La Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas

La Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso de lenguaje inclusivo en las escuelas

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Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, como la Ministra Acuña, explicaron que es una medida más en base a los “bajos rendimientos” en la asignatura de lengua.

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, prohibió a través de una resolución que regirá desde este viernes, el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones educativas públicas y privadas.

De acuerdo a la circular 4/2022 dictada por el Ministerio de Educación porteño, la sanción aplica para el uso de las variantes e, x y @ tanto en documentos oficiales como en la enseñanza de contenidos curriculares.

Tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, como la Ministra Acuña, explicaron que se trata de una medida más en base a los “bajos rendimientos” en la asignatura de lengua, y que “hay que respetar el idioma español como tal”.

“Es fundamental que los chicos puedan ser libres, que puedan leer, escribir y comprender lo que dicen. Teniendo dominio de la lengua, ellos pueden elegir comunicarse. Esta norma lo que busca es ordenar la enseñanza en las aulas, regula el ejercicio de la tarea docente frente al aula con los estudiantes”, explicó la Ministra.

“No dice cómo tienen que hablar los chicos entre ellos ni cómo deben hablar los adultos. Esto regula la actividad docente en el ejercicio de su rol frente al aula y en las comunicaciones institucionales”, añadió Acuña.

La medida que aplica para los tres niveles de enseñanza (inicial, primario y secundario) busca regularizar la enseñanza ya que desde el Ministerio se vincula directamente el uso de este lenguaje con la baja de las calificaciones de los alumnos en la asignatura pertinente.

“Establézcase que en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, explica el documento oficial.

Además, según lo explicado por la cartera de Educación, se está trabajando en una “guía” que explique a les docentes cómo enseñar con inclusividad sin referirse a los términos recientemente prohibidos. En el mismo se preparan recomendaciones como referirse a “las” y “los”, o “las familias” en lugar de “los padres”.

Por su parte, el jefe de Gobierno detalló que “para promover la lectura y la escritura debemos enseñar el idioma como se debe, después cada uno verá cómo quiere expresarse, pero en la escuela se debe respetar el idioma español, para que los chicos puedan encontrar oportunidades, tener herramientas y explotar su potencial”. “Es una medida que ya se tomó en Uruguay, Francia y en otros países”, puntualizó Larreta.

CABA ejecutó solo el 10% de presupuesto en infraestructura escolar

CABA ejecutó solo el 10% de presupuesto en infraestructura escolar

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Los datos se desprenden de cifras oficiales sobre ejecución presupuestaria del primer trimestre del 2022. También señalan que se ejecutó apenas el 9% en mantenimiento. En cuanto a los servicios sociales, ningún rubro alcanzó el 25% de ejecución que debería tener a esta altura del año.

La cifra total en Infraestructura Escolar prevista en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), supera los $3.225 millones de pesos, de los cuales en los primeros tres meses del año apenas ejecutó $329 millones. La cifra representa apenas el 10,2% del monto total del sector y la situación empeora si se observan ítems como el de Mantenimiento Escolar, que de $5.541 millones de pesos previstos sólo ejecutó $507 millones, el 9,1%.

El informe que realizó el diputado porteño del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña, resalta varios ejemplos de la falta de mantenimiento escolar, el desmoronamiento y la necesidad de emprender nuevas obras en edificios educativos en todo el distrito porteño, y afirma que en el ciclo lectivo 2022 la gestión de Horacio Rodríguez Larreta invirtió un bajo porcentaje en dos áreas sensibles (Infraestructura y Mantenimiento) en la cartera educativa que dirige Soledad Acuña. De mantener este ritmo de ejecución presupuestaria en ambos sectores, se proyecta que en Infraestructura solo se habrá ejecutado el 40,8%, y el 36% en mantenimiento escolar.

Barroetaveña consideró la falta de ejecución como una “lentísima asignación de recursos, ausencia de obras de envergadura y una política lejana a las necesidades de las y los vecinos de la ciudad”. También calificó a la gestión de Rodríguez Larreta como “ineficiente a pesar de los enormes recursos que posee”, ya que cuenta “con un presupuesto récord de $968 mil millones comparable al de ciudades europeas y superior al de las capitales latinoamericanas, la Ciudad de Buenos Aires goza de una situación económica que a priori podría permitirle proyectar obras de jerarquía o tener un menor nivel de deuda (U$S 2.196 millones)”.

El informe contempla la ejecución de la ciudad en el primer trimestre del año y sostiene que en otros sectores ocurre prácticamente lo mismo. En cuanto a servicios sociales, se observa que ningún rubro alcanzó el 25% ejecutado que debería tener a esta altura del año y que solo el rubro salud apenas superó el 20%. También detalla que el resto de los ítems tienen resultados que van en la tónica de lo anterior: “Se destaca el paupérrimo gasto en agua potable y alcantarillado (9%), vivienda y urbanismo (11,6%), promoción y acción social (13,8%), y los servicios urbanos (14,3%)”.

Asimismo, destaca que Rodríguez Larreta en reiteradas oportunidades declaró que con el presupuesto que tiene no es posible proyectar grandes obras de infraestructura, pero sin embargo, no ejecuta lo que tiene disponible: “El gasto corriente en tanto, se encuentra 10 puntos por encima del correspondiente al de capital, sigue siendo poco satisfactorio si se considera que son erogaciones que corresponden al funcionamiento diario del Estado”.

Sin dudas la situación edilicia de las escuelas porteñas es crítica y la falta de ejecución presupuestaria áreas como mantenimiento o infraestructura escolar, es notable. Los números no mienten y los hechos tampoco. Uno de los casos de abandono que se hizo visible recientemente fue el de la Escuela N°8 D.E. 10 del barrio de Belgrano, que la semana pasada sufrió un importante desmoronamiento de una pared que da al patio. El hecho ocurrió minutos antes del inicio de la jornada escolar, por lo que de casualidad no ocurrió una tragedia.

Pese a que el gobierno porteño podría argumentar que la baja inversión presupuestaria en el primer trimestre del año es consecuencia de una baja recaudación, el informe resalta que “el Gobierno de la Ciudad informó que se recaudó el 24,4% de lo proyectado para este año“, en gran medida por el “impulso que otorga el polémico impuesto a los sellos de las tarjetas de crédito como así también el impuesto inmobiliario donde la ciudad mantiene una valuación de las viviendas en un monto mayor al que sucede en nación“, que está indexado a la inflación.

Protestas contra el gobierno porteño por recortes en educación especial

Protestas contra el gobierno porteño por recortes en educación especial

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Mediante un evento cultural que incluyó artistas en vivo y distintos talleres, familiares y docentes reclamaron en la tarde del domingo.

Docentes y familiares de alumnes de Escuelas Especiales de Formación Integral de la ciudad de Buenos Aires (CABA), organizaron este domingo un festival contra el recorte presupuestario de propuestas educativas.

El encuentro realizado en el barrio de Parque Patricios tuvo como objetivo visibilizar el reclamo de miles de familias que son afectadas por el desfinanciamiento escalonado de la educación especial desde 2021 por parte del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta“, según declaró Eliana Villar, madre un alumno de la Escuela Nº 18.

El recorte afecta principalmente a alumnes mayores de 22 años en las tarifas de transporte y en el acceso a los comedores y talleres, abarcando la cantidad de 13 instituciones dedicadas a la educación especial y unas mil familias porteñas.

Desde que se implementó la medida, muchos chicos no tienen comedor y tienen que llevar sus propias viandas, y además se les recortó el transporte“, explicó Miryam, hermana de una alumna de 29 años.

El festival tuvo una amplia carga cultural y contó con la partición de artistas como La Huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo Quesillo y Miel, y Romina Oviedo. Además, se desarrollaron talleres de huerta, malabares, maquillaje y de estampas.

Los reclamos por ajustes en educación y otros campos son moneda corriente en la ciudad de CABA, sobre todo en el ministerio dirigido por Soledad Acuña, quien semanas atrás fue multada por no cumplir con la aplicación del subsidio al transporte público para estudiantes con capacidades especiales.

Cabe recordar que en declaraciones públicas, de cara a las presidenciales del 2023, el jefe porteño afirmó que seguirá su política de ajustes y que de llegar a la presidencia, pretende realizar una reforma laboral donde “no sea tan difícil y caro contratar una persona”.

Además, expresó que la empresa YPF debería funcionar de manera privada y que, a día de hoy el empleo privado no crece, mintiendo respecto de los datos que publicó el INDEC el mes pasado. Según el organismo el empleo privado sigue creciendo de manera sostenida y los niveles actuales se asemejan a lo de la pre-pandemia.

Multan a Soledad Acuña por no restablecer el transporte a estudiantes con discapacidad

Multan a Soledad Acuña por no restablecer el transporte a estudiantes con discapacidad

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Se le descontaran 15 mil pesos diarios de su salario tras cumplirse el tiempo estipulado por el fallo judicial y mantenerse en rebeldía.

La Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, fue notificada este lunes de la finalización del tiempo establecido por un fallo judicial que la comprometía a devolver a los estudiantes con discapacidad el transporte escolar. De esta manera la ministra porteña deberá pagar una multa de 15 mil pesos diarios hasta que cumpla con lo indicado.

La orden judicial tuvo un plazo de diez días hábiles que fue ignorada por Acuña, motivo por el cual el Juzgado N° 1 de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario procedió a efectivizar dicha multa.

Los micros escolares son indispensables para que niñez con discapacidad puedan asistir a otras instancias pedagógicas dentro del sistema educativo. Se llaman “micros escolares intermedios” y recrean un recorrido para llevar y traer a les alumnes a distintos espacios de inclusión educativa.

La denuncia fue presentada meses atrás por la Asesoría Tutelar N° 1 a través de un documento el que se insta a la demandada a “asegurar la provisión del servicio de transporte ya que el mismo era brindado por la Administración y ha sido interrumpido de modo irrazonable e intempestivo, accionar que califica como una omisión ilegítima”. Además ordena a la Ciudad de Buenos Aires de “cesar en dicha omisión y restablecer en forma inmediata, permanente e ininterrumpida el servicio de transporte escolar”.

Las escuelas afectadas, que quedaron sin los micros escolares, son la N° 33 Santa Cecilia; el CENTES Nº 01 D.E. 05 del Barracas, ubicado en Dr. Ramón Carrillo 317; y la Escuela De Educación Especial EEE Nº 17 D.E. 09 “Arminda Aberastury”, del barrio porteño de Palermo.

“Marcha contra la pobreza” llega a CABA

“Marcha contra la pobreza” llega a CABA

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Tras las concentraciones en Córdoba y Rosario, la denominada Marcha Federal contra la Pobreza llegará esta tarde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Unidad Piquetera (UP) encabezará este jueves desde las 15 horas la “Marcha federal contra la pobreza” en Plaza de Mayo. La misma contará con un acto para exigir trabajo y mejoras de salarios.

La Unidad Piquetera está compuesta por espacios como Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar,  CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia, la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otros.

Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero explicó que “la consigna que concentra los reclamos de la marcha federal es ‘por trabajo y por salario, contra el hambre y la pobreza’. No son solo los reclamos de las organizaciones piqueteras y sociales, sino de lo que es la clase obrera en su conjunto. Tienen que ver no solo con los desocupados, sino con la clase obrera y la precarización laboral. El problema del salario afecta además a la economía y el consumo y después está la situación social gravísima con la inflación y con los programas sociales muy por debajo de la canasta mínima elemental”.

Consultado por la recuperación del empleo que destaca el ministro de Economía Martín Guzmán, expresó: “Efectivamente no lo vemos en los barrios, pero más allá de esto todos los economías dicen que lo que hubo fue un rebote, el cual ya se paró y volvemos a entrar en recesión. Lo que citamos son datos que también maneja el INDEC, que hoy dará las cifras de pobreza e inflación, que en el primer cuatrimestre acumuló casi el 32% en alimentos. Entonces, hablamos de una economía trabada donde va caer inevitablemente el consumo”.

Las concentraciones que llegarán este jueves a CABA partieron desde distintos puntos del país: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Río Negro; para confluir en la mítica Plaza de Mayo.

Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y CABA, y definirá la Corte Suprema

Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y CABA, y definirá la Corte Suprema

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Venció el segundo plazo impuesto por la Corte y ahora será el máximo tribunal el que resolverá el reclamo de Rodríguez Larreta por el traspaso de la policía.. La corte no tiene plazos para emitir el fallo.

Finalmente no hubo acuerdo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña. La Corte Suprema deberá decidir sobre los planteos que realizó la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La demanda, de septiembre de 2020, fue por la decisión de Alberto Fernández de reducir del 3,5% al 2,3% los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad. Mauricio Macri había triplicado el monto en 2016 mediante un decreto bajo el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal.

El ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras el desenlace señaló: “Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios“. A su vez, antes de conocerse el dictamen, se hizo pública la carta firmada por 17 gobernadores donde plantean que la CABA “pretende fondos que no le corresponden“, que las provincias son discriminadas, que les preocupa la “injerencia indebida de la Corte Suprema” en este tema y donde reclamaron ser admitidos como “amicus curiae” (amigos del tribunal).

Cabe destacar que en marzo los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que se pongan de acuerdo en una salida, pero al parecer la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. En este sentido, De Pedro advirtió que “durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas“.

El ministro también destacó que el cinco de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que destaca que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones. La secretaria de provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, remarcó que “los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones“.

Batakis también recordó que Macri fue el que por primera vez en la historia modificó por decreto el criterio de la coparticipación, y sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Además destacó que “todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra“. 

El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, respondió que no pueden “renunciar a los recursos que son necesarios para la seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires“. En tal sentido, remarcó que “el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos“. Miguel fue uno de los representantes de la ciudad en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda, Martín Mura, mientras que por el Gobierno Nacional, participaron Batakis y algunos técnicos.

El Gobierno Nacional, demostró que CABA no incluye en sus cálculos que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez transferida la fuerza y que se adeudan devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del Tesoro también demostraron que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, el Registro Civil.

Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas en las que se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema esta vez. Cabe destacar que la Ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y que el tribunal en otra ocasión (cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia) le dio la razón.

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

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La Justicia suspendió el uso del sistema luego de que el Ministerio de Seguridad porteño accediera a los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados están Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces y otros.

La Justicia porteña suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial luego de que el Ministerio de Seguridad porteño utilizara ilegalmente los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados por el espionaje están el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores.

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue permitido por una resolución, que aprobada en la Legislatura porteña, con el objetivo de ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nació para acceder a una base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) que supuestamente no superaba las 50 mil personas. 

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además detectó que la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y realizó una búsqueda infinitamente superior (casi 10 millones) al de las personas requeridas por los tribunales. El organismo dependiente del Ministerio del Interior informó al juzgado que la Ciudad entre abril de 2019 y marzo de 2022, realizó un total de 9.900.282 extracciones de información de sus bases de dato.

Gallardo argumentó que “no resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”.

Cabe destacar que el espionaje no solo fue a opositores del gobierno de Cambiemos sino que también se buscó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (uno de los seleccionados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras) a Juan Grabois o a la diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman.

Asimismo entre los espiados están miembros del poder judicial como Gabriela Boquin, fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino; a la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo. Tampoco estuvo exenta la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, rival del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio.

Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, detalló que “la Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados“. Además resaltó que el hecho confirma “que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información“.

Asimismo, el juez Gallardo ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. Por el momento, el mecanismo que se describió sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan compleja que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.

Manzur y De Pedro se reúnen con gobernadores por el envío de fondos a CABA

Manzur y De Pedro se reúnen con gobernadores por el envío de fondos a CABA

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La reunión, que se desarrollará en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, fue solicitada por los mandatarios provinciales con el fin de discutir la situación por la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno convocó para este miércoles, en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño. 

La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro y estarán presentes los gobernadores. Hasta el momento, confirmaron su presencia Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Del encuentro, además, participarán el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. En el caso de algunas provincias cuyos gobernadores no podrán decir presente, asistirán funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no asistirán a la convocatoria solicitada por sus pares.

El Gobierno de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de llegar a un acuerdo sobre los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para una negociación política entre ambas partes. En caso de no haber arreglo, dictará una medida cautelar. En la Casa Rosada hay preocupación de que se ratifique “semejante arbitrariedad” porque “es un número que va a impactar presupuesto 2022”, dijeron fuentes oficiales.

Asimismo sostienen que el planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto anticonstitucional y lo que se discute es “una mediación sobre montos”. En ese sentido, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, “dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”, que podría alcanzar más de 130 mil millones de pesos este año, algo que afecta de manera directa el presupuesto nacional.

Desde la Casa Rosada mantienen que “esos $130 mil millones de pesos van a la Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación” ya que “no es un fallo menor” y en caso de ser desfavorable, causará un “desbalance en el sistema presupuestario y político”.

La reunión fue pedida por los gobernadores en tanto las provincias “son parte del tema, por tratarse de una discusión del sistema federal”, señalaron, y destacaron que “ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras” en todo el país.

Enfermeras y enfermeros de CABA anunciaron paro de 24hs

Enfermeras y enfermeros de CABA anunciaron paro de 24hs

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Enfermeros y enfermeras que prestan servicios en el sistema de salud pública de la ciudad anunciaron movilizaciones y cese de actividades en reclamo por mejores condiciones salariales y la profesionalización del sector. 

Personal de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agremiades a la Asociación  de Licenciados de Enfermería (ALE), en conjunto con la Federación de Profesionales, anunciaron un paro de 24 horas para el próximo martes 22 de marzo producto de los bajos salarios que perciben.

Les trabajadores de la salud también exigen al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que se reconozca a la enfermería como profesionales de la salud, ya que actualmente son considerados personal administrativo.

Las protestan se dan en el marco de la tensa relación que mantienen desde el sector con el Jefe de Gobierno porteño y la sucesión de despidos que se registraron. Además denunciaron que el único objetivo de Larreta es achicar el presupuesto destinado a la Salud Pública.

En ese sentido, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y miembro de ALE, sostuvo que “el equipo de salud en los hospitales de la ciudad más rica del país cobra salarios de miseria. Y en la enfermería en particular es aberrante la situación: 70 mil pesos de promedio, sumas en negro y aguinaldos de 20 mil, y encima discriminadas de la Carrera Profesional“.

Por su parte, el gobierno de la ciudad ofreció un aumento en cuotas hasta fin de año que se encuentra 20 puntos por debajo de la inflación interanual, actualmente en 52,3%. Al respecto Ramirez señaló que “la canasta de pobreza llega a los 84 mil pesos y la canasta familiar supera los 140 mil“.

Las protestas en salud condensan distintos reclamos ya que además de las exigencias salariales demandan que se reconozca a los y las enfermeras que trabajaron incansablemente durante la pandemia. Entre sus exigencias -además del aumento de los salarios y el pase a planta- se encuentran la inclusión de Enfermería en la Ley 6.035 de Profesionales de la Salud, iniciativa para la que juntaron firmas y que motivó la solicitud de una audiencia urgente al Jefe de gobierno de CABA para tratarla.

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