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Venció el segundo plazo impuesto por la Corte y ahora será el máximo tribunal el que resolverá el reclamo de Rodríguez Larreta por el traspaso de la policía.. La corte no tiene plazos para emitir el fallo.
Finalmente no hubo acuerdo entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña. La Corte Suprema deberá decidir sobre los planteos que realizó la administración de Horacio Rodríguez Larreta. La demanda, de septiembre de 2020, fue por la decisión de Alberto Fernández de reducir del 3,5% al 2,3% los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad. Mauricio Macri había triplicado el monto en 2016 mediante un decreto bajo el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal.
El ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras el desenlace señaló: “Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios“. A su vez, antes de conocerse el dictamen, se hizo pública la carta firmada por 17 gobernadores donde plantean que la CABA “pretende fondos que no le corresponden“, que las provincias son discriminadas, que les preocupa la “injerencia indebida de la Corte Suprema” en este tema y donde reclamaron ser admitidos como “amicus curiae” (amigos del tribunal).
Cabe destacar que en marzo los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que se pongan de acuerdo en una salida, pero al parecer la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. En este sentido, De Pedro advirtió que “durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas“.
El ministro también destacó que el cinco de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que destaca que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones. La secretaria de provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, remarcó que “los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones“.
Batakis también recordó que Macri fue el que por primera vez en la historia modificó por decreto el criterio de la coparticipación, y sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Además destacó que “todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra“.
El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, respondió que no pueden “renunciar a los recursos que son necesarios para la seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires“. En tal sentido, remarcó que “el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos“. Miguel fue uno de los representantes de la ciudad en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda, Martín Mura, mientras que por el Gobierno Nacional, participaron Batakis y algunos técnicos.
El Gobierno Nacional, demostró que CABA no incluye en sus cálculos que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez transferida la fuerza y que se adeudan devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del Tesoro también demostraron que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, el Registro Civil.
Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas en las que se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema esta vez. Cabe destacar que la Ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y que el tribunal en otra ocasión (cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia) le dio la razón.
