La reunión, que se desarrollará en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, fue solicitada por los mandatarios provinciales con el fin de discutir la situación por la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno convocó para este miércoles, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.
La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y estarán presentes los gobernadores. Hasta el momento, confirmaron su presencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Del encuentro, además, participarán el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. En el caso de algunas provincias cuyos gobernadores no podrán decir presente, asistirán funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no asistirán a la convocatoria solicitada por sus pares.
El Gobierno de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de llegar a un acuerdo sobre los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para una negociación política entre ambas partes. En caso de no haber arreglo, dictará una medida cautelar. En la Casa Rosada hay preocupación de que se ratifique “semejante arbitrariedad” porque “es un número que va a impactar presupuesto 2022”, dijeron fuentes oficiales.
Asimismo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto anticonstitucional y lo que se discute es “una mediación sobre montos”. En ese sentido, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, “dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”, que podría alcanzar más de 130 mil millones de pesos este año, algo que afecta de manera directa el presupuesto nacional.
Desde la Casa Rosada mantienen que “esos $130 mil millones de pesos van a la Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación” ya que “no es un fallo menor” y en caso de ser desfavorable, causará un “desbalance en el sistema presupuestario y político”.
La reunión fue pedida por los gobernadores en tanto las provincias “son parte del tema, por tratarse de una discusión del sistema federal”, señalaron, y destacaron que “ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras” en todo el país.
Enfermeros y enfermeras que prestan servicios en el sistema de salud pública de la ciudad anunciaron movilizaciones y cese de actividades en reclamo por mejores condiciones salariales y la profesionalización del sector.
Personal de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agremiades a la Asociación de Licenciados de Enfermería (ALE), en conjunto con la Federación de Profesionales, anunciaron un paro de 24 horas para el próximo martes 22 de marzo producto de los bajos salarios que perciben.
Les trabajadores de la salud también exigen al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que se reconozca a la enfermería como profesionales de la salud, ya que actualmente son considerados personal administrativo.
Las protestan se dan en el marco de la tensa relación que mantienen desde el sector con el Jefe de Gobierno porteño y la sucesión de despidos que se registraron. Además denunciaron que el único objetivo de Larreta es achicar el presupuesto destinado a la Salud Pública.
En ese sentido, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y miembro de ALE, sostuvo que “el equipo de salud en los hospitales de la ciudad más rica del país cobra salarios de miseria. Y en la enfermería en particular es aberrante la situación: 70 mil pesos de promedio, sumas en negro y aguinaldos de 20 mil, y encima discriminadas de la Carrera Profesional“.
Por su parte, el gobierno de la ciudad ofreció un aumento en cuotas hasta fin de año que se encuentra 20 puntos por debajo de la inflación interanual, actualmente en 52,3%. Al respecto Ramirez señaló que “la canasta de pobreza llega a los 84 mil pesos y la canasta familiar supera los 140 mil“.
Las protestas en salud condensan distintos reclamos ya que además de las exigencias salariales demandan que se reconozca a los y las enfermeras que trabajaron incansablemente durante la pandemia. Entre sus exigencias -además del aumento de los salarios y el pase a planta- se encuentran la inclusión de Enfermería en la Ley 6.035 de Profesionales de la Salud, iniciativa para la que juntaron firmas y que motivó la solicitud de una audiencia urgente al Jefe de gobierno de CABA para tratarla.
Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con gases lacrimógenos a un grupo de excombatientes de Malvinas que se trasladaron hasta la Sede Central del PAMI para reclamar por el cumplimiento del programa de atención médica.
La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con gas pimienta a excombatientes de Malvinas cuando intentaban ingresar a los despachos del PAMI en Corrientes y Florida para reclamar el cumplimiento del programa de atención médica.
“Buscamos que PAMI cumpla con los beneficios que nos corresponden”, enfatizó Ramón De León, presidente del Centro de ex Combatientes de Entre Ríos, quien agregó que “venimos de negociaciones en negociaciones, pero funcionan un mes o dos y luego se cortan las prestaciones de nuevo”. Además indicó que exigen al organismo una mejora en la cobertura de salud.
En tanto el presidente de la Confederación de Combatientes de la República Argentina, Ramón Robles, denunció que “mandaron a más de 300 policías para Veteranos de Guerra, hombres de la Patria de 60 años”. “Nos reprimieron con palos y con gas pimienta, y nosotros no teníamos nada para defendernos”, enfatizó.
Fuentes de PAMI dijeron que los excombatientes pedían “un cambio de estructura” en el organigrama de la obra social. Respecto al reclamo por la cobertura de salud, desde el organismo aseguraron que “en los últimos 2 años, mejoramos las prestaciones a los veteranos de la guerra de Malvinas. No tienen prestaciones suspendidas“.
Voceros de la titular del organismo, Luana Volnovich, mencionaron que los excombatientes “son los únicos en PAMI que tienen prioridad de atención en el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro. A partir de nuestra gestión tienen cobertura del grupo familiar y continuidad frente al fallecimiento del veterano”.
Por su parte Robles señaló que por el ataque de los policías de la ciudad “hay diez compañeros heridos y dos internados”a lo cual agregó que “así es cómo se manejan en el poder, quitándonos la salud y negándose una reunión para solucionar este tema”.
De Pedro y Larreta no llegaron a un acuerdo por el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA por el traspado de la policía. Se pasó a cuarto intermedio por 30 días. La Corte ordenó la construcción de una mesa de trabajo para acercar posiciones.
El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaron las delegaciones en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del reclamo del Gobierno porteño por el recorte a los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires.
La falta de acuerdo obligó a realizar un cuarto intermedio de 30 días en los cuales el máximo tribunal ordenó a la conformación de una una mesa de trabajo para acercar posiciones. Cabe recordar que el conflicto se origina por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir los fondos que recibe la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.
La decisión determina que la Ciudad recibirá una cifra anual específica por considerar excesivo el momento otorgado por el expresidente Mauricio Macri cuando realizó el traspaso.
La ley que votada por el Congreso de la Nación hace dos años dispone que se realicen reuniones entre Nación y Ciudad para acordar la cifra a transferir, algo nunca se pudo concretar debido a los relamos y negativas de la administración de Larreta.
En declaraciones a la prensa De Pedro sostuvo que participó para reafirmar la postura del Gobierno nacional. “Hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires“, destacó.
Además del Jefe de Gobierno, por la Ciudad participaron el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el Procurador General, Gabriel Astarloa. Junto a De Pedro estuvieron la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez y dos abogados.
Cinco asociaciones del barrio Belgrano presentaron una denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la concesión que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La catalogan como “fraude”.
Luego del análisis de más de mil documentos que hizo el grupo de organizaciones vecinales se llegó a la conclusión que debería darse de baja la adjudicación por 30 años. La misma es por el usufructo del equivalente a cinco manzanas ubicadas en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires.
La concesión se realizó en 2019 después de que Macri le cediera tierras fiscales del Estado nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación fue instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en ese momento presidía Ramón Lanús.
La SIGEN deberá investigar el caso que apunta contra el destino de 53.728 m2 que se adjudicaron para su provecho al empresario surcoreano Sang Hak Choe, registrado como trabajador autónomo en la AFIP.
Enrique Banfia líder de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, una de las cinco personas que acudió a la SIGEN, declaró a Pagina12 que “esto es más grave que la venta de La Rural y la diferencia es que la podemos parar. Hubo falsificación de planos, la oferta ganadora debió ser rechazada porque no presentó el último balance, es un dibujo lo que hicieron”.
Las organizaciones Vecinos del Bajo Belgrano, Patrimonio de Belgrano, la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y el Centro de Comerciantes de Belgrano, más otras dos de Palermo y Núñez, esperan que se dicte la anulabilidad del contrato firmado con la UTE Vía-Viva que formó Sang Hak Choe junto a Horacio Sbrolla, ex ejecutivo de Arcos Dorados-Mc Donalds, la constructora y el estudio de Arquitectura InArch.
El argumento técnico-jurídico para que se revoque la adjudicación es que “el concesionario aceptó la cláusula que permite la rescisión unilateral por parte de la Agencia en cualquier momento, sin condiciones otras que una resolución fundada en términos de conveniencia”.
El grupo de organizaciones barriales sostiene que “se deberían iniciar acciones legales por defraudación, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, falsificación de documentos y otras figuras contempladas en el Código Penal”.
La obra del viaducto en las vías del Mitre (Ramal Tigre) tuvo el apoyo general de los vecinos porque eliminaría barreras de los pasos a nivel que saturaba el tránsito en el barrio. Pero según indica el documento terminó siendo uno de los más escandalosos negociados de la historia de la Ciudad, afectando tierras nacionales y al erario público.
Gremios docentes rechazaron el proyecto del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que modificaría la carrera de formación docente. Denunciaron que en los últimos años su gestión desfinanció la educación pública y que pretende eliminar el Estatuto Docente.
Parte de los anuncios planteados por Larreta en el inicio del período de sesiones en la Legislatura porteña contemplaron la propuesta para hacer cambios al Estatuto Docente argumentando que buscan “actualizar y a jerarquizar la formación y los contenidos” porque para formar a los estudiantes del futuro, se necesitan docentes del futuro.
Desde el Ministerio de Educación porteño se señaló que la propuesta llegará a la legislatura porteña e impulsa “una nueva carrera docente con incentivos salariales de hasta 20 por ciento para quienes más se formen”.
El Secretario General de la CTA de la Ciudad, Secretario Gremial de CTERA y Secretario General Adjunto de UTE, Eduardo López, rechazó el anuncio y consideró que la “intención es eliminar definitivamente” el Estatuto Docente como fue concebido y lamentó que se hable del futuro del sector cuando en la ciudad “hace 14 años que se desfinancia el presente“.
Por su parte Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, mencionó que “ya no es el Estatuto el que rige el acceso a los cargos y a la carrera docente sino la discrecionalidad del gobierno porteño; y eso piensan dejarlo de alguna manera establecido con esta reforma“.
El anuncio de Larreta choca con los datos de la realidad en materia educativa ya que un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indicó en 2020 que “la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el Gobierno de la Ciudad. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”.
El 16 de julio se votó en la legislatura una ley que afecta a cerca de 18 mil trabajadores y trabajadoras del reparto, que laburan un promedio de 12 horas diarias para poder acceder a un sueldo de 25 mil pesos. La moto o bici repartición es una actividad que se volvió más que esencial en el contexto pandémico, ya que les permite a miles de vecinos de la ciudad acceder a servicios y bienes de primera necesidad para no tener que salir de sus casas.
Según Rubén Seijo[1], la ley significa darle un marco jurídico a los trabajos de reparto mediante aplicaciones digitales; establece que se debe crear un registro que inscriba a empresas y trabajadores, previo al cual ambos deben tramitar una habilitación, y que las empresas se hagan cargo del pago del seguro de trabajo, equipamiento de seguridad y de salud laboral (elementos específicos de higiene) mientras dure la pandemia; pero no establece que los trabajadores tengan una relación laboral alguna, sino que quedan en la categoría de independientes.
Esto que explica Seijo es una clara violación al articulo 14 bis de nuestra Constitución. El caso es que ya había una normativa que reconoció la relación laboral entre las aplicaciones y los/as trabajadores; como da cuenta el dirigente gremial Maximiliano Arranz (secretario adjunto de Asimm[2] que nuclea a los y las moto y bici repartidores):“La ley anterior reconocía plenamente la relación de dependencia de los trabajadores mensajeros y repartidores, y ahora la Ciudad se lava las manos para permitir que las apps sigan funcionando en base al fraude laboral, el cual cada trabajador estará obligado a demostrar en la justicia si quiere hacer respetar sus derechos”.
No solo desde Asimm han salido a advertir este tema; Daniel Catalano (Secretario General de ATE capital) hablo sobre la preocupación que le genero al movimiento obrero la aprobación de la modificación a la Ley 5526/16: “El ‘fuego amigo’ lo vimos en la abstención del bloque del FdT respecto los trabajadores de Rappi”, dijo haciendo alusión a que el bloque del Frente de Todos debió haber repudiado y votado en contra de la modificación de la ley.
La preocupación de Catalano o de Angelica Graciano (secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación) viene también por que desde el ejecutivo de la Ciudad se congelaron las paritarias, frenando incluso aumentos salariales ya pautados. Se le suma también la precariedad en las condiciones laborales (especialmente la falta de elementos de bio-seguridad para los y las esenciales) que sufren los y las estatales y las faltas de políticas publicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
Las y los trabajadores públicos de la ciudad cobran un promedio de 30 mil pesos de bolsillo, que los deja muy por debajo de la canasta básica que establece que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesitó más de 100.000 pesos para pagar los gastos básicos del mes, de acuerdo con el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC).
Las medidas económicas llevadas adelante en las ultimas semanas por Horacio Rodriguez Larreta y su gabinete, recuerdan a los 4 años de gobiernos de Mauricio Macri, donde los lineamiento eran la flexibilización laboral, el ajuste salarial y los beneficios impositivos a las empresas extranjeras en vez de las Pymes; contraponiéndose, por ejemplo, al recientemente extendido decreto contra los despidos firmado por Alberto Fernandez, y el IFE y las ATP, lanzados por el ejecutivo nacional para poder afrontar la frágil situación que va dejando la pandemia.
[1] Rubén Ernesto Seijo es licenciado, profesor e investigador de la UBA y la UNQ y director de la carrera de Gestión de RRHH y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes. [2] Asimm Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios
Adrian Berrozpe
Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de @RevTrinchera
En la conocida y profundamente confusa serie japonesa Evangelion, les habitantes de una sociedad distópica, se ven obligades a recluirse, debido a constantes ataques de extraños seres llamados “Ángeles”. Para poder defenderse, un científico y su equipo, crean enormes bio-robots (EVAs o Evangelion) que son piloteados por niñes. En Argentina, lejos de ser un niñe, el piloto del Evangelion es @alferdez y el robot que le tocó manejar, no es de alta tecnología. Sería en comparación algo más parecido a un Renault 12, que otra cosa.
Leandro Santoro, en una entrevista en el programa de Viviana Canosa -que sale al aire por canal América- explicó: “el aparato del estado está desguazado, el estado no tiene capacidad para intervenir en la realidad, cómo consecuencia no solamente de Macri sino de una suerte de neoliberalismo estructural que arrastra la Argentina de la dictadura militar para acá”. ¿Cómo generar entonces un estado bajo una lógica redistributiva e intervencionista, si el último service del renolito fue, con suerte, hace cuatro años? Este es el principal problema del gobierno nacional, cómo lograr que el estado tenga la solvencia necesaria para poder incidir en la realidad.
¿Qué pasa con les humildes?
Esta semana, el foco de la agenda mediática estuvo en la crítica situación que se vive en las villas de Capital Federal. La muerte de Ramona Medina, referente de la Poderosa en la villa 31, fue el catalizador para que se hable en los medios, de una vez por todas, sobre cómo están atravesando la cuarentena en estos barrios. Para muches, no fue noticia escuchar que viven hacinades, por lo que el aislamiento es poco más que una utopía; o que ni siquiera tienen agua y que Ramona se murió reclamándole a Larreta y denunciando la falta de respuestas.
Ante está situación, la respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue prácticamente nula, cosa que no sorprende, si se observa de cerca la gestión del PRO en la ciudad más rica del país (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un PBI equiparable al de países como Bélgica). ¿En qué se basa la gestión? En romper y arreglar veredas; en hacer carriles exclusivos para colectivos o en poner plantitas (a veces de plástico) en canteros. Mientras tanto, las villas siguen sin ser urbanizadas; hay miles de pibes y pibas que se quedan sin cupo en las escuelas (que dicho sea de paso, muchas se caen a pedazos); los hospitales están en pésimas condiciones y tantas otras cuestiones. ¡Ojo! Esto no es un problema de gestión: eso el gobierno de la ciudad lo hace y bien, sólo que para negociados inmobiliarios o para favorecer a algún empresario amigo con la compra de insumos con sobreprecios.
A raíz de la muerte de la militante de la Poderosa, @alferdez se reunió en dos ocasiones con el referente de ese espacio, Nacho Levy, en dónde escuchó de primera mano cómo están viviendo esta crisis en los barrios. Desde el entorno del presidente, precisaron que las versiones que recibían del Gobierno de la ciudad eran distintas. Ya en la segunda reunión, se pudo ver a altos funcionarios junto a dirigentes de distintos movimientos sociales. La intención del gobierno nacional es poder articular con estas organizaciones populares para poder controlar con mayor eficacia la crítica situación en los barrios. En esa misma línea, se está desarrollando un proyecto que posibilite la habilitación de predios estatales para que les vecines de las villas puedan aislarse en mejores condiciones que las que ofrece actualmente el Gobierno de la ciudad (1).
Intentando poner en marcha el motor
La semana pasada y con miras a encontrarle la vuelta a la reactivación económica, @alferdez junto con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunciaron un plan de viviendas. El mismo tiene varios ejes como la ampliación, refacción y construcción de viviendas en barrios vulnerables ¿Qué implica la puesta en marcha de este proyecto? 5.500 casas nuevas, 43 mil unidades para refacción, 200 mil microcréditos y 4000 subsidios para la compra de materiales para la construcción. La inversión del Estado tendría como objetivo la creación de 750 mil puestos de trabajo (2).
Asimismo, esta semana se anuncio que con los 21 millones de dólares que habían quedado pendientes del préstamo con el FMI, se compraron alrededor de 70 mil computadoras para pibas y pibes de todo el país. Medida tomada con miras a acortar las desigualdades en el acceso a la educación de las clases populares y poder sostener la continuidad pedagógica en los tiempos que corren. Además, el Ministerio de Educación logró un acuerdo entre empresas de tecnología y representantes de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) para poner en marcha la fabricación de material tecnológico (3).
La intención del gobierno nacional es clara y apunta a la profundización de medidas que impliquen una redistribución de recursos, hacia clases sociales que vienen de cuatro años de abandono. El principal escollo, es cómo poder sostener e ir más allá en políticas de inclusión.
Independientemente del impuesto a las grandes riquezas, desde el ejecutivo nacional apuntan controlar, a través de la AFIP, dirigida por Mercedes Marcó del Pont (4), la fuga de divisas y la búsqueda de estrategias para poder gravar a las fortunas que se encuentra en paraísos fiscales, o bien en cuentas en el extranjero. En esta línea, la diputada Fernanda Vallejos, trajo revuelo en el establishment nacional, al sugerir a través de un tweet, que el Estado nacional debería tomar participación accionaria en aquellas empresas que asista económicamente durante la pandemia. Lejos de ser una locura, en los principales países capitalistas, como Alemania e Italia, se están tomando medidas similares (5).
El Green New Deal es imperativo
Si bien es vital que el Gobierno busque negociar y formar consensos con los empresarios y especuladores nacionales, no se debe dejar de lado la cuestión ambiental, una de las grandes deudas desde la vuelta de la democracia. De hecho, mientras estas líneas son escritas se continúan realizando desmontes en los bosques en el norte del país. Solo entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron 2.172 hectáreas, o sea 128 hectáreas por día. Este ecocidio implica la pérdida de biodiversidad irrecuperable, el desplazamiento y la caza de poblaciones originarias (6).
Fuente: Greenpeace
El Gobierno nacional, debería tomar decisiones con miras a comenzar una transición hacia modelos sustentables de desarrollo. No solo porque las problemáticas ambientales van a ir en aumento, sino porque les perjudicades en las catástrofes son siempre, primero, las clases populares. Entendiendo este punto de vista, nunca va a existir la justicia social sin justicia ambiental y nunca se va a poder hablar de soberanía en términos reales en tanto y en cuanto el Estado nacional no proteja las fuentes invaluables de biodiversidad.
A medida que pasa el tiempo, la coyuntura nacional se va complejizando y los debates se van ampliando. La oposición se encuentra visiblemente dividida entre quienes entienden que no respetar las condiciones de la cuarentena, implica lisa y llanamente cavar fosas comunes; y quienes alineados con medios hegemónicos, desafían estas medidas, invitando a la población a que cuestione a un Gobierno, que claramente está haciendo todo lo posible para que haya la menor cantidad de muertes. Nunca estuvo tan clara la grieta, por un lado están los humanos y por el otro los Ángeles.
*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de la sección de Política Nacional de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Mientras se ha hecho pública la situación de contagios de coronavirus en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado (CSRC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDDNyA), los trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian el incumplimiento de medidas preventivas, el accionar tardío por parte del CDDNyA frente a los casos de contagio y la situación edilicia precaria de estos centros.
En los tres institutos de menores bajo la órbita de la Dirección General Penal Juvenil (DGRPJ) se registraron en las últimas dos semanas varios casos de COVID- 19. También en el Centro de Admisión y Derivación (CAD). Como es sabido, hay varios casos sospechosos dentro de ellos, por ejemplo, el de una trabajadora de las Residencias Socio Educativas (RSE), por lo que los trabajadores de esta institución han manifestado preocupación por la falta de comunicación oficial.
Desde ATE informan que se vienen reclamando medidas preventivas, pero que solamente han entregado alcohol en gel. El CDDNyA manifestó a sus trabajadores que el uso de barbijo es “optativo y no obligatorio”, no cumpliendo así las normativas de los Ministerios de Salud nacional y jurisdiccional. También desde la Junta Interna de ATE han pedido que se realice un hisopado a todos los trabajadores para generar tranquilidad, pero esto ha sido negado por parte de la patronal.
La Delegada General de ATE y Miembra del Consejo Directivo de ATE Capital, Romina Piccirilo, declaró que solicitaros “barbijos, máscaras y ropa de trabajo”, pero lo o único que recibieron “fue alcohol en gel y lavandina”. También informó que en esta semana se estará presentado una medida cautelar desde la asociación gremial frente a la falta de previsión, la negatoria a entregar material de prevención y que se han negado a hacer testeos tanto a los jóvenes como a los trabajadores y trabajadoras que han tenido contacto con los casos positivos.
Por otra parte, los trabajadores de los dispositivos denuncian el estado de abandono en el que se encuentran los edificios, poniendo de ejemplo el caso del CSRC Manuel Belgrano, que hace 2 años que en su edificio principal, donde se encuentran los sectores convivenciales en lo que se alojan a los jóvenes, están sin gas y por tanto, sin calefacción. Incluso los baños que utilizan los trabajadores se encuentran en malas condiciones, al igual que el baño del sector convivencial denominado “autonomía”, puesto que se han visto roedores circulando en el edificio.
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