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La Ley Belén y Ley Olimpia buscan incluir la violencia digital como forma de violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. Además, se busca agregar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, entre otros.

El nuevo proyecto de ley que busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, fue presentado por la diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, en conjunto con el espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC. Además de proponer incorporar a la violencia digital como violencia de género, la iniciativa contempla sanciones que incluyen fuertes multas y prisión de dos a ocho años.

La primera iniciativa fue inspirada en el caso de Belén San Román, quien fuera inducida al suicidio luego de la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma de agresión contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. En este sentido, propone la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones. Esta propuesta se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de este tipo de violencia. La presentación tuvo la presencia de Marcelo San Román, padre de Belén, y la activista mexicana. 

El documento de la denominada “Ley Belén” busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”. Además, establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas“.

Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento“.

El documento resalta que las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.

Con respecto a la ciberviolencia de género Macha fundamento que “fue definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC“. Además, la diputada resaltó que “el ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas“.

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