La jornada de protesta de miles de hinchas, autoconvocadxs, organizaciones sociales, políticas y sindicales que fueron a acompañar a los jubilados y jubiladas terminó en una sangrienta represión de las fuerzas de seguridad.
La marcha, reforzada por los sectores nombrados tras más de un año de represión a los jubilados, no llegó a nacer: mientras que se esperaba que inicie a las 17 horas, la represión policial, con gases lacrimógenos y disparos comenzó alrededor de las 16:20.
Tras esto, y como no podía ser de otra manera, el gobierno derivó las culpas en la reacción de los manifestantes, utilizando de chivo expiatorio cualquier categoría que desvíe el foco central: los jubilados, no solo ajustados, si no reprimidos desde hace más de un año.
Foto: Martin Nievas
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Foto: Vanesa Roma
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Foto: Juan Hincapie
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La oposición acusa a La Libertad Avanza de querer montar un “show” en el Congreso ya que el oficialismo buscará avanzar con seis leyes en las que no están el Presupuesto y Ficha Limpia. En paralelo, en el Senado, Unión por la Patria esta semana tratará de remover a Edgardo Kueider, tras su detención en Paraguay y en Diputados, convocaron a funcionarios del Ejecutivo para que expliquen los cambios que hubo en el PAMI para acceder a los medicamentos.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció el miércoles pasado, vía redes sociales, que convocarían a sesiones extraordinarias entre el 5 y el 27 de diciembre. Pero, al cierre de esta edición, su oficialización seguía sin concretarse. De concretarse hoy, como dejaron trascender en Casa Rosada, el Congreso tendrá apenas seis días hábiles para dictaminar (las Cámaras tienen hasta 10 días antes de que finalice el período para concretar ese trámite).
Es decir, tiempo más que acotado para avanzar con la Ley antimafia, juicio en ausencia (el único texto que tiene dictamen de comisión) y los viajes del Presidente, junto con tres temas complejos (y poco consensuados) como la reforma electoral, de los partidos políticos y de la ley de fueros de la política. Sin embargo, el Presupuesto y Ficha Limpia fueron los grandes ausentes de tal llamado, lo cual despertó el enojo de la oposición y acusó al Ejecutivo de querer montar un show en el Congreso.
Lo cierto es que parece una misión imposible que el Congreso avance, antes del 27, con todos estos temas. “Vemos una intención del Gobierno más en discutir el relato, que en efectivamente querer avanzar con algo”, dijo un importante diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuestionó (como el resto de los bloques) la ausencia del Presupuesto 2025 en el listado.
En tal sentido, la oposición se prepara para abrir ambas Cámaras (Senado-Diputado) esta semana para arremeter contra el Gobierno Nacional. En el Senado, Unión por la Patria (UxP) tratará de remover a Edgardo Kueider, tras ser detenido en Paraguay con más de US $200.000 sin declarar. En Diputados, convocaron a funcionarios del Ejecutivo para que expliquen los cambios para acceder a los medicamentos que se hicieron en el PAMI.
En el PRO también hubo críticas, sobre todo por la exclusión de su bandera, Ficha Limpia. El diputado Luciano Laspina, vía redes, le pidió al Vocero que la incluyera en el temario, luego de que este le consultara a sus seguidores de X si estaban a favor de que se destituya a todos aquellos senadores y diputados con causas judiciales.
“El que puede más (sacar procesados), puede lo menos (no incorporar condenados)”, le planteó Laspina. Tras el escándalo de Kueider, LLA pasó de no acompañar el texto de Ficha Limpia impulsado por el PRO bajo el argumento de que podrían proliferar causas falsas para proscribir referentes, a fogonear propuesta mucho más extrema, que podría cobrar forma de proyecto de ley en los próximos días.
Los diputados de Democracia para Siempre, bloque se separo de la UCR, fueron más duros todavía. Mediante un comunicado sostuvieron: “Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial, que pueden ser sancionados en sesiones ordinarias”.
El Congreso se activa por la oposición
Mientras las distintas fuerzas cuestionan el temario, esta semana usarán el Palacio para impulsar sus propias agendas, y poner contra las cuerdas a los libertarios. En principio, y en el Senado, UxP sigue firme con su operativo despegue de Kueider, quien ingresó a la Cámara Alta de la mano de Alberto Fernández en 2019, pero que desde la llegada de Milei, votó con los libertarios. Buscarán sesionar este jueves para expulsarlo.
Desde el entorno de Victoria Villarruel dijeron que la vice “analiza si llama o no” a la sesión. De no hacerlo, es probable que los 33 de UP se “autoconvoquen” para debatir el tema en el recinto. Con la jugada, el Kirchnerismo busca despegarse del entrerriano y hacerse con su banca. De ser expulsado, esta quedaría para la camporista Stefanía Cora. ¿Reunirán los 37 presentes para poner en marcha la sesión? El PRO se reúne mañana para fijar postura.
Del otro lado del Palacio, en Diputados, la Comisión de Salud convocó para mañana a las 12.30 al ministro de esa cartera, Mario Lugones, junto con otros funcionarios del PEN para que expliquen los cambios en los trámites y requisitos para acceder a los medicamentos gratuitos del PAMI, medida que puso en alerta a los jubilados. También fue invitado el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. Asistan o no los funcionarios, se esperan fuertes críticas al Gobierno.
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Los opositores parlamentarios pedirán sesionar, en el Congreso de la Nación, el miércoles 9 de octubre para revertir el veto a la ley de financiamiento universitario dictado por el presidente. La iniciativa se da tras la masiva movilización universitaria en todo el país el pasado miércoles. El Gobierno insiste con el argumento de mantener el equilibrio fiscal.
Luego de que el presidente Javier Milei ratificara su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, en el último día de plazo que tenía para hacerlo, la oposición en el Congreso de la Nación pedirá una sesión especial para el miércoles 9 de octubre con el objetivo de revertir el fallo.
Con respecto a la decisión del veto de Milei, quedó formalizada mediante el Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esa decisión.
En este sentido, el Gobierno Nacional justificó que el proyecto sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”. La ley implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En lo que respecta a los números que manejan hoy tanto los que buscarán blindar el veto como los que insistirán con la ley de presupuesto universitario, son muy finos. Tal como ocurrió con el aumento a los jubilados, para que se pueda dar marcha atrás con el veto se necesita de una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171.
En un principio, la sesión se iba a convocar para la semana del 16 de octubre porque varios legisladores tenían viajes previstos. Sin embargo, ante la confirmación del veto por parte de Milei, se aceleraron las negociaciones y todos estarían presentes la próxima semana para debatir.
En este contexto, los diputados radicales que empujaron la medida se mantendrán en esa postura. A estos se les suma el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, pero no serán los únicos. El bloque de Innovación Federal dejó trascender que sus 8 diputados acompañarán la insistencia. Cabe recordar que estos últimos, acompañaron el veto en jubilaciones.
En cuanto a los bloques que apoyan el veto quedarían el PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo. En paralelo, se dio a conocer que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria, votarían con este grupo.
El número ideal para los libertarios sería alcanzar los 87 diputados nacionales y bloquear cualquier intento de lograr las dos terceras partes del cuerpo legislativo, como ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando Martín Menem logró que quedara firme el veto presidencial a la ley de Movilidad jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra y hubo ocho abstenciones.
Cabe recordar, que a esos 87 diputados que sostuvieron el veto contra los jubilados, el presidente de la Nación los calificó de “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos, en un evento organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esas mayorías, La Libertad Avanza sumó a cinco diputados radicales díscolos y a las abstenciones de los ocho legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.
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Este miércoles pilotos, tripulantes, técnicos y controladores aéreos se movilizaron por el inicio del tratamiento en Diputados del proyecto de privatización de la aerolínea de bandera, impulsado por el Gobierno Nacional. El debate se dará en el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto. “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende” sostuvieron los cinco sindicatos que nuclean al sector.
Frente a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas (AA) que motoriza el Gobierno nacional, los sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector marcharon en la mañana de este miércoles al Congreso de la Nación en rechazó al proyecto. El motivo es porque hoy será debatido en plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto.
La marcha tuvo inicio a las 10 de la mañana, una hora antes del inicio del debate. Allí estuvieron presentes la Asociación Argentina de Aeronavegantes, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y ATE ANAC. En este sentido, los gremios sostuvieron: “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende”.
Los gremios aeronáuticos no cesan, y en medio de la disputa salarial, mantendrán el plan de lucha contra el Gobierno nacional en defensa de Aerolíneas Argentinas, en un contexto de conflictividad en aumento. Al respecto, el secretario de prensa de los Aeronavegantes, Alejandro Kogan, sostuvo: “No solo las fuentes de trabajo son las que están en peligro, sino también la interconectividad de los pueblos y sus economías regionales”.
“Las experiencias de venta de la línea aérea de bandera fueron absolutamente perjudiciales, no solo para la aeronáutica, sino para el desarrollo de la industria en general”, prosiguió Kogan.
Con respecto a los proyectos de privatización, fueron impulsados por Hernán Lombardi (Pro) y por Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Ambos proyectos hacen hincapié en que la aerolínea de bandera argentina sufrió un déficit de “200 millones de dólares” en el período de 2023. Del mismo modo, cuestionan que AA “cuenta con una dotación de 1.204 Pilotos de Línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo”
Para esta primer encuentro plenario, fueron convocados a exponer el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta. En tanto, la comisión será presidida por la radical mendocina Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert.
El Gobierno aumenta la conflictividad con los aeronáuticos
Luego de la denuncia penal del Gobierno contra el sindicalista Pablo Biró, el conflicto aumentó cuando se oficializó el DNU 844/2024 por el que se habilitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras.
La nueva medida establece que la autoridad aeronáutica nacional deberá reglamentar técnicamente los artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional.
Por otro lado, frente a los dichos del oficialismo y sus secuaces, los cinco sindicatos que nuclean al sector dieron a conocer información clave para comprender la relevancia de AA y su aporte a la nación. En este sentido sostuvieron que la aerolínea de bandera “aportó en 2023 más de 8293,87 millones de dólares a la economía del país”.
Asimismo, los sindicatos agregaron que “Aerolíneas Argentinas ahorró del presupuesto del Estado 40.500 millones de pesos, los cuales fueron redestinados para todo el pueblo argentino”. “AA transfirió al Estado argentino 176.000 millones de pesos directos y otros 41 mil millones en conceptos de tasas” agregaron los sindicatos.
De esta manera, se puede observar que acá no hay cuento o estafa como sostiene el actual Gobierno Nacional, sino que AA llega a destinos que otras aerolíneas no lo hacen, por el simple hecho de que a estas últimas no les conviene económicamente. AA mantiene, de cierta forma, al país conectado.
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El gremio que nuclea a los trabajadores estatales marchará el miércoles de la corriente semana al Congreso de la Nación para “exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones”. También protestarán contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos que ejecutaría el gobierno.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un comunicado en el que se convoca a un paro de 24 horas para el próximo miércoles 11 de septiembre, además, se movilizará al Congreso de la Nación. El objetivo principal será “exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones”.
Asimismo desde el gremio que nuclea a los trabajadores del Estado confirmaron que se protestará contra “el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos” que llevaría a cabo la gestión de Javier Milei a fin de mes. Frente a ello, los estatales advirtieron que se movilizarán de manera masiva.
La jornada del miércoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comenzará a las 13hs frente al Congreso Nacional, mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.
Al respecto, el Secretario General de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano sostuvo: “Este miércoles, sin miedo, sin dudas, con firmeza y con esperanza, ganemos desde las 13hs las calles del Congreso. Mucha fuerza a todxs lxs adultxs mayores que desde el lugar donde pueden, están resistiendo!”.
Cabe recordar que el reclamo salarial en la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno nacional y repudió cualquier posibilidad de que los sueldos “se mantengan congelados hasta fin de año”.
Desde la cuenta oficial de ATE Capital en X (ex Twitter) sostuvieron: ¡Con les jubilades no! No al veto de Milei a la MOVILIDAD JUBILATORIA. Nos movilizamos este miércoles 11/9 junto a les jubilades a Plaza Congreso. Porque de hambrear y reprimir a nuestros abuelos y abuelas no se vuelve ¡Todes al congreso!
Por su parte, la Secretaria General Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, señaló en referencia a la movilización del sindicato al Congreso: “Aunque no les guste, el miércoles vamos a estar de nuevo en la calle”.
“Hay una atomización de los reclamos que notamos y que se viene dando en distintos sectores pero la lucha de los jubilados viene creciendo miércoles a miércoles. Esta medida surgió en conjunto con las centrales de trabajadores porque entendemos que otra vez no pueden estar pagando los jubilados con su vida las decisiones que tomen un grupo de empresarios para rematar el país”, prosiguió Cabezas.
“El desprecio a las personas, a la humanidad en general, duele muchísimo pero ya se les están viendo los hilos. Argentina ha enfrentado crisis iguales o más profundas, con otras características por el contexto internacional y por suerte somos muchos y muchas los que estamos convencidos de que puede ser distinto”, concluyó la trabajadora de SENASA.
Por otro lado, desde el organismo gremial manifestaron que no van a aceptar “que se congelen los salarios en el sector público” ni “la posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas”. También advirtieron que esta será “la primera protesta de varias” que llevarán adelante este mes.
Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.
En este marco, Asociación Trabajadores del Estado también reclamará:
-Anulación del DNU 70/23.
-Urgente reincorporación de todos los cesanteados.
-Cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las políticas públicas.
-Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
-Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados.
-Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones.
-Aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación.
-Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente de todas las y los trabajadores.
-Cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre.
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Contra el interés del oficialismo, las bancadas opositoras impulsan una norma que reemplace el sistema que rige actualmente. La nueva iniciativa busca una recomposición del 8,1%, modifica la fórmula y agrega una suba anual en el mes de marzo.
Durante el día de ayer, en el Salón Illia del Palacio Legislativo del Senado de la Nación continuó el debate sobre la reforma jubilatoria. Con la participación de un especialista en regímenes previsionales, la oposición logró un dictamen que ratificó el proyecto que durante el mes de junio, había sido aprobado en la Cámara de Diputados.
El sistema de jubilaciones que se encuentra vigente en este momento fue establecido por un DNU de Javier Milei presentado en el mes de marzo. En tanto, el proyecto que se debatirá bajo el nombre del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones plantea la combinación entre el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados.
Tal resolución ratificó el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en el mes de junio, en un plenario donde confluyen las comisiones de Trabajo y Presupuesto, mientras que el oficialismo propuso su propia redacción. Ahora esta iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.
Para la obtención de tal acuerdo, desplegaron la misma maniobra que motorizaron los bloques dialoguistas en la Cámara baja, aunque con algunas excepciones. El dictamen de mayoría se compuso en el Senado por la totalidad de los integrantes de Unión por la Patria del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, sumados a los radicales Martín Lousteau y, en disidencia, Pablo Blanco.
Uno de los radicales que dio indicios de firmar, pero que finalmente no lo hizo, fue Daniel Kroneberger, mientras quedó en suspenso la rúbrica de la senadora Mónica Silva, de Río Negro. Cabe recordar que tal provincia, al mando del gobernador Alberto Weretilneck, viene de ser beneficiada con la inversión de YPF y Petronas para la megaplanta de gas natural licuado (GNL), con el guiño del Gobierno.
En paralelo, el oficialismo con la voz del senador y titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, propuso un dictamen propio que cosechó pocas adhesiones, entre ellas la de dos radicales: Eduardo Vischi y Víctor Zimmerman, ambos en disidencia. Tal escrito contenía las principales modificaciones que fueron motorizadas por el Ministerio de Economía, tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, la semana pasada.
En tanto, el especialista que asistió a la reunión de comisiones del Senado, Manuel Mera, dijo que el cambio que necesita el sistema jubilatorio “es de fondo”, y además agregó que “no se trata de una moratoria más o menos. Se trata de estudiar y modificar si fuese necesario la obligatoriedad de los 30 años de aportes para ser pasivo”.
Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC):
Además del aumento del 8,1% que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto que obtuvo el apoyo mayoritario, pliega la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
También, constituye que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, así como también pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.
Con respecto a los cambios principales que buscaban desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, pasaban por la eliminación de los artículos 2, 4 y 10: pese a aceptar la recomposición del 8,1%, el Ejecutivo propuso que no fuera de carácter retroactivo, sino que su aplicación sea ejecutada posteriormente a la sanción del proyecto.
En cuanto a los artículos, el N° 2 del proyecto original, y sobre el que ahora acordaron el kirchnerismo y parte de la UCR, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
Finalmente, el artículo N° 4 fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total, mientras que el artículo N°10 obliga a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes.
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Con la excusa de la “amenaza terrorista”, el oficialismo envió a la Cámara Baja la iniciativa que habilita a que las FFAA hagan patrullaje, operativos de control e incluso detenciones. El texto firmado por Milei, Francos, Petri y Bullrich se da en el marco de una polémica reforma a la ley de Seguridad Interior. Esta capacidad está vedada desde el retorno de la democracia.
El Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior, que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a actuar fronteras adentro y le habilita la participación en asuntos de seguridad interna. De esta manera, los libertarios oficializaron su intención de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
El escrito presentado en la Cámara de Diputados lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. La reforma a la ley 24.059 tiene que ver con la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada.
“En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA-LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al MINISTERIO DE DEFENSA para que las FUERZAS ARMADAS realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”, sostiene el articulado de la reforma que propone el Gobierno.
Uno de los fundamentos del oficialismo es plantear tal reforma como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
“En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, agrega uno de los artículos.
De esta forma, el cambio libertario es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, e incluso detenciones. Además, la reforma no ofrece una explicación de qué se reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique.
En tanto a los fundamentos que propone el Gobierno para su aplicación, además de considerarla una “salida intermedia (…) sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”, el proyecto pondera que la Constitución Nacional no inhabilita a que las FFAA actúen en seguridad interior.
Tampoco plantea antecedentes como el rol protagónico que tuvieron los militares en la última dictadura o los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.
“La Constitución Nacional no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”, fundamenta la iniciativa.
Lo que sí reconoce es que la ley de Seguridad Interior es la que limita el accionar de los militares, modificaciones fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Otro de los justificaciones es que hay otros países donde las fuerzas armadas “se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, allí menciona a Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Alemania, Turquía, India, España y Australia. En consonancia con lo ejemplificado, el texto tomaba como ejemplos la militarización en Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin embargo no se contempla cómo son las situaciones particulares en dichos países.
En tanto, la reforma aun no fue girada a ninguna comisión de Diputados, el camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior (conducida por José Nuñez, del PRO) y de Defensa (con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza). Tampoco se sabe el apuro del Gobierno para su discusión, sin embargo, la iniciativa había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich.
Cabe recordar, que este rol adjudicado a las FFAA, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción. Asimismo en su momento, es un extremo al que llegó, por ejemplo, Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y que generó una represión con casi 40 muertos.
Lo cierto es que esta reforma se da en una actualidad compleja en la que los militares de hoy se ven reflejados en un espejo que muestran una mirada de los ‘70. Además, en marzo, la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas expresó sus dudas y el reclamo de tales sectores es evidente ya que le demuestran al oficialismo que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Vale destacar que un sector del oficialismo ya está abocado a esa tarea, y quedó a la vista de todos con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, en el cual están Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Incluso, se buscan iniciativas para voltear las causas y tratar de obtener una rápida prisión domiciliaria para los que se encuentran presos.
También se da días después de que se conociera el asesinato de Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH. Tal hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato, ya que dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
En diciembre, tras la asunción de LLA al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, (hijo de Beatriz): “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia.
Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en Trinchera como en otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de los libertarios, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos.
Por otra parte, tal reforma ya fue cuestionada por el ex titular de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que el Gobierno está sentando las bases para un “estado de sitio encubierto”. “No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae. Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represión. Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo”, manifestó el dirigente peronista.
“Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros“, concluyó Agustín Rossi.
Finalmente, diferentes organismos de derechos humanos sostuvieron la presunción de que el Gobierno puede justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. En aquel momento la policía avanzó sobre los manifestantes y detuvo a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”.
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La Asociación de Trabajadores del Estado anunció que marcharán este jueves al Congreso en medio del tratamiento definitivo por la Ley en la Cámara Baja. En un clima de tensión social en crecimiento, desde el organismo le advirtieron a Milei que “no vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado termine destruido”.
La Asociación de Trabajadores del Estado anunció que marcharán, este jueves, al parlamento en medio del tratamiento definitivo por la Ley en la Cámara Baja. En un clima de tensión social en crecimiento, desde la organismo le advirtieron a Milei que “no vaya a ser cosa que el topo que quiere destruir el Estado termine destruido”.
Ante el pronto desembarco de la Ley Bases, en el recinto de la Cámara de Diputados, se negocia minuto a minuto. En tanto, la crisis social continúa, los números de la economía y la situación social son alarmantes. Frente a tal situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que, este jueves a las 14 horas, realizarán una nueva Jornada Nacional de Lucha con movilización al Congreso cuando la Cámara de Diputados debata la reforma a la ley y el paquete fiscal en la Cámara.
En este sentido, el gremio a través de un comunicado, expresó el rotundo rechazo a la reforma laboral que incluye el proyecto oficialista, la privatización de empresas públicas y el recorte del Estado. Además, el escrito detalla: “Los derechos de las y los trabajadores públicos, así como del conjunto de la sociedad, son violentados sistemáticamente por el Gobierno nacional. Se pulverizan salarios y jubilaciones, se desmantelan áreas estratégicas del Estado, se cierran organismos y programas esenciales para la promoción y protección de derechos, se despiden trabajadoras y trabajadores sin motivos”.
También, ATE reclamó que “se embiste contra la salud, la educación, la ciencia, la cultura y el bienestar humano; se destruye la producción y a la pequeña y mediana empresa, se eliminan políticas de protección, se regalan los recursos naturales, se entrega la soberanía nacional y se aumenta la pobreza y la indigencia”. De esta manera, el próximo 27 de junio, las y los trabajadores estatales saldrán a las calles y plazas del país nuevamente para manifestarse.
Al respecto, el Secretario General de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, sostuvo: “En estos seis meses los y las trabajadoras del Estado venimos sufriendo despidos, vaciamiento de programas y parálisis en la gestión fruto de las decisiones de Javier Milei y su gabinete. Que sepan que no nos van a doblegar. Estamos de pie y vamos a pelear por cada puesto de trabajo”.
Cabe recordar que ayer, miércoles 26, ATE Capital realizó una jornada de paro de actividades y se movilizó de la Legislatura de Capital hacia el Ministerio de Economía de la Nación “para seguir peleando en defensa del Estado, por la reincorporación de les despedides, recomposición salarial y renovación de los contratos” sostuvo el gremio en un comunicado.
En este sentido, Catalano sostuvo: “Hoy fuimos miles de estatales movilizando al Ministerio de Economía para dejar en claro que las y los trabajadores no estamos derrotados, estamos en pie de lucha frente a este gobierno que pretende vaciar el Estado, despedir a sus trabajadores e imponer el hambre y la crueldad como modelo político para nuestro pueblo”.
En cuanto al día del estatal, que se conmemora este jueves, el Secretario General de ATE Capital, sostuvo: “Mañana en el Día del Estatal no tenemos nada que festejar. Los diputados y diputadas van a aprobar una ley que pone en venta nuestro país y que no beneficia a ningún trabajador ni trabajadora”.
“En nuestro día, nos van a ver como siempre junto al pueblo, en las calles defendiendo nuestra soberanía, nuestros puestos de trabajo y el Estado, aunque a Bullrich eso le joda ¡Todos y todas al congreso! No nos van a ver nunca de rodillas”, concluyó Catalano.
Por otra parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó contra los legisladores en su cuenta de X (ex Twitter): “A los diputados que levanten la mano a favor de la Ley Bases no hay que votarlos nunca más. No importa de qué partido sean, se les tiene que terminar la carrera política por ser traidores a su pueblo”.
Sobre la reforma laboral que también se pone en juego en la Ley Bases que se votará este jueves, Aguiar apuntó que “es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear más empleo ni tampoco a mejorar los actuales indicadores económicos y sociales”, y concluyó: “Los trabajadores nos negamos a ser ratas de laboratorio y que experimenten con nosotros teorías dañinas y delirantes que ya fracasaron en todo el mundo”.
Finalmente, cabe recordar que el proyecto del gobierno libertario que lidera Javier Milei es desvincular a más de 75 mil trabajadores del Estado. A fin de julio vencen unos 50 mil contratos y el objetivo sería no renovarlos y según cifras oficiales, en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se concretaron más de 15 mil despidos.
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La frase dicha por Eduardo Lonardi al asumir como la cara visible de la autodenominada “revolución libertadora”, cobra más sentido para describir la jornada de este miércoles que por aquel entonces. El oficialismo debía sacar una ley como sea, con los artículos que sea, y, evidentemente, en las condiciones sociales que sea. ¿Realmente le garantiza el repunte económico y político?
El periodismo más paupérrimo y berreta que habita la Nación argentina se ha encargado de instalar durante los 6 meses que lleva la presidencia de Javier Milei que se “gobierna con las manos atadas” debido a su inferioridad de representantes legislativos y provinciales, ya que “no pudo sacar una sola ley”.
Entre medio, ignoran la propia incapacidad política del gobierno para hacer acuerdos, ignoran que el primer proyecto enviado trató de realizar prácticamente una reforma constitucional encubierta, con más de 600 artículos, e ignoran incluso que desde fines de diciembre gobiernan con un Decreto Nacional de Urgencia -aún vigente- que representa más de lo que cualquier presidente ambicioso podría aspirar a cambiar en medio año. Los resultados están allí a la vista: 10 puntos de pobreza aumentados en ese lapso, una indigencia bestial, y una sociedad que se autopercibe fuertemente deteriorada, más allá de la visión que aún tenga sobre el gobierno.
De esta manera, y con aprietes de por medio, como entregar lo que ya debía garantizar a los gobernadores provinciales (obra pública, coparticipación, etc), el oficialismo tiene su ansiada ley. Descascarada, por obvias razones, pero vigente, que sigue siendo más de lo que cualquier político optimista podría aspirar en 6 meses.
Este lugar de victimización cuajado entre la narrativa del propio gobierno y medios de comunicación afines a sus intereses, o sorprendentemente inocentes, posicionaron a gran parte del aparato político en la posición de “demosle lo que pide, y ya no tendrá como excusarse en la casta política”. Porque si es cierto que, Javier Milei ya no podrá utilizar ese recoveco cómodo de víctima de “la casta y las ratas del Congreso” en donde estos no le dejan cumplir su humilde deseo de reformar a fondo la composición legal de la Nación y tener facultades delegadas. Ahora absolutamente todo será responsabilidad de él.
Así se lo debería percibir desde que dejó de ser panelista de televisión para ser presidente, y más con un DNU que impactó de manera directa en los horrorosos números sociales que se miden a día de hoy. Pero esta narrativa, explicada anteriormente, le dio un aire de largo alcance (que comenzó a desgastarse en las últimas semanas). Lo expuesto entonces lleva a una conclusión: el gobierno tuvo una victoria política en la rama burocrática, pero a partir de ahora perderá una carta fundamental en su propio relato.
Ante este escenario, en la previa de lo que se sabía, sería una ley que en general sería aprobada (de no existir anomalías de último minuto), tanto militantes organizados como jubilados, estudiantes y manifestantes asistieron a la Plaza de los dos Congresos con una esperanza mínima de que la ley finalmente no salga. Las expectativas estuvieron puestas mayormente en lo que sucediera en las votaciones en particular de cada artículo; y el objetivo principal de mostrar el rechazo a una mega ley con artículos ya implementados anteriormente, que no solo no solucionan nada, sino que empeorarán la ya miserable vida de la mayoría de los argentinos.
Desde las primeras horas de la mañana/mediodía del miércoles, cuando puertas adentro del Senado comenzó el debate legislativo, se podían visualizar columnas de distintos movimientos sindicales, sociales y estudiantiles que concentraban en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio y Lima, con el objetivo de llegar hacia la Plaza de los dos Congresos. Mientras la movilización se desarrollaba con normalidad y sin sobresaltos, en las puertas del recinto se podía percibir la tensión entre las fuerzas de seguridad, conformadas por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y los grupos que merodeaban las tres direcciones valladas. Detrás de esto, camiones hidrantes, motocicletas y grupos policiales armados mostraban los dientes de lo que pocas horas después se convertiría en un anunciado operativo represivo.
Mientras la jornada transcurría con total normalidad, en el marco de una protesta que copaba la plaza y las inmediaciones sin mayores revuelos, el operativo de seguridad encarnó la orden de borrar del escenario a todo manifestante, y comenzó un operativo de avance forzoso sobre ellos, con métodos represivos como gases lacrimógenos y disparos de chorros de agua de los camiones hidrantes que más tarde se convirtieron en balas de goma. La imagen que se conforma cada vez que el parlamento discute leyes en contra de los argentinos no iba a faltar en esta ocasión, e iría escalando con el paso de los minutos y las horas.
Entre tire y afloje, para las 17 horas la Plaza de los dos Congresos ya se había teñido de campo de batalla, con las fuerzas armadas cada vez más adelante y los manifestantes cada vez más desplazados. Entre medio, un campo que tenía todos los condimentos: balas que iban, piedras que volvían, focos de incendio y detenidos. El operativo de la ministra Bullrich fue en búsqueda de cercenar el derecho constitucional de manifestarse y reprimir para luego acusar a los atacados como violentos ante su intento de persistir en el lugar y hacer uso de su derecho. Esto sería capitalizado de tal manera horas más tardes vía comunicados oficiales, en una búsqueda narrativa que complejiza aún más el futuro en este campo.
Para las 18 horas el repliegue de la manifestación era total. El absurdo operativo corrió el eje hacia la Avenida 9 de Julio, involucrando incluso zonas que estaban excluidas de los acontecimientos. “Es un absurdo operativo policial de quien ya es responsable de los 39 muertos de 2001 cuando ella era ministra, ¿Quién va a pagar todo esto?”, ironizó el Secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en diálogo con el móvil de Multimedio Trinchera, cuando la movilización aún transcurría de manera ordinaria.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió a teñir de trinchera en un día que se discutía cómo aprobar leyes que deterioren aún más la calidad de vida de los argentinos, con un desenlace negativo que ni siquiera pudo ser presenciado por la noche. No fue suficiente, no pudieron acallar las cacerolas que siguieron repudiando lo sucedido tanto adentro como afuera del Congreso tras ser aprobada una ley que entre otras cosas, garantiza el saqueo de recursos durante 30 años sin retorno, o le da facultades extraordinarias a un presidente que lejos de mostrarse preocupado por la alta indigencia pobreza y desempleo, asegura que no es su asunto, y disfruta destruir el Estado y por ende la propia Nación.
Más preocupante aún es el comunicado lanzado horas antes de la aprobación de la ley por la Oficina del Presidente que confirmó una búsqueda narrativa que la última vez que fue utilizada terminó con la desaparición de 30 mil ciudadanos: “terroristas que buscan un golpe de Estado”. Así se refirió el Gobierno nacional a jubilados, trabajadores y estudiantes que previamente fueron expulsados de las calles mediante represión.
Ni vencedores ni vencidos. Los argentinos percibirán aún más degradaciones en el nivel de vida a partir de estos capítulos aprobados, pero el Gobierno también tiene un problema muy grande a partir de este acontecimiento parlamentario: confía en que la aprobación de esta ley es la garantía que necesita para que la economía repunte mediante inversiones. Se habla de esto casi como si fuese algo que se da de manera automática, cuando las leyes establecidas en el Régimen de Inversiones solo garantizan la activación de cualquier economía que explote los recursos argentinos, menos la de Argentina.
Por otra parte, la imagen de “garantía de sostenibilidad” que busca dar el oficialismo hacia el exterior con esta ley quedó manchada con el fuego, balas y gases arrojados en una jornada donde además, la ley salió arañada por un voto desempate de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel, y con extorsiones previas. Todo esto, tarde o temprano, terminará siendo un boomerang que vuelva con la misma fuerza para un Gobierno que ya perdió sustancial credibilidad ante los escándalos de corrupción descubiertos en el ministerio de Capital Humano.
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