la necesidad no es solo de la Poderosa sino que es algo que sucede a nivel país, nadie nos puede negar lo que nosotros y mi familia vive en lo diario”, agregó Vanesa.

Por su parte, la vecina comunicadora y referenta del Barrio 31, Lilian Andrade aclaró: “La presentación del proyecto es histórica para nosotras porque generalmente nos llaman vagas, planeras, que vivimos del Estado”. “Es el Estado quien está viviendo gracias a nosotras, porque reconoce que existen los comedores pero no reconoce a quienes cocinan esas toneladas de comida con la mercadería que mandan”, continuó.

En paralelo, la referenta alegó que son ellas quienes cargan las ollas con kilos de comida y juntan “hasta basura para hacer fuego cuando no podemos comprar la garrafa”, y agregó: “De repente piensan que es por arte de magia que la comida aparece en la mesa de las personas que se alimentan”.

Luego, Andrade le habló al arco político, a los movimientos sociales y a las organizaciones feministas: “Les pedimos que nos apoyen porque este proyecto está pensado desde el feminismo de base, desde nuestros cuerpos que vienen soportando los golpes de cada crisis”. “Somos nosotras las que ponemos la cara y le seguimos respondiendo a los vecinos cómo vamos a hacer para que una porción alcance para todos”, concluyó.

En paralelo, en acompañamiento de la presentación del proyecto de Ley, se desarrolló un “ollazo” frente al Congreso Nacional y en diferentes puntos del país, protagonizado por organizaciones sociales. Cabe recordar que en la actualidad, Argentina cuenta con un alrededor de 35 mil comedores en los que trabajan 135 mil personas proviniendo el alimento a 10 millones de familias.

Licencias por Paternidad: El proyecto propone una mayor igualdad en las tareas de cuidado

Licencias por Paternidad: El proyecto propone una mayor igualdad en las tareas de cuidado

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Bajo el lema “Licencias para paternar”, la medida ya comenzó a debatirse en el Congreso y el objetivo principal es ampliar hasta 90 días las licencias para las personas no gestantes.

Al principio de la semana se realizó la reunión Conjunta de las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados. Allí se comenzó a debatir el proyecto que tiene como punto principal debatir una mayor igualdad en las tareas de cuidado de les recién nacides.

En este sentido, la Campaña Ciudadana PATERNAR promueve la ampliación y extensión de los regímenes de licencias parentales en el país con el objetivo de promover paternidades con mayores niveles de co-responsabilidad y que contemple las múltiples y diversas configuraciones familiares actuales. A mitad de semana, el proyecto avanzó y se debatió en el Congreso.

Cabe recordar que en Argentina la licencia para los padres no gestantes es de 2 días y para las personas gestantes es de 90 días. Con este proyecto se busca que la licencia para los varones y personas no gestantes pase a ser de 15 días, con el objetivo de que en dos años se conviertan en 45 días y en ocho años en 90 días.

Al respecto, la campaña ciudadana Paternar en su plataforma de Changer.org recalcó que “Argentina es uno de los países más retrasados en la región y el mundo en materia de licencias parentales”. Además menciona que “se traduce en desigualdades de géneros muy acentuadas en el terreno de los cuidados, laboral y de la seguridad social”. En la actualidad el sitio cuenta con más de 10 mil firmas.

Por otro lado, aquellas personas que adoptan no cuentan con la posibilidad de tener una licencia por paternidad, tampoco las personas gestantes que no tienen empleos formales, trabajan de manera autónoma o son monotributistas. De esta manera, el proyecto presenta y busca cubrir esa falencia: abarcaría a todos los tipos de hogares y familias. 

En este sentido, Paternar plantea el caso de Santiago Merlo, un papá trans que es gestor cultural: “Soy papá de dos hijes, Lola que tiene 10 años que llegó a nuestra familia por el sistema de adopción y de Vicente, que tiene 28 días, y qué llegó a la familia a través de un tratamiento de fertilización”. “Más del 90% de las personas trans no tenemos empleo” comentó Merlo.

La medida Paternar recalca que la ampliación y extensión de las licencias parentales es una de las herramientas que se necesitan para avanzar en la corresponsabilidad desde los primeros días y que el trabajo doméstico y de cuidados debe ser visibilizado, reconocido y contemplado.

Radio Trinchera diálogo con el psicólogo e integrante de Paternar, Matías Criado: “La idea es unificar todos los proyectos y que sea una pauta unificada para presentar a la cámara y la verdad que los proyectos son buenos. También para que tengas una idea es extender la licencia por maternidad a 126”.

“Con respecto a los monotributistas y los trabajadores informales o populares también buscamos que los ampare la seguridad social en este punto, osea ANSES, y eso va a ser algo muy positivo porque reconocemos que la mitad de Argentina está en este tipo de condiciones laborales”, agregó Criado.

“No se trata de solo ampliar en relación al derecho de cuidado, sino pensar un lugar equitativo, ya que hoy en día cuando una mujer va a pedir un puesto laboral o un aumento, si ven que hay un varón que compite en dicho lugar van a elegir al varón por el simple hecho de tener menos días de licencia. En la actualidad, el cuidado de las mujeres en este aspecto las restringe al momento de ser trabajadoras”, concluyó el abogado.

Por su parte, el integrante de la campaña Paternar y miembro del Conicet, Daniel Jones, celebró el inicio del debate de los proyectos en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y expresó: “La campaña comenzó hace más de dos años, impulsadas por distintas organizaciones que queremos una modificación a la ley de Contratos de Trabajo de 1974 que establece 48hs de corridos para las personas no gestantes”.

“Una legislación que fue pensada bajo otro paradigma, donde se pensaba que el varón era exclusivamente proveedor económico y las tareas de cuidado recaían en la mujer madre”, explicó Jones. Además indicó que “hoy casi todos los hogares tienen doble ingreso con trabajo asalariado, pero esta situación de desigualdad supone una recarga muy grande en las madres y una imposibilidad para aquellos varones que queremos estar más presente en aquellos días”.

En tanto, detalló que “hay 35 proyectos presentados de distintos espacios políticos”, por lo que valoró: “Hay una voluntad legislativa de avanzar en este cambio”, al tiempo que destacó que “el proyecto más integral es que él presentó el Ejecutivo en mayo del año pasado (Cuidar en Igualdad)”.

Por último, Jones advirtió que “en la región, Argentina es el país con menor cantidad de días de licencia por paternidad”, lo que constituye “una deuda de la democracia en reconocimiento de derechos”.

En este sentido, Argentina viene con una ley de hace 50 años muy atrasada en el puesto 16 de 18 y requiere una revisión urgente. Hay que darle una importancia no solo económica, sino también social y cultural. Incluso en Europa se avanzó mucho en esta materia, ya que cuentan en algunos países con licencias de cuatro a seis meses. En Nuestra América, Uruguay cuenta con 15 días, Brasil con 20 días y los demás ya ampliaron la brecha. Otro país que se encuentra en la misma posición de Argentina es Colombia que busca estirar la brecha a tres meses.

El Presupuesto 2023 ingresará esta semana al Congreso

El Presupuesto 2023 ingresará esta semana al Congreso

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Limitado por cuestiones que se debatieron con el FMI en la gira que encabezó el ministro Sergio Massa, el proyecto de ley será presentado esta semana en Diputados para su discusión. El oficialismo buscará el apoyo de la oposición, que el año pasado no acompañó el Presupuesto 2022.

El proyecto de ley de Presupuesto 2023 será presentado por el Ministerio de Economía en Diputados para su discusión porque esta semana se cumple el plazo para su presentación. El mismo estará limitado por las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el oficialismo buscará el apoyo de la oposición, que en lo que hace a leyes de carácter económico viene sosteniendo una postura poco transigente e incluso el año pasado no acompañó el Presupuesto 2022.

Luego que por segunda vez, en dos semanas, se suspendiera una sesión especial en la Cámara de Diputados que, en rigor de verdad, nunca alcanzó a ser convocada oficialmente, todo indica que habría consenso para sesionar este jueves, con una batería de proyectos que quedaron con dictamen. 

Una vez que el proyectp ingrese a la comisión de Presupuesto y Hacienda que dirige Carlos Heller del Frente de Todos (FdT), el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa (todavía no hay fecha definida), será convocado para responder consultas. Además, si se tiene en cuenta lo pactado con el FMI, el Presupuesto debe contemplar una meta del déficit para el 2023 del 1,9% del PBI. 

Para profundizar sobre el tema, Revista Trinchera dialogó con el economista y jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Pertierra: “Nosotros relativizamos bastante la importancia del Presupuesto, porque en lo formal es una autorización de gasto que se hace del Congreso al Poder Ejecutivo. Después se verá si esa autorización se ejecuta o no”, señaló.

En este sentido, el economista destacó que “hacer un presupuesto en estas condiciones es bastante difícil, y también es complejo poder prever con algún grado de certeza cuáles son las variables macroeconómicas el año que viene”. En esa línea, sostuvo que tanto la inflación como el crecimiento “son las dos variables principales que determinan el presupuesto y lo principal más allá del presupuesto es la manera en que se va dar”.

Por otra parte, Pertierra confirmó que “la definición de una parte del presupuesto es indexada, entonces no tiene muchas posibilidades de modificarse discrecionalmente, como los gastos en jubilaciones, por ejemplo”. Sin embargo, el economista afirmó que “lo que se puede llegar a ver son los programas sociales, qué presupuestos hay detrás e inversión de capital sobre todo, pero todo dependerá de cómo se ejecute”.

Con respecto a la oposición, el economista y diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, señaló en El Destape que apoyarán el Presupuesto si “es realista”. “Esperamos que sea una formulación que tome como base las estimaciones de las consultoras, de economistas y de universidades”, afirmó Tetaz y agregó que solo acompañará si en el texto no hay aumento de impuestos y no otorga facultades extraordinarias al presidente en materia impositiva.

Finalmente, con respecto a las posibilidades de que se apruebe el Presupuesto 2023, el jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, concluyó: “La verdad veo muy difícil que se apruebe, la oposición viene en una posición muy confrontativa. Si no lo aprobaron el año pasado en un contexto bastante delicado, en el que se negociaba con el Fondo Monetario Internacional, dudo que vayan a acompañar algo en este momento”.

La ley de administración financiera prevé que el Poder Ejecutivo mande el Presupuesto hasta el 15 de septiembre de cada año, lo que dará paso a un tratamiento legislativo en las comisiones de la Cámara de Diputados, su posteriror debate en el recinto y luego su paso por el Senado. En el equipo económico ratificaron en las últimas horas que la iniciativa de ingresos y gastos del Estado se publicará a término, mientras tanto queda esperar.

Malvinas: Concertación TOAS busca el reconocimiento a ex combatientes

Malvinas: Concertación TOAS busca el reconocimiento a ex combatientes

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La agrupación que nuclea a soldados que defendieron el Litoral Marítimo Patagónico en el Conflicto del Atlántico Sur, tiene dos proyectos de ley en el Congreso y buscan su tratamiento. Días atrás lanzaron una página web para recolectar firmas y visibilizar diferentes actividades.

Concertación TOAS, agrupación que nuclea a gran parte del personal que ocupó posiciones en territorio continental argentino, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), motoriza dos proyectos de ley en el Congreso para ser reconocidos plenamente como Veteranos de Guerra. Además, buscan apoyo a la medida mediante una página web para recolectar firmas y visibilizar las diversas actividades que llevan adelante en todo el país.

Son dos proyectos de ley gemelos presentados en el Congreso: el 0505/2021, en Diputados, y el 2634/2021, en el Senado. El primero de ellos, se presentó por primera vez en 2018 y fue redactado por Marcelo Koenig, José Luis Ramón y Luis Contigiani, y es el que tiene mayor fuerza hasta el momento, ya que cuenta con el apoyo de más de 80 legisladores de todo el arco político entre adherentes y confirmantes.

Al respecto, Revista Trinchera dialogó con Eric Johnson, veterano del Conflicto del Atlántico Sur e integrante de Concertación TOAS, quien señaló que “la asociación nació y se formó en 2018, y está integrada por soldados ex conscriptos de las tres fuerzas (aérea, infantería y marina) que participaron hace mucho tiempo en otras agrupaciones que viendo que no había otra manera, que los juicios estaban trabados y estaban con el ánimo de propulsar un proyecto de Ley para que se acelera la devolución de su veteranía“.

El proyecto titulado “Reconocimiento moral e histórico a ex soldados combatientes de la guerra de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur“, recoge un reclamo histórico de los casi 10 mil soldados que ocuparon posiciones en las bases, páramos, ciudades y pueblos de la Patagonia durante el conflicto con Reino Unido en 1982. Este busca reconocer como veteranos a los exsoldados conscriptos que “hayan cumplido las órdenes emanadas del alto mando militar de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico, bases aéreas y puntos estratégicos, o realizarán tareas de logística, o sanidad por el conflicto, en el espacio terrestre continental perteneciente al Teatro de Operaciones Atlántico Sur“.

Sin embargo, este proyecto aún duerme en los cajones del Congreso, dado que nunca se trató. En este sentido Johnson resaltó: “Llegamos a este 2022 con el apoyo de más de 80 diputados en este momento. A fines del año pasado también lo presentamos en el senado, para ver en qué cámara podía correr más rápido, estamos muy contentos porque el proyecto está teniendo un apoyo importante de toda la franja política y dependemos de la actividad del Congreso. Y es algo muy lento, porque desde mayo solo se han trabajado dos proyectos de ley“.

Cabe destacar que el reconocimiento como Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de estos soldados existió hasta 1988, tras ser revocado luego de los alzamientos “carapintadas”. Posteriormente, muchos fueron ratificados por la Justicia, obligando al Estado a devolverles ese status.

Además, el veterano y integrante del TOAS señaló: “Nosotros sostenemos que no todo pasó en Malvinas porque también hubo una logística y defensa de bases estratégicas se realizaron en el fin del continente, los ataques a las flotas inglesas y los más de 20 buques hundidos en el combate se realizó con el apoyo de la fuerza aérea y para que funcione tenían que tener el apoyo de nosotros en las bases aéreas. Hoy con la clasificación de los libros de guerra de los diferentes regimientos reafirman lo que nosotros sostenemos que hubo una fuerte importancia de esos servicios“.

Lamentablemente, hay compañeros que estuvieron en Malvinas que sostienen que todo pasó allí y niegan a los que les tocó defender y luchar desde acá. De los 649 héroes de Malvinas el 40% cayó en las tres islas (Georgias del Sur, Malvinas y Georgias y Sandwich del Sur), el resto cayeron fuera de las islas, inclusive hay 17 héroes de Malvinas que lo fueron porque defendieron la costa Patagónica“, resaltó Johnson.

Por otro lado, la página web de Concertación TOAS busca visibilizar las diversas actividades que hacen como colectas solidarias, campaña de donación de sangre, ayuda a comedores escolares, merenderos, banderazos y hasta una caravana de más de 2.500 kilómetros para unir y revalorizar los escenarios patagónicos de la guerra, en las que hubo 17 caídos e incursiones británicas. Asimismo, Johnson señaló: “Ahora hay gente nuestra juntando juguetes para el día del niño. Nosotros decidimos visualizarnos de una manera amena y de ayuda para el pueblo, ya que la gente fue la que nos ayudó en el sur en el 82´ y es una manera de agradecimiento“.

En cuanto a la campaña de firmas, tanto en las mesas de la calle como en el sitio web (https://veteranostoas.com.ar/mesa-de-firmas-digital/), la agrupación ya recolectó más de 560 mil firmas. Según su propio relevamiento, en Internet cosechan una por minuto en promedio. “Tenemos el apoyo de la ciudadanía y eso es algo también muy importante. Las firmas fueron nuestro punto de palanca, ya que empezamos con esta modalidad en 2018 y la idea era presionar al congreso con las firmas para el tratamiento del proyecto. Las firmas populares pueden influir en la presentación del proyecto de ley y por suerte la mesa de firmas no solo nos sirvió para eso, sino para dar a conocer al pueblo nuestra historia que en definitiva es la historia de todos“, agregó el veterano de guerra.

En la actualidad la organización de veteranos comenzó la campaña “Ruta TOAS”, una puesta en valor del Patrimonio Cultural Argentino, que contempla la recuperación y ampliación de lugares históricos y patrimoniales para toda la sociedad argentina. Además, promueven la mejora de las condiciones de guarda y conservación de los sitios en los que se defendió el Litoral Marítimo Patagónico de las incursiones del enemigo británico en la Guerra del Atlántico Sur.

Con respecto a la última edición, Johnson recordó: “Comenzamos a bajar desde San Antonio Oeste, último lugar al que llegaba el tren y se descargan todas las cosas, por toda la costa Patagónica tocando todos los puntos que defendimos. Esto sirve para acercarnos a los jóvenes porque al contar que estuvimos ahí defendiendo las bases de su ciudad se sorprendían que era historia de ellos y no la conocían o que su tierra formó parte del conflicto de la mal llamada guerra de Malvinas, si conflicto del Atlántico Sur“.

Congreso: presentan proyectos contra la violencia digital

Congreso: presentan proyectos contra la violencia digital

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La Ley Belén y Ley Olimpia buscan incluir la violencia digital como forma de violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. Además, se busca agregar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, entre otros.

El nuevo proyecto de ley que busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, fue presentado por la diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, en conjunto con el espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC. Además de proponer incorporar a la violencia digital como violencia de género, la iniciativa contempla sanciones que incluyen fuertes multas y prisión de dos a ocho años.

La primera iniciativa fue inspirada en el caso de Belén San Román, quien fuera inducida al suicidio luego de la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma de agresión contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. En este sentido, propone la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones. Esta propuesta se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de este tipo de violencia. La presentación tuvo la presencia de Marcelo San Román, padre de Belén, y la activista mexicana. 

El documento de la denominada “Ley Belén” busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”. Además, establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas“.

Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento“.

El documento resalta que las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.

Con respecto a la ciberviolencia de género Macha fundamento que “fue definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC“. Además, la diputada resaltó que “el ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas“.

Se presentó el Observatorio de Prácticas Comunicacionales sobre Trabajadores

Se presentó el Observatorio de Prácticas Comunicacionales sobre Trabajadores

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Fue en el Congreso de la Nación y estuvo encabezado por la Defensora del Público, Miriam Lewin. El observatorio se plantea producir herramientas y recomendaciones para garantizar el derecho a la comunicación.

La defensora del Público, Miriam Lewin, encabezó la presentación del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales, realizada en el Congreso de la Nación. La funcionaria resaltó que la iniciativa busca “producir herramientas y emitir recomendaciones para garantizar el derecho a la comunicación“, al tiempo que destacó el “importante trabajo desde diferentes miradas” que implica la puesta en marcha de este observatorio.

El Observatorio fue presentado ante la presencia de una cuarentena de organizaciones sociales, religiosas, educativas y gremiales. En ese marco Lewin resaltó: “Recibimos muchísimos pedidos de capacitación de las redacciones dado que hay nuevas temáticas en la sociedad que van siendo abordadas por los medios y, a su vez, nuevas miradas sobre temáticas antiguas“. Además indicó: “Buscamos aportar soluciones, sintetizar experiencias y saberes para acercarlas a los y las colegas“, motivo por el cual es muy importante poder producir herramientas y emitir recomendaciones para garantizar este derecho fundamental.

El encuentro contó con la presencia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de representantes del Sindicato de Mecánicos (SMATA), de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), de Camioneros, de la Asociación Bancaria, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), y de la Asociación del Personal Legislativo (APL), entre otros.

Con respecto al círculo académico y de la comunicación estuvieron presentes: la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y las organizaciones Red de Carreras de Comunicación (Rredcom), la Federación Argentina de carreras de Comunicación Social (Fadeccos) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco).

Por su parte la vicepresidenta de la comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados, Florencia Lampreabe, celebró la creación del Observatorio y resaltó que “es necesario contar con información clara sobre las causas de los conflictos que llevan adelante los trabajadores, saber el porqué de sus protestas, dado que finalmente los derechos de cada trabajador son los derechos de todos“.

En tanto la secretaria de comunicación del Suteba, Elisa Semino, vio con buenos ojos que la iniciativa tenga por base la libertad de expresión como derecho humano e indicó: “Miles de maestros y maestras, delegados y delegadas de escuelas necesitamos contar el por qué hacemos un paro o una medida de fuerza o que marchamos por el derecho a la salud, a la educación, al trabajo“.

Por su parte el Diputado Nacional y Secretario General de la CTA , Hugo Yasky, afirmó que el Observatorio será “un instrumento para fortalecer la democracia” ya que “hay algunos medios que propician la lucha de pobres contra pobres y estigmatizan a trabajadores y dirigentes sindicales“. En este sentido resaltó que no se puede generalizar dado que “hay medios que tratan de ser objetivos o bien de generar opinión luego de dar cuenta de los hechos. Pero hay algunos medios que promueven la estigmatización de los dirigentes sindicales que luego es llevada al extremo en lo que conocemos como la Gestapo sindical“.

Cabe destacar que desde la Defensoría se explicó que el Observatorio dará a conocer investigaciones en los próximos meses que “permitan dar un diagnóstico sobre la cobertura de noticias laborales y gremiales en medios audiovisuales“. Mientras que su objetivo será “identificar y seleccionar informaciones publicadas en medios de comunicación que hagan referencia a reclamos de trabajadores en su más amplio conjunto de reivindicaciones“.

En este sentido, se hará un análisis respecto del tratamiento de las mismas e “identificar patrones de tratamiento periodístico, sus modelos de argumentación y enfoques predominantes“. A partir de ese diagnóstico se elaborarán “una serie de recomendaciones para el tratamiento responsable de esas noticias que ofrezcan herramientas a las y los periodistas para el trabajo diario de las redacciones“.

Diputados: comienza el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

Diputados: comienza el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

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La medida propuesta para elevar el número de integrantes ya fue aprobada en el Senado. En esta nueva instancia, en la Cámara baja, la iniciativa del bloque oficialista podría sufrir modificaciones para lograr apoyo de otros bloques.

Este martes a las 14 horas la Cámara de Diputados comenzará el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura en un plenario de comisiones, que contará con la presencia de especialistas en la materia. La medida que impulsa el oficialismo propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

Cabe destacar que el debate se dará luego de que se constituyeran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a cargo de los diputados del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo y de Rodolfo Tailhade, respectivamemte. A su vez, como parte del debate, no se descarta la incorporación de algunas modificaciones al proyecto para obtener un amplio consenso, ya que por tratarse de una ley que deriva de la Constitución Nacional y que requiere de mayorías especiales, se necesitan 129 votos para su aprobación. 

El bloque oficialista cuenta con 117 diputadxs, por lo que necesita una docena de votos más para llegar a los 129. De esta manera el oficialismo deberá tratar de establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser, con el fin de lograr avanzar con la reforma.

El Frente de Todos (FdT) contaría con el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas y uno del MPN, pero todavía necesitaría siete votos más para alcanzar los 129. En caso de modificarse el texto, la iniciativa deberá volver al Senado que dará el visto bueno o no a los cambios efectuados por la Cámara baja.

Con respecto al debate, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, aseguró que “1577 días tardó la Corte en emitir un fallo”, al señalar que ahora “es un desatino” pedirle a la Cámara baja que aborde la reforma en “sólo tres días”.

Por otra lado, la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destacó que “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año, ya que es absolutamente necesario poder ordenar el Consejo de la Magistratura, que es de vital importancia para el funcionamiento del Poder Judicial y ha quedado librado a los avatares de la política”.

Asimismo desde el PRO, Pablo Tonelli, también integrante del Consejo, manifestó su rechazo a la iniciativa sancionada por el Senado y dejó en claro que ese bloque insistirá con la postura adoptada en la Cámara alta por Juntos por el Cambio (JxC), que propuso volver a poner en vigencia la ley que había hasta 2006, cuando el Consejo de la Magistratura estaba integrado por 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces. De esta manera, en caso de avanzar el proyecto del Poder Ejecutivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

Subsidios energéticos: Entre enero y abril el gasto creció 78% 

Subsidios energéticos: Entre enero y abril el gasto creció 78% 

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A lo largo del 2022 del crédito comprometido se invirtió un 40%. Representan casi 11% del total del gasto primario devengado en el período. 

Los datos del primer cuatrimestre del año y que corresponden a la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) destacan que el Gobierno ya lleva devengados gastos en subsidios energéticos por $420.000 millones en lo que va del 2022, una cifra 174% más alta que la del año pasado en términos nominales y el 78% en términos reales.

Asimismo, en los primeros cuatro meses la asistencia devengada representó el 10,9% del total de los gastos primarios de la Administración Pública Nacional y cubrió poco más de $3,8 billones de pesos. En el razonamiento del Ministerio de Economía, el incremento de las ayudas del Estado a los consumidores de gas y electricidad no explican el déficit, ya que tiene en cuenta la suba de los gastos en ayudas sociales.

Cabe destacar que el rubro energía no es el que sube de manera meteórica. Los subsidios al transporte, sobre todo de los colectivos de las líneas urbanas del área metropolitana, alcanzaron los $83.278 millones y mostró una suba del 74% nominal y 13% real, mientras que el rubro “Otros Subsidios”, precisó $36.510 millones, en este caso, con un recorte real del 28%. 

Según el informe de la OPC, en el primer cuatrimestre del 2022 el Estado nacional tuvo una baja primaria de $564.967 millones y un decaimiento financiero de $881.741 millones. De esta manera se podría señalar que si el Estado no tuviera que generar esa masa de transferencias al sector privado, desaparecería el déficit primario. Las ayudas devengadas totalizaron $539.689 millones.

Por otra parte, el organismo destacó que en políticas alimentarias el Estado lleva distribuidos $88.562 millones, con un avance de 122% nominal y 44% real, y en Becas Progresar otros $22.121 millones, lo que implicó un crecimiento de $459 nominal y 263% real. Con respecto a las Jubilaciones y Pensiones concedió $1,46 billones, lo que implica crecimientos del 62,6% nominal y del 5,7% real. La Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó $110.871 millones, lo que representa un crecimiento del 58,7% nominal y del 3,2% real.

El reporte de la oficina técnica del Congreso destacó que para abril el Gobierno ejecutó el 38,6% del presupuesto de todo el año, lo que representa 10,8%  por encima del año pasado. Para el mismo mes, se llevaban gastados el 28,2%. Las asignaciones familiares ya llevan comprometidas el 49,9% del crédito autorizado para todo el año, mientras que los subsidios energéticos el 42,2%.

Cabe destacar que el actual crédito presupuestario total es de casi $10,8 billones. El inicial al arrancar el año era $10,7 billones, que fue incrementando paulatinamente a través de resoluciones de la Jefatura de Gabinete. Resta que el ministro de Economía, Martín Guzmán, modifique nuevamente la pauta de gastos e ingresos del año a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este sentido, el presupuesto en vigencia es el mismo del 2021, prorrogado por decreto debido a que el Congreso rechazó el presupuesto que Guzmán envió a finales del año pasado. El próximo viernes 20 de mayo el Ministerio de Economía dará a conocer los datos del Sector Público Nacional base caja.

Los proyectos que debatirá el Congreso esta semana

Los proyectos que debatirá el Congreso esta semana

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En caso de convocar a una sesión para esta semana, Diputados tratará la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, y debatirá una nueva Ley de Alquileres el miércoles en la Comisión de Legislación General.

La Cámara de Diputados continúa con su agenda ajustada luego de haber sancionado la ley de Cannabis Medicinal y de haber girado al Senado el proyecto de VIH, Hepatitis y Tuberculosis. En esta semana la apuesta del oficialismo estará centrada en un plenario de comisiones conjunta, entre la de Industria y Presupuesto, a la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, como también la discusión por una nueva Ley de Alquileres que tendrá lugar el miércoles en la Comisión de Legislación General. 

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC), el miércoles comenzará el debate por la boleta única en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. En paralelo trabaja en una agenda propia que incluye los proyectos de ficha limpia, de habilitación del voto para no residentes en el país y el de los créditos UVA. 

Cabe destacar que el proyecto de “Compre Argentino” había sido anunciado por el Presidente de la Nación en la apertura de sesiones del 2021, luego fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias para este año y finalmente se debatirá en plenario de comisiones este martes. La medida funciona como una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales.

De esta manera el proyecto busca fomentar una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar mayor empleo, promover inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas, estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.

Por otro lado se abrió la posibilidad de convocar a una nueva sesión para finales de esta semana y aseguraron que en caso de hacerlo llevarán al recinto los proyectos de incentivos impositivos para adquisición de vehículos destinados a taxis y de asignaciones específicas para cultura y comunicación. Cabe destacar que estas dos últimas iniciativas obtuvieron sus respectivos dictámenes de comisión la semana pasada. 

Con respecto a la Comisión de Legislación General, encabezada por Cecilia Moreau, tratará de lograr un nuevo dictamen para una nueva Ley de Alquileres. La comisión trabaja desde hace más de tres semanas con exposiciones por parte de sectores inmobiliarios e inquilinos. 

A su vez hay 23 proyectos con estado parlamentario y por el momento se baraja la posibilidad de que haya tres dictámenes: uno por el FDT, otro por JxC y un tercero de la bancada de Avanza Libertad y del bloque Ser. Desde el parlamento se ve un posible dictamen esta semana. En el encuentro del miércoles expondrán los autores de todos los proyectos presentados y los puntos centrales se ubican en torno al plazo de los contratos y el sistema de actualización e incentivos para los propietarios con el fin de mejorar la oferta de viviendas en alquiler ante la gran demanda que existe en el país.

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