La Corte le dio 30 días a Larreta y De Pedro para llegar a un acuerdo por la coparticipación

La Corte le dio 30 días a Larreta y De Pedro para llegar a un acuerdo por la coparticipación

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De Pedro y Larreta no llegaron a un acuerdo por el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA por el traspado de la policía. Se pasó a cuarto intermedio por 30 días. La Corte ordenó la construcción de una mesa de trabajo para acercar posiciones.

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaron las delegaciones en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del reclamo del Gobierno porteño por el recorte a los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de acuerdo obligó a realizar un cuarto intermedio de 30 días en los cuales el máximo tribunal ordenó a la conformación de una una mesa de trabajo para acercar posiciones. Cabe recordar que el conflicto se origina por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir los fondos que recibe la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.

La decisión determina que la Ciudad recibirá una cifra anual específica por considerar excesivo el momento otorgado por el expresidente Mauricio Macri cuando realizó el traspaso.

La ley que votada por el Congreso de la Nación hace dos años dispone que se realicen reuniones entre Nación y Ciudad para acordar la cifra a transferir, algo nunca se pudo concretar debido a los relamos y negativas de la administración de Larreta.

En declaraciones a la prensa De Pedro sostuvo que participó para reafirmar la postura del Gobierno nacional. “Hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires“, destacó.

Además del Jefe de Gobierno, por la Ciudad participaron el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el Procurador General, Gabriel Astarloa. Junto a De Pedro estuvieron la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez y dos abogados.

Denuncia por irregularidades en la concesión bajo viaducto del Mitre

Denuncia por irregularidades en la concesión bajo viaducto del Mitre

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Cinco asociaciones del barrio Belgrano presentaron una denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la concesión que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La catalogan como “fraude”. 

Luego del análisis de más de mil documentos que hizo el grupo de organizaciones vecinales se llegó a la conclusión que debería darse de baja la adjudicación por 30 años. La misma es por el usufructo del equivalente a cinco manzanas ubicadas en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. 

La concesión se realizó en 2019 después de que Macri le cediera tierras fiscales del Estado nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación fue instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en ese momento presidía Ramón Lanús.

La SIGEN deberá investigar el caso que apunta contra el destino de 53.728 m2 que se adjudicaron para su provecho al empresario surcoreano Sang Hak Choe, registrado como trabajador autónomo en la AFIP. 

Enrique Banfia líder de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, una de las cinco personas que acudió a la SIGEN, declaró a Pagina12 que “esto es más grave que la venta de La Rural y la diferencia es que la podemos parar. Hubo falsificación de planos, la oferta ganadora debió ser rechazada porque no presentó el último balance, es un dibujo lo que hicieron”.

Las organizaciones Vecinos del Bajo Belgrano, Patrimonio de Belgrano, la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y el Centro de Comerciantes de Belgrano, más otras dos de Palermo y Núñez, esperan que se dicte la anulabilidad del contrato firmado con la UTE Vía-Viva que formó Sang Hak Choe junto a Horacio Sbrolla, ex ejecutivo de Arcos Dorados-Mc Donalds, la constructora y el estudio de Arquitectura InArch.

El argumento técnico-jurídico para que se revoque la adjudicación es que “el concesionario aceptó la cláusula que permite la rescisión unilateral por parte de la Agencia en cualquier momento, sin condiciones otras que una resolución fundada en términos de conveniencia”. 

El grupo de organizaciones barriales sostiene que “se deberían iniciar acciones legales por defraudación, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, falsificación de documentos y otras figuras contempladas en el Código Penal”.

La obra del viaducto en las vías del Mitre (Ramal Tigre) tuvo el apoyo general de los vecinos porque eliminaría barreras de los pasos a nivel que saturaba el tránsito en el barrio. Pero según indica el documento terminó siendo uno de los más escandalosos negociados de la historia de la Ciudad, afectando tierras nacionales y al erario público.

Gremios docentes rechazan la propuesta de Larreta para cambiar la carrera de formación

Gremios docentes rechazan la propuesta de Larreta para cambiar la carrera de formación

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Gremios docentes rechazaron el proyecto del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que modificaría la carrera de formación docente. Denunciaron que en los últimos años su gestión desfinanció la educación pública y que pretende eliminar el Estatuto Docente. 

Parte de los anuncios planteados por Larreta en el inicio del período de sesiones en la Legislatura porteña contemplaron la propuesta para hacer cambios al Estatuto Docente argumentando que buscan “actualizar y a jerarquizar la formación y los contenidos” porque para formar a los estudiantes del futuro, se necesitan docentes del futuro.

Desde el Ministerio de Educación porteño se señaló que la propuesta llegará a la legislatura porteña e impulsa “una nueva carrera docente con incentivos salariales de hasta 20 por ciento para quienes más se formen”.

El Secretario General de la CTA de la Ciudad, Secretario Gremial de CTERA y Secretario General Adjunto de UTE, Eduardo López, rechazó el anuncio y consideró que la “intención es eliminar definitivamente” el Estatuto Docente como fue concebido y lamentó que se hable del futuro del sector cuando en la ciudad “hace 14 años que se desfinancia el presente“.

Por su parte Mariana Scayola, Secretaria General de Ademys, mencionó que “ya no es el Estatuto el que rige el acceso a los cargos y a la carrera docente sino la discrecionalidad del gobierno porteño; y eso piensan dejarlo de alguna manera establecido con esta reforma“.

El anuncio de Larreta choca con los datos de la realidad en materia educativa ya que un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indicó en 2020 que “la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el Gobierno de la Ciudad. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”.

Entre pandemias y bicicletas, flexibilizando está Larreta

Entre pandemias y bicicletas, flexibilizando está Larreta

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El 16 de julio se votó en la legislatura una ley que afecta a cerca de 18 mil trabajadores y trabajadoras del reparto, que laburan un promedio de 12 horas diarias para poder acceder a un sueldo de 25 mil pesos. La moto o bici repartición es una actividad que se volvió más que esencial en el contexto pandémico, ya que les permite a miles de vecinos de la ciudad acceder a servicios y bienes de primera necesidad para no tener que salir de sus casas.

Según Rubén Seijo[1], la ley significa darle un marco jurídico a los trabajos de reparto mediante aplicaciones digitales; establece que se debe crear un registro que inscriba a empresas y trabajadores, previo al cual ambos deben tramitar una habilitación, y que las empresas se hagan cargo del pago del seguro de trabajo, equipamiento de seguridad y de salud laboral (elementos específicos de higiene) mientras dure la pandemia; pero no establece que los trabajadores tengan una relación laboral alguna, sino que quedan en la categoría de independientes.

Esto que explica Seijo es una clara violación al articulo 14 bis de nuestra Constitución. El caso es que ya había una normativa que reconoció la relación laboral entre las aplicaciones y los/as trabajadores; como da cuenta el dirigente gremial Maximiliano Arranz (secretario adjunto de Asimm[2] que nuclea a los y las moto y bici repartidores):“La ley anterior reconocía plenamente la relación de dependencia de los trabajadores mensajeros y repartidores, y ahora la Ciudad se lava las manos para permitir que las apps sigan funcionando en base al fraude laboral, el cual cada trabajador estará obligado a demostrar en la justicia si quiere hacer respetar sus derechos”.

No solo desde Asimm han salido a advertir este tema; Daniel Catalano (Secretario General de ATE capital) hablo sobre la preocupación que le genero al movimiento obrero la aprobación de la modificación a la Ley 5526/16: El ‘fuego amigo’ lo vimos en la abstención del bloque del FdT respecto los trabajadores de Rappi, dijo haciendo alusión a que el bloque del Frente de Todos debió haber repudiado y votado en contra de la modificación de la ley.

La preocupación de Catalano o de Angelica Graciano (secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación) viene también por que desde el ejecutivo de la Ciudad se congelaron las paritarias, frenando incluso aumentos salariales ya pautados. Se le suma también la precariedad en las condiciones laborales (especialmente la falta de elementos de bio-seguridad para los y las esenciales) que sufren los y las estatales y las faltas de políticas publicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

Las y los trabajadores públicos de la ciudad cobran un promedio de 30 mil pesos de bolsillo, que los deja muy por debajo de la canasta básica que establece que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesitó más de 100.000 pesos para pagar los gastos básicos del mes, de acuerdo con el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC).

Las medidas económicas llevadas adelante en las ultimas semanas por Horacio Rodriguez Larreta y su gabinete, recuerdan a los 4 años de gobiernos de Mauricio Macri, donde los lineamiento eran la flexibilización laboral, el ajuste salarial y los beneficios impositivos a las empresas extranjeras en vez de las Pymes; contraponiéndose, por ejemplo, al recientemente extendido decreto contra los despidos firmado por Alberto Fernandez, y el IFE y las ATP, lanzados por el ejecutivo nacional para poder afrontar la frágil situación que va dejando la pandemia.


[1] Rubén Ernesto Seijo es licenciado, profesor e investigador de la UBA y la UNQ y director de la carrera de Gestión de RRHH y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes.
[2] Asimm Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios

Adrian Berrozpe
Adrian Berrozpe

Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de @RevTrinchera

Breve resumen de la vertiginosa política nacional

Breve resumen de la vertiginosa política nacional

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Por Nicolás De La Iglesia*

En la conocida y profundamente confusa serie japonesa Evangelion, les habitantes de una sociedad distópica, se ven obligades a recluirse, debido a constantes ataques de extraños seres llamados “Ángeles”. Para poder defenderse, un científico y su equipo, crean enormes bio-robots (EVAs o Evangelion) que son piloteados por niñes. En Argentina, lejos de ser un niñe, el piloto del Evangelion es @alferdez y el robot que le tocó manejar, no es de alta tecnología. Sería en comparación algo más parecido a un Renault 12, que otra cosa.

Leandro Santoro, en una entrevista en el programa de Viviana Canosa -que sale al aire por canal América- explicó: “el aparato del estado está desguazado, el estado no tiene capacidad para intervenir en la realidad, cómo consecuencia no solamente de Macri sino de una suerte de neoliberalismo estructural que arrastra la Argentina de la dictadura militar para acá”. ¿Cómo generar entonces un estado bajo una lógica redistributiva e intervencionista, si el último service del renolito fue, con suerte, hace cuatro años? Este es el principal problema del gobierno nacional, cómo lograr que el estado tenga la solvencia necesaria para poder incidir en la realidad.

¿Qué pasa con les humildes?

Esta semana, el foco de la agenda mediática estuvo en la crítica situación que se vive en las villas de Capital Federal. La muerte de Ramona Medina, referente de la Poderosa en la villa 31, fue el catalizador para que se hable en los medios, de una vez por todas, sobre cómo están atravesando la cuarentena en estos barrios. Para muches, no fue noticia escuchar que viven hacinades, por lo que el aislamiento es poco más que una utopía; o que ni siquiera tienen agua y que Ramona se murió reclamándole a Larreta y denunciando la falta de respuestas.  

Ante está situación, la respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue prácticamente nula, cosa que no sorprende, si se observa de cerca la gestión del PRO en la ciudad más rica del país (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene un PBI equiparable al de países como Bélgica). ¿En qué se basa la gestión? En romper y arreglar veredas; en hacer carriles exclusivos para colectivos o en poner plantitas (a veces de plástico) en canteros. Mientras tanto, las villas siguen sin ser urbanizadas; hay miles de pibes y pibas que se quedan sin cupo en las escuelas (que dicho sea de paso, muchas se caen a pedazos); los hospitales están en pésimas condiciones y tantas otras cuestiones. ¡Ojo! Esto no es un problema de gestión: eso el gobierno de la ciudad lo hace y bien, sólo que para negociados inmobiliarios o para favorecer a algún empresario amigo con la compra de insumos con sobreprecios.

A raíz de la muerte de la militante de la Poderosa, @alferdez se reunió en dos ocasiones con el referente de ese espacio, Nacho Levy, en dónde escuchó de primera mano cómo están viviendo esta crisis en los barrios. Desde el entorno del presidente, precisaron que las versiones que recibían del Gobierno de la ciudad eran distintas. Ya en la segunda reunión, se pudo ver a altos funcionarios junto a dirigentes de distintos movimientos sociales. La intención del gobierno nacional es poder articular con estas organizaciones populares para poder controlar con mayor eficacia la crítica situación en los barrios. En esa misma línea, se está desarrollando un proyecto que posibilite la habilitación de predios estatales para que les vecines de las villas puedan aislarse en mejores condiciones que las que ofrece actualmente el Gobierno de la ciudad (1).

Intentando poner en marcha el motor

La semana pasada y con miras a encontrarle la vuelta a la reactivación económica, @alferdez junto con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunciaron un plan de viviendas. El mismo tiene varios ejes como la ampliación, refacción y construcción de viviendas en barrios vulnerables ¿Qué implica la puesta en marcha de este proyecto?  5.500 casas nuevas, 43 mil unidades para refacción, 200 mil microcréditos y 4000 subsidios para la compra de materiales para la construcción. La inversión del Estado tendría como objetivo la creación de 750 mil puestos de trabajo (2).

Asimismo, esta semana se anuncio que con los 21 millones de dólares que habían quedado pendientes del préstamo con el FMI, se compraron alrededor de 70 mil computadoras para pibas y pibes de todo el país. Medida tomada con miras a acortar las desigualdades en el acceso a la educación de las clases populares y poder sostener la continuidad pedagógica en los tiempos que corren. Además, el Ministerio de Educación logró un acuerdo entre empresas de tecnología y representantes de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) para poner en marcha la fabricación de material tecnológico (3).

La intención del gobierno nacional es clara y apunta a la profundización de medidas que impliquen una redistribución de recursos, hacia clases sociales que vienen de cuatro años de abandono. El principal escollo, es cómo poder sostener e ir más allá en políticas de inclusión.

Independientemente del impuesto a las grandes riquezas, desde el ejecutivo nacional apuntan controlar, a través de la AFIP, dirigida por Mercedes Marcó del Pont (4), la fuga de divisas y la búsqueda de estrategias para poder gravar a las fortunas que se encuentra en paraísos fiscales, o bien en cuentas en el extranjero. En esta línea, la diputada Fernanda Vallejos, trajo revuelo en el establishment nacional, al sugerir a través de un tweet, que el Estado nacional debería tomar participación accionaria en aquellas empresas que asista económicamente durante la pandemia. Lejos de ser una locura, en los principales países capitalistas, como Alemania e Italia, se están tomando medidas similares (5).

El Green New Deal es imperativo

Si bien es vital que el Gobierno busque negociar y formar consensos con los empresarios y especuladores nacionales, no se debe dejar de lado la cuestión ambiental, una de las grandes deudas desde la vuelta de la democracia. De hecho, mientras estas líneas son escritas se continúan realizando desmontes en los bosques en el norte del país. Solo entre el 15 y el 31 de marzo se desmontaron 2.172 hectáreas, o sea 128 hectáreas por día. Este ecocidio implica la pérdida de biodiversidad irrecuperable,  el desplazamiento y la caza de poblaciones originarias (6).

Fuente: Greenpeace

El Gobierno nacional, debería tomar decisiones con miras a comenzar una transición hacia modelos sustentables de desarrollo. No solo porque las problemáticas ambientales van a ir en aumento, sino porque les perjudicades en las catástrofes son siempre, primero, las clases populares. Entendiendo este punto de vista, nunca va a existir la justicia social sin justicia ambiental y nunca se va a poder hablar de soberanía en términos reales en tanto y en cuanto el Estado nacional no proteja las fuentes invaluables de biodiversidad.

A medida que pasa el tiempo, la coyuntura nacional se va complejizando y los debates se van ampliando. La oposición se encuentra visiblemente dividida entre quienes entienden que no respetar las condiciones de la cuarentena, implica lisa y llanamente cavar fosas comunes; y quienes alineados con medios hegemónicos, desafían estas medidas, invitando a la población a que cuestione a un Gobierno, que claramente está haciendo todo lo posible para que haya la menor cantidad de muertes. Nunca estuvo tan clara la grieta, por un lado están los humanos y por el otro los Ángeles.  


*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de la sección de Política Nacional de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

Más denuncias al accionar del gobierno de CABA en el Sistema Penal Juvenil

Más denuncias al accionar del gobierno de CABA en el Sistema Penal Juvenil

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Mientras se ha hecho pública la situación de contagios de coronavirus en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado (CSRC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDDNyA), los trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian el incumplimiento de medidas preventivas, el accionar tardío por parte del CDDNyA frente a los casos de contagio y la situación edilicia precaria de estos centros.

En los tres institutos de menores bajo la órbita de la Dirección General Penal Juvenil (DGRPJ) se registraron en las últimas dos semanas varios casos de COVID- 19. También en el Centro de Admisión y Derivación (CAD). Como es sabido,  hay varios casos sospechosos dentro de ellos, por ejemplo, el de una trabajadora de las Residencias Socio Educativas (RSE), por lo que los trabajadores de esta institución han manifestado preocupación por la falta de comunicación oficial.

Desde ATE informan que se vienen reclamando medidas preventivas, pero que solamente han entregado alcohol en gel. El CDDNyA manifestó a sus trabajadores que el uso de barbijo es “optativo y no obligatorio”, no cumpliendo así las normativas de los Ministerios de Salud nacional y jurisdiccional. También desde la Junta Interna de ATE han pedido que se realice un hisopado a todos los trabajadores para generar tranquilidad, pero esto ha sido negado por parte de la patronal.

La Delegada General de ATE y Miembra del Consejo Directivo de ATE Capital, Romina Piccirilo, declaró que solicitaros “barbijos, máscaras y ropa de trabajo”, pero lo o único que recibieron “fue alcohol en gel y lavandina”. También informó que en esta semana se estará presentado una medida cautelar desde la asociación gremial frente a la falta de previsión, la negatoria a entregar material de prevención y que se han negado a hacer testeos tanto a los jóvenes como a  los trabajadores y trabajadoras que han tenido contacto con los casos positivos.

Por otra parte, los trabajadores de los dispositivos denuncian el estado de abandono en el que se encuentran los edificios, poniendo de ejemplo el caso del CSRC Manuel Belgrano, que hace 2 años que en su edificio principal, donde se encuentran los sectores convivenciales en lo que se alojan a los jóvenes, están sin gas y por tanto, sin calefacción.  Incluso los baños que utilizan los trabajadores se encuentran en malas condiciones, al igual que el baño del sector convivencial denominado “autonomía”, puesto que se han visto roedores circulando en el edificio.

La No-Negligencia económica de Larreta

La No-Negligencia económica de Larreta

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Por Adrián Berrozpe*

 NEGLIGENCIA n. f. Error o fallo involuntario causado por esta falta de atención, aplicación o diligencia.

En primer lugar, más allá de que parezca engañoso, esta es una nota que no va a hablar de economía (en el sentido frío y duro de la numérica), sino que va a hablar de las consecuencias de tomar ciertas decisiones económicas que no se pueden entender como negligentes, ya que son tomadas con determinación, atención y diligencia.

Hoy se vuelve un trago amargo enterarse de la muerte de la vecina de la villa 31, Ramona, quien venía denunciando el estado de abandono del barrio a consecuencia de la toma de decisiones que privilegiaban a algunos, mientras a otros (la gran mayoría), los marginaba a la espera de ese supuesto rebalse de la copa económica.

Hay que entender que ni el “Pro” o la alianza “Juntos por el Cambio” puede desentenderse de las consecuencias que han producido la toma de decisiones (o la falta adrede de ellas) después de cuatro mandatos consecutivos en la Ciudad de Buenos Aires.

Aclarando la situación CABA hoy, no solo es el distrito con mayor recaudación, sino que durante el mandato de Mauricio Macri fue bendecida con la condonación de parte de la deuda entre la misma y el estado nacional. También hay que saber que desde que gobierna el macrismo y el larretismo, la deuda de la ciudad se ha cuadruplicado.

Con la aprobación de dos leyes claves en las últimas semanas[i], Rodríguez Larreta ha conseguido poder endeudarse aún más. Pero su mayor deuda personal como mandatario de la Ciudad es con los vecinos de las barriadas más humildes, que luego de más de 12 años de gobierno de un mismo color, no han visto sensiblemente mejoradas sus condiciones de vida. Mientras, ellos siguen aportando raudamente al pago de impuestos -por que hoy a un vecino de 1-11-14 le cobran los mismos impuestos por un kilo de harina que lo que paga Paolo Roca o Cande Tinelli-.

Elizabeth, otra vecina del Barrio Padre Mugica, en una entrevista a Radio Gráfica[ii], denunciaba que claramente el acueducto se había hecho en beneficio de la empresa Flecha Bus (que se encuentra en la terminal de retiro, al lado del barrio) y del local de la cadena Mc Donalds que funciona dentro del barrio, demostrando allí, que las decisiones son de carácter económico-político, beneficiando a quien ellos consideran que deben.

También este viernes último, la junta interna de ATE del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes[iii] ha puesto en evidencia dos casos dados bajo la órbita del consejo, donde como decisión política no se practican las propias recomendaciones de Horacio y Diego Santilli: faltan insumos para la prevención y protocolos sanitarios. No se puede hablar de negligencia, sino de medidas tomadas a conciencia, donde se pone en un riesgo innecesario a trabajadores (esenciales) a quien nadie aplaude, y que puede desembocar en una nueva punta de un ovillo de casos en masa.

Como último ejemplo se da el caso de los geriátricos. De pronto y para asombro del amarillismo gobernante, se da cuenta de la falta de regulación de estos espacios o la falta de escrúpulos de algunos gerenciadores o dueños, que hasta obligan a ungirse de enfermeras o enfermeros a trabajadores que no están preparados (muchas, pero muchísimas veces, bajo a amenazas).

Ahora, si se menciona que una clínica estética, que rompió durante mas de 60 días la cuarentena, funcionó durante años con un batallón de irregularidades, ¿es posible seguir hablando de que es mala suerte frente al fenómeno mundial de la pandemia?

El larretismo, el macrismo, el Pro o Juntos por el Cambio (donde son socios de la UCR) deben dar una explicación contundente, porque en esto ni siquiera se puede hablar de negligencia, sino que se debe entender que hay una política direccionada específicamente a beneficiar a los sectores más acomodados de la sociedad, en detrimento del resto de los vecinos (y estamos hablando del 80% o más).

¿Puede Cambiemos seguir pretendiendo vender que son un proyecto superador, cuando cada decisión que toman en cualquier arena se convierte en una decisión que económica y políticamente aumenta aún más la brecha entre los sectores pudientes y el resto del universo?

Los trabajadores y vecinos de la Ciudad Buenos Aires merecen darse un profundo debate respecto de si el proyecto de Larreta, Santilli y Cia. puede seguir siendo viable para la capital del país, porque sino la muerte (¿asesinato por negligencia? ¿genocidio social?) de Ramona y tantos más van a convertirse en un numero frío, que se ve a la distancia, pero cada día nos roza de más cerca.


* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de Revista Trinchera y Agencia Timón.

Referencias:
[i]https://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/202004/43396-la-deuda-portena-que-dejara-la-pandemia-por-werner-pertot.html
[ii]https://radiografica.org.ar/2020/05/15/el-acueducto-que-era-para-el-barrio-padre-mugica-se-hizo-para-el-mcdonalds-y-flechabus/
[iii]https://www.facebook.com/search/top/?q=ate%20cdnnya%20junta%20interna&epa=SEARCH_BOX 

La desidia Larretista

La desidia Larretista

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Por Adrián Berrozpe*

Una vez más Larreta y los funcionarios del gobierno de la ciudad demuestran su ineptitud frente a situaciones que históricamente se repiten en la ciudad más rica del país.

La actuación del jefe de gobierno sobre el dengue fue nula, solamente salió afirmar que la fumigación de los espacios abiertos no era la solución, como si esperara que de un golpe de suerte llegara un pronto invierno que pudiera aplacar al Aedes aegypti, pero el destino le devuelve en forma de Covid-19 una fuerte cachetada, mientras Horacio continúa sonriendo y diciendo que es un “boludo” (dixit).

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta un Brote de Dengue producto de la situación de abandono y desfinanciamiento del sistema de salud pública por parte del Gobierno de Rodríguez Larreta.

La ciudad no cumplió con el plan de prevención contra el dengue que tendría que haber comenzado en invierno. Es así que se detectó actividad del mosquito en el 71% del territorio producto de la falta de políticas de prevención y el desborde de nuestros Hospitales y Centros de Salud. El propio gobierno, ha declarado en las últimas horas la situación de salud pública como de Riesgo Alto.

El ejemplo más claro de esto es que en el Centro de Atención Transitoria a niños y niñas N° 1 (CAT 1) del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (CDNNyA) perteneciente al gobierno de la Ciudad, hay dos casos de menores (a cargo del Estado) y tres trabajadores diagnosticados con dengue positivo hasta el momento. Cifra que podría ascender en los próximos días (de hecho, se encuentran a la espera de los resultados de laboratorio).

El Consejo de Derechos, a cargo de la Dra. Karina Leguizamón, responsable del CAT 1 (ubicado en Flores), en consonancia con el Gobierno presidido por el Pro (Cambiemos), no llevó a cabo ninguna medida de prevención de Dengue, fiebre Chikungunya y Zika. Las trabajadoras y los trabajadores del Centro venían solicitando desde enero que se realicen las fumigaciones específicas, se desmalecen los terrenos linderos, limpien canaletas y desagües de lluvia de los techos, coloquen mosquiteros y que se cuente con los repelentes necesarios; todas medidas básicas para evitar la cría y la picadura del mosquito. Estas medidas comenzaron a efectivizarse recién en los últimos días, semanas después del primer caso confirmado (el 29 de febrero).

Karina Leguizamon como funcionaria del Estado de CABA ah demostrado lo mismo que ha demostrando su jefe político directo: desidia y ineptitud frente a una situación que históricamente se viene dando en la ciudad y que a estas alturas ya debería encontrarlos preparados, después de más de 12 años como conductores del distrito con mayores ingresos.

Desde de la junta interna de ATE CDNNyA se viene denunciando esta situación, como la que en estos momentos están pasando con el COVID-19. El gobierno de la ciudad no ha establecidos protocolos de actuación, cosa que si ha pasado en distritos con menores posibilidades. Dentro del CDNNyA cualquier contexto adquiere una dimensión aún más complicada ya que se trabaja sobre una población vulnerable, que como siempre queda relegada al capricho Larretista.

A continuación, algunas de las demandas realizadas por los trabajadores y las trabajadoras del CDNNyA:

-Se garantice la atención y monitoreo a les niñes que han sido diagnosticados positivo en Dengue.

-Se provean las condiciones laborales e insumos necesarios para dicha atención y prevención de niñes y trabajadores, en todas las áreas.

-Se establezcan protocolos de actuación, información y formación que lleguen a todes les trabajadores. Acerca de la prevención, actuación y seguimiento de situaciones que atenten contra la salud, tanto de les niñes como trabajadores. En este sentido y con el objeto de evitar se replique el accionar negligente aquí denunciado debemos alertar que las autoridades nacionales ya han alertado sobre la Pandemia de COVID 19 y adoptado medidas de prevención. A la fecha no se ha informado a la institución protocolo al respecto.

-Se declare la emergencia de los dispositivos de atención y la correspondiente asignación de presupuesto en infraestructura y materiales de mejora de las condiciones laborales.

* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de Revista Trinchera y Agencia Timón.
Javier Delfino: “La posición del sindicato nació del conflicto con las aplicaciones para encontrar un marco de regulación”

Javier Delfino: “La posición del sindicato nació del conflicto con las aplicaciones para encontrar un marco de regulación”

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El pasado 2 de agosto, la justicia porteña ordenó la suspensión del funcionamiento de Rappi, Glovo y Pedidos Ya, hasta que regularicen su situación con respecto a sus empleados. La resolución del juez Roberto Gallardo, se basó en un fallo previo que ya había exigido la inscripción de los trabajadores en el registro porteño, además de la obligación del uso de indumentaria adecuada por parte de las y los repartidores. A raíz de esto, conversamos con Javier Delfino, abogado asesor del sindicato APP, para conocer las consecuencias de esta definición.


¿Cuál es la posición del sindicato con respecto a este fallo?

Desde la Asociación de Personal de Plataformas, tenemos una posición crítica frente a la resolución, a la prohibición en sí mismo, sino lo que implica el cumplimiento de la medida de la prohibición que es el impedimento de continuar trabajando por parte de los repartidores, cada uno de los trabajadores de las plataformas. Les traslada en definitiva las consecuencias de la implementación de un modo de trabajo de las plataformas, a los trabajadores de no poder continuar trabajando. Una consecuencia de impedir la circulación en la vía pública de los repartidores y la confiscación de los elementos que transporta, genera la consecuencia inmediata de la pérdida de ingresos.

No hay una obligatoriedad de la medida de continuar abonando los ingresos a cada uno de los trabajadores, que eso hubiera sido un poco más propicio, pero claramente le excede la sentencia al juez Gallardo por una cuestión de competencia. El juez tiene una competencia limitada respecto a la regulación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Bs As y no a la naturaleza de los vínculos laborales.

La posición del sindicato nació del conflicto con las aplicaciones para encontrar un marco de regulación, de respeto a los derechos laborales, de reconocimiento al vínculo laboral y en ese marco el fallo tiene aspectos muy positivos en el que marca aquellos incumplimientos que se vienen denunciando: las medidas de seguridad, de como se viene trabajando, la necesidad de que se adopte la inscripción de como empleados, otorgar una cobertura de salud, de protección de riesgos frente al trabajo, elementos de seguridad para la ejecución de las tareas. Pero luego es una medida un poco drástica en el sentido de establecer una prohibición ante esta situación que los trabajadores soportan.

Si me permiten la analogía para figurarlo, no es más que algún otro empleador que tienen incumplimientos graves en las relaciones de trabajo, como la no registración, pero no con eso se cierra las empresas. No se trata de situaciones de esclavitud, ni donde las libertades de las personas estén en riesgo, sino de cómo se desarrolla la actividad de las plataformas, el cumplimiento a las normativas laborales y de seguridad social, que continúen trabajando pero que adopten las medidas tendientes a regularizar las relaciones de trabajo. Ahí hay un problema en la resolución que genera esa complejidad para quienes defendemos desde sindicatos de trabajo de plataformas.

Desde el sindicato, la prohibición no es lo que busca el sindicato, buscamos que la actividad continúe, se desarrolle y se implemente de acuerdo a las leyes laborales y de seguridad social vigentes.

¿Cómo trabaja el sindicato la cuestión del trabajo, las vacaciones, que se los tome como asalariados? Hasta hoy son autónomos o trabajan en condiciones que no son las correctas…

Con las limitaciones que la propia empresa y la realidad impone. Venimos poniendo en público y denunciando los incumplimientos a la empresa, hemos realizado la primera huelga en Latinoamérica en la actividad, ejerciendo actos de expresión lícitos.

Tuvimos reuniones de varios de los integrantes del sindicato con la empresa, luego atravesamos un proceso de ofensiva de una modificación de la negociación respecto a la empresa. Fue luego de unas negociaciones que sufrimos el despido en Rappi de varios de los miembros de la comisión directiva de APP y estamos en un proceso judicial, lo cual complejiza todo porque se ve truncado el diálogo que se venía teniendo hasta este momento.

En el medio, la prohibición de la compañía fue retirar cualquier ámbito de negociación, por lo menos con APP, y se alcanzaron los expedientes que inició ASIMM (Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios) en este particular que fue el fallo de Gallardo como parte coactora en ese expediente, que busca la prohibición o el cumplimiento de una normativa del ámbito de la ciudad respecto a las condiciones para el reparto de mercaderías alimenticias.


 Recién mencionaste el despido de Rappi de miembros de la comisión interna. En ese caso se dio una situación particular que la empresa dice que no echó a nadie ¿cómo funcionan estos despidos?

Es un eufemismo decir “no despedí” del mismo modo que decir que la plataforma que no se dedica al reparto de la mercadería, no tiene injerencia ahí. La aplicación lo que hace es directamente bloquear la cuenta de usuario del trabajador con el cual se generan los pedidos, se vincula o puede interactuar en la plataforma y del mismo modo que cualquier otra empresa, acá a partir de la implementación tecnológica, genera la imposibilidad de continuar prestando tareas, del mismo modo que en una fábrica el despido podría evidenciarse con impedir que alguien ingrese a trabajar al establecimiento.

Estas tareas se prestan fuera de un establecimiento físico y la interacción es a través de una plataforma digital, el impedimento a ella es como implementó el despido con una notificación del sistema que hablaba de un bloqueo permanente. Eso justo luego de que se constituyera el sindicato, luego de que se hubiera notificado las autoridades del sindicato y de que se llevaran adelante unas negociaciones de reclamo de regularizar las condiciones. No es más que la propia historia del derecho del trabajo. Los trabajadores siempre han sufrido un proceso de persecución o prohibición, esperamos que llegue el reconocimiento judicial pertinente.

¿Cómo ves la perspectiva de la definitiva regularización y el trabajo bajo convenio de estos compañeros y compañeras?

Creo es inevitable un camino de reconocimiento de una realidad, que es que hay allí una relación de trabajo, un empleo entre los trabajadores y la plataforma, no son ajenos a la prestación por más que insistan y persistan en su postura de que solo son una aplicación informática desprendida de la actividad de la que interactúan.

Es una discusión que el mundo exige, lo presenta el mundo globalizado respecto a la injerencia de las plataformas en la economía y en este caso en la relaciones de empleo. La propia preocupación de la OIT tendiente al futuro del derecho del trabajo y las plataformas, qué vínculos se generan, qué clase de trabajo dan lugar.

Creo que el único camino posible dentro del respeto de los derechos de los trabajadores es el del reconocimiento de la relación de empleo. La jurisprudencia de España efectivamente tiende al reconocimiento del vínculo, y las notas típicas de cualquier empleo, si uno examina o advierte cómo funciona la plataforma no dejan de verificar con ciertos matices, esta relación que es que organizan la prestación de tareas, fija la retribución, establece las asignaciones de tareas e impone que los trabajadores estén a disposición.

Podrán tener ciertas libertades, que se puedan conectar o desconectar, pero si quieren tener un ingreso que más o menos pueda satisfacer alguna necesidad, indirectamente les están imponiendo que estén a disposición más cantidad de horas, para que estén disponibles para una mayor optimización de tareas. No hay vacaciones, no hay salario. Las modalidades de cómo hoy se viene desarrollando el vínculo es una explotación, una imposición de condiciones desde la plataforma por fuera de las relaciones del trabajo.

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