La Justicia suspendió el uso del sistema luego de que el Ministerio de Seguridad porteño accediera a los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados están Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces y otros.
La Justicia porteña suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial luego de que el Ministerio de Seguridad porteño utilizara ilegalmente los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados por el espionaje están el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores.
El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue permitido por una resolución, que aprobada en la Legislatura porteña, con el objetivo de ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nació para acceder a una base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) que supuestamente no superaba las 50 mil personas.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además detectó que la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y realizó una búsqueda infinitamente superior (casi 10 millones) al de las personas requeridas por los tribunales. El organismo dependiente del Ministerio del Interior informó al juzgado que la Ciudad entre abril de 2019 y marzo de 2022, realizó un total de 9.900.282 extracciones de información de sus bases de dato.
Gallardo argumentó que “no resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”.
Cabe destacar que el espionaje no solo fue a opositores del gobierno de Cambiemos sino que también se buscó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (uno de los seleccionados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras) a Juan Grabois o a la diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman.
Asimismo entre los espiados están miembros del poder judicial como Gabriela Boquin, fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino; a la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo. Tampoco estuvo exenta la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, rival del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio.
Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, detalló que “la Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados“. Además resaltó que el hecho confirma “que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información“.
Asimismo, el juez Gallardo ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. Por el momento, el mecanismo que se describió sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan compleja que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.
